Antecedentes: Asprocig como organización comunitaria de base que representa a 105 comunidades campesinas, de pescadores e indígenas del bajo Sinú, acordó con el señor Ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr Maldonado, una reunión en su despacho el día 20 de junio del 2000 a las 16:00 horas, con el objetivo conversar sobre los alarmantes problemas ambientales surgidos luego del llenado y operación de Urrá I. Media hora antes de la cita el señor Ministro se excuso por no poder asistir personalmente y encargo al señor Gerardo Viña para que atendiera directamente a los representantes de Asprocig. Como resultado de esa reunión surgió como acuerdo entre las partes realizar otra de carácter urgente para evaluar los impactos denunciados por Asprocig, en la ciudad de Lorica (Córdoba) los días 12 y 13 de julio del 2000; en la que participaran: El Presidente de la Empresa URRA S.A., Gerardo Viña por el Ministerio del Medio Ambiente, Representantes de Asprocig, la Defensoría del Pueblo, el Director de la CVS y un alto funcionario del INPA (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura). Por solicitud del Ministerio del Medio Ambiente esta reunión fue aplazada para los días 1 y 2 de agosto del 2000. La reunión del 1 y 2 de agosto del 2000 dejó claro que tanto el Ministerio del Medio Ambiente como URRA S.A. no tienen voluntad política para asumir las consecuencias de sus errores técnicos y administrativos en el caso URRA I. En virtud de este manifiesto desinterés para realizar acciones concretas que mitiguen o compensen los graves daños ambientales y sociales originados por URRA I, Asprocig decide organizar una marcha pacífica desde la ciudad de Lorica hasta el sitio en donde se encuentra funcionando la hidroeléctrica en el municipio de Tierralta, el día 27 de noviembre de 2000. El 16 de noviembre de 2000 se hace público el informe de la Comisión Mundial de Represas, en el cual Asprocig participó exponiendo el caso de URRA I. El informe, aunque muy débil, señala los graves impactos ocasionados por las grandes represas en el mundo y conmina a los gobiernos de países como el nuestro a revisar los casos polémicos como el de URRA I. La marcha partió desde la zona urbana de Lorica, con cerca de 5.000 manifestantes entre mujeres y hombres. Después de haber recorrido 20 Km., a la altura del corregimiento de Palo de Agua, jurisdicción del municipio de Lorica, fue detenida por la fuerza pública. Las continuas provocaciones violentas de la fuerza pública y la infiltración de presuntos paramilitares, hicieron prever un desenlace violento de la marcha pacífica. Luego de la mediación del Gobernador del Departamento de Córdoba se logró un preacuerdo para aplazar la marcha. A las 10:00 a.m. del día 28 de Noviembre del 2000 los manifestantes regresaron a sus lugares de origen. El 29.11.00. Representantes de Asprocig se reúnen en Bogotá con el señor Ministro de Medio Ambiente, Juan Mayr Maldonado y acuerdan una agenda común de trabajo para el día siguiente en la sede de la Defensoría del Pueblo de esa misma ciudad. El día 30.11.00 en la sede de la Defensoría del Pueblo, con la presencia del Señor Defensor del Pueblo, delegados de la Procuraduría General de la Nación, el señor Ministro del Medio Ambiente y delegados de la empresa URRA S.A., los representantes de Asprocig hacen pública la propuesta de Revisar el caso de URRA I a la luz del informe de la CMR. Como conclusiones de esa reunión se tienen: El Ministerio del Medio Ambiente abrirá a partir del 2001 una Mesa de Trabajo Permanente con Asprocig y a su vez con los demás afectados de la cuenca, para revisar el caso URRA I. Se desarrollará una Mesa de trabajo entre URRA S.A., el Ministerio del Medio Ambiente y Asprocig, los días 12, 13, 14 y 15 de Diciembre de 2000 en la ciudad de Lorica, para tratar los siguientes temas que Asprocig considera urgentes: Repoblamiento a proyectos piscícolas de subsistencia establecidos. Proyectos productivos de subsistencia incluidos en la licencia ambiental de URRA I. (Resolución 0838/99). Repoblamiento a medios acuáticos naturales. Segunda fase del proyecto Manejo Integral de Humedales convenida en 1997. Restitución al dominio público los humedales de la cuenca del río Sinú, de acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional en su sentencia T-194/99. Generación de empleo en comunidades de pescadores y agricultores gravemente afectadas por los efectos del citado proyecto hidroeléctrico. El Ministro de Medio Ambiente, Juan Mayr Maldonado, se reunirá el día 16 de Diciembre de 2000 en la sede de la Defensoría del Pueblo regional Montería, con Asprocig y URRA S.A. para ratificar los resultados de la Mesa de Trabajo señalada en el punto anterior. La Mesa de Trabajo para tratar los temas específicos se realizó durante los días establecidos. En estas reuniones no se llegó a ningún acuerdo frente a los temas tratados, señalados en el numeral 2. Durante todas las sesiones de trabajo los delegados de Asprocig fueron sometidos permanentemente a una descarada presión por parte los delegados del Ministerio del Medio Ambiente, CVS, URRA S.A. y los de los organismos de control del estado, especialmente el señor Procurador Agrario Regional, MARCO TULIO NARIEGA NORUEGA, quien llegó a realizar amenazas explicitas. La reunión con el Ministro de Medio Ambiente en la ciudad de Montería, el día 16 de Diciembre en la sede de la Defensoría del Pueblo, arrojó los siguientes acuerdos: Realización del proceso de revisión de la licencia 0838 del 5 de octubre de 1999, a través de Mesas de Trabajo instaladas con afectados en la cuenca baja, media y alta del río Sinú. Desembolso de los fondos para los proyectos productivos de subsistencia señalados en la licencia 0838/99. El Ministerio del Medio Ambiente a través del IDEAM se compromete a entregar la cartografía actualizada de los humedales de la cuenca hidrográfica del río Sinú al INCORA para que este inicie de inmediato los procesos de restitución al dominio público correspondiente. El Ministerio del Medio Ambiente se compromete a entregar a través del INVEMAR los estudios de monitoreo pesquero en la zona estuarina. La CVS se compromete a incorporar en su Plan de Acción la restauración y manejo integral caños. La Gobernación de Córdoba y la CVS se comprometen a convocar y liderar un proceso, en el que participen las organizaciones comunitarias de base, de ordenamiento territorial de la cuenca hidrográfica del río Sinú. El Ministerio del Medio Ambiente, CVS y la Gobernación de Córdoba se comprometen a promover una reunión con los senadores y representantes a la Cámara por la región, a una reunión para tratar el tema ambiental y social en la cuenca del río Sinú. El Ministerio del Medio Ambiente se compromete a financiar, de acuerdo a sus compromisos firmados en 1997, la segunda etapa del Proyecto Piloto de Manejo Integral de algunos humedales de la cuenca baja. Situación actual. Durante el presente año se han adelantado acciones tendientes a: Planeación de 33 proyectos productivos de subsistencia en comunidades afectadas. (¡Aun no se ha invertido el primer centavo!) Reformulación del proyecto Segunda fase de Manejo Integral de Humedales. Con respecto de los restantes compromisos adquiridos por el estado a través de sus diferentes instituciones y la empresa URRA S.A., no se han iniciado acciones que conduzcan a su cumplimiento. Es importante señalar que después de la marcha pacífica que las comunidades de pescadores, campesinos e indígenas de la cuenca baja del río Sinú, afectados por el proyecto hidroeléctrico URRA I, se han incrementado las amenazas por parte de fuerzas armadas quienes prácticamente han declarado objetivo militar a cualquier oposición al proyecto URRA I. En las actuales condiciones, Asprocig como organización comunitaria de base que agrupa 105 grupos comunitarios de campesinos, pescadores e indígenas afectados por URRA I, es muy difícil enfrentar sola, sin un acompañamiento internacional, el proceso de revisión de la licencia de URRA I. Sin embargo, la Asociación no renunciará a la defensa de los derechos de sus miembros violados insistentemente por el estado Colombiano a través del citado proyecto hidroeléctrico. En síntesis no existe, actualmente, las garantías necesarias para Asprocig y el resto de afectados en la cuenca, para enfrentar un proceso de revisión del caso de URRA I. Se ratifica que la meta de Asprocig con respecto a este caso, es el desmantelamiento definitivo del proyecto URRA I. Cualquier acuerdo que se firme con las instituciones del estado o la empresa URRA S.A. serán siempre dirigidos a mitigar o compensar daños ambientales y sociales asociados al proyecto. PD: Creemos que la lectura de estas notas generarán necesariamente una serie de interrogantes. Queremos manifestarle nuestra disposición para realizar todas las ampliaciones que ustedes consideren necesarias.
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