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Por:
Dr. Juan Manuel Sandoval Palacios
Los acuerdos alcanzados durante la Tercera Cumbre de las Américas (que reunió a 34 jefes de Estado y excluyó al de Cuba) realizada en abril de 2001 en la Ciudad de Quebec, Canadá, para la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en el año 2005, son un paso importante del proyecto hegemónico de los Estados Unidos de integración regional hemisférica, no obstante que el gobierno de este país no hubiera logrado que dicha fecha se adelantara dos años por la oposición de Brasil y el condicionamiento de Venezuela; y no obstante las importantes movilizaciones que las organizaciones de los así llamados globalifóbicos realizaran en todo el continente oponiéndose a este proyecto integrador, pero principalmente en la mencionada ciudad canadiense, donde también se llevó a cabo la Segunda Cumbre de los Pueblos de las Américas convocada por la Alianza Social Continental (conformada ésta durante abril de 1998 en la Ciudad de Santiago de Chile por organizaciones sociales y sindicales de muchos países) para discutir propuestas alternativas de integración.
El acelerado proceso de integración económica regional promovido por Estados Unidos en las décadas de los1980s y los1990s, como parte de su llamada Nueva Gran Estrategia, para crear un bloque geoeconómico bajo su hegemonía, y hacer frente a los otros dos bloques (Unión Europea encabezada por Alemania y APEC con Japón a la cabeza) en la lucha por controlar los mercados mundiales, logró crear un modelo de integración subordinada con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puesto en vigor en enero de 1994 entre Estados Unidos, México y Canadá. En la mencionada Tercera Cumbre se dio un importante salto en la consolidación del TLCAN con la norteamericanización de los mercados de energía (mediante una carta de intención firmada entre los mandatarios Bush, Chrétien y Fox), que pone a disposición de la reserva estratégica de Estados Unidos los hidrocarburos mexicanos (petróleo y gas); y de los mercados laborales (mediante acuerdos aún de palabra, pero que ya se encuentran en negociación) disponiendo de la mano de obra mexicana para los sectores canadiense y estadounidense, mediante la ampliación de un Memorándum de entendimiento sobre trabajadores agrícolas temporales para incluir el sector de servicios; y el establecimiento de un programa de trabajadores huéspedes, respectivamente.
A partir de la creación del TLCAN, México ha sido el principal impulsor de este tipo de integración subordinada con Centroamérica estableciendo tratados de libre comercio con Costa Rica (1994), Nicaragua (1997) y más recientemente con los países del llamado Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), el cual fue aprobado por los gobiernos de estos países y ratificado por sus respectivos congresos a fines de 2000, entrando en vigor a partir del primero de enero de 2001. Estos tratados son una réplica del TLCAN, y aún se han incorporado en ellos aspectos del malogrado Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), que fue un intento de las grandes corporaciones para crear una "Constitución Mundial del Capital". Actualmente el gobierno mexicano se encuentra negociando tratados de libre comercio más con dos países centroamericanos, Belice y Panamá; y con República Dominicana en el Caribe.
Con estos tratados, que no son sólo de libre comercio sino de inversiones y de derechos de propiedad intelectual, México ha venido contribuyendo a crear un área completamente subordinada a la economía estadounidense que busca aprovecharse de las ventajas comparativas de la mano de obra barata y los recursos naturales de la misma. Para ello el Plan Puebla-Panamá (PPP) propuesto por el presidente Vicente Fox con el propósito de integrar el sur-sureste de México con Centroamérica, lo que trata es de crear las condiciones para tener acceso a los recursos energéticos y de biodiversidad que existen ahí y que las grandes corporaciones transnacionales estadounidenses buscan rentabilizar; así como regular los flujos migratorios centroamericanos y del sur-sureste de México canalizándolos como mano de obra barata para las industrias maquiladoras, los grandes proyectos de infraestructura e hidrológicos, silvícolas y el sector servicios (turismo, comercio, etc) que se impulsarán en la región; además de crear un puente entre América del Norte y América del Sur para facilitar el desarrollo de ALCA.
La exclusión de derechos laborales y aspectos ambientales en los tratados firmados por México con los países centroamericanos (aspectos que se incorporaron, aunque de manera muy débil, en sendos tratados de complementariedad laboral y ambiental al TLCAN, gracias a la lucha de diversas organizaciones, partidos políticos y congresistas de México, Estados Unidos y Canadá), obedece a los intereses de las grandes corporaciones que ven en dichos aspectos (laboral y ambiental) ventajas comparativas regionales (mano de obra barata; recursos energéticos y de biodiversidad, etc.) y por ende la posibilidad de una mayor rentabilidad de los mismos
Así, la regulación del mercado laboral en el nivel regional (América del Norte y Centroamérica) requiere de una mano de obra barata, movible hacia Estados Unidos y Canadá, o dentro de los propios territorios nacionales para ser empleada principalmente en las industrias maquiladoras que se están extendiendo por estos territorios. Pero esta regulación implica la incorporación de unos trabajadores y la exclusión de otros al mercado laboral norteamericano (léase Estados Unidos y Canadá).
Desde las negociaciones del TLCAN, la migración laboral quedó excluida del mismo, bajo el supuesto de que precisamente el libre comercio sería la solución a largo plazo de la migración mexicana, por el flujo de inversiones que generarían empleo, el establecimiento de industrias maquiladoras en todo el país, y los apoyos financieros internacionales para proyectos de desarrollo en las zonas expulsoras de migrantes. Este falso vínculo de libre comercio como solución a la migración laboral es el modelo para excluir a ésta de todo tratado comercial bilateral o multilateral en el Continente Americano. De esta manera la mano de obra migrante queda sujeta a regulaciones específicas para mantener el carácter de ventaja comparativa regional por su bajo costo. Mediante diversos mecanismos, la mano de obra migrante mexicana se ha ido incorporando a los mercados laborales estadounidense (Holguín, 2000) y canadiense (Vanegas, 2001), a cambio de que el gobierno mexicano estableciera controles estrictos en su frontera sur para excluir a la mano de obra centroamericana y de otros países.
La problemática de la migración centroamericana indocumentada a Estados Unidos, pasando por territorio mexicano ha sido enfocado con políticas asistencialistas y desarrollistas preventivas (que no generan empleos), pero principalmente restrictivas, para cerrarles el paso a los migrantes centroamericanos a los mercados laborales en Estados Unidos, Canadá y aun en el propio México, excepto los ya establecidos de manera temporal en los dos primeros países, o a los que laboran como jornaleros agrícolas temporales en las fincas chiapanecas, y en otros servicios e industrias (trabajo doméstico, comercio, construcción, etc) pero en niveles muy locales, sin que esto signifique que estas políticas hayan logrado detener completamente los flujos migratorios, pero si los han hecho más difíciles para los migrantes que tienen que recurrir a las redes de traficantes de personas, actualmente vinculadas a las del narcotráfico, tráfico de armas y otros.
Durante su campaña Vicente Fox planteó que daría prioridad a la problemática de la migración indocumentada para encontrarle soluciones. Y en una gira de tres días por Centroamérica en septiembre de 2000, el entonces presidente electo Vicente Fox planteó que no permitiría más abusos contra los migrantes de esa región, para lo cual designaría un zar para la frontera sur. En febrero de 2001 durante su encuentro con el presidente estadounidense George Bush, ambos mandatarios acordaron establecer mecanismos para negociar un nuevo acuerdo sobre migración. Y a principios de abril se iniciaron las negociaciones sobre tales acuerdos, proponiendo las autoridades mexicanas establecer mayores controles sobre la migración centroamericana a cambio de una mayor apertura para legalizar la mano de obra mexicana que va a Estados Unidos o que ya se encuentra en ese país.
Como se puede observar, de lo que se trata es de impulsar mecanismos para regular el mercado laboral de América del Norte utilizando la mano de obra barata de los mexicanos como ventaja comparativa en el nivel regional (Canadá, Estados Unidos y México principalmente vía las industrias maquiladoras éste último), a cambio de establecer controles en la frontera sur para regular el mercado laboral centroamericano de mano de obra barata que sería empleada principalmente en las industrias maquiladoras y otros proyectos productivos del Plan Puebla-Panamá.
En este ensayo se trata de mostrar que la política migratoria seguida por el actual régimen foxista, es una continuación de la que llevó a cabo el presidente Carlos Salinas de Gortari, bajo el supuesto de que el libre comercio sería la solución a largo plazo de la misma, y dejando que Estados Unidos reforzara y aún militarizara su frontera para impedir el paso de los indocumentados, estableciendo medidas similares en nuestra frontera sur. Esta política fue continuada por el presidente Ernesto Zedillo para adecuar las regulaciones migratorias de nuestro país a las estipuladas por el gobierno estadounidense, constriñendo, por un lado el paso de migrantes centroamericanos y de otros países por la frontera sur mexicana y penalizando el tráfico de indocumentados en ambas fronteras; y, por otro lado, facilitando aún más la entrada de personas calificadas de acuerdo con el artículo XVI del TLCAN. Además se muestran los esfuerzos, encabezados por el gobierno zedillista, de regionalizar las políticas estadounidenses de inmigración a través de un foro que se ha venido institucionalizando desde 1996 en la región de América del Norte, Centroamérica y el Caribe, la Conferencia Regional de Migración; y las negociaciones iniciadas en secreto para establecer un programa de trabajadores huéspedes entre ambos países, lo cual ha sido retomado por la administración foxista como uno de sus principales instrumentos para legalizar la entrada de los migrantes mexicanos que quieren ir a trabajar a la Unión Americana, o de los que ya se encuentran ahí de manera indocumentada.
El gobierno mexicano, con Salinas de Gortari a la cabeza, apostó, junto con el estadounidense, a que el problema migratorio se solucionaría a largo plazo por los beneficios que traería el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De hecho, esta cuestión se definió desde antes de las negociaciones del mismo, a partir de la aprobación en 1986 del Acta de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA 86) también conocida como Ley Simpson- Rodino, por parte del Congreso estadounidense, en la cual se estableció la creación de la Comisión para el Estudio de la Migración Internacional y el Desarrollo Económico Cooperativo. Esta Comisión, conformada por 12 miembros que fueron nombrados por los líderes del Congreso en julio de 1987, debería, en consulta con los gobiernos de México y otros países expulsores de mano de obra en el Hemisferio Occidental, examinar las condiciones que contribuyeran a la inmigración no autorizada a los Estados Unidos y debería explorar programas de inversión y comercio recíproco mutuamente benéficos para aliviar tales condiciones (véase, Section 601 of the Immigration Reform and Control Act, 1986. Public Law 99-603, November 6, 1986).
La Comisión se enfocó geográficamente en México, Centroamérica y el Caribe -áreas de donde salen la mayor cantidad de migrantes hacia Estados Unidos. Delegaciones de esta Comisión visitaron México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, la República Dominicana, Haití, Barbados, Trinidad y Tobago, Canadá, Perú y Puerto Rico donde se reunieron directamente con los jefes de Estado y con altos funcionarios responsables para el desarrollo económico y la migración; así como con responsables de organizaciones académicas, empresariales, sindicales, religiosas y otros grupos relevantes. Se establecieron actividades de vinculación gubernamental de alto nivel.
La Comisión llevó a cabo entre los años de 1988 y 1990 una serie de audiencias públicas en las cuales presentaron testimonio decenas de funcionarios de gobierno, académicos, religiosos, activistas de los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados, líderes comunitarios, y otros. Al mismo tiempo se llevaron a cabo diversas investigaciones por parte de especialistas de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe, enfocados a responder a dos cuestiones planteadas como objetivo de dicha comisión: a) las condiciones que contribuyeron a la migración no autorizada de países del hemisferio occidental a Estados Unidos; y, b) las iniciativas de desarrollo económico que podrían ser tomadas de manera cooperativa para aliviar las presiones que causan la emigración en los países expulsores (Commission for the Study of International Migration and Cooperative Economic Development, 1990a, b y c).
En México, de donde proviene el 75% de los migrantes indocumentados, la Comisión trabajó muy estrechamente con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) -entidad intersecretarial-, el cual fue designado por Miguel De La Madrid para ser la contraparte oficial de los estudios realizados conjuntamente en México, incluyendo la selección de investigadores calificados (Consejo Nacional de Población, 1992). La investigación en otros países fue realizada por académicos centroamericanos y del Caribe. También participaron cuatro grandes centros universitarios estadounidenses.
La Comisión Ascencio, llamada así también por el apellido de su presidente, se reunió con los presidentes Joaquín Balaguer de la República Dominicana y con Carlos Salinas de Gortari de México el 18 de abril y el 9 de mayo de 1990, respectivamente, para discutir algunos de sus principales resultados. Esta Comisión presentó su informe final el 6 de julio de 1990, en el cual establece algunas recomendaciones que, según Diego Ascencio, fueron bien recibidas por los gobiernos de los países involucrados. Según este informe, después de las audiencias domésticas y de las investigaciones se confirmaron dos conclusiones fundamentales:
Estas conclusiones llevaron a la Comisión, según Ascencio, a enfocarse en las medidas que los Estados Unidos y los países expulsores podrían tomar cooperativamente para proveer empleos en sus países de origen a los crecientes números de potenciales migrantes no autorizados. El informe plantea recomendaciones que "cuando sean tomadas conjuntamente por los Estados Unidos y los países expulsores, contribuyan al crecimiento económico mutuamente benéfico, disminuyendo por tanto el flujo migratorio indocumentado con el tiempo". En este sentido, "La Comisión está convencida que -al estimular el crecimiento económico- un comercio expandido entre los países expulsores y los Estados Unidos es el único remedio más efectivo para el problema que le fue asignado estudiar." (ibid, p. 2)
Las recomendaciones de la Comisión se refieren fundamentalmente a "impulsar una mayor integración económica de los países expulsores a Estados Unidos a través del libre comercio", ya que "lo más pronto que los países expulsores de migrantes puedan mejorar sus economías, más corta será la duración de las presiones para emigrar a los Estados Unidos". Por lo tanto, "la política económica estadounidense debería promover un sistema de comercio abierto". Para ello, el informe de la Comisión sugiere la integración económica regional, ya que "el acceso mejorado a los mercados estadounidense y de otros países desarrollados es la llave para el futuro económico del área. Los Estados Unidos reconocieron esto en 1983 cuando fue establecida la Iniciativa de la Cuenca del Caribe; en 1987, cuando se negoció el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y México; y, en una escala mayor, en 1989, cuando entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. México es un importante competidor en el mercado mundial. Las economías más pequeñas de países centroamericanos y caribeñas no tienen ese potencial. La Comisión aboga fuertemente por su integración -y la de México- en áreas más grandes de libre comercio." (Ibid).
Aquí es donde se establece el puente entre libre comercio y migración, éste como problema, aquél como solución. En esta perspectiva, las recomendaciones apuntan sus baterías a una mayor apertura económica y comercial, formalizándola por medio de tratados:
Se sugería ya, de esta manera, la urgente necesidad de crear el Área de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN), y continuar con el resto del continente para impulsar la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). De hecho, ya para entonces, y como resultado de una reunión entre los presidentes George Bush y Carlos Salinas de Gortari en junio de 1990 (un mes antes de la presentación del informe Ascencio), el gobierno mexicano hizo claro su deseo de negociar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, y se comenzaron los preparativos para su negociación, a la que se incorporó poco después el gobierno de Canadá. Cuatro años después, y a casi un año de entrado en vigor el TLCAN, durante la llamada Cumbre de las Américas realizada en Miami, Florida, el gobierno estadounidense propuso a 33 jefes de Estado del continente (con excepción de Cuba), y éstos la aceptaron, la creación de ALCA para el año de 2005.
En esta perspectiva, resulta claro que al apostarle todo al TLCAN el gobierno mexicano aceptó tácitamente las reglas del juego impuestas unilateralmente por Estados Unidos en lo que respecta a la migración, entre muchos otros factores. Ambos gobiernos consideran que la liberalización económica y comercial de nuestro país fijará, a largo plazo, a la mano de obra migratoria en su propio territorio.
Se observa claramente cómo el proceso de integración regional y el manejo de la problemática migratoria hoy en día por parte de los regímenes gubernamentales de Estados Unidos y México en estos países y en su entorno regional inmediato (Centroamérica y El Caribe), se apegan estrechamente a las recomendaciones de la Comisión Ascencio, cuyo informe muestra que se trataba más bien de un plan del gobierno estadounidense para impulsar su estrategia de integración regional, por lo cual los países expulsores tendrían que avanzar más rápidamente en los procesos de ajuste estructural, pasando completamente de un modelo económico dominado por el Estado al modelo en el cual el mercado juega el papel principal. En este sentido, el informe planteaba que:
Y para avanzar más en esta transición sin posibilidades de dar marcha atrás, el informe planteaba: "Los países expulsores de migrantes deberían impulsar la modernización tecnológica fortaleciendo y asegurando la protección de la propiedad intelectual y removiendo los impedimentos existentes para la inversión" (Ibid).
En este esquema, la fuerza laboral migratoria sería la reserva laboral que necesitaría ser regulada para ser empleada en cualquier parte donde el capital la requiriera, para lo cual sería importante que mantuviera su carácter de ventaja comparativa regional por su bajo costo tanto para la producción como para su reproducción. Para aprovechar esta fuerza laboral en los países expulsores, se proponía que:.
Pero también era importante procurar que la población de estos países disminuyera para evitar que siguieran fluyendo grandes cantidades de migrantes hacia Estados Unidos. Para ello: "La Comisión respalda el financiamiento continuo de los esfuerzos voluntarios de planificación, incluyendo aquellos que promueven la planificación familiar natural (...)".
Asimismo, se tendrían que promover mecanismos de control y penalización de la migración indocumentada. Para ello:
En el caso específico de Centroamérica, si bien se proponían medidas para la integración regional, como la revitalización del Mercado Común Centroamericano (formado durante 1958-1963 por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y que fue la iniciativa de integración regional más exitosa en América Latina en esa época), así como la integración de estos países, y México, en áreas más grandes de comercio, dicha región fue considerada por el informe de la Comisión Ascencio como excepción para otorgarle asistencia financiera directa: "Excepto para Centroamérica -donde más de dos millones de personas fueron desarraigadas por los conflictos de los 1980s- no proponemos directamente asistencia financiera." (Ibid)
En este sentido el informe plantea:
Y como resoluciones el informe de la Comisión propone:
Se buscaba, y se sigue buscando, que los centroamericanos dejaran de fluir hacia Estados Unidos en las cantidades que lo hicieron durante la segunda mitad de la década de los 1980s, y que generó una "crisis" que los estadounidenses no estaban dispuestos a que se repitiera.
La problemática de la migración laboral y de refugiados centroamericanos a México y Estados Unidos tuvo sus antecedentes a mediados de los 1980s. A principios de los 1980s, la política militarista del presidente Ronald Reagan en Centroamérica obligó a cientos de miles de personas a buscar refugio en México y Estados Unidos, además de otros tantos a desplazarse a otros países centroamericanos o a las zonas montañosas de sus propios países. (Sandoval, 1993; The U.S.Committee for Refugees, 1991.)
Ante la eventualidad de una acción militar directa en Centroamérica, en 1984 el gobierno de Reagan estuvo a punto de poner en acción un plan elaborado en 1982 para suspender la Constitución estadounidense y poner al país bajo la ley marcial en caso de que se produjera una crisis nacional. Este plan preveía la movilización de la Agencia Federal para Emergencias (FEMA) y las unidades de defensa estatal (Guardia Nacional) para localizar y arrestar a cerca de 400 mil indocumentados centroamericanos en la Unión Americana. Fort Huachuca, en Arizona, sería utilizado como punto de partida de esta operación y habría 10 centros de detención donde serían confinados los refugiados.
Esta intervención, sin embargo, no fue necesaria ya que en su lugar se incrementó la ayuda militar a las fuerzas armadas de esos países y a la Contra nicaragüense, lo que llevó a un escalamiento en el flujo de migrantes que alcanzó su zenit cuando el Procurador General Edwin Meese invitó a los nicaragüenses a solicitar asilo político y a obtener permisos de trabajo en 1987.
El hecho de que más de un millón de centroamericanos haya huido al "Norte" en la década mencionada, es pues resultado de la política económica (principalmente por el endeudamiento excesivo) y de la política militarista e intervencionista estadounidense. De acuerdo con cifras del censo de ese país, para 1979 sólo 50, 000 salvadoreños indocumentados se encontraban en esa nación. Para principios de la siguiente década había ya un millón de ellos y centenas de miles de guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños y panameños. La pobreza no puede explicar por sí sola el éxodo masivo, porque ésta ha sido endémica y consistente en las décadas anteriores. Sólo la violencia y la creciente represión conectada directamente con la ayuda militar a la región, así como la crítica situación económica provocada por la política estadounidense, explican el inmenso flujo de refugiados.
Sólo que este inmenso flujo provocó una respuesta de alarma estadounidense ante un fenómeno que consideraron como de riesgo a su seguridad nacional, y que esa misma nación ayudó a crear, la llamada "Crisis de los Centroamericanos". Esta respuesta fue provocada principalmente debido a que la política inmigratoria del vecino país del norte, combina, quizá más que nunca, el prejuicio racial y étnico, la explotación laboral, la alarma de la seguridad nacional y el intervencionismo económico y militar, debido a diversos factores, entre los que destacan: los mayores flujos de inmigrantes proceden actualmente de países subdesarrollados, de gente "de color" (principalmente de América Latina y del Sureste Asiático); y, esta población está creciendo a una tasa más alta (por una combinación de los índices de natalidad y de inmigración) que la población blanca, anglosajona, la cual está envejeciendo y ve dicho crecimiento como una amenaza a la cohesión cultural y social del país, así como a la distribución actual del poder político. Estos aspectos, entre otros más, han provocado en diversos sectores de la población estadounidense actitudes racistas y xenofóbicas que se expresan, en no pocos casos, en hostigamiento, violencia física y asesinatos de los inmigrantes (principalmente de los indocumentados y los refugiados), por considerarlos culpables de diversos problemas económicos, sociales y de otra índole que afectan a ese país.
Para enfrentar la "Crisis de los Centroamericanos" en su frontera sur, el gobierno estadounidense estableció un plan específico de contingencia denominado Plan de Intensificación para la Frontera Sur (Enhancement Plan for the Southern Border) (Immigration and Naturalization Service, 1989), el cual tenía su justificación en un plan anterior, elaborado en 1986 por el Servicio de Inmigración y Naturalización a solicitud del Departamento de Justicia, y que se denominó Plan de Contingencia contra Terroristas e Indeseables Extranjeros (Alien Terrorists and Undesirables: A Contingency Plan) (Immigration and Naturalization Service, 1986). A principios de 1989, con la utilización de grandes centros de detención (verdaderos campos de concentración) para la ubicación forzada de miles de refugiados centroamericanos en el sur de Texas (lugar por donde entraron a Estados Unidos la mayoría de éstos), se inició este plan en contra de los refugiados, quienes solicitaban asilo político en un intento desesperado por legalizar su situación migratoria, aprovechando el resquicio abierto en 1987 para dar asilo a los nicaragüenses que "huían" de los sandinistas.
Se establecieron mecanismos expeditos de rechazo y deportación inmediata -con muy pocas excepciones, sobretodo entre los nicaragüenses-; y se reforzaron las medidas para impedir la entrada a más refugiados, incrementando los números de agentes de la Patrulla Fronteriza. De hecho, los refugiados se enfrentaban, ya de entrada, con un grave problema al solicitar el asilo político, puesto que el gobierno estadounidense sostenía que la mayoría de los haitianos, centroamericanos y otros grupos nacionales en Estados Unidos no son refugiados. El Departamento de Justicia, del cual depende el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), planteaban que aquellos no eran personas que huían de la devastación social y económica resultado de la guerra y la persecución política, sino que simplemente eran personas que buscaban un beneficio económico. Los refugiados eran "trabajadores indocumentados" en la perspectiva estadounidense, y como tales estaban sujetos a los efectos de las leyes de inmigración de ese país como los otros indocumentados.
En su trato a los refugiados indocumentados, el gobierno estadounidense violaba sus propias leyes y el Protocolo de las Naciones Unidas para los Refugiados. El Acta de Refugiados de 1980 no se ha aplicado a los haitianos y a los centroamericanos. Estos no fueron definidos colectivamente como refugiados y debido a ello, su única posibilidad de socorro en el marco de la legislación estadounidense de esa época era bajo la forma de Asilo Político. Pero el asilo político era una vía muy estrecha y cara para el alivio de los refugiados indocumentados. Entonces, era casi imposible para los haitianos y centroamericanos conseguir una estadía legal, y debían permanecer en ese país de manera clandestina al igual que otros centroamericanos indocumentados que siguen arribando a ese país, cruzando por México.
Las leyes establecidas en 1991 para la protección temporal a salvadoreños y guatemaltecos en los Estados Unidos (Temporal Protection to Salvadoreans -TPS, y ABC para los guatemaltecos, logradas por la lucha de organizaciones que defienden los derechos de los refugiados en ese país) resolvieron de manera perentoria un grave problema (Grossman, 1993), el cual vuelve a agudizarse al término de su período, ya que la mayoría de los que se acogieron a dichas leyes están expuestos a la deportación en cualquier momento. Aunque recientemente, el gobierno estadounidense otorgó más TPS para los salvadoreños después de los sismos de principios de 2001 que afectaron a El Salvador.
Por otro lado, la parte más importante del plan de contingencia puesto a funcionar en febrero de 1989 contra los refugiados centroamericanos, (y que aún sigue en marcha, inmerso en las nuevas leyes de inmigración y en contra del terrorismo aprobadas por el Congreso de ese país en 1996), se refiere a
"(...) e) incrementar los esfuerzos de 'inteligencia' para determinar las fuentes de flujo 'ilegal', aislar los puntos de estrangulamiento que puedan ser encontrados e identificar a contrabandistas (de seres humanos) y facilitadores fraudulentos que alientan la migración 'ilegal' a Estados Unidos". (Ibid)
En esta perspectiva se consideró importante recolectar información de 'inteligencia' en los países de donde provenían los inmigrantes, actuando de manera conjunta con funcionarios de diversas dependencias locales. Para ello, se enviaron equipos de agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) y otras dependencias estadounidenses a las ciudades de Guatemala y Tecún Umán en el sur, y se pusieron en acción a otros agentes ya ubicados en las ciudades de México y Monterrey, para "determinarlas fuentes y rutas de migración, para que los agentes de la Patrulla Fronteriza" pudieran ser colocados apropiadamente. Los equipos de información de "inteligencia" en Guatemala, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo león, deberían mantener esta actividad para asegurar que el corredor móvil de la Patrulla Fronteriza y de los recursos anti-contrabando fuera más efectivo.
Para "identificar los incentivos en los puntos de origen que alientan la migración a Estados Unidos, incluyendo la disponibilidad de visas de salida y fácil transportación a lo largo de México", los equipos asignados deberían también recolectar información de "inteligencia" en apoyo a este objetivo. Además, la Oficina Distrital del SIN en la Ciudad de México debería continuar el vínculo ya establecido con la nueva directora de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación de México, para manejar la cuestión de nacionales de terceros países en tránsito por México hacia los Estados Unidos.
Se trataba de "identificar a traficantes, facilitadores fraudulentos y otras fuentes de corrupción que 'abusen' del sistema"; "incapacitar a los violadores de la ley de migración por medio de su detención y arresto"; e "identificar las condiciones crónicas en los países fuentes, que contribuyen a la emigración hacia el norte". Para esto último, el Programa de Inteligencia del SIN continuaría su vinculación con otras agencias estadounidenses, particularmente la CIA, la DEA y el Departamento de Estado, para monitorear los cambios en aquellas condiciones que impactan mayormente en la emigración de los países expulsores.
Y aunque las autoridades mexicanas afirmaron que era falso que México colaborara con el SIN para detener el flujo de indocumentados, en tres memoranda fechados el 22 y 23 de febrero de 1989, el Director Distrital del SIN en la Ciudad de México, E.M. Trominsky, informaba a la Oficina de Operaciones Exteriores del mismo SIN en Washington, D.C., acerca de las actividades de sus equipos de "inteligencia" en diversas ciudades en nuestro país y en Guatemala, con la colaboración de los delegados de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación de México, y con el conocimiento de la directora general de esta dependencia en ese entonces, Susana Torres Hernández, con la cual funcionarios del SIN se entrevistaron en diversas ocasiones (Memoranda SIN-DF 22 y 23 II 89).
Además de la colaboración de estas autoridades migratorias en dicho programa, otras fuerzas policiacas, particularmente la Policía Judicial Federal y una sección especial de ésta en la lucha antinarcóticos, comenzaron a participar en esta estrategia, y actualmente lo hace también la militarizada Policía Federal Preventiva, el Ejército y la Armada. Desde entonces data la colaboración de las autoridades mexicanas con las estadounidenses para detectar, detener y deportar a miles de migrantes y refugiados centroamericanos y de otros países que cruzan la frontera sur de México, en donde se aplican medidas "MADE IN U.S.A." (Sandoval, 1996a). Cientos de miles de migrantes han sido detenidos y deportados de territorio mexicano antes de llegar a puertos de entrada a los Estados Unidos.
Y aún esta colaboración se da ya también en los propios países centroamericanos. Por ejemplo, durante los meses de septiembre y octubre de 2000, la Dirección General de Migración de Guatemala instrumentó un proyecto piloto denominado plan "Coyote 2000", cuyos objetivos eran: 1) capturar y deportar a extranjeros indocumentados que permanecían sin documentos en ese país; y 2) terminar con las bandas de traficantes de seres humanos en el país y en la región, para lo cual se requería de acciones coordinadas con los gobiernos cercanos. De acuerdo con el director de Migración de Guatemala, Luis Mendizábal, el plan operativo contó con el apoyo de los gobiernos de El Salvador, Honduras, Panamá y México, pero el "principal soporte" del programa provino de la embajada de Estados Unidos, la cual cubrió los fondos económicos de dicho plan.
Mendizábal señaló que debido a la posición geográfica de Guatemala, los traficantes ven a este país como ideal para introducir a los indocumentados, quienes deben luego viajar a México y de ahí tratar de penetrar en territorio estadounidense. Señaló que hasta ese momento fueron detectadas cinco bandas de traficantes, de las cuales dos operan en la zona fronteriza con México y las otras en la parte norte de México. Explicó que la zona fronteriza de Guatemala con México, en especial Tecún Umán, ha experimentado un fuerte repunte de violencia delincuencial y prostitución debido a que esa ciudad llega la mayoría de extranjeros que son deportados desde México. En dos semanas de acciones del Plan Coyote se capturó a más de 1000 indocumentados, los cuales fueron deportados a sus respectivos países. La mayoría eran salvadoreños, hondureños, peruanos, ecuatorianos, nicaragüenses, colombianos e incluso paquistaníes. (Shetemul, 2000).
Este plan se inscribe en las estrategias de lucha contra el tráfico de personas que son parte de los acuerdos de la Conferencia Regional de Migración, que se instauró en marzo de 1996 cuando, a instancias del gobierno mexicano, se llevó a cabo la primera Conferencia en la Ciudad de Puebla, México, con la participación de 10 países que incluyen Canadá, Estados Unidos, México y las naciones de Centroamérica. Los gobiernos participantes emitieron un COMUNICADO CONJUNTO, en el cual entre otras cuestiones se planteaba que:
Y, entre los acuerdos, se planteaba:
La Conferencia Regional de Migración se ha institucionalizado, llevándose a cabo anualmente en diferentes países, al mismo tiempo que se realizan reuniones y seminarios específicos para analizar, discutir e instrumentar mecanismos de regulación de los flujos migratorios en los países expulsores, y mecanismos de colaboración para atacar el tráfico de indocumentados en la región. En realidad, lo que hace la Conferencia Regional de Migración es, por la vía de los hechos, regionalizar las políticas de inmigración estadounidenses en toda el área, como una extensión de las actuales leyes estadounidenses de inmigración y contra el terrorismo, aprobadas por el Congreso estadounidense en 1996, y que incluyen y amplían las cuestiones consideradas en el ya mencionado Plan de Contingencia para Intensificar la Frontera Sur de Estados Unidos en 1989. Dichas leyes intentan regionalizar estas políticas al considerar entre otros aspectos la instalación de puestos de "pre-inspección" en aeropuertos de países expulsores de migrantes. (Kesselbrenner, 1996; Sandoval, 1998).
Un ejemplo claro de ello es la Ley de Población de México y 20 programas de trabajo instrumentados por el Instituto Nacional de Migración, elaborados en 1996 y derivadas de las mencionadas leyes estadounidenses de inmigración y antiterrorismo y de la Conferencia Regional de Migración. Según el entonces Subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, César Bécker, "la política migratoria del gobierno mexicano se formula y aplica a partir del reconocimiento de que somos un país de origen, destino y tránsito de importantes flujos migratorios". En este sentido, apunta Bécker (1996: 17-18), esta política se propuso tres objetivos centrales:
Los 20 programas de trabajo instrumentados por el Instituto Nacional de Migración dentro de estos objetivos y el marco jurídico establecido para tales aspectos, mediante la iniciativa de reformas a la Nueva Ley General de Población enviada por el presidente Ernesto Zedillo al Congreso, apuntaban principalmente, por un lado, a ejercer un mayor control sobre los flujos migratorios, tanto de mexicanos hacia Estados Unidos, como de otros países, principalmente centroamericanos a México; y a establecer mayores sanciones al tráfico de indocumentados, todo ello bajo la bandera de "salvaguardar los derechos humanos en el país" para dar cumplimiento a "los compromisos internacionales adquiridos en la materia, particularmente con nuestros vecinos países de Centroamérica" y para "dar congruencia a las acciones de política exterior y contar con la autoridad moral para defender los derechos de nuestros connacionales en EUA" (Instituto Nacional de Migración, 1996)
Para contar con esa autoridad moral, Zedillo había manifestado que en nuestro país también se violaban los derechos de los migrantes centroamericanos, como lo había dado a conocer la oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos en un Informe Sobre Violaciones a los Derechos Humanos de los Inmigrantes en la Frontera Sur, publicado en 1995 y reimpreso en 1996. Entre las sugerencias que hace la Comisión en este informe, además de las de proponer reformas legislativas que limiten las facultades discrecionales de las autoridades en materia migratoria, promover y defender los derechos humanos de estos migrantes, realizar registros confiables sobre los flujos migratorios en la región y en todo el país, se plantean otras acordes a la nueva política restrictiva:
"I. A la Secretaría de Gobernación
(...) 2) Se le sugiere analizar la posibilidad de presentar una propuesta de iniciativa de reformas a la ley correspondiente, a fin de aumentar las sanciones que se aplican a quien por sí o por medio de otros y sin permiso de la autoridad competente, pretenda introducir o introduzca de manera indocumentada, a uno o varios extranjeros, los albergue o transporte por el territorio nacional con el propósito de ocultarlos para evadir la revisión migratoria. Al aumentar la sanción, se pretende que esto sirva como un disuasivo para quienes cometan este tipo de ilícitos.
(...) 4) Se sugiere a la Secretaría de Gobernación que promueva la construcción de más estaciones migratorias en la zona, debidamente acondicionadas en cuanto a instalaciones y servicios, con objeto de albergar ahí a quienes violaron las disposiciones en materia migratoria y se encuentren en espera de ser expulsados o de que se regularice su permanencia en territorio nacional." (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1996, pp.165-166)
Estas medidas fueron promovidas por Zedillo en la Nueva Ley General de Población y en los 20 programas de trabajo instrumentados por el Instituto Nacional de Migración en ese año. Además, 10 de abril de 1996 se establecieron dos Grupos Beta Sur, uno en Tapachula y el otro en Comitán, similares a los que ya funcionaban a lo largo de la frontera norte, compuestos por policías municipales, estatales, federales y/o agentes migratorios para, según el Instituto Nacional de Migración, "proteger a la población migrante de actos de violencia de delincuentes comunes y traficantes de indocumentados y de los abusos de las autoridades". En septiembre de 1997 se crea otro Grupo Beta Sur en Tenosique, Tabasco, donde un par de años después, un agente del mismo, involucrado en las redes del narcotráfico y el tráfico de indocumentados, asesina al Jefe de los Grupos Beta Sur, quien ya andaba sobre las pistas de estas redes.
En 1998 el huracán Mitch provocó un flujo masivo de centroamericanos hacia el norte, y para evitar que éste de desbordara, los gobiernos de Estados Unidos y México intervinieron enviando ayuda material y económica para paliar los efectos del mismo. Pero al mismo tiempo se incrementaron los mecanismos regulatorios de los flujos migratorios en el marco de los acuerdos de la Conferencia Regional de Migración. Por ejemplo, el gobierno de Guatemala impuso serias restricciones a la movilización de personas del llamado C4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) para llegar hasta su frontera con México cruzando por territorio de ese país, y en el año 2000 llevó a cabo el mencionado proyecto piloto "Plan Coyote 2000". Los devastadores sismos ocurridos a principios de 2001 en El Salvador y Guatemala también produjeron un flujo masivo de migrantes.
Todo esto ha llevado al nuevo gobierno de Fox a buscar reforzar el control de esta región, para lo cual "sellará" la frontera sur del país con efectivos del Ejército y de la militarizada Policía Federal Preventiva (PFP), lo cual se inscribe dentro de los acuerdos sobre materia de migración que negocian actualmente los gobiernos de Fox y de Bush.
http://usuarios.lycos.es/xelaju/ponencia3-parte2.htm
El actual presidente Vicente Fox manifestó durante su campaña electoral que asumiría una defensa más proactiva de los derechos de los migrantes. Y después de su victoria del 2 de julio del 2000, y antes de su visita a Estados Unidos y Canadá en el mes de agosto de 2000, dijo que confiaba en que dentro de 5 o diez años se instituya el libre tránsito de mexicanos por estos países de Norteamérica. Esta postura de abrir mas la frontera fue criticada por funcionarios de Estados Unidos y de México. Durante una gira de tres días por Centroamérica en septiembre de 2000, Fox planteó que no permitiría más abusos contra los migrantes de esa región, para lo cual designaría un zar para la frontera sur mexicana (de igual forma que para la frontera norte). Y para el caso de los mexicanos en Estados Unidos, Fox incorporó, en la nueva estructura de gobierno y de gabinete, una Comisión de Protección de los Migrantes en la Oficina de la Presidencia, bajo la coordinación directa del Consejo de Seguridad Nacional, en manos de Adolfo Aguilar Zinser..
Durante la visita que el presidente de Estados Unidos, George Bush Jr. hiciera a Fox el 16 de febrero de 2001, ambos acordaron negociar una nueva política en materia de migración. Estas negociaciones se iniciaron a principios de abril en una plática de alto nivel realizada en Washington, D.C. entre el Canciller Jorge Castañeda y el Secretario de Gobernación Santiago Creel por México y el Secretario de Estado Collin Powell y el Procurador General John D. Ashcroft por Estados Unidos. En una conferencia de prensa llevada a cabo el 5 de ese mes después de las conversaciones con Powell y Ashcroft, Creel planteó que "a cambio de más avenidas legales para que los mexicanos trabajen en Estados Unidos, su gobierno estaba preparado para aumentar sus intentos de detener a los extranjeros de cruzar su país en su ruta hacia la frontera estadounidense." Creel dijo que "gobierno mexicano está preparado para quebrar el creciente flujo de extranjeros que utilizan el país como un punto de tránsito en sus esfuerzos para entrar a Estados Unidos". Dijo que la oferta representa un cambio en política del gobierno de oposición que llegó al poder en diciembre pasado, finalizando siete décadas de gobierno de un solo partido. "Por primera vez, el gobierno mexicano está reconociendo que tenemos una responsabilidad respecto de los flujos migratorios" hacia los Estados Unidos. Creel mencionó que los pasos específicos que México podría tomar para parar a los inmigrantes de entrar a Estados Unidos ilegalmente vía México incluyen un reforzamiento más estrecho de la frontera de México con Guatemala; requerir a más ciudadanos extranjeros la obtención de visas para visitas a México; y atacar a los corruptos guardias fronterizos mexicanos que trabajan con bandas internacionales de traficantes de personas. (Sheridan, 2001)
Jorge Castañeda, por su parte, dijo que los funcionarios estadounidenses fueron "muy receptivos" a las propuestas de la delegación para un nuevo acuerdo, que incluiría un programa de trabajadores huéspedes, un creciente número de visas permanentes, mayores protecciones para los trabajadores ilegales y un sistema aún no definido para "regularizar" a los inmigrantes "ilegales" mexicanos que se cree que suman más de la mitad de los 6 millones de residentes ilegales estimados en los Estados Unidos.
Ambas partes han planteado que están dispuestas a aceptar un nuevo acuerdo, el cual probablemente requerirá la aprobación de los congresos de ambos países. Los funcionarios de la administración Bush, sin embargo se oponen a una amnistía total para los inmigrantes indocumentados.
Podemos decir, entonces, que la estrategia foxista para enfrentar el fenómeno migratorio, se enmarca en su proyecto para profundizar la integración regional de México a América del Norte, eliminando las fronteras (propuesta como candidato, la cual no fue considerada como algo factible por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos). Como uno de los pasos para avanzar en esa mayor integración, Fox ha propuesto la creación de una región energética norteamericana, lo cual ha sido ya aceptado por Bush y Chrétien. Y, por el lado de la migración. Fox ofrece la mano de obra barata mexicana como ventaja comparativa en América del Norte, estableciendo un programa temporal de trabajadores huéspedes con Estados Unidos y ampliando el que existe entre Canadá y México (que más que programa es un acuerdo de palabra que existe entre ambos gobiernos desde 1974 el cual ha sido renovado en diversas ocasiones, y en el cual participaron aproximadamente 9 200 trabajadores en el período agrícola del año 2000 y casi 11, 500 en el 2001), hasta 25, 000 trabajadores que vayan no sólo a la agricultura sino a otros sectores productivos (Venegas, 2001).
Como se puede observar, de lo que se trata es de regular el mercado laboral de América del Norte utilizando la mano de obra barata de los mexicanos como ventaja comparativa en el nivel regional (Canadá, Estados Unidos y México principalmente vía las industrias maquiladoras éste último), a cambio de establecer controles en la frontera sur para regular el mercado laboral centroamericano de mano de obra barata que sería empleada principalmente en las industrias maquiladoras y otros grandes proyectos productivos del denominado Plan Puebla-Panamá (PPP). Este plan había sido propuesto por Vicente Fox, siendo ya presidente electo durante su gira a Centroamérica en septiembre del año 2000, planteado la idea de promover un plan regional de integración del sur y sureste de México con los países centroamericanos, cuyos gobernantes recibieron bien la propuesta.
En el mes de marzo, la Presidencia de la República da a conocer oficialmente el "Plan Puebla-Panamá", cuyo objetivo fundamental "es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región territorial comprendida en la región Sur Sureste de México y los países de Centroamérica". Este objetivo contiene ocho objetivos básicos, el logro de los cuales tendría como consecuencia el global:
Se plantea que para promover la captación de inversiones, "el Plan incluye acciones de promoción nacional e internacional a partir de la identificación de proyectos de inversión que garanticen rentabilidad en el mediano y largo plazo, y una participación directa en una estrategia de desarrollo multisectorial." Y dentro de estos proyectos se impulsaría el establecimiento de maquiladoras para diferentes sectores productivos.
"El Plan promoverá en particular la captación de inversiones en áreas de servicios e infraestructura regionales, tales como transportes, energía, telecomunicaciones e infraestructura hidroagrícola; áreas estratégicas para la planeación del territorio, como son desarrollo territorial y sustentatibilidad ambiental; así como en nichos regionales que impulsarán la dinámica económica regional: agricultura, agroindustria y biotecnología; textil; partes electrónicas; autopartes,; petroquímica y, en particular, turismo sustentable." (Ibid, p. 27).
El aprovechamiento cabal de las vocaciones y ventajas comparativas se refiere fundamentalmente a la explotación de los recursos naturales y a la mano de obra barata de la región:
"(...) el Plan considera importante y urgente instrumentar acciones que promuevan un ordenamiento territorial conducente a una explotación eficiente y sustentable de los recursos naturales y acciones que ayuden a frenar y revertir el proceso de dispersión y migración poblacional de los estados de la región, impulsando el desarrollo local y el mejoramiento de los servicios básicos y de las condiciones de vida de la población. Así, entre otros, el Plan propone construir una red de centros de integración rural, cuyo objetivo será impulsar regiones o zonas con infraestructura y servicios básicos para ir concentrando en ellos a las comunidades dispersas, logrando una más eficiente organización territorial y una relación más equitativa de su entorno. Estos centros asumirían el rol de espacios de atracción de la población rural para contener los procesos de emigración y de dispersión poblacional; así, se constituirán también en factores de desarrollo productivo y sustentable de la región propiciando una mayor integración regional y de servicios. " (Ibid, pp 32-33)
Por supuesto que esto se extendería a toda la región del Istmo centroamericano, para lo cual se plantea:
Ya a principios de 2001, Fox había demandado a la Secretaría de hacienda y Crédito Público, la utilización de recursos fiscales para el apoyo de diversas acciones para el desarrollo del "Programa La Marcha hacia el Sur-Sureste", correspondiente a la parte mexicana del PPP. De acuerdo con la Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto de este programa,
"(...) la presente administración pondrá especial énfasis en la política de desarrollo regional mediante la instrumentación de proyectos estratégicos y de cambio que permitan que florezca la diversidad y la riqueza regional, y superar el enorme rezago y desigualdad que tanto lastima a nuestro país y que son incompatibles con el proceso de consolidación democrática".
En esta perspectiva, el objetivo de la política de desarrollo regional oficial,
"(...) debe enfocarse a sentar las bases para que cada región aproveche al máximo su potencial productivo, e impulsar el desarrollo de oportunidades regionales y de industria local para asegurar que los frutos de la globalización se distribuyan más equitativamente. La región sur-sureste del país, que comprende los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz, merece especial atención". (Ibid)
En una primera etapa, plantea el programa, la estrategia para el desarrollo del sur-sureste, tiene cuatro vertientes: inversiones en infraestructura de Transporte; inversiones en Infraestructura Hidroagrícola; Promoción del Empleo; y Promoción del Turismo. En particular,
"La tercera vertiente propone complementar los esfuerzos de inversión con las acciones de impulso a la micro, pequeña y mediana empresa que llevará a cabo la nueva Secretaría de Economía a través del Fondo que se creará para estos propósitos. Estas acciones se complementarán con el inicio del nuevo Programa Marcha hacia el Sur-Sureste (...), que tiene por objeto reducir, por única vez, el costo de instalación de las empresas en la región para promover que la industria maquiladora que ha tenido gran éxito en la región norte del país, se extienda al sur-sureste. (...)" (Ibid)
Pero este programa para la integración del sur-sureste retoma los planteamientos hechos por Enrique Dávila, Georgina Kessel y Santiago Levy, éste último Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno de Ernesto Zedillo, en un ensayo aparecido en julio de 2000 e intitulado: "El sur también existe: Un ensayo sobre el desarrollo regional de México", y que se inscribía en los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 de Ernesto Zedillo. Es decir, esta propuesta se había elaborado para dar continuidad a la política de desarrollo regional neoliberal durante el nuevo gobierno (2000-2006). Y, en efecto, esta estrategia se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 del gobierno de Vicente Fox. En el mencionado ensayo, los autores plantean que:
"(...) el atraso del sureste es el resultado de un largo proceso y que, más allá del necesario aumento del gasto social, se requiere un replanteamiento profundo de la política de desarrollo regional del país. Este replanteamiento debe, en primera instancia, ubicar la problemática de Chiapas y del sureste en un contexto regional y nacional; en segunda instancia, debe resolver los problemas estructurales que han impedido que el sureste logre un desarrollo económico autosostenido, a través de cambios de fondo en la orientación de las políticas públicas. Lo anterior resulta de suma importancia por dos razones: primero, porque las profundas diferencias entre el sureste y el resto del país son incompatibles con el desarrollo armónico de un país democrático; y segundo, porque la apertura comercial y, en particular el TLCAN, están ampliando la brecha de desarrollo entre un norte industrializado y un sureste confinado a las actividades primarias. Así, de no tomarse medidas estructurales en breve plazo, se corre el riesgo de ahondar los desequilibrios regionales del país".
Los autores planteaban que esta problemática puede enfocarse desde dos puntos de vista: "centrar la atención en sus condiciones de pobreza y marginación, o examinar los factores que inciden sobre la distribución geográfica de la producción y del empleo dentro del territorio nacional".. Y mencionan que la conexión entre estos enfoques, "aunque estrecha, dista de ser total, debido al papel de los flujos migratorios en la distribución geográfica de las familias." Así, "si emigran quienes no encuentran oportunidades adecuadas de ingreso en una zona, ésta puede tener escaso desarrollo y no presentar problemas severos de pobreza. Así, la pobreza extrema rural de regiones rezagadas se convierte en pobreza moderada urbana en zonas con rápido desarrollo". Por el contrario, dicen los autores,
"la creación de un polo de desarrollo en una región atrasada no resuelve necesariamente sus problemas de pobreza, debido a que se convierte en un foco de atracción migratoria para la población de todo el país y, ante la competencia en el mercado laboral, la población local puede no tener acceso a los empleos creados o sólo aspirar a los de menor calificación".
El primer caso sería, por ejemplo, el de trabajadores del estado de Michoacán que emigran a diversas ciudades de la frontera norte para trabajar en la industria maquiladora. Y el segundo sería, por ejemplo, el caso de Cancún , Quintana Roo, en donde, de acuerdo con el censo de población de 1990 la población estaba compuesta de un 25% de la población nacida en el estado, 37.8% nacida fuera de la Península de Yucatán y la población proveniente del D.F. representaba el 9.7%. Por lo tanto, decían los autores, "el diseño de políticas públicas para el sureste debe separar los objetivos de combate a la pobreza con los de desarrollo regional, debido a que los instrumentos a utilizar en cada caso no son los mismos, al menos en el corto plazo."
La tesis central de este estudio, según los autores, es que "las políticas instrumentadas por el gobierno Federal en las últimas cinco o seis décadas implícitamente han desalentado el desarrollo económico de Chiapas y la región sureste en general." Y argumentaban que "es factible, y deseable, complementar las acciones de política social que se están llevando a cabo con una corrección de los factores que han reprimido el aprovechamiento de las ventajas comparativas naturales del sureste, lo que se traduciría en un desarrollo autosostenido de la región". Así, dicen, "no proponemos políticas que artificialmente eleven la rentabilidad de la actividad económica en la región a través de incentivos fiscales o créditos subsidiados, sino medidas para corregir las distorsiones creadas por las políticas públicas seguidas en el pasado."
En la parte quinta de su ensayo, "Una propuesta para el desarrollo del sureste", los autores plantean "existe un amplio espacio para diseñar una política que libere el potencial productivo de la región, sin alterar costosa y artificialmente el patrón de ventajas comparativas a través de subsidios crediticios o fiscales a favor de los particulares" (p. 38). En términos generales, dicen los autores, "la estrategia propuesta busca complementar las acciones de desarrollo social que ya están siendo implementadas (sic), con una política de desarrollo de la región e impulse su potencial agropecuario, forestal, manufacturero y turístico" (p. 40). Esta estrategia consta de dos grandes líneas: "inversiones públicas en infraestructura de transporte e hidroagrícola; y cambios institucionales, regulatorios y de las políticas de precios, tarifas y subsidios." (pp. 40-41)
En el caso de las inversiones en infraestructura de transporte, dicen los autores, éstas "tienen, en general, más impacto cuando se canalizan a las regiones con mayor potencial productivo en le corto plazo. En México, esto implica canalizar inversiones en las zonas de influencia de los puertos y a lo largo de ejes conectados con un cruce fronterizo importante". Sin embargo, apuntan, "en virtud de la importancia de la conectividad, las inversiones requeridas para impulsar el desarrollo del sureste pueden ubicarse fuera de los límites de la región." En este sentido, los autores argumentan a favor de una política de inversiones en infraestructura "que permitan que el sureste se beneficie, de manera muy importante, de las inversiones en el norte del país y en los puertos con mayor potencial exportador. En la medida en que estas inversiones se conecten con aquéllas que puedan dar salida a las exportaciones del sureste u ofrecerles acceso a insumos más baratos". (pp. 42-43)
Los autores proponen ampliar la capacidad de manejo de carga y mejorar la calidad de la infraestructura de:
El aumento de la conectividad del sistema de transporte en beneficio del sureste, dicen los autores, "potenciaría las oportunidades de empleo formal en la región y, adicionalmente, fortalecería el papel de sus ciudades como mercados locales". Así, "(t)odo ello generaría una atracción migratoria a las ciudades medias de la zona y, aún cuando parte de la migración pueda provenir de otras entidades federativas, es de esperar un efecto de urbanización y de reducción de la dispersión poblacional en el medio rural que caracteriza a la región". (p. 46)
Los autores proponen invertir, para el período 2001-2006,
"aproximadamente un total de 36.4 mil millones de pesos a precios del 2000, para construir 2, 485 kilómetros de carreteras, 694 mil hectáreas de riego y temporal tecnificado, y mejorar 2 puertos y 6 carreteras, además de la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La infraestructura desarrollada permitiría conectar al sureste con los mercados internacionales como lo muestra la gráfica 5.3" (principalmente hacia los Estados Unidos y Asia) (p. 47)
Como se mencionaba más arriba, este ensayo sirvió de base para el "Programa la Marcha hacia el Sur-Sureste", en cuyo proyecto de presupuesto se plantea que "las obras de infraestructura carretera e hidroagrícola (básicamente las mismas que proponen los autores mencionados) que se planean iniciar en el año 2001, forman parte del programa de inversiones que la presente Administración ha diseñado para el desarrollo productivo de la región y su integración con los países centroamericannos y el resto de los mercados mundiales".(p. 6). Dentro de la tercera vertiente de este programa, "Promoción del Empleo", se plantea que "los estados de la región se verán beneficiados con un programa de fomento al establecimiento de empresas maquiladoras mediante la integración de apoyos fiscales y económicos, oferta de capital humano capacitado e infraestructura para la instalación de proyectos altamente generadores de empleo." Para este programa se tienen considerados "recursos por un monto de 200.0 millones de pesos. Estos recursos permitirán generar 37 mil empleos permanentes y bien remunerados, mediante la instalación de 92 nuevas empresas maquiladoras". (p.7)
Como podemos observar, lo que se busca con esta estrategia es el aprovechamiento de las ventajas comparativas naturales del sur-sureste de México, y por extensión de la región centroamericana, es decir, recursos naturales y mano de obra barata.
El Plan Puebla Panamá es la estrategia del régimen foxista, para integrar a la región sur-sureste de México y el istmo centroamericano en la dinámica del neoliberalismo, para aprovechar los recursos naturales y energéticos, así como la mano de obra barata de la región, y construir un puente entre América del Norte y América del Sur para facilitar la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Para ello, se busca aprovechar las ventajas de integración subordinada logradas por México respecto de los países centroamericanos con los cuales nuestro país ha establecido, a partir de 1995, tratados de libre comercio (Costa Rica, Nicaragua, el llamado Triángulo del Norte conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras) y con la pronta firma con los países que faltan (Belice y Panamá).
Pero esta estrategia también trata de impulsar la regulación del mercado laboral regional de Centroamérica y del sur-sureste de México, estableciendo, en primera instancia, estrictos controles de los flujos migratorios en el sur para que no lleguen a la frontera entre México y Estados Unidos, a cambio de que esta última nación abra más sus puertas a los trabajadores migrantes mexicanos para laborar en territorio norteamericano. Con ello esta estrategia busca también consolidar la regulación de la fuerza laboral migratoria mexicana para el mercado laboral norteamericano. Pero la puesta en marcha del PPP no se ve fácil y posiblemente tenga que remontar todavía algunos obstáculos difíciles antes de que los proyectos productivos generen los empleos previstos para la población del sur-sureste y de Centroamérica, la cual seguirá emigrando en grandes cantidades en busca de un empleo.
Ante esta situación y para evitar que los flujos de estos migrantes sigan creciendo, a partir del 1º de julio de este año, el gobierno mexicano dio inicio a un programa denominado "Plan Sur" para reducir la porosidad de las líneas divisorias entre nuestro país y Guatemala y Belice, mediante el incremento de la presencia policiaca y militar. Este plan se inscribe en el marco del compromiso adquirido ante Washington por la administración de Fox en el sentido de reducir el flujo de inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera común. Y que se complementa con el "Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza", acordado en una reunión de alto nivel sostenida el 22 de junio en San Diego, California, por autoridades de ambas naciones, el cual incluye declarar zonas de alto riesgo vastas extensiones en la región limítrofe entre México y Estados Unidos; un nuevo programa de reconocimiento aéreo en las áreas desérticas; prevé un proyecto piloto para que la Patrulla Fronteriza reemplace el armamento letal por otro no letal y disuasivo; revisión de los operativos Salvaguarda, Guardián, Bloqueo y Río Grande; incremento hasta en 40% del número de integrantes del Grupo Beta; el fortalecimiento de medidas para prevenir el acceso a cruces en zonas de alta peligrosidad; prohibir el paso de personas hasta 3 kilómetros al sur de la frontera; y efectuar operativos conjuntos de "disuasión" de la migración entre la Patrulla Fronteriza y los Grupos Beta, e intercambiar información entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) para combatir a bandas de polleros. (Cornejo, 2001; Saldierna, 2001a). De hecho, el gobierno de Baja California ya instrumentó este plan, impidiendo el acercamiento a la línea divisoria o "bordo" de los que intentan cruzar sin documentos, lo que ha elevado la protesta de grupos en pro de los derechos de los migrantes.
Este plan de acción conjunta es el resultado de las negociaciones entre los gobiernos de los dos países, luego que los presidentes Bush y Fox acordaron la búsqueda de mecanismos que permitan "una migración segura, legal, ordenada y con respeto a los derechos humanos". La primera reunión del grupo de alto nivel sobre migración para iniciar tales negociaciones se realizó el 4 de abril en Washington, D.C. y en la agenda se incluyeron los temas de seguridad fronteriza, el régimen de visas temporales, la regularización de los mexicanos indocumentados que se encuentran en Estados Unidos, posibles alternativas para nuevos programas de trabajadores temporales e impulso al desarrollo económico regional. Otros encuentros se efectuaron el 6 de junio en San Antonio, Texas y el 8 del mismo mes en Washington, D.C. Como resultado de estas reuniones se convino intensificar los esfuerzos existentes para fortalecer la seguridad en la frontera y comenzar una revisión integral de las respectivas políticas fronterizas, con el fin de reducir los riesgos y eliminar la muerte de los migrantes a lo largo de la línea divisoria.
En lo que respecta al "Plan Sur", a partir del 1º de julio el gobierno mexicano reforzaría la presencia militar, policiaca y de agentes migratorios en su frontera sur, con el objetivo de contener el flujo creciente de indocumentados centroamericanos, droga y armas por esa zona. Este plan lo dio a conocer el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda el 18 de junio en una entrevista concedida al diario The Washington Post, en la cual el funcionario consideró que en el pasado prácticamente no había acciones concertadas para enfrentar el tráfico ilícito de personas y droga en la frontera con Guatemala y Belice. Creel dijo que: "El plan, que no ha sido hecho público, es un esfuerzo sin precedente para cortar los flujos de inmigrantes, drogas y armas al país desde Centroamérica". En la nota publicada en primera plana, Creel Miranda anunció que se canalizarían importantes recursos a la modernización e incremento de los puntos de revisión migratoria en el sur de México, y dijo que otro de los aspectos destacados en el proyecto de reforzamiento de la frontera sur es el despliegue de "grupos de elite" de militares y policías en los puntos más críticos, que abarcaría hasta el Istmo de Tehuantepec. Consideró que si se concentran esfuerzos para el control de flujos migratorios ilegales en el sur del país, las acciones podrían ser más eficaces de los que hasta ahora han sido. Reconoció que en el pasado los controles policiacos para enfrentar el flujo de migrantes, armas y drogas no fueron lo suficientemente efectivos: "En el pasado, la policía no fue efectiva en todo. No había plan. Ahora nosotros vamos a trabajar con objetivos claros". Finalmente, Creel Miranda mencionó que se había iniciado una reestructuración del desempeño del Instituto Nacional de Migración, orientándose principalmente a investigar aquellos casos de corrupción que faciliten las operaciones de tráfico de indocumentados. Paralelamente, confió en que las negociaciones que realizan los gobiernos de México y Estados Unidos para autorizar la entrada legal de trabajadores mexicanos y regularizar la presencia de los que ya están laborando en el sur del país vecino, pueda lograrse próximamente. (La Jornada, 19 de junio de 2001, p.5).
De acuerdo con el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Felipe Jesús Preciado Coronado, el Plan Sur consiste en sellar el istmo de Tehuantepec para enfrentar uno de los mayores problemas del país: el tráfico ilegal de extranjeros y las organizaciones criminales que lo operan. La prioridad es ser muy eficaces en el control de estos flujos migratorios que arriban sin documentos al país, para evitar los problemas que genera su presencia. Para ello hay que aprovechar el cuello de botella del Istmo, cerrarlo. El plan consiste "en tener ahí a nuestro mejores operadores, a nuestros mejores elementos. Se trata de una estrategia de mucha coordinación con los demás elementos de las corporaciones en todo el sur, principalmente aprovechando las condiciones geográficas del istmo -una franja de terreno bastante accesible que podemos cuidar muy bien-, ya que por ahí van a pasar todos, los que se nos hayan pelado por allá abajo en la frontera finalmente van a pasar por ahí" (Gómez, 2001, pp. 41-42).
Ante diversos cuestionamientos hechos al Plan Sur en diversos medios políticos y sociales, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Javier Moctezuma Barragán planteó que el gobierno mexicano no pretende militarizar la frontera sur para enfrentar el cruce de indocumentados centroamericanos y el tráfico de drogas y armas, y precisó que dicho programa busca una coordinación con otras dependencias policiacas y militares para el reordenamiento de la frontera sur. Sostuvo que la participación de la Secretaría de la Defensa y la Armada de México serán sus funciones de lucha contra el tráfico de estupefacientes y de vigilancia. En este contexto, Moctezuma Barragán rechazó que con dicho plan el gobierno mexicano pretenda realizar el "trabajo sucio" a Estados Unidos, y puntualizó que su aplicación está desvinculada de las negociaciones que se realizan entre ambos gobiernos para ampliar el número de trabajadores que puedan ingresar al país del norte con permisos especiales para laborar. Precisó que en su reciente viaje a Centroamérica, el presidente Fox dejó en claro que uno de los asuntos fundamentales que se tiene en el marco del Plan Puebla-Panamá es el problema migratorio, "porque la manera para combatir un flujo desordenado e intenso de personas es mediante la inversión" (Urrutia, 2001, p. 3)
Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Felipe de Jesús Preciado, dijo que definitivamente el objetivo del plan Frontera Sur no tiene ninguna pretensión de incrementar la presencia de militares en el sureste. Sin embargo, reconoció la importancia de la coordinación con el Ejército y con la Armada de México, y citó el ejemplo de que en el mes de mayo de 2001, la participación de militares y su coordinación con el INM permitieron el rescate de 249 centroamericanos en el desierto de Chihuahua, quienes estaban a punto de morir deshidratados. También dijo que, de acuerdo con las tendencias, durante los primeros meses del año el gobierno mexicano prevé incrementar 100% el número de deportaciones de centroamericanos indocumentados, lo que al final de 2001 podrían alcanzar 250 mil. Dio las cifras de las deportaciones en el país: en 2000 fueron 150 mil los centroamericanos que fueron devueltos por haber incursionado ilegalmente ea México. Para 2001 se ha incrementado sustancialmente, pues, tan sólo en el bimestre abril mayo se devolvió a sus países de origen a más de 60 mil. A partir de esta cifra, la previsión es que hacia el final del año pudieran superarse las 250 mil deportaciones, independientemente de los resultados que traería la aplicación del plan Frontera Sur (Urrutia, y Pérez, 2001, p. 9).
El Plan incluye un convenio con el gobierno de Guatemala, para que éste envíe a sus países de origen a los indocumentados que actualmente son llevados a territorio guatemalteco, pero de inmediato buscan cruzar otra vez hacia México. No obstante, el presidente de Guatemala, Alfredo Portillo, dijo a periodistas de Washington el 3 de julio que considera muy difícil sellar por completo una frontera, al comentar la propuesta de México de instalar un cordón policial y militar entre ambos países para controlar el tráfico de personas y drogas. "Para empezar, creo que es muy difícil hablar de sellar una frontera. La experiencia es que por muchos controles que se pongan, los ciudadanos -tanto de manera ilegal como criminal- pasan las fronteras". Pero agregó que: "Sin embargo, creo que el esfuerzo por intentar regular el tránsito por las fronteras es muy importante para todos los estados" (La Jornada, 4 de julio de 2001, p.15).
Existe claridad en los medios oficiales de que el Plan Puebla-Panamá no podrá avanzar si no se resuelve el tema migratorio y de seguridad en la frontera sur, como admitió el comisionado del INM, Felipe de Jesús Preciado a fines de junio del 2001. (Dávalos, 2001, p. 13). Pero también que Estados Unidos está interesado en la instrumentación del "Plan Sur". Así, en una audiencia en el Senado mexicano a mediados de julio, el coordinador del Plan Puebla Panamá, Florencio Salazar Adame, reconoció que por medio de ese proyecto, Estados Unidos pretende influir para evitar los flujos migratorios del sur-sureste y así disminuir la presión de los indocumentados centroamericanos que tratan de cruzar a su territorio a través de la frontera con México (Becerril, 2001, p. 8).
En esta perspectiva, es claro que esta problemática es una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos, y el gobierno mexicano instrumenta dicho plan con ese enfoque, como lo apunta el Comisionado del INM, Felipe de Jesús Preciado: "El gobierno de México no le hará "el trabajo sucio" al de Estados Unidos con el Plan Sur, a través del cual se repatriará a inmigrantes ilegales de Centroamérica". El plan, dijo Preciado, se aplicará por cuestiones de seguridad nacional, y si de ahí se deriva un beneficio para Estados Unidos, "será una buena tarde" para Washington, pero se llevará a cabo independientemente de lo que opine la administración Bush. (Méndez, 2001, p. 15)
Pero también el Plan Puebla Panamá se convertirá en uno mas de los mecanismos de regionalización de las políticas estadounidenses de inmigración, como lo son sus leyes de inmigración, antiterrorismo y seguridad social aprobadas por el Congreso en 1996, y la Conferencia Regional de Migración que establece mecanismos de regulación de las migraciones en sus países miembros en función de los intereses estadounidenses. En este marco se puede inscribir, por ejemplo, el Operativo Encrucijada Internacional (Crossroad Internacional) llevado a cabo por Estados Unidos en 12 países (Canadá, Estados unidos, México, así como naciones de Centroamérica y el Caribe) del 4 al 20 de junio, y en el cual fueron detenidos cerca de 8 mil migrantes indocumentados que pretendían llegar a territorio de Estados Unidos. En México se interceptaron el mayor número de migrantes (5 mil 626), seguido de Guatemala con 809; El Salvador con 573, Costa Rica 126, Honduras 392, Jamaica 90, Panamá 72, República Dominicana 90, Ecuador 37, Haití 36, Perú 28 y Colombia 12. En total fueron arrestados 7 mil 891 indocumentados, de los cuales 5 mil 500 fueron repatriados. La mayoría, 2 mil 531 eran hondureños, 2 mil 183 salvadoreños, mil 962 guatemaltecos, 378 nicaragüenses, 234 ecuatorianos, 120 peruanos, 112 dominicanos, 62 mexicanos y el resto provenía de otros países latinoamericanos, asiáticos y africanos
Hipólito M. Acosta, director para América Latina y el Caribe del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos informó que la Operación Crossroads International también sirvió para asegurar 270 libras de cocaína, mariguana y algunas armas. Entre los arrestados se encontraban 75 personas relacionadas con actividades criminales, de las cuales 38 se dedicaban al tráfico de seres humanos y 14 a la falsificación de documentos. Además fueron detenidos 7 ciudadanos estadounidenses que violaron las leyes migratorias de su país. Acosta detalló que la colaboración entre los gobiernos consistió principalmente en el intercambio de información, pues el arresto de los migrantes fue realizado por los agentes de cada país. Por parte de Estados Unidos participaron el Servicio de Inmigración y Naturalización, en algunos casos, el FBI y el Servicio de Aduanas. También hubo cooperación de Canadá, país que figuraba como meta de algunos indocumentados. De acuerdo con el funcionario estadounidense éste no es el primer operativo internacional; el año pasado se realizó uno similar, pero sólo participaron 6 países y se logró la detención de 3 mil 947 personas. También dijo que no hay ninguna relación entre el programa mexicano para reforzar la vigilancia en la frontera con Guatemala y Belice, y el Crossroads International. Destacó que antes que entrara en vigor el segundo operativo, el gobierno de Fox ya había planteado la puesta en marcha del primero. (Saldierna, 2001b, p. 46).
Sin embargo, treinta y dos horas después de conocerse, el gobierno mexicano desmintió su participación en el operativo Encrucijada Internacional, en un comunicado conjunto que emitieron, a las 22 horas del 28 de junio, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores:
"En relación con el supuesto operativo migratorio Encrucijada Internacional, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores puntualizan lo siguiente: Las autoridades migratorias mexicanas no participaron, ni recibieron solicitud alguna para colaborar en una acción de esa naturaleza. Los aseguramientos de migrantes indocumentados que en los últimos días se han registrado en territorio nacional forman parte de las actividades de rutina que realiza el Instituto Nacional de Migración. Los centroamericanos recientemente asegurados por autoridades migratorias de México fueron entregados a la Dirección general de Migración en Guatemala para su posterior repatriación a sus lugares de origen." (La Jornada, 29 de junio de 2001, p. 16).
En ese sentido, el comisionado del INM, Felipe de Jesús Preciado, insistió en la versión de que ninguna instancia mexicana participó en el Operativo Encrucijada, llevado a cabo por Estados Unidos en 12 países, y precisó que la cifra presentada por ese gobierno, de que "arrestó" y deportó a más de 7 mil indocumentados, es errónea, porque incluyó a más de 5 mil 600 personas que detuvo el INM durante los 15 días de esa acción. Aclaró que la intervención de la Policía Federal Preventiva fue exclusivamente para el arresto "de algunos polleros, cuestión que celebro", pero tampoco formó parte del operativo estadounidense. (Méndez, op. cit.).
Como hemos mencionado en otra parte del texto, el gobierno mexicano ha acostumbrado desmentir su participación en este tipo de actividades llevadas a cabo de manera conjunta, pero bajo la batuta de autoridades estadounidenses.
En suma, el "Plan Sur" que implica el "sellamiento" de la frontera sur, militarizará no sólo el control de la región fronteriza entre México y Centroamérica para "evitar" el paso a migrantes centroamericanos y de otros países, el paso de drogas y de armas; sino que este control se extenderá hasta el Istmo de Tehuantepec, aprovechando su situación de "cuello de botella", para cerrarlo y atrapar ahí a los que logren colarse. De acuerdo con el Comisionado del INM, Felipe de Jesús Preciado, el plan se aplica por cuestiones de "seguridad nacional". Con ello, el gobierno mexicano reproduce el modelo de control de la frontera norte por parte del gobierno esatadounidense, y la cual se ha venido militarizando desde el régimen de Ronald Reagan a principios de los 1980s, quien para "recuperar el control de las fronteras", por cuestiones de seguridad nacional, ordenó establecer mecanismos de mayor control contra la migración indocumentada, el narcotráfico y el terrorismo. Y aún llegó a vincular la inmigración indocumentada con el tráfico de drogas.
Lo cierto es que esto fue el pretexto para controlar una región geoeconómica, de carácter geoestratégico para el proyecto de integración regional hegemónica de Estados unidos, ya que e esta región conocida como "Sun Belt" y que abarca desde la Florida hasta California en el suroeste, pasando por Texas, Nuevo México y Arizona, se ubica una gran parte de la industria de punta (electrónica, aeroespacial, biotecnológica, etc.), de la industria automotriz y la metalúrgica, minería (incluyendo plata, oro, y uranio) en ambos lados de la línea divisoria (principalmente en la forma de maquiladoras del lado mexicano); además de ubicarse los principales centros de investigación nuclear, bases militares (terrestres y marinas), y de la reserva petrolera estratégica en la Unión Americana (Sandoval, 1996 a y b). Lo mismo sucederá con el Istmo de Tehuantepec, al ubicarse ahí uno de los megaproyectos más importantes de integración regional del denominado Plan Puebla Panamá. El Istmo de Tehuantepec se considera una alternativa al Canal de Panamá para el transporte terrestre de mercancías en grandes contenedores por medio de una vía multimodal transístmica, la cual irá acompañada de corredores maquiladores a lo largo de la ruta, y de proyectos de explotación de la biodiversidad.
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