19 europarlamentarios se dirigieron al Presidente de Colombia Andrés Patrana para recalcar la responsabilidad del Estado colombiano en las masacres de Naya y Yurumaguí y demandar que se proteja el derecho a la vida de las comunidades afrocolombianas, campesinas e indígenas. Dr. Andres Pastrana Arango Palacio de Nariño Presidencia de la República Santa Fe de Bogotá D.C. Fax: +57.133.621.09 Ref: Situación de la población civil del pacífico colombiano Señor Presidente de la República, Hemos tenido conocimiento de la situación que viven las comunidades negras, indígenas y campesinas en los departamentos de Cauca y del Valle, donde grupos paramilitares han realizado recientemente varias masacres de la población civil, entre ellas las del Naya. Nos preocupa especialmente que no se hayan evitado las últimas matanzas pese a haber sido previamente anunciadas en diversos ocasiones por varios organismos, incluido el Parlamento Europeo. En la madrugada del 29 de abril, pocas horas antes de que comenzara la reunión de donantes convocada por el gobierno colombiano en Bruselas, un grupo armado entró en la comunidad El Firme del río Yurumanguí, municipio de Buenaventura, asesinando 7 pescadores afrocolombianos, 2 de ellos a tiros y cinco con hachas. Esto ha provocado el desplazamiento de unas 450 personas a la ciudad de Buenaventura, además de un desplazamiento mucho mayor a lo largo del río Yurumanguí. El 19 de abril había tenido lugar un Consejo de Seguridad Municipal en Buenaventura, en la que participaron los comandantes del VII distrito de la Policía, de la III Brigada del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de GAULA (departamento especial de la policía), y representantes de la Cruz Roja, del Comité Departamental de Desplazados y del Proceso de Comunidades Negras, en la que se informó sobre las amenazas existentes en la zona por parte de grupos paramilitares y se solicitó que se tomaran medidas al respecto. De acuerdo con las denuncias de ONGs de derechos humanos, el 19 de septiembre del 2000 unos 200 soldados de la armada, varios de ellos encapuchados, interrogaron y fotografiaron a miembros de la comunidad y anunciaron la llegada de los paramilitares. En la noche del 27 de Noviembre, unidades del ejército nacional allanaron un taller de capacitación de representantes de consejos comunitarios en la escuela-aldea Instituto Matías Mulumba (Buenaventura), organizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF, FES-CIDEAL y Proceso de Comunidades Negras. Todo ello ocurrió poco después de que tuvieran lugar, entre el 6 y el 9 de Septiembre, matanzas previamente anunciadas por grupos paramilitares en las comunidades de Triana, Zaragoza y Las Palmas (municipio de Buenaventura), en las que un total de 27 personas fueron asesinadas. Estas masacres fueron precedidas por la alerta para 37 veredas reportada por una Misión de Observación a los Municipios de Buenaventura y Dagua en la que participaron entre otros el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Colombiana de Juristas, la Defensoría del Pueblo, así como varias ONGs y sindicatos. Debido a estos eventos y a las amenazas aún existentes sobre la población, en diciembre del 2000 se trató la situación del río Yurumanguí en el Parlamento Europeo, resultando en una pregunta escrita por parte de la parlamentaria Laura González a la comisión el 14 de diciembre, en la que preguntaba qué podría hacer la Comisión Europea para evitar una nueva intervención paramilitar en el río Yurumanguí, dada su relación con el gobierno colombiano. El Sr. Patten en nombre de la comisión respondió que "compete a las autoridades colombianas el dar los pasos necesarios en lo que se refiere a la adopción de medidas de seguridad", y que "la Comisión velará por que toda información sobre posibles amenazas contra la población civil sea transmitida de inmediato a las autoridades colombianas". Esto nos hace suponer que el gobierno colombiano recibió información sobre estas amenazas desde la Comisión, además de las cartas enviadas directamente a la presidencia por 22 miembros del Parlamento Europeo. De acuerdo con la información que hemos recibido, la presencia paramilitar no sólo continúa sino que está creciendo, pese a la presencia permanente de la armada en la bahía de Buenaventura y la desembocadura del río. Actualmente las amenazas se han extendido a otros ríos de la región, particularmente el río Raposo y el Anchicaya. Igualmente nos preocupa que existan otras alertas para comunidades negras en la costa de Nariño, el Palenque de San Basilio, Norte y Sur del Cauca y Patía. Frente a esta situación, solicitamos del gobierno colombiano que tome de manera inmediata todas las medidas necesarias para: - evitar las acciones anunciadas por los grupos paramilitares en estas regiones, - que se investiguen de modo exhaustivo los hechos denunciados, y se castigue a los autores materiales e intelectuales, así como a sus cómplices y facilitadores, - dar apoyo y ayuda a la comisión de derechos humanos que junto con la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja intentarán entrar en los próximos dias a la zona, para que se asegure la seguridad de quienes la conforman, - proteger a los habitantes de dichas comunidades asegurando su salvaguarda personal y territorial, y a los líderes de las comunidades negras e indígenas, de los Consejos Comunitarios y de las organizaciones populares, - asegurar el retorno en condiciones de seguridad de la población desplazada, así como su asistencia hasta que se creen las condiciones necesarias para su regreso, tanto para quienes se han desplazado dentro del río Yurumanguí como para quienes se han desplazado a Buenaventura - asegurar las condiciones necesarias para que se pueda constituir una zona humanitaria con acompañamiento internacional, de acuerdo con el deseo expresado por las organizaciones comunitarias. Atentamente, Joan Colom i Naval, Vicepresidente del Parlamento Europeo, España Joaquim Miranda, Presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento Europeo, Portugal Matti Wuori , Relator de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Finlandia Luisa Morgantini, Presidenta del Intergrupo "Iniciativas por la Paz", Italia Eurodiputados: Laura Gonzalez, España; Patricia McKenna, Reino Unido; Erik Meijer, Países Bajos; Proinsias De Rossa, Italia; Giuseppe Di Lello, Italia; Konstantinos Alyssandrakis, Grecia; Peter Sichrovsky, Austria; Ilka Schröder, Alemania; Inga Schörling, Suecia; Heide Rühle, Alemania; Sylla Fode, Francia; Luigi Vinci, Italia; Salvador Jové Peres, España; Caroline Lucas, Reino Unido; Per Gahrton, Suecia http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/naya6.html
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