Por Esteban Cuya
Investigador del Centro de Derechos Humanos de Nuernberg, Alemania
1. Torturados, encarcelados, condenados, por tener familiares tupacamaristas.
Esta es una de las tantas irregularidades que exhibe el injusto sistema judicial peruano, que después del autogolpe de Estado del presidente Alberto Fujimori, de abril de 1992, está dominado en los procesos por "terrorismo" por jueces sin rostro.
VERONICA fue detenida por la policía en La Merced, el 6 de julio de 1993, cuando sólo tenía 15 años de edad, y defendía a su esposo, quien era maltrado por los policías. Esta jóven desconocía que tres años atrás, su esposo se había fugado del penal de Canto Grande, Lima, junto con otros militantes del MRTA. Verónica había conocido a su esposo en 1992, cuando él trabajaba como empleado de una farmacia en Lima.
Al momento de la detención, Verónica se encontraba embarazada de dos meses, y posteriormente, en el penal de Huamanccacca, Huancayo, dio a luz a una niña, con quien vive en la prisión. Verónica sufrió brutales torturas de la policía en La Merced, un departamento en la selva central del Perú. Durante varios días la colgaron con sogas desde el techo de la comisaría, le aplicaron descargas eléctricas en su cuerpo, y varios policías la violaron repetidamente. Después a Verónica se le diagnosticó SIDA, lo cual ha sido confirmado con pruebas posteriores. Ninguno de los policías que la torturaron y violaron ha sido sancionado por los tribunales en el Perú. Actualmente el esposo de Verónica sufre una condena de "cadena perpetua" en el penal de Trujillo. El caso de Verónica es atendido por el Centro de Estudios y Acción para la Paz, CEAPAZ, de Lima. La historia de esta grave violación de los derechos de Verónica se encuentra en las páginas 129 y 130 del libro "Los Inocentes Tienen nombre"
(APRODEH, CEAPAZ, IDL, FEDEPAZ Lima, noviembre de 1995)
La señora CARMEN CARDENAS MATA, y su hija MIRIAM QUISPE CARDENAS, han sido condenadas a 30 años de prisión sólo por ser esposa e hija de un militante tupacamarista. Ambas mujeres fueron acusadas de cooperación con el MRTA, por su relación familiar con el obrero de construcción Constantino Quispe Caceres, conocido como "Espartaco", quien según la policía, dirigió la excavación del tunel de 338 metros, que el 9 de julio de 1990 permitió la fuga de 47 tupacamaristas del penal de Canto Grande, Lima. No existen indicios de alguna participación de la esposa y la hija de "Espartaco" en actividades subversivas o terroristas. Espartaco fue asesinado por miembros de Sendero Luminoso, cuando había sido elegido dirigente comunal y quería trabajar para dotar de agua potable y electricidad a su barrio en Lima. Las dos prisioneras, acusadas de militancia tupacamarista, son defendidas en Lima por el abogado Miguel Gonzales del Río. La historia de este caso puede leerse en las páginas 358-359 del libro "Los Inocentes tienen nombre".
Así como estos casos, existen actualmente muchos otros, de hombres y mujeres, menores de edad, y ancianos, condenados a prisión unicamente por la militancia tupacamarista de alguno de sus familiares. Entre otros, podemos mencionar la injusta prisión de las hermanas Elsa y Elvia Tenorio Torrejón, detenidas en Bagua Grande desde enero de 1993.
2. Condenados a cárcel por delitos inexistentes
El señor TOMAS MENDOZA CRISANTO, obrero de la municipalidad de Morropón, Piura, fue condenado a 20 años de cárcel, acusado de ser tupacamarista por la corte Superior de Lambayeque, quien se fundamentó en el hecho de que el acusado, además de ser dirigente sindical, tenía su domicilio en el pueblo joven "Luis de la Puente Uceda", nombre del lider de las guerrillas peruanas de la década del 60. El señor Mendoza es defendido por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, de Lima. Su caso es expuesto en la pag. 241 del libro "Los Inocentes tienen nombre"
Otro tribunal de "jueces sin rostro" condenó al estudiante universitario EDWIN MOQUILLAZA VALDIVIA a 12 años de carcel, bajo la acusación de ser militante tupacamarista. Como prueba de su militancia los jueces se refirieron a dos videocasettes hallados en su casa, con informaciones públicas sobre la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y el derrocamiento del dictador Anastacio Somoza. Este caso se encuentra en revisión. Moquillaza es atendido por la Comisión Episcopal de Acción Social, de la iglesia católica, CEAS. El caso se presenta en la página 11 de "Los inocentes tienen nombre"
Igualmente MARIO OCAMPO SALDAÑA, un técnico sanitario, detenido el 14 de febrero de 1992, fue sentenciado a 15 años de prisión, sólo por haber conducido en su motocicleta, sin saberlo, a un militante tupacamarista, que compró un stencil para luego, según la policía, imprimir un folleto subversivo. Ocampo se encuentra prisionero en la carcel de Picsi, Chiclayo. Su caso es atendido por la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH. La historia injusta de prisión es presentada en la página 80 de "Los inocentes tienen nombre".
El profesor LIBORIO LOPEZ CURI fue condenado por "jueces sin rostro" a 10 años de prisión, acusado de militancia tupacamarista, por supuestamente haber brindado en 1992 alojamiento y alimentación en su casa a un guerrillero que todavía no ha sido capturado por las fuerzas policiales. La población de Rodriguez de Mendoza, Amazonas, reclamó, junto con la Comisión Episcopal de Acción Social, la liberación de este profesor. Fue reconocido como inocente y liberado gracias al trabajo de la Comisión de indultos.
El señor DOMICIANO HERRERA GONZALES, dedicado a la ocupación de radio- técnico y agricultor, paso dos años en prisión, acusado de haber colaborado con el MRTA, reparando un equipo de radiocomunicación que le entregaron los guerrilleros que ocuparon la localidad de Ron, Utcubamba, el 11 de mayo de 1992. Inicialmente fue condenado a 20 años de prisión. El Instituto de defensa Legal logró su liberación.
Estas breves historias revelan que sí es posible, y aún más, es necesario, que el gobierno peruano, apruebe una ley de amnistía que permita la liberación de tantas personas, condenadas como tupacamaristas, acusados de "subversivos" y "terroristas", sin existir cargos concretos. Así se abrirá un camino más para la pacificación nacional que espera el pueblo peruano. (FIN)
Nuernberg, febrero de 1997.