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On the killings in Naya

Equipo Nizkor
Derechos Human Rights
Serpaj Europa
Información
Van ii) msjes)
20abr01

POR LA SEPULTURA DIGNA DE NUESTRAS  VICTIMAS, LA PROTECCIÓN DE NUESTRAS
COMUNIDADES DEL ALTO NAYA, BUENAVENTURA, EL NORTE DEL CAUCA Y EL SUR DEL
VALLE DEL CAUCA, Y CESE DE LA ARREMETIDA PARAMILITAR EN LA ZONA.

Las autoridades de los resguardos indígenas, los lideres de las comunidades
afrocolombianas y los voceros autorizados de los campesinos colonos de la Región
del Bajo, Medio, Alto Naya, Buenaventura, Sur del Valle del Cauca y Norte del
Cauca, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional y particularmente
ante los organismos humanitarios y ante el cuerpo diplomático acreditado en el
país, la pavorosa estrategia de aniquilación de que vienen siendo victimas
nuestras comunidades en medio de la mas escandalosa impunidad.

La brutal agresión a tenido como escenario las veredas Patio Bonito, El Ceral,
La Esperanza, Carrizales, La Silvia, La Mina, Altoserena, Aguapanela, El Placer,
El Playón, Palosolo, El Saltillo, y Río Mina, entre  otras, ubicadas sobre el
Camino Real que conduce del Resguardo de la Paila al Alto Naya.

En medio de la indignación y la perplejidad, nosotros, hombres y mujeres
indígenas, negros y colonos campesinos, procuramos inútilmente indagar, más allá
de la desesperanza, por nuestros seres queridos; pero no ha sido fácil ingresar
a la zona para dar digna sepultura a nuestros muertos y conocer la suerte de los
que no aparecen. Y no ha sido fácil porque hasta la fuerza pública ha impedido
el paso de cualquier delegación humanitaria con el dudoso argumento de que
existen combates en la zona.   Algunos cuerpos han sido arrojados por los
desfiladeros, de otros solo quedan prendas esparcidas a lado y lado de los
caminos y un gran número de hermanas y hermanos deambulan a la intemperie en
condiciones de extrema vulnerabilidad.  Por los senderos y caminos  por donde
alguna vez transitaron la vida y la alegría,  hoy solo reina la desolación, la
muerte y la desesperanza.

CONSIDERANDO
Que luego de 13 meses de angustiosos llamados alertando a las autoridades
civiles, militares y de policía del ámbito regional y nacional, sobre la
ocurrencia de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, masacres
indiscriminadas, controles a la libre movilización de las poblaciones, bloqueos
alimentarios y todo tipo de atropellos realizados por estos grupos paramilitares
que se autodenominan "AUC"; debemos denunciar hoy la continuación de este tipo
de acciones infames contra nuestras comunidades que dejan más y más muertos, más
y más desaparecidos, más y más desplazados.

Que 10 días después de haberse iniciado la incursión de grupos paramilitares
desde el Resguardo Indígena de la Paila, por el Camino Real del Alto Naya, aun
no conoce ninguna acción eficaz de la fuerza pública, tendiente a reprimir y
contener la avanzada de violencia  de estos grupos.  Al día de hoy todavía no se
han adoptado las medidas necesarias a fin de garantizar la protección de
nuestras comunidades y a la prevención de nuevos hechos irreparables contra la
población civil que se encuentra dispersa en la zona.

Que las informaciones tendenciosas y malintencionadas difundidas por algunos
medios de información, altos mandos de la fuerza pública y -desafortunadamente-
altos prelados de la iglesia, en el sentido de que la masacre obedece a la
disputa entre grupos insurgentes y paramilitares por el control de  los cultivos
de uso ílicito, no solo son una afrenta más contra la dignidad, la honra y la
honestidad de estas comunidades, sino que pretende justificar la infamia y la
barbarie haciendo de las victimas los victimarios.

EN CONSECUENCIA ACUDIMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, A LOS
ORGANISMOS HUMANITARIOS, AL CUERPO DIPLOMÁTICO Y A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
PARA QUE SE UNAN A LA DECISIÓN DE:

Exigir de las autoridades civiles y de la fuerza pública regionales y
Nacionales, adoptar las medidas tendientes a garantizar la vida, la libertad y
la integridad de estas comunidades.

Exigir la adopción de medidas eficaces tendientes a contener y reprimir a estos
grupos paramilitares, como lo contempla el decreto 324 del 25 de febrero de 2000
por el cual se crea el Centro de coordinación de Lucha contra los Grupos de
Autodefensa ilegales y demás Grupos Ilegales.

Exigir del Gobierno Nacional el cumplimiento inmediato de la solicitud hecha por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para que adopte las
medidas necesarias a garantizar la vida y la integridad personal como lo
contemplan las medidas Cautelares para estas comunidades, y las reiteradas
recomendaciones formuladas por los diversos Organismos Internacionales de
derechos humanos, en el sentido de proteger y garantizar la plena vigencia de
los Derechos Humanos y combatir eficazmente estos grupos paramilitares.

Invocamos con carácter de urgencia la conformación de una Comisión Mixta de
Verificación que pueda ingresar a la zona y elaborar un informe detallado del
número real de víctimas, las personas desplazadas, los bienes afectados y la
responsabilidad y actuación de la fuerza pública con jurisdicción en el área.
Esta Comisión deberá estar integrada por los delegados de las propias
comunidades agredidas y Organizaciones Humanitarias no gubernamentales
nacionales e Internacionales.

Exigimos de la Red de Solidaridad Social y demás organismos gubernamentales
establecidos para la atención de este tipo de calamidades, la adopción inmediata
de medidas que garanticen la atención humanitaria de emergencia para las
comunidades desplazadas que continúan llegando a Santander de Quilichao, Timba,
Jamundí, zona rural de Buenaventura y a las comunidades aisladas que se
encuentran en la vereda Playa Valle y el Resguardo de la Paila en condiciones de
extrema vulnerabilidad.

Adoptar las medidas tendientes a contener y castigar a los autores materiales e
intelectuales de esta brutal incursión, así como  a determinar las posibles
responsabilidades de sectores económicos, políticos y de funcionarios públicos
en el auspicio y protección de estos  grupos paramilitares que desarrollan esta
campaña de extermino contra las  comunidades en el Sur del Valle del Cauca y el
Norte del Cauca.

Convocar los Medios Masivos de Información a realizar un cubrimiento
responsable, imparcial y veraz de estos nefastos acontecimientos, siempre en
atención a los más caros principios de la ética periodística y al cumplimiento
de su función social.

Firman:
Comunidades del Cabildo Indígena del Alto Naya; Comunidades del Cabildo Indígena
del Resguardo de la Paila; Proceso de Comunidades Negras del Norte del Cauca;
Proceso de Comunidades Negras del Valle del Cauca; Federación Nacional Sindical
Agropecuaria  -FENSUAGRO; Alianza Social Indígena del Valle del Cauca.

Adhieren:
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Corporación para la
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos -REINICIAR, Justicia y Paz,
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria -ANDAS-,  Corporación Colombia, siguen
firmas...
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ii) DESDE EL DOS DE ABRIL EL CIDH DE LA OEA HABIA SOLICITADO LA APDOCION DE
MEDIDAS URGENTES PARA PROTEGER A LOS DESPLAZADOS DE LOS ALTOS DE NAYA.

Desde el pasado 2 de abril, el Comité Interamericano de DH de la OEA le había
pedido al Estado colombiano la "adopción de medidas urgentes para preservar el
derecho a la vida y la integridad física" de los miembros de las organizaciones
y comunidades campesinas y afrocolombianas del norte del departamento del Cauca.

Así lo conoció ayer El Espectador en la región de El Naya, donde trascendió,
además, que la petición del Comité de DH de la OEA estuvo motivada en un informe
presentado semanas atrás por un bloque de ONG de la región, que solicitó medidas
cautelares a favor de sus integrantes, ante las acciones perpetradas por el
paramilitarismo en la zona.

Los miembros de Fundecima, Cima, Anuc, Cric y los habitantes de Santander de
Quilichao, Suárez, Morales, Cajibío y Buenos Aires, en su mayoría pertenecen al
Movimiento del Suroccidente Colombiano y, además de la petición de la OEA,
habían suscrito desde noviembre
de 1999 un acuerdo con el Gobierno para que se preservaran sus vidas.

Pese a estos antecedentes, según las ONG citadas, sin incluir a las víctimas de
la Semana Santa, hasta el mes de febrero habían sido asesinadas unas 200
personas en   la región, es incalculable el número de desplazados, y hoy "las
autodefensas controlan la movilización de vehículos, el comercio, la entrada de
alimentos y las actividades sociales".

Defensor amenazado
Entre tanto, el defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, declaró ayer que
"las masacres con motosierras no son una película en Colombia", y confirmó que
durante su visita al Cauca comprobó que una señora fue perforada en su abdomen
con una motosierra, y que una menor de 17 años fue degollada y sus manos
amputadas".

"Tenían una lista de nombres en la mano. Mataban muchos de ellos con motivos
fútiles, como no saber explicar de dónde tenía su celular", declaró Cifuentes
Muñoz, quien confirmó que ha sido amenazado de muerte, y que "unas 4.000
personas no se pueden mover de la zona del Alto Naya desde la masacre de Semana
Santa".

El Defensor del Pueblo dejó en claro que "ni los paramilitares ni la guerilla
respetan el Derecho
Internacional Humanitario", y en declaraciones a la agencia AFP recordó una
reciente ofensiva de las Farc en Almaguer (Cauca) en que "dinamitaron el templo
y derrumbaron tres barrios con tractores y pipas de gas".

Pero lejos de solucionarse la situación en el Cauca, esta tiende a agravarse.
Ayer mismo trascendió que los  guerrilleros del frente José María Becerra del
Eln que actúan en la misma región de El Naya, decidieron aliarse con los
guerrilleros de las Farc, para enfrentar a
los grupos de autodefensa en la región, y a quienes consideran sus colaboradores.

Red de Solidaridad
A su vez, el director de la Red de Solidaridad de la Presidencia, Fernando
Medellín, reveló que la masacre del Alto Naya ocurrió menos de cinco meses
después de  que fuera advertida la presencia de los paramilitares en la región,
y que estos mantienen un cerco que impede  ingresar a la región con ayuda
humanitaria.

Medellín confirmó que más de 3.000 lugareños están desplazados, la mayoría de
ellos en caseríos del  litoral pacífico, y que ya existe un plan en marcha para
atender a la población de siete veredas del Alto Naya, pero esencialmente se
necesitan condiciones de seguridad y
voluntad de los actores del conflicto armado en la zona.

El Director de la Red de Solidaridad de la Presidencia de la República
públicamente solicitó ayuda al Comité Internacional de la Cruz Roja para que
entre a actuar  como operador humanitario, y asista a la población desplazada
que se concentra en Timba, Santander de Quilichao, Buenaventura, Jamundí, y en
las siete veredas  donde existen mayores problemas de seguridad.

Además, Fernando Medellín presentó estadísticas que  demuestran que Colombia
está viviendo un exagerado incremento de asesinatos. "Al menos 769 colombianos
han sido asesinados en lo que va de año, una cifra que  casi duplica a las
víctimas registradas en igual período  de 2000", denunció el alto
funcionario.

El Director de la Red de Solidaridad expresó que en lo corrido de 2001 han sido
perpetradas 145 masacres en  Colombia, 85 realizadas por los grupos de
autodefensa,  24 por la guerilla de las Farc y 36 por el Eln. El informe
incluye las 28 víctimas que dejó el reciente asalto de las Farc a la región de
La Caucana, al noroeste del  departamento de Antioquia.

Coca en Naya
Uno de los desplazados del Alto Naya confirmó a El Espectador que una variedad
peruana de coca que se da  en 45 días, hoy se siembra en gran parte de las 25
veredas de la zona del Cauca.

Otro campesino observó que antes de que llegaran las  Auc existían parcelas de
hoja de coca, pues la falta de vías de comunicación hacía imposible la siembra a
gran escala de arroz, caña, plátano, borojó o cacao.

"El promedio de ingresos familiares es hoy de unos $1'200.000", añadió el
labriego, quien aseguró que el tilo de pasta de coca en el mercado zonal es hoy
de  $1'700.000.

Pero, al margen del problema de la coca, el principal conflicto de la región es
la guerra contra la
población civil. No sólo por las víctimas inocentes que deja el conflicto, sino
porque se impuso una economía de guerra.

Los sobreprecios en los productos de la canasta familiar son evidentes. Una
libra de arroz cuesta $1.500, una panela $2.400 y una libra de azúcar $1.600,
precios imposibles para una familia que no dependa de la economía coquera.
[Fuente: Enrique Rivas Gordillo para el Espectador, Colombia, 19abr01]

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