CAMPAMENTO INTERNACIONAL PERMANENTE
POR LA JUSTICIA SOCIAL Y LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS
El propósito de este documento es que iniciemos un debate e intercambio a nivel del Ecuador, la región y el mundo que nos permita, de manera colectiva, desarrollar alternativas ante la actual situación de doble guerra económica y militar.
El Campamento Internacional Permanente por la Justicia Social y la Dignidad de los Pueblos agrupa a una amplia diversidad de organizaciones nacionales e internacionales. Es una iniciativa que, desde la sociedad civil comprometida, busca crear un espacio de articulación de distintas formas, experiencias y procesos de resistencia global frente a las políticas de intervención militar y de dominio económico en el marco del neoliberalismo y la guerra. Estamos construyendo un colectivo que pretende motivar en la sociedad, la acción y reflexión para construir alternativas conjuntas frente al Plan Colombia, o Iniciativa Regional Andina IRA, y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Desde los distintos sectores: campesinos, indígenas y negros, estudiantes, mujeres y derechos humanos, vemos la urgencia de desarrollar un espacio de encuentro para articular nuestras luchas. Convocamos a fortalecer la globalización de nuestras esperanzas y resistencias, invitándonos a un encuentro internacional que tendrá lugar en el Ecuador en marzo del 2002.
¿Choque de civilizaciones?
”Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”
Salvador Allende,11 de septiembre, 1973.
Minutos antes de ser asesinado en un golpe de estado terrorista, orquestado bajo las órdenes de Henry Kissinger.
Poco antes de cumplirse un mes de los condenables atentados en Nueva York y Washington, los Estados Unidos e Inglaterra empezaron el bombardeo a uno de los países más pobres del mundo — Afganistán — un país ya totalmente devastado por una prolongada guerra, en la que los primeros dos países jugaron un rol protagónico importante. Según estimaciones de la ONU, la nueva guerra intervensionista en Asia Central podría resultar en la muerte a raíz del hambre de entre 6 y 7 millones de afganos.
El siglo pasado resultó ser el más violento y cruento de la historia. La humanidad sufrió dos guerras mundiales, y una tercera nunca declarada. Los ejemplos abundan: el genocidio fascista y estalinista europeo, Hiroshima, Vietnam, la ocupación y desplazamiento del pueblo palestino, el genocidio de los kurdos, Irak, Nigeria, Sudán, Argelia, Timor Oriental, Yugoslavia, El Salvador, Guatemala, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, etc., etc.
En América Latina, bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo, cientos de miles de personas fueron asesinadas, muchos pueblos arrasados, y la mayoría de los países de la región sufrieron los efectos de dictaduras terroristas: desapariciones, torturas, cárcel, y la destrucción de muchos procesos sociales y políticos progresistas.
En las últimas décadas, hemos sufrido un proceso de profundización de la destrucción de nuestras sociedades a través de imposiciones económicas que nos hunden, prácticamente, en un estado de guerra. Con la implementación del neoliberalismo hemos vivido la erosión del Estado-Nación y la opresión de un sistema que nos pisotea, nos excluye, nos margina y nos criminaliza. Nos han tratado de someter a un modelo capitalista que aplasta nuestra dignidad, saquea nuestros recursos naturales, privatiza nuestros bienes públicos, desfinancia los servicios más básicos, desconoce nuestras culturas e incrementa las divisiones sociales.
Con la imposición del mundo unipolar y del pensamiento único, sumado a la falta de voluntad y la incapacidad del Estado-Nación para ejercer soberanía en defensa de sus pueblos, nuestros países están sufriendo una serie constante de crisis enraizadas en las políticas neoliberales. Desde el desplazamiento del campo a la ciudad, hasta la masiva migración de los excluidos a nivel mundial, pasando por la creciente violencia provocada por conflictos regionales con fuertes intervenciones extranjeras, se pueden ver y sentir los múltiples efectos de esta doble guerra económica y militar.
Esta realidad, que se siente hasta en los países “desarrollados”, aumenta cada día el número de los que no caben dentro del modelo. En nuestros países, donde según los gobernantes no hay presupuesto ni posibilidades para resolver los crecientes problemas sociales, las únicas respuestas presentadas desde el poder, frente al dramático incremento de la exclusión y la marginalización, son humillantes limosnas: “ayuda a los necesitados”, “bonos de la pobreza” y servicios cada vez más desnutridos y moribundos. Si la caridad no nos alcanza, el garrote está para “satisfacer las necesidades básicas” de la población: más cárceles, más policías, más servicios de seguridad privada y más poderes para las fuerzas del “orden”.
Entre la zanahoria y el garrote, vivimos una mayor criminalización. Desde los inmigrantes “Sin Papeles”, hasta los campesinos “Sin Tierra”, pasando por los desocupados y los indigentes “Sin Techo”, el hecho de pertenecer a las grandes masas de los “Sin”, significa estar, de antemano, condenado a la ilegalidad, relegado a la categoría de los que sobran, de los que no producen y no compran.
A manera de ejemplo: justo antes de los atentados en los Estados Unidos, un barco, sobrecargado de hombres, mujeres y niños - afganos y pakistaníes - en busca de pan, techo, trabajo, educación, salud, es decir, una vida digna, se acercó a las costas de Australia. Al enterarse del barco y de las intenciones de los inmigrantes, el gobierno de Australia no permitió que desembarcaran, amenazándolos de hundir el barco. Durante semanas, las personas se quedaron en alta mar, sin que ningún país les aceptara.
La situación de los refugiados e inmigrantes en el mundo, es solo una de las múltiples manifestaciones de la inmensa brecha que existe entre un puñado de países y personas que monopolizan cada vez más recursos, y aquellos que tienen cada vez menos posibilidades para encontrar un lugar en el mundo.
Samuel Huntington, autor del libro “El choque de las civilizaciones”, trataba de explicar que después de la caída del muro, más allá del supuesto 'fin de la historia' proclamado por Francis Fukuyama, en realidad el mundo iba a ser el escenario de una pugna entre la civilización occidental y la civilización oriental del mundo islámico. Como lo demuestra el caso del barco abandonado y amenazado por las autoridades, el supuesto “choque de las civilizaciones” solo puede ser percibido como una siniestra falsificación de nuestra realidad. Vivimos, más bien, un choque entre los promotores y beneficiarios de la globalización neoliberal y, una creciente masa de excluidos y excluidas.
Dentro de este marco, el choque de civilizaciones no es más que la continuación histórica de imposiciones, exclusiones y guerras para asegurar el control de los pueblos y sus recursos. La propagación de este erróneo concepto está cargada de la vieja idea colonialista del ”darwinismo social”, que promueve la ideología de la superioridad de la cultura occidental sobre las demás culturas. Aunque esta ideología aún tenga cabida, nunca fue más que una justificación etnocentrista; una cortina de humo para enmascarar sangrientas intervenciones en nuestros países y constantes saqueos de nuestras riquezas.
"Nótese la justicia infinita del nuevo siglo. Civiles muriendo de hambre mientras esperan que los maten."
The Guardian, 29 de septiembre, 2001.
Con la caída del Muro de Berlín, la comunidad financiera internacional empezó otro proceso histórico de dominación mundial, liderado por los Estados Unidos. Sin un enemigo capaz de poner en jaque a los planes capitalistas, el mundo entero se vio sometido a planes de ajuste estructural que buscaron, y en gran medida lograron, una reestructuración de los Estado-Naciones en función de las exigencias de lo que Noam Chomsky ha denominado el 'Senado Virtual' - el poder autoritario y anti-democrático de las poderosas multinacionales.
Como resultado de esta política, nos hemos visto sometidos a una economía de guerra. Es decir, los drásticos efectos de la política de economía nos imponen una realidad de guerra: cada día mueren casi 36,000 niños de hambre en el mundo, nuestros sueldos, si es que realmente los tenemos, no nos alcanzan para dar de comer a nuestras familias y se imponen ajustes estructurales que privatizan el país y nos someten a condiciones de trabajo esclavizantes.
Este proceso, también conocido como fase de la implementación neoliberal, empezó otro sangriento 11 de septiembre con el golpe de Estado en Chile - el laboratorio económico-militar del neoliberalismo, que, bajo la cruenta dictadura de Augusto Pinochet, dejó alrededor de 5,000 muertos y desaparecidos, además del exterminio de la sociedad civil comprometida. Hoy más que nunca, en todo el mundo se vive un grado impresionante de destrucción acelerada del tejido social y del medio ambiente, de niveles espantosos de pobreza y marginalización, y una serie de otros problemas estructurales.
La economía de guerra neoliberal ha sido tan profunda, que actualmente estamos viviendo la recolonización de nuestros pueblos. Hoy por hoy, somos testigos de la cuasi disolución de los Estado-Naciones - entendidos como entidades nacionales con soberanía y autonomía - orquestada por el poder económico transnacional. Esta autodeterminación ha sido tan debilitada que hemos llegado a una situación en donde las decisiones socio-políticas son dependientes de las recetas económicas impuestas desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Las políticas de ajuste estructural forman parte vertebral de la economía de guerra neoliberal. Con sus imposiciones de privatizaciones, economías nacionales basadas en las exportaciones, la “flexibilización” laboral, sistemas tributarios que exoneran a los ricos, pasando la cuenta a la clase media y a los pobres, y los drásticos recortes para las áreas de salud, educación, y bienestar social, han sometido a gran parte de la población mundial a una horrenda realidad de hambre, desnutrición, falta de empleo, violencia urbana y migración hacia los cada vez más fortalecidos países del Norte. Del mismo modo, nunca ha circulado tanta riqueza en el mundo - ni ha sido tan concentrada en pocas manos - mientras los niveles de pobreza y exclusión van en aumento.
Dentro de este marco, los Estados Unidos y las oligarquías de la región planifican la creación del área de “libre comercio” más grande del mundo, conocida como ALCA, el “Área de Libre Comercio de las Américas”. El ALCA está enmarcada en la historia colonial de América Latina, y para nuestros países significa la consolidación del proyecto de dominación iniciada hace más de 500 años. Oficialmente dada a conocer en 1994, el ALCA busca subordinar a todos los países de América, permitiendo la privatización absoluta de todos los servicios públicos, los recursos naturales y el fin de la poca soberanía que nos queda.
El proceso de la creación de áreas de “libre comercio” tuvo entre sus inicios en América Latina, la instalación del Tratado de Libre Comercio (TLC), ratificado por México, Canadá y los Estados Unidos en 1994. Los efectos previsibles de un comercio todo menos que libre, han dejado profundas huellas, sobre todo en la sociedad mexicana. El campesinado se ha visto forzado a revertir al uso de animales en lugar de maquinaria, o en algunos casos abandonar sus tierras. El país, autosuficiente en la producción de maíz hasta los años 80 (cuando empieza el proyecto neoliberal), importa ahora miles de toneladas de este producto ancestral de las multinacionales estadounidenses. Las multinacionales operan en toda la región fronteriza del norte, donde sin tener que preocuparse por las leyes que protegen los derechos laborales y el medio ambiente, gozan de zonas francas. Ha habido un incremento significativo en la migración hacia las principales ciudades o hacia los Estados Unidos. México sufre de una acelerada explotación de sus recursos naturales y se ha visto un aumento en el control social de los perjudicados a través de la policía y un ejército con cada vez más protagonismo en la seguridad interna del país.
El ALCA, con más de 800 millones de posibles consumidores y mano de obra barata, expandirá este proceso destructivo a nivel continental. Entre otras ramificaciones para nuestros países, uno de los capítulos dentro del actual borrador del tratado, prevé el “derecho” de las compañías multinacionales de acceder a exigir indemnizaciones monetarias y enjuiciar al Estado, en el caso de que se les “restrinja” sus posibles ganancias. Dicha cláusula, que dentro del TLC es el capítulo 11, ya se ha invocado en varias ocasiones, sobre todo en donde las leyes ambientalistas “infringen” al “derecho” de las multinacionales a envenenar nuestros pueblos.
Para que el ALCA se instale como está previsto en el 2005, los Estados Unidos y nuestros gobernantes han empezado con la reestructuración social, política y económica de nuestras sociedades. De manera paulatina, pero constante, se ha iniciado el proceso del debilitamiento de las leyes nacionales, muchas veces pasando por encima de las constituciones políticas del Estado.
La reestructuración de nuestros países, no solo pasa por lo económico. Es un proyecto de doble filo; si antes se decía que la guerra es la política por otros medios, ahora podemos decir que la economía es la guerra por otros medios. Es decir, la reestructuración busca convertir a todos los actores en simples maquinas de reproducción económica. Quién no tenga 'valor' económico dentro de un sistema cada día más excluyente, es desechable, sobra, y por lo tanto, como en el caso de los indígenas, las comunidades negras, campesinos, estudiantes, inmigrantes, y muchos otros más, serán visto como estorbos sociales y en el peor de los casos, “enemigos del progreso”, o “terroristas”.
Sin embargo, ausentes de la capacidad para imponernos su sistema de saqueo sin que haya resistencia, han tenido que recurrir al genocidio, como en los peores momentos de la época colonial. Así como durante las sublevaciones indígenas y negras, cuando los españoles mandaban tropas del imperio para sofocar la resistencia, de igual manera, hoy, los Estados Unidos y sus aliados acuden a una represión más sofisticada con los mismos fines.
Durante el siglo pasado, cuando los Estados Unidos decían que armaban guerras en nombre del bien del “mundo libre” en lo que denominaban la “Guerra Fría”, muchos países y regiones vivieron las múltiples y dolorosas manifestaciones de ésta. Desde Chile y la amarga dictadura de Pinochet, pasando por el terror sembrado en Centro América, hasta las variadas y sangrientas intervenciones militares en el Medio Oriente, la humanidad ha sufrido los resultados de una carrera armamentista en beneficio de ciertas industrias bélicas y ciertos intereses económicos; la Unión Europea en las guerras de Yugoslavia, o en el genocidio de los kurdos, Francia en la dolida África Central, y los Estados Unidos en América Latina y el Medio Oriente .
Para sostener la economía de guerra, la comunidad financiera internacional nos han tenido que someter a la guerra de la economía. Los costos de la doble guerra económica y militar han sido sumamente altos. Solo en Argentina, donde se vivió una de las dictaduras militares más cruentas en los años 70, mataron y desaparecieron a más de 30,000 personas. Asimismo, las guerras de la economía han destruido no solamente a muchas familias y amistades, sino también muchos procesos sociales, como en Chile, Guatemala, Nicaragua, Grecia, Indonesia, Líbano, Egipto...
Las guerras libradas por los países coloniales, quienes reclaman la necesidad “humanitaria” de matar, bombardear y derrumbar gobiernos, han sido, exclusivamente, por el control de espacios geopolíticos o para apropiarse de los recursos naturales. De esa manera, al bombardear Irak (que se mantiene aún diez años después), tras de la máscara de defender la democracia de Kuwait - que nunca existió - los Estados Unidos escondieron sus verdaderos intereses en intervenir militarmente en la región: el petróleo.
Cuando un periodista preguntó a Madeleine Albright, ex Secretaria del Estado norteamericana, sobre los más de 500,000 niños muertos a raíz de los embargos a Irak, ella respondió, “el precio es alto, pero pensamos que vale la pena.” Dicho de otra manera: dentro de la lógica de la guerra de la economía y la dominación de países y riquezas, hasta el genocidio se puede “justificar”.
En medio de una recesión económica mundial, los Estados Unidos, junto con la Unión Europea, han iniciado otra guerra de la economía para reactivar el deprimido mercado. Con gastos millonarios para sus industrias, buscan salvar sus economías de guerra altamente subsidiadas e insostenibles en ausencia de enemigos, subversivos, terroristas y hasta extraterrestres.
Ahora el pretexto es capturar al responsable de los atentados en los Estados Unidos del 11 de septiembre y castigar al país, Afganistán, que cobija al supuesto autor intelectual - Osama Ben Laden. Se estima que los espantosos resultados de esta guerra superarán aún a los previos niveles de terror imperialista: por lo menos entre 6 y 7 millones de afganos podrían morir de hambruna a raíz de los bombardeos.
La guerra, supuestamente contra el “terrorismo internacional”, tendrá efectos catastróficos, no solo en aquella región de Asia Central, sino en todo el mundo. Bush nos lo confirma: “o están con nosotros o están en contra de nosotros”. Es decir, con gran parte de la humanidad despojada de una vida digna y un creciente rechazo mundial a la inhumanidad que sufrimos, todos caemos blancos de esta política guerrerista.
Es necesario señalar que, como resultado del ataque a los Estados Unidos, los países poderosos del mundo han cerrado filas alrededor de la “lucha anti-terrorista”. Este hecho no nos debe sorprender, ya que siempre los países imperiales y colonizadores, más allá de sus diferencias, se entienden y se defienden en bloque frente a las “amenazas” provenientes del “Tercer Mundo” y los sectores marginalizados del “Primer Mundo”.
Lo novedoso y preocupante de la declarada alianza anti-terrorista, es que ya se está viviendo, hace unos años atrás, un mayor esfuerzo conjunto entre las fuerzas de inteligencia a nivel mundial. Este hecho nos devuelve a la historia de los años 70, cuando en toda Europa aprobaron leyes anti-terroristas que permitieron un ataque frontal a muchos grupos de izquierda, a la vez que en América Latina se implementó el sanguinario “Plan Cóndor”, que buscó la aniquilación de los sectores de oposición en todo el Cono Sur.
Al fin de cuentas, todo está en función de la economía de guerra, y ésta, a su vez, resulta ser una guerra de la economía. Tomemos el ejemplo del movimiento de desocupados en Argentina, los piqueteros: “desocupados, hambreados, y esperando la represión”, o para retomar las palabras de Arundhati Roy, “nótese la justicia infinita del nuevo siglo, civiles muriendo de hambre, mientras esperan que les maten.”.
Dentro del contexto actual, una de las regiones del mundo (al lado de Asia Central y Medio Oriente) que más se verá afectada por el cambio en la coyuntura es la región andino-amazónica. No por casualidad son las tres regiones que abarcan la mayoría de los depósitos petroleros del mundo.
Como la realidad de Medio Oriente, América Latina ha sido una región sofocada por los intereses de los países coloniales e imperialistas por controlar la economía a través de la sumisión política de su oligarquía. El oro se ha cambiado por el petróleo, la espada por aviones fumigadores y más de 500 años después de la llegada de los españoles, nuestros países siguen formando parte de los “intereses nacionales” de los países colonialistas.
Hoy en día, en América Latina, la guerra de la economía se manifiesta a través del llamado Plan Colombia, últimamente denominado Iniciativa Regional Andina, IRA. Dicho plan está centrado en Colombia donde, bajo el pretexto de la lucha anti-narcótica, los Estados Unidos han invertido más de mil millones de dólares. Gran parte de este dinero es para financiar armas, entrenamiento, helicópteros e inteligencia militar. Otros millones más se han destinado a financiar la militarización de los países vecinos, en una verdadera regionalización del conflicto colombiano, según las palabras de los mismos EE.UU.
Los dos efectos principales que tendrá la nueva “lucha contra el terrorismo” en la región andino-amazónica son, por un lado, más recursos económicos y militares que se emplearán en contra de las poblaciones, y, por otro lado, un fuerte incremento del nivel de represión hacia no solo la insurgencia armada, sino también en contra de los movimientos sociales y populares. Asimismo, militarizan la sociedad, aprueban leyes anti-terroristas y como es el caso de Colombia, imponen una ley de “Seguridad Nacional” que pone al país en un virtual estado de sitio, suprimiendo a los derechos civiles.
El verdadero terrorismo en Colombia es llevado a cabo por las cúpulas de poder y sus pequeños ejércitos privados, como lo son las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), en contra de todos los opositores al mando del libre comercio, bien sean campesinos inconformes, activistas de derechos humanos, clérigos de base, sindicalistas, trabajadores petroleros, mujeres, estudiantes o indígenas organizados. En la actualidad, la situación es más que desesperante: antes del inicio del Plan Colombia, los paramilitares asesinaban a un promedio de tres personas diarias. Hoy por hoy, la cifra llega a 12 personas - por día.
Hablar del genocidio colombiano no es exageración. En los últimos 12 años, han habido mas de 60.000 muertes y desapariciones perpetuadas por los movimientos paramilitares de extrema derecha. Solo en la última década, la CUT (Central Única de Trabajadores), el sindicato más grande de Colombia, ha sufrido el asesinato y desaparición de más de 2,500 de sus miembros. Ni el gobierno de Pinochet y sus horrendos crímenes en contra de la humanidad alcanzaron el 10% de las muertes que hoy en día padece lo que Eduardo Galeano ha llegado a llamar la ”democradura” colombiana.
Estos antecedentes criminales no han frenado el aporte militar de los EE.UU. a este país. Al contrario, la muerte en Colombia es patrocinada por un constante flujo de armas y de dinero, enriqueciendo a los vendedores de muerte en los EE.UU y alimentando el afán belicista del ejército colombiano y las masacres cada vez más sangrientas de sus súbditos: los grupos paramilitares. El Plan Colombia promete exacerbar todavía más esta situación de limpieza social y política. Además de los 1.300 millones de dólares que los Estados Unidos han otorgado a Colombia desde el 2000, para el mes de noviembre se prevé entre seis y ocho cientos millones más para la región, gran parte de los cuales irán a los aparatos de represión.
El pretexto utilizado está claramente expresado en los propósitos oficiales del Plan Colombia: acabar con la “narcoguerilla”, un término tergiversado y manipulador que libra de culpa a los verdaderos narcotraficantes. El hecho que el 94% de las ganancias de la droga se alberga fuera de las costas de Colombia y acaba en las instituciones financieras más prestigiosas y neoliberales del mundo, es, por si solo, suficientemente ilustrativo de esa hipocresía.
La creciente regionalización del conflicto colombiano tiene causas anteriores a los atentados en los Estados Unidos. Sin embargo, ahora veremos un drástico incremento del intervencionismo en la región andino-amazónica, acelerando y profundizando un conflicto armado que involucra a todos los países fronterizos. La diferencia ahora, es que Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá y Brasil serán participantes no solamente en la economía de guerra, sino miembros activos en la guerra de la economía. Esto, sin descontar, como lo aseveran los rumores en Colombia, una intervención militar directa por parte de los Estados Unidos.
A pesar de las negaciones del gobierno colombiano en este sentido, lo cierto es que el nuevo proyecto estadounidense apunta a la creación de un “Comando América”, cuyo papel será “la lucha contra el terrorismo en el Hemisferio Occidental”. Francis Taylor, alto funcionario estadounidense en la lucha anti-terrorista, dice que para los Estados Unidos, el peligro más grande del hemisferio son las fuerzas insurgentes de Colombia y que los Estados Unidos empleará, “donde sea necesario, como lo estamos haciendo en Afganistán, el uso de poderío militar”. En Colombia, la embajadora norteamericana, Anne Patterson, remató ese pensamiento, calificando a las FARC peores que los Talibán.
En meses recientes, anteriores a los atentados en los Estados Unidos, las agencias de inteligencia de Ecuador, Colombia y Perú, se juntaron para tratar temas de seguridad compartida, con una agenda y resultados que de ninguna manera fueron divulgados a la prensa. Lo mismo aconteció en Montevideo, Uruguay, entre los Estados del Cono Sur. Por otro lado, en Argentina, fuerzas militares internacionales, recrearon un “país ficticio” - teatro de un oscuro y macabro juego militar — para planificar una posible intervención multinacional en Colombia. Los ejercicios se efectuaron en uno de los lugares más pobres del país, donde en la actualidad existe una de las resistencias más dignas de América Latina, los piqueteros de Salta. A pesar del rotundo rechazo a su presencia por parte de la población, siguieron efectuando sus ejercicios, hasta que fueron interrumpidos por los atentados en los Estados Unidos.
En Ecuador, la situación no podría ser más ilustrativa. La economía de la guerra está operando a toda velocidad, y tal vez el resultado más trágico es el desplazamiento forzado de por lo menos 15,000 compatriotas al mes, huyendo de la destrucción provocada por una economía basada en la exportación petrolera, bananera, camaronera y florícola y una deuda externa que supera al 50% del total del presupuesto estatal.
Los esfuerzos de saqueo de las riquezas ecuatorianas no tienen límites y el apetito de las élites para alcanzar sus obscenas ambiciones de lucro es insaciable. Es dentro de este marco de despilfarro descontrolado por parte de un puñado de familias y multinacionales, que se ha aprobado la construcción de un segundo oleoducto en el país, el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Lejos de paliar las precarias condiciones sociales de las mayorías, el OCP logrará continuar las políticas de explotación de los depósitos petroleros, iniciados hace mas de 25 años por una dictadura militar, con el apoyo siempre interesado del ”buen vecino” del norte. Entre estafas y corrupción, han empezado las obras, muchas de las cuales pasarán por regiones ecológicas altamente sensibles.
No obstante, el robo, saqueo y despilfarro tiene su precio, hasta para los más poderosos. El sistema ecuatoriano y sus instituciones, al igual que el sistema capitalista global que lo rige, está en crisis. La “democracia” electoral ha vivido una serie de fracasos y derrotas, tanto que en los últimos cinco años, Ecuador ha visto la llegada al poder de cinco presidentes, muchos de los cuales han tenido que huir del país por escándalos de corrupción y los consecuentes levantamientos populares. Desde 1995, dos presidentes, un vicepresidente, un ministro de gobierno, y un sinnúmero de ministros, diputados, y funcionarios públicos de alto rango están prófugos de la justicia y han buscado refugio en países como Panamá, Costa Rica y sobre todo los EE.UU.
Lo mismo pasa con la oligarquía financiera del país, los verdaderos ostentadores del poder, que después de haber llevado a la quiebra a gran parte de la banca ecuatoriana por una serie de abusos, irregularidades e irresponsabilidades realizados con los fondos de los ahorristas ecuatorianos, han buscado refugio en los paraísos financieros del norte, llevándose con ellos el dinero robado de sus compatriotas engañados.
Los gobernantes, dóciles ante la ley del capital y de sus flujos, han aceptado la factura, que después pasan a los pueblos. Con una inversión de millones de dólares, los cuales no son disponibles para educación, salud o bienestar social, el gobierno compra los bancos para después venderlos otra vez al sector privado, mientras los banqueros corruptos encuentran su jubileo en Miami. Solo en el último año y medio de este gobierno, ya van tres ministros de economía. El último, Jorge Gallardo, mientras negociaba más privatizaciones y reformas económicas con el Fondo Monetario Internacional, recibió una orden de prisión por el mal manejo del Banco del Pacífico, cuando él era su director. Como muchos de su clase, se fugó en Miami, mientras el Presidente, Gustavo Noboa, aceptó su dimisión con un silencio cómplice.
Hasta la fecha, no ha habido ningún esfuerzo concreto por parte del gobierno de los EE.UU. para extraditar a los banqueros corruptos, a los verdaderos delincuentes y ladrones de este pequeño país, quienes, sin disparar una sola bala, asaltaron a media docena de bancos, dejando a buena parte de la población sin ahorro alguno y a los jubilados del estado con sus “25 dólares” mensuales para vivir. ¿Esto no se llama terrorismo?
Ya que en nuestros tiempos la economía de la guerra no es suficiente para someternos a todos, se ve un espantoso incremento en paramilitares, propios y ajenos al país, quienes se entrenan en función de la guerra de la economía. La violencia crece, el gobierno militariza, y lo que una vez, antes del Plan Colombia y la economía de la guerra neoliberal, fue considerado como una 'isla de paz', ahora se ve involucrado en el escenario de un conflicto regional. Es más, últimamente ha surgido un grupo fantasma, la Legión Blanca, que amenaza a muerte a grupos sociales y políticos.
Todos estos antecedentes injustos y repugnantes han sido terreno fértil para el surgimiento de un descontento masivo en Ecuador y la expresión de esta inconformidad bajo nuevas formas de resistencia indígena, campesina, estudiantil, de las mujeres y los jubilados; de los desposeídos de un país rico en recursos naturales, y tan diverso ecológica y culturalmente. En febrero de 1997 y en enero del 2000, fue este afán de justicia que motivó diversas organizaciones sociales y a amplios sectores del pueblo para poner fin a dos de los gobiernos más corruptos de la historia de Ecuador.
Dentro de este escenario, la intervención directa en el país por parte del gobierno norteamericano a través de la ocupación de la base militar de Manta, significa no solo una pérdida de soberanía, sino un ataque frontal a la sociedad ecuatoriana. Más allá del conflicto colombiano, hay que entender el uso de la base militar de Manta por parte de cientos de soldados norteamericanos como una realidad regional en el contexto de la doble guerra. Es decir, los movimientos del Ecuador han logrado tumbar a dos gobiernos neoliberales, Perú está viviendo una paulatina reconstitución de sus fuerzas progresistas después de más de 10 años de oscuridad dictatorial, Venezuela tiene un gobierno que resulta incómodo para el gobierno de los Estados Unidos, Brasil tiene un creciente poder económico sobre la región, además de ser el anfitrión de uno de los movimientos más fuertes de América Latina, los Sin Tierra y los indígenas y campesinos de Bolivia realizan constantes levantamientos en contra del gobierno neoliberal y las políticas de erradicación forzada de la coca.
Es por ello, que mientras un general del ejército norteamericano dice sin vergüenza que Manta les permite llegar hasta Bolivia en cuestión de minutos, un general colombiano, Mario Montoya, en cargo de la base militar estadounidense en su país, Tres Esquinas, dice que Manta será, “los ojos y los oídos del Plan Colombia”.
Ecuador, por lo tanto, jugará un papel clave en la lucha de los EE.UU. A raíz de Manta, de la noche a la mañana y a espaldas de la sociedad ecuatoriana, el país dejó de ser un actor pasivo del conflicto colombiano para convertirse peligrosamente en teatro de una intervención militar directa por parte de los Estados Unidos y una creciente militarización de la frontera norte del Ecuador. Todo el país se convertirá en una base militar, una fuente de inteligencia para las agencias más siniestras del norte y un teatro de operaciones encubiertas y clandestinas de toda índole.
La militarización de la región amazónica, de la provincia de Sucumbíos en particular, también será un “yunque” efectivo frente al “martillo” del ejército colombiano, buscando reestructurar el territorio por medio de desplazamientos forzados de la población civil, con el propósito de aplastar a los movimientos insurgentes colombianos en un emparedado colombo-ecuatoriano y abrir paso para la explotación de los recursos de la Amazonía. Esto tendrá consecuencias trágicas para las poblaciones civiles de ambos países, víctimas de una escalada de violencia desatada por todas las partes en conflicto.
Además de la militarización, una de las consecuencias de la doble guerra económica y militar, ha sido y seguirá siendo el desplazamiento de miles de hombres, mujeres y niños; campesinos, indígenas, y cocaleros. La fumigación de cultivos lícitos e “ilícitos”, a través del uso de químicos de alta toxicidad, es otra fuente del desamparo de los campesinos. En una campaña de tierra arrasada, las fumigaciones acaban con los mismos cultivos de subsistencia: yuca, café, plátano, etc., muchas veces sin afectar a los sembríos de coca.
Es dentro de estos preocupantes parámetros que consideramos nuestra presencia y resistencia en la frontera colombo-ecuatoriana necesaria y urgente. La Amazonía es Patrimonio de la Humanidad, desde donde se genera gran parte del oxígeno del cual dependemos. En ella convergen las hermanas repúblicas andino-amazónicas: Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia y Brasil. Por ello no podemos permitir que la intervención militar acabe con los bosques, provoque el desplazamiento forzado de toda la región y el monopolio de sus recursos naturales en manos de las multinacionales. Nuestro grito, desde las selvas amenazadas de nuestra América, es un grito para que el mundo se levante.
¡Paremos la guerra! ¡Nuestro Grito Será Escuchado!
“Somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer... y de paja de páramo, sembraremos el mundo.”
Histórica dirigente del movimiento indígena ecuatoriano
En todos nuestros países, vemos que el mismo sistema económico-militar va empujando un proceso violento de sumisión. A través de privatizaciones, un reordenamiento de la fuerza del trabajo, las leyes que la rigen y la criminalización de los sectores de oposición, los derechos económicos, políticos, civiles y culturales van desapareciendo. Al mismo tiempo, los sectores tradicionales de la izquierda se han demostrado incapaces de enfrentar la desaparición, tanto en el Norte como en el Sur, de la vigencia del concepto teórico de territorialidad del Estado-Nación.
A pesar de la fuerte desarticulación y ruptura de todo el tejido social provocada por la imposición de un sistema inhumano y ajeno, surgieron públicamente a partir de los años 90, movimientos como los zapatistas en México, los ”Sin Tierra” en Brasil y los indígenas en Ecuador, entre otros, quienes empezaron a cuestionar y desenmascarar al modelo. Ellos han mostrado que la firmeza de las organizaciones aún existe, y que éstas están fuertemente vinculadas a los procesos de base, capaces de formular propuestas alternativas para la sociedad, aún después de más de 500 años de terrorismo.
En los últimos años hemos visto que a nivel mundial, crece la oposición al modelo neoliberal. Desde Seattle, Praga, Washington y Génova, surgen nuevas formas de resistencia global, las cuales han visto la movilización de cientos de miles de personas de todo el mundo; la globalización de la resistencia ya es una realidad.
En Sur América, la actual situación que padecemos nos exige una mayor respuesta a nivel regional. Muchos sectores en nuestros países ya rechazan rotundamente la doble guerra económica y militar. Existe, además, una diversidad de propuestas alternativas. Sin embargo, hasta el momento carecemos de una respuesta colectiva que nos permita enfrentar la situación, no solo desde nuestras posiciones aisladas, sino a través de la unidad de nuestras respectivas luchas.
Es el momento de buscar formas de liberación que nos permitan una verdadera internacionalización de nuestras luchas más allá de nuestros propios países. La unidad que requerimos hoy en día no es una unidad estructural. Es decir, la unificación de nuestras luchas no debe y no puede pasar por establecer una supra-organización que regule el qué hacer de los movimientos, grupos y personas. Esta unidad tiene que significar una alianza más allá de la comunicación y el simple intercambio de ideas. Existe la urgente necesidad de articular nuestras resistencias en un sentido más amplio, que busca una coordinación horizontal basada en la autonomía, militancia y solidaridad entre los actores.
Pensamos que esta unidad de las diversas luchas se debe dar en dos niveles. Concretamente, proponemos que se coordine una lucha que se base en lo regional y global contra la guerra de la economía (Plan Colombia, Plan Puebla-Panamá, Plan Dignidad, etc.) y contra la economía de guerra (ALCA).
Es por ello, que desde el Ecuador, estamos convocando al “Campamento Internacional Permanente por la Justicia Social y la Dignidad de los Pueblos” que se realizará durante más de una semana en marzo del 2002.
Creemos que es desde la organización, la autonomía y la unidad, donde tenemos que luchar por la justicia social y la dignidad de los pueblos. Pensamos que, como nos lo demuestra la historia, solo a través de la resistencia, lograremos nuestra liberación.
La nueva coyuntura se nos presenta con retos y obstáculos. No obstante, ya comenzó una nueva fase de la recuperación de la dignidad. “La historia es nuestra, y la hacen los pueblos” decía Salvador Allende.
¡Nuestro Grito Será Escuchado!
¡No al Plan Colombia! ¡No a la Guerra!
Quito, octubre del 2001