Respaldo total a la Gran Minga por la Vida (18.5.)
Declaración final Marcha Campesina en el sur de Colombia
Los indígenas del Cauca marcharán una semana (22.5.)
Wash Post article on indigenous march (18.6.)
Plan Colombia
3:18am Wed May 16 '01
dirección: Calle 62 No. 11-40 Int 5 Bogotá Colombia teléfono: 57 1 2171918
alfonsodaza@hotmail.com
A las 6:00 a.m., como estaba programado, más de 15.000 indígenas iniciaron el trayecto que los llevará a la capital del departamento del Valle.
Tras un recorrido de dieciocho kilómetros a pie que concluyó en su primera jornada en la población de Villa Rica (Cauca), ni el hambre, ni la deshidratación, ni el cansancio, ni las ampollas en sus pies, hicieron mella en el ánimo de hombres, mujeres, niños y ancianos que con paso decidido avanzan sin importar la indecisión de las autoridades gubernamentales de la ciudad de Cali, quienes sólo hasta las 19:00 horas, luego de un segundo consejo de seguridad, aceptaron el ingreso de los manifestantes a la zona urbana, no antes sin condicionar su estadía hasta las 16:00 horas del día viernes 18, hora en la que deberán abandonar la ciudad. Se estima que la llegada a la zona urbana será el jueves 17 a las 15:00 horas.
Los principales impulsores de la restricción al ingreso de los marchantes, fueron los comandantes de la policía metropolitana y la tercera brigada del ejército, quienes debieron ceder tras reconocer la magnitud de la movilización (que al día de hoy estiman que alcanzará las 18.000 personas). Para el arribo de la movilización, las diferentes organizaciones sociales preparan, como acto de bienvenida, una cadena humana que hará calle de honor a la marcha hasta su destino final.
Entre los hechos sorprendentes del día, se observa el despliegue de armas de largo y corto alcance que portan los estamentos de seguridad asignados para el acompañamiento de la movilización, que contrasta con los bastones que portan los indígenas como parte de su idiosincrasia.
Para la segunda jornada, se tiene previsto que la marcha avance quince kilómetros, distancia que separa a Villa Rica de Jamundí (Valle) y que la dejará a tan sólo una etapa de cumplir su recorrido..
Con un multitudinario acompañamiento y una organización envidiable, la marcha se instaló en la plaza San Francisco, contigua al edificio administrativo departamental en pleno centro de la ciudad de Cali, proclamándose en Audiencia pública.
De acuerdo con las cifras del equipo coordinador, 37.000 indígenas fueron registrados uno a uno en horas de la mañana.
La guardia indígena, bajo la premisa de la jurisdicción especial de la etnia, asumió el control del entorno, al punto de haber exhibido lo innecesario del cordón policial que estaba preparado, y que poco a poco fue desapareciendo. Algunos agentes policiales presenciaron como la guardia ejercía detenciones temporales, sin atreverse a tomar partido en la situación. Latía la autonomía en la plaza.
De los edificios caía papel picado, mientras los líderes indígenas abiertamente condenaban las acciones conjuntas paramilitares-estado, y perfilaban la necesidad de construir con las diferentes organizaciones sociales, propuestas audaces de nación.
Ahora están de regreso con sus comunidades, pero la advertencia fue clara: hoy se resiste, y se marchará cuantas veces sea necesario para generar conciencia de ello en el resto de la población colombiana y mundial.
Nosotros, indígenas Paez, Kokonuko, Yanacona, Eperara e Inga, identificados por un sentimiento ancestral de dignidad. Nosotros negros y Campesinos del Suroccidente que hemos resistido al olvido, comunidades urbanas nuevos techos de esperanza, emprendimos una marcha sin tiros y sin violencia, juntamos nuestras voluntades desarmadas y salimos a caminar, los pies guiando la esperanza, salimos en una gran minga por la vida y contra la violencia, salimos a decirle al país y al mundo entero que somos una ciudadanía gobernante, que somos hombres y mujeres soberanos, que sabemos dar y sabemos recibir solidaridad. Hemos venido tejiendo paso a paso el contenido de nuestro mensaje, nuestros pasos recogen las huellas de nuestros mayores, nuestras huellas se confunden con otras tantas que vienen resistiendo desde los campos y ciudades contra el proyecto de terror y de muerte que con masacres y globalizaciones, con macroproyectos y fumigaciones, compraventa de conciencias y silencios cómplices, no descansa en su empeño por tratar de doblegar lo indoblegable y de acabar lo inacabable: la decisión de los pueblos de construir la autonomía y de tender puentes y lazos entre las mayorías excluídas.
Cuatro días de nuestra caminata culminaron con una conmovedora bienvenida de las gentes de Cali que en medio de asfalto caliente aplaudieron nuestra presencia y nuestra organización. Nos regalaron flores, nos dieron la bienvenida con vítores y canciones, nos ofrendaron la bandera de Colombia, cantaron con nosotros el himno nacional y las mujeres agitaron sus pañuelos negros.
Gracias a la gente de Santander de Quilichao, a los habitantes de Villarrica y Jamundí, gracias a Cali, por acogernos en esta tercera audiencia pública que es de dolor y de denuncia, pero que a la vez es una oportunidad para que todos hagamos conciencia de que sólo una comunidad organizada puede parar la guerra y las pretensiones de poderes leales e ilegales, pero en últimas, fuerzas de poderes legítimas.
Estamos hoy aquí en esta plaza denunciando y proponiendo, expresando y exigiendo, como haremos mientras tengamos vida.
Queremos que se sepa que la magnitud de las acciones paramilitares, de las tomas subversivas, de las acciones oficiales, de las fumigaciones contra los cultivos llamados ilícitos. Hemos venido hasta aquí en esta Minga por la Vida y contra la Violencia porque queremos que se sepa que empresarios, legales e ilegales, nacionales y multinacionales, están financiando grupos paramilitares. Y también queremos llamar la atención sobre cómo en Colombia se vive un período de barbarie que día a día crece en intensidad y degradación, similar o más despiadado que el ocurrido en la violencia política de los años cincuenta y tan cruel como los tristemente célebres hechos cometidos por el pacificador Morillo.
En esta larga historia de violencia y atropellos, desde hace dos años en el Suroccidente Colombiano, se ha configurado un escenario de guerra, que en los últimos meses se ha agudizado por la disputa y el control de nuestro territorio y de los miembros de nuestras comunidades, por parte de los diferentes grupos armados. Situación que ha generado muerte, desplazamientos forzados, desterritorialización, desintegración social y cultural, terror, miedo y trauma en los miembros de las comunidades, en los niños particularmente.
Aunque esa guerra no es nuestra, los muertos, lamentablemente, sí son gente nuestra y los territorios en disputa por ser conquistados son los ancestralmente habitados por nuestras comunidades.
Cajibío, La Reyoja, Santander, Caloto, Popayán y el Naya han sido escenario de hechos de exterminio de sus habitantes por parte de los grupos paramilitares. En 5 meses un número que supera los 300 muertos. Igualmente estos grupos han hecho conocer amenazas contra las comunidades, contra la vida y la integridad física de los líderes de nuestras organizaciones sociales y contra nuestro proyecto político que encabeza el Taita Floro Tunubalá y su equipo de trabajo.
Las guerillas por su parte invocando cambios que efectivamente necesita el país y abrogándose el derecho de representación popular, en los hechos atenta contra la autonomía territorial, atenta contra nuestras autoridades tradicionales y contra nuestros procesos organizativos. Situaciones que se evidencian en la destrucción de poblados, con las amenazas y el asesinato de autoridades y líderes, y el reclutamiento forzado de nuestros jóvenes.
Unido a lo anterior, el Gobierno Nacional, que debería ser el garante del Estado Social de Derecho, no garantiza la vida y la integridad física de los colombianos, pues invocando una política de paz mantiene la guerra que se sustenta en la política de la seguridad nacional. Lo anterior se demuestra con el componente militar del plan Colombia; con la acción de las fuerzas armadas que actúan como ejército de ocupación en el territorio nacional; con la omisión, la actitud benevolente y el desinterés para combatir los escuadrones de la muerte; con la ineficacia de los aparatos de investigación y de justicia que mantienen altos índices de impunidad, además incumple de forma reiterada los pactos internacionales sobre derechos humanos, la normatividad nacional referida a nuestros derechos y los acuerdos con los movimientos sociales.
Como hombres y mujeres que queremos seguir vivos y dignamente, cada día cultivar, tejer, cuidar el agua y la tierra, amar a nuestras familias, parir hijos e hijas que tengan el derecho a disfrutar de las maravillas de este mundo, venimos en esta Gran Minga por la vida también a proponer:
Que en estas tierras llenas de montañas, selvas, valles y ríos, dueñas de una de las biodiversidades más ricas del planeta, avancemos en la construcción de un proceso civil, popular, comunitario e integral de lucha, resistencia y construcción de un futuro; un proceso que es civil porque entiende que la esperanza va de la mano de la lucha y la resistencia, pero es enemiga de la agudización de la guerra; es un proceso popular porque defiende los intereses de los excluidos, frente a un sistema que favorece los intereses de los poderosos y que ha hecho del capital y el mercado sus nuevos dioses, creando un mundo deshumanizado y deshumanizante, donde son más importantes las cosas que las personas; es un proceso comunitario, porque cree en el poder de las comunidades conscientes y organizadas que construyen su propia historia; y es integral, porque abarca todas las dimensiones de la vida, une el mundo de los ancestros con el presente, se hace pensando con la cabeza y con el corazón, es para los ancianos, los jóvenes y los niños, lo hacen hombres y mujeres, participan indígenas, campesinos, comunidades negras y mestizos y en él caben estudiantes y profesores.
Este es un proceso guiado por la sabiduría ancestral, que sabe que la palabra sin la acción es vacía, que la acción sin la palabra es ciega y que la palabra y la acción fuera del espíritu de la comunidad es muerte; este es un proceso animado por la rebeldía de hombres y mujeres que se niegan a aceptar el cinismo, la opresión y la injusticia de unas élites mezquinas, corruptas y egoístas, capaces de cobrarle la vida a quienes se oponen a sus planes de acumulación, robo y muerte; este es un proceso hecho a pie limpio, con sencillez, que va de lo pequeño a lo grande, de adentro hacia fuera, de lo esencial a lo contingente, de lo ético a lo político y a lo económico, es un proceso que avanza del silencio a la palabra.
Por esto invitamos a continuar tejiendo esta minga por la Vida y contra la violencia con todas las organizaciones sociales que sea posible, con los responsables del sector económico, con los responsables de las instituciones del Estado, con los organismos de Derechos Humanos, y con todas las personas amigas solidarias del mundo, promotoras de la defensa de la vida, interesadas en este proyecto; para lo cual:
Para finalizar, convocamos a las organizaciones sociales y populares a unirse a esta Gran Minga por la Vida y la Esperanza, de la cual esta marcha es apenas el inicio de una lucha en defensa al derecho a la vida y la convivencia sin violencia, haciendo nuestro, el saludo que indígenas latinoamericanos nos hicieron llegar como hijos de la tierra y sembradores de esperanza.
Dado en Santiago de Cali, el día 18 de mayo de 2001 por las organizaciones y sectores participantes de la marcha denominada “GRAN MINGA POR LA VIDA Y CONTRA LA VIOLENCIA” que dio inicio en Santander de Quilichao y dejó sus huellas por Villarrica, Jamundí y culminó en esta ciudad.
Colombia.- Los indígenas del Cauca marcharán una semana para protestar por las masacres que sufren las minorías étnicas
BOGOTA, 12 (de la corresponsal de EUROPA PRESS Mónica Urbina)
El Comité Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha organizado una marcha pacífica desde Popayán (capital del Cauca, en el suroeste) hasta Cali (capital del Valle, al norte del Cauca) que comenzará el próximo lunes para protestar contra la violencia que sufren las minorías étnicas por parte de los grupos armados.
La marcha comenzará el próximo lunes y estará encabezada por el gobernador del Cauca, el indígena Floro Tunubalá. Las 14.000 personas que han confirmado su participación atravesarán una zona considerada como peligrosa por la presencia tanto de guerilla como de paramilitares.
Sabemos y tenemos claro que van a desaparecer los dirigentes que están encabezando esta marcha porque así lo han predicho los médicos tradicionales, pero tenemos que hacerlo, declaró el comisionado del CRIC en Bogotá, Victoriano Piñacué. Piñacué denunció las amenazas y los asesinatos de que son víctimas por parte sobre todo de los paramilitares y los colaboradores de las Fuerzas del Estado" y aseguró que ya son conscientes del peligro que corren al realizar esta protesta.
Durante la pasada semana las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) perpetraron varias masacres en municipios del Naya (Cauca) en las que murieron más de una decena de indígenas. Los enfrentamientos que han continuado entre la guerilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y las AUC han agudizado la violencia en el departamento, que se encuentra en una grave situación de orden público.
En su segunda jornada la marcha campesina arriba a Jamundí por Periódico desde abajo 8:35pm Wed May 16 '01
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Jamundi, un municipio con 25.000 habitantes ubicado al sur del departamento del valle del Cauca, vio aumentada hoy su población al concluir allí la segunda jornada de la "gran minga por la vida y contra la violencia".
Con la unión en el día de hoy de comunidades indígenas de los departamentos de Putumayo, Nariño, Caldas y Antioquia, asociaciones feministas, campesinas, y comunidades negras, la manifestación suma ya casi los 30.000 participantes. Esta cantidad se verá duplicada con el recibimiento que darán organizaciones sociales y estudiantiles, las que formarán una gran cadena humana desde los limites de la ciudad hasta el coliseo popular.
La manifestación ha generado grandes expectativas, no sólo en la parte institucional, sino en las diferentes organizaciones sociales, que ven llegar un momento político de trascendencia para esta zona del país, revitalizando ánimos que se han visto menguados en la historia reciente, por el accionar militar contra toda forma de propuesta alternativa al sistema existente.
Con los aspectos logísticos ya definidos en la ciudad de Cali, garantizando las condiciones de estadía y bienestar de los participantes de la manifestación, la organización es otro de los aspectos para resaltar en esta gran demostración de integración y lucha contra él irrespeto y atropello de los derechos de las comunidades participantes.
"The Latin American Association for Human Rights says that half of Colombia's indigenous tribes face extinction because of the encroaching violence."
Pubdate: Mon, 18 Jun 2001
Source: Washington Post (DC)
Copyright: 2001 The Washington Post Company
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Website: http://www.washingtonpost.com/
Details: http://www.mapinc.org/media/491
Author: Scott Wilson, Washington Post Foreign Service
TIERRALTA, Colombia — For the past several days, they have been arriving on airplanes and in caravans of cramped buses and wooden rafts, filling the central square of this frontier town with garish hammocks, tarps and the acrid smell of campfire smoke.
More than 1,000 of Colombia's indigenous people have traveled to Tierralta, where the country's northern plains give way to lush mountains, to protest a war that is consuming their land, language and people.
Their stand has taken the form of a largely symbolic search for Kimy Pernia Domico, a leader of the Embera Katio tribe that controls strategic stretches of northwestern Colombia. Domico was seized here June 2 by three gunmen presumed to be members of the right-wing paramilitary United Self-Defense Forces of Colombia (AUC). He has not been seen since.
The Indians gathered in the cluttered square — their faces and legs marked with ritual tattoos, walking on bare, broad feet, speaking in languages that predate the Spanish colonization — hold out little hope that Domico will be found alive. But in the coming days, without government sanction and with little security, they will venture onto the cattle ranches of Cordoba province, whose owners help fund the AUC, and seek the return of a man who tried to keep war and economic interests from overwhelming tribal land.
"We want him given back to us — dead or alive," said Luis Ondino Duave, 23, a student and Embera Katio member who traveled three days by bus from Choco province along the Pacific Coast. "We may be here for weeks, it all depends. If God permits, we will find him."
As Colombia's decades-old civil war has expanded in recent years, so has the threat to the country's 700,000 Indians, who belong to 84 tribes and speak 64 languages. They live on more than 50 million acres of land granted to them by the government, much of it located in strategic, resource-rich regions coveted by the armed groups.
In recent years, the government has signed accords with the Indians ensuring their autonomy and human rights, but tribal members say those agreements have been largely ignored as the war has sprawled into virtually every corner of the country.
"The objective of this search is a call to the state to respect our autonomy and territory," said an Embera Katio leader who said he feared being identified by name. "The government must comply with these accords."
The Latin American Association for Human Rights says that half of Colombia's indigenous tribes face extinction because of the encroaching violence. Displacement is fracturing families and diluting tribal languages, and forced recruitment into guerilla ranks and selective assassinations by paramilitary forces are scattering tribes like the Embera Katio that have lived along Colombia's swift rivers and thick jungles for centuries.
In southern Amazonas province, the leftist guerilla army, the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) requires each indigenous family to provide two people to its ranks, according to the human rights group. FARC seeks recruits as young as 14 who are prized for their knowledge of jungle terrain. In past three years, more than 1,500 Indians have been forced into guerilla ranks, the human rights group said.
Domico's disappearance followed a rash of violence against indigenous leaders by paramilitary forces and the FARC. The AUC, especially here in northern Colombia, has chosen to eliminate powerful tribal leaders who resist the right-wing group's territorial ambitions. At least 10 leaders of the Embera Katio and Zenu tribes in Cordoba, and neighboring Antioquia and Choco provinces, have been killed by the AUC in the past three years, according to the human rights association. Embera Katio leaders say 16 tribal members have been killed over that period, half by the paramilitary forces and half by the FARC.
"For these groups, it is dangerous to have a leader who is much listened to by his people, someone who says, 'This is our territory, not yours' ", said an adviser to the two Embera Katio leaders who oversee tribal land between the Sinu and Verde rivers southwest of here. "We have come here to look for [Domico] in [the paramilitary forces'] house."
Domico's plight is in some ways similar to that of the thousands of Colombians trying to remain neutral during the intensifying civil conflict, which is fueled by the vast profits the armed groups receive from the drug trade. Tribal members say that in recent months, Domico was resisting pressure from the AUC to begin growing coca — the raw material used to make cocaine — on tribal land.
Tierralta sits on a volatile border between the two military forces, and in the past 18 months drug crops have sprung up on land once used to grow bananas, rice and timber. Last month, FARC forces operating along the Sinu River slaughtered more than two dozen farmers, sometimes using machetes, who were allegedly working AUC-controlled coca fields.
At the same time, Domico was continuing a long battle against the government and international corporations over a dam erected against the tribe's will in Embera territory. After decades of study, a corporation comprising Canadian and Swedish interests began building the Urra Dam on the Sinu River six years ago. The tribe won a brief injunction suspending construction, but subsequent legal rulings resulted in the 1998 flooding of a fertile valley filled with the tribe's banana plantations.
For the first time in their history, many of the 142 Embera Katio families living between the Sinu and Verde rivers were going hungry after the flooding devastated the fishing stock. Domico had been leading the crusade for government compensation, angering many powerful business interests.
Colombian officials have shown little interest in the Domico case. Col. Henry Caicedo, Cordoba's police chief, said without offering any evidence that Domico's disappearance was related to involvement in the drug trade. He retracted his comments, but only after Abadio Green of the Indigenous Organization of Antioquia said: "If they kill Kimy [or] any other of our colleagues, the colonel will be responsible."
Then, Cordoba Gov. Jesus Maria Lopez prohibited the indigenous caravan from entering his state on the grounds that it could interfere with a national ranching festival. He said he would do nothing to stop the procession, but offered no security.
So those who arrived here did so under less than safe circumstances, and remain vulnerable during what could be a weeks-long demonstration. The main square, strung with hammocks and draped with scraps of plastic that serve as tents, offers the Indians little protection from paramilitary or guerilla forces.
A few army patrols stand guard as dozens of children, barefoot and dirty, play ball and tag in the streets. Around each person's neck hangs a laminated picture of Domico on a string, a crude credential meant to identify participants.
Three hundred people arrived by raft from Alto Sinu, the Embera Katio region that is Domico's home, including Rigoberto Domico, a member of the tribe, his wife and 6-month-old son. "He was our leader, and we will stay until we find him," he said. "How long it takes is not important."
Hundreds more arrived in a caravan of buses from Medellin to the south, braving perhaps the most contested stretch of highway in Colombia with little protection.
"The government should be looking for Kimy's killers and arresting these paramilitaries," said Jennifer Harbury, an American lawyer who has accused the CIA of complicity in the 1992 death of her husband, a Guatemalan guerilla. She made the trip from her home in Texas to search for Kimy, whom she showed around Washington two years ago. "These people should not have to risk their lives for this."
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