CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL FRENTE AL PROBLEMA DEL DESPLAZAMIENTO EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NEGRAS DEL NORTE DEL CAUCA RELACIÓN DE LOS HECHOS El día 21 de diciembre del 2000, las Autodefensas Unidas de Colombia dieron la orden de desplazamiento de los habitantes de la Cordillera Occidental, correspondiente a: Municipio de Buenos Aires, de las siguientes veredas: Materón, La Ventura, Pisapasito, Marilópez, El Astillero, El Silencio, Brisas del Silencio, Aures, El Seral, Resguardo Indígena de La Paila, Cabildo de Pueblo Nuevo, La Alsacia, La Esperanza, El Porvenir, Naranjal, San Pablo, Agua Blanca, La Peña, El Bosque, Brisas de Marilópez, El Llanito, La Oculta, Cerro Azul, Aguaclara. Municipio de Suárez, de las veredas Las Brisas, Comedulce, San Pablo, El Jigúal, La Vega, El Cedro, La Peña, Marilópez. Estas poblaciones corresponden a habitantes de etnia negra, indígena y mestizos. El plazo dado por las Autodefensas para el desplazamiento fue hasta el día sábado 23 de diciembre a las 6 de la tarde, pero por las condiciones de acceso a la zona, hasta el lunes 25 en horas de la noche, todavía estaba saliendo gente. El número de desplazados hasta el momento asciende a 6.000 personas (entre niños y niñas, ancianos, mujeres y hombres), los cuales se encuentran localizados en Jamundí y Cali (Valle) y Santander de Quilichao, Timba, Suárez y Buenos Aires (veredas de Honduras, Palo Blanco, Munchique, La Balsa, Asnazú), estos últimos en el departamento del Cauca. Algunas de las comunidades como las del Naya, cuya población aproximada es de 5.000 habitantes, no han podido desplazarse y en este momento se encuentran en medio de los actores armados. La región de desplazamiento es una zona netamente campesina, de vocación agropecuaria y forestal y suponemos que las razones del conflicto son por la proximidad con la región del Naya, donde hay plantaciones de cultivos de coca, y por la pertenencia a la estratégica región del Norte del Cauca, donde se implementa la Ley 218, o "Ley Páez", que ha permitido el establecimiento de importantes empresas industriales en estos territorios y la presencia en estas cordilleras de los grupos guerrilleros. Los habitantes desplazados no tenemos nada que ver con las causas del conflicto interno que vive el país. Rechazamos las condiciones infrahumanas en que nos encontramos los desplazados de la región. Con estas formas de desplazamiento, a nuestro entender, lo único que se agudiza son los cinturones de miseria y violencia en las ciudades y centros poblados, y cada día que dure el desplazamiento, los campesinos nos empobrecemos más, dado el deterioro de los cultivos y animales que hemos dejado y las pérdidas por saqueo de los actores armados. DENUNCIAMOS oLa negligencia, omisión y complacencia del Gobierno y sus instituciones con la situación de violencia que se vive en esta región, los asesinatos selectivos y las masacres que desde el 9 de junio del 2000 vienen ocurriendo y que hoy ascienden a más de 2.000 muertes. oEl Gobierno y todas sus instituciones estaban informados, a través de la Defensoría del Pueblo y otros medios, de lo que iba a ocurrir y no hubo ninguna acción para impedir tanto el desplazamiento como las muertes que han ocurrido. oLas condiciones de hambre a las que nos han sometido los actores armados al restringirnos la libertad de movilización y la alimentación, al fijar topes de $60.000 (US$27) por familia para la canasta familiar. oLa violación de los Derechos Humanos a través de la imposición a la población del desplazamiento forzado. RATIFICAMOS =B7El carácter pacífico de nuestras comunidades y su contribución a la paz y a la reconstrucción económica y social de la región y el país. =B7El derecho a ser, a estar y a permanecer como comunidades negras, indígenas y campesinas. Nos declaramos ZONA DE PAZ Y CONVIVENCIA y convocamos a los actores armados a: =A7Dejar nuestras comunidades y territorios por fuera del conflicto, ya que siempre hemos vivido en paz y queremos seguir viviendo en paz, por lo tanto, que respeten nuestros derechos y el Derecho Internacional Humanitario. =A7Respetar la decisión de la comunidad de constituir esta Zona de Paz y Convivencia donde las comunidades puedan regresar, vivir, permanecer y ejercer sus derechos fundamentales a la Paz, la participación, la autonomía, la identidad cultural y la reconstrucción social y económica. =A7Expresamos nuestra firme decisión de retornar a nuestros territorios, por lo cual, PROPONEMOS: =A7Atención humanitaria y protección por los organismos internacionales de Derechos Humanos, durante el período que duren las condiciones que motivaron el desplazamiento. =A7Solicitamos la conformación de una Comisión de Alto Nivel, integrada por representantes de la Cruz Roja (Nacional e Internacional), Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Alto Comisionado de Paz, Procuraduría General de la República, delegado de la Comisión Nacional de Verificación, Personerías Municipales, Gobernación del Cauca, con el propósito de: verificar y evaluar la situación en la zona de conflicto y coordinar las condiciones de retorno. =A7Solicitamos se establezca la presencia permanente en la región como observadores y garantes del cumplimiento pleno de los Derechos Humanos en ésta. =A7Solicitamos la presencia de organismos del Estado para la protección de la vida de las comunidades que hasta el momento no han podido desplazarse, como es el caso del Naya, cuya población es indígena Paéz en su gran mayoría. =A7El establecimiento de condiciones para el desarrollo económico y social de las poblaciones desplazadas. COMUNIDADES NEGRAS E INDÍGENAS DESPLAZADAS DEL NORTE DEL CAUCA Santander de Quilichao, 26 de diciembre del 2000 Anexamos listado de familias y comunidades desplazadas. Coordinación Regional Comité Andino de Servicios- American Friends Service Committee Telefax (571)3683481 Apartado Aéreo: 246111 Bogota
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