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Date: Sat, 18 Aug 2001
El Ejército de Colombia podrá asumir poderes civiles y judiciales en zonas de guerra
El presidente Pastrana aprueba una controvertida ley que amplía el control de los militares
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Pastrana, tras pasar revista a una guardia de honor al llegar a
Santiago.(AP)
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PILAR LOZANO | Bogotá
El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, ha sellado la controvertida
ley que dota al Ejército de nuevos poderes en las zonas de combate.
Criticada por grupos de derechos civiles colombianos y por congresistas
estadounidenses, la nueva ley concede a las Fuerzas Armadas supremacía
sobre el poder civil en los llamados teatros de operaciones (zonas de
guerra), les da también poder judicial y limita la capacidad de
investigación de los grupos civiles sobre las actividades del Ejército.
Aunque Pastrana la firmó el lunes, el Gobierno sólo lo dio a conocer ayer.
La Ley de Defensa y Seguridad Nacional, sancionada esta semana por el
presidente Andrés Pastrana, enfrenta al Gobierno y a las organizaciones
que defienden los derechos humanos. Para el primero es una herramienta
para enfrentar la guerra contra los grupos armados; para los segundos,
algo así como patente de corso para que se oscurezca más el ya oscuro
panorama de derechos humanos en este país.
Los militares siempre se han quejado de estar solos en esta guerra y
exigían una legislación que no los dejara maniatados para actuar. Luego
de un polémico debate, fue aprobada en el Congreso a mediados de junio.
Esta semana, el presidente le dio su bendición.
Las implicaciones de esta ley las resume así la Comisión Colombiana de
Juristas: 'Pretende dar más poder militar sobre los civiles, estimula
arbitrariedades como capturas sin orden judicial o interrogatorios de
civiles en cuarteles militares, y permite más impunidad para soldados y
policías que violen derechos humanos'.
Para esta organización, una de las más respetadas en el campo de los
derechos humanos, la ley crea la base para que se dé un proceso
orientado a una dictadura militar. 'Permite que el sector militar,
económico y social se unan, contrario a la separación de poderes propias
de una democracia'.
'Teatros de operaciones' Las alertas sonaron desde el momento en que el
Congreso empezó el estudio del proyecto. La Oficina en Colombia del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos advirtió de que varios de los
artículos violan los acuerdos de derechos humanos y la carta de derechos
civiles y políticos. Señaló, entre otros, el que se refiere a la
facultad del presidente para crear 'teatros de operaciones', encabezados
por jefes militares. Allí la autoridad militar ejercerá controles sobre
la población civil, y se impondrá a la de gobernadores o alcaldes.
Otro de los artículos cuestionados otorga facultades de policía judicial
a miembros de las fuerzas militares, 'cuando por motivos fundados un
grupo especial de la Fiscalía' no pueda acompañar las operaciones de
éstas. Otro es criticado por facilitar la impunidad y las violaciones de
derechos humanos por acción u omisión de los miembros de las fuerzas
militares. Éste reduce el término de la investigación contra los
uniformados de un año a dos meses.
Desde Londres, Amnistía Internacional se unió a la protesta. La nueva
ley -dicen- facilitará que los agentes de las fuerzas de seguridad y sus
'aliados', los paramilitares, escapen de la persecución por violaciones
a los derechos humanos.
El Gobierno rechazó las acusaciones: 'Todos los controles
institucionales y legales a la actuación de la fuerza pública fueron
respetados por dicha ley y continúan vigentes', aseguró Gustavo Bell,
ministro de Defensa y vicepresidente encargado, entre otras, del manejo
de la política oficial de derechos humanos. El día que fue aprobada la
ley en el Congreso, Bell agradeció a los legisladores: 'Es un paso
importante para la transformación de las fuerzas militares', les dijo.
El informe de la Oficina de Naciones Unidas presentado en marzo de este
año, afirma que siguieron recibiendo y 'siendo testigo de múltiples
indicios sobre la existencia de actitudes omisivas, así como de vínculos
estrechos y persistentes entre algunos integrantes de la fuerza pública
y los grupos paramilitares'.
En este momento la justicia investiga, entre otros, al ex general Rito
Alejo del Río y a oficiales de la Armada Nacional por violación a los
derechos humanos. Contra el primero existen testimonios que lo vinculan
con los grupos paramilitares que 'limpiaron de guerilla' la zona
bananera de Urabá entre l995 y l997. A los oficiales de la Armada se los
investiga por no tomar las medidas para evitar una matanza paramilitar,
a comienzos de este año, que dejó 27 campesinos muertos en una pequeña
aldea del Caribe colombiano.
Sábado, 18 de agosto de 2001
Una ley otorga al Ejército de Colombia
poderes civiles y judiciales en zonas de
guerra
La Fuerzas Armadas lanzan una ofensiva
contra la guerilla en varias zonas del país
PILAR LOZANO | Bogotá
El presidente de Colombia,
Andrés Pastrana, ha sellado una
controvertida ley que dota al
Ejército de nuevos poderes en
las zonas de combate. Criticada
por grupos de derechos civiles
colombianos y por congresistas
estadounidenses, la nueva
norma concede a las Fuerzas
Armadas supremacía sobre el
poder civil en los llamados
teatros de operaciones, les da
también poder judicial y limita
la capacidad de investigación
de los grupos civiles sobre las actividades militares.
Coincidiendo con la promulgación de la ley, el
Ejército lanzó una ofensiva contra la guerilla de las
FARC en varias zonas del país.
Pastrana firmó la Ley de Defensa y Seguridad
Nacional el pasado lunes, pero el Gobierno esperó
hasta ayer para anunciarlo. La norma enfrenta al
Ejecutivo y a las organizaciones que defienden los
derechos humanos. Para el primero es una
herramienta para enfrentar la guerra contra los grupos
armados; para los segundos, algo así como patente de
corso para que se oscurezca más el ya oscuro
panorama de derechos humanos en este país.
Los militares siempre se han quejado de estar solos
en esta guerra y exigían una legislación que no los
dejara maniatados para actuar. Luego de un polémico
debate, fue aprobada en el Congreso a mediados de
junio. Esta semana, el presidente le dio su bendición.
Las implicaciones de esta ley las resume así la
Comisión Colombiana de Juristas: "Pretende dar más
poder militar sobre los civiles, estimula
arbitrariedades como capturas sin orden judicial o
interrogatorios de civiles en cuarteles militares, y
permite más impunidad para soldados y policías que
violen derechos humanos".
Para esta organización, una de las más respetadas en
el campo de los derechos humanos, la ley crea la
base para que se dé un proceso orientado a una
dictadura militar. "Permite que el sector militar,
económico y social se unan, contrario a la separación
de poderes propias de una democracia".
'Teatros de operaciones'
Las alertas sonaron desde el momento en que el
Congreso empezó el estudio del proyecto. La Oficina
en Colombia del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos advirtió de que varios de los
artículos violan los acuerdos de derechos humanos y
la carta de derechos civiles y políticos. Señaló, entre
otros, el que se refiere a la facultad del presidente
para crear "teatros de operaciones", encabezados por
jefes militares. Allí la autoridad militar ejercerá
controles sobre la población civil, y se impondrá a la
de gobernadores o alcaldes.
Otro de los artículos cuestionados otorga facultades
de policía judicial a miembros de las fuerzas
militares, "cuando por motivos fundados un grupo
especial de la Fiscalía" no pueda acompañar las
operaciones de éstas. Otro es criticado por facilitar
la impunidad y las violaciones de derechos humanos
por acción u omisión de los miembros de las fuerzas
militares. Éste reduce el término de la investigación
contra los uniformados de un año a dos meses.
Desde Londres, Amnistía Internacional se unió a la
protesta. La nueva ley -dicen- facilitará que los
agentes de las fuerzas de seguridad y sus "aliados",
los paramilitares, escapen de la persecución por
violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno rechazó las acusaciones: "Todos los
controles institucionales y legales a la actuación de
la fuerza pública fueron respetados por dicha ley y
continúan vigentes", aseguró Gustavo Bell, ministro
de Defensa y vicepresidente encargado, entre otras,
del manejo de la política oficial de derechos
humanos. El día que fue aprobada la ley en el
Congreso, Bell agradeció a los legisladores: "Es un
paso importante para la transformación de las fuerzas
militares", les dijo.
[El propio Bell anunció ayer que unos cien
guerrilleros pueden haber muerto en los últimos días
en una ofensiva del Ejército de Colombia contra las
FARC en varias zonas del país, informa Efe. El
ministro de Defensa explicó en la ciudad de
Cartagena que los rebeldes sufrieron uno de los
mayores golpes en el Arauca, departamento
fronterizo con Venezuela, donde las tropas
gubernamentales mataron a dos cabecillas del mayor
grupo guerrillero de Colombia y detuvieron a la
compañera de un importante jefe insurgente.
"Esto es parte de las estrategias de las Fuerzas
Armadas de perseguir a los movimientos subversivos
que todavía siguen empeñados en utilizar la violencia
y la fuerza para lograr trastornar el país", explicó
Bell a los periodistas en la ciudad caribeña. Según
las versiones preliminares, la campaña militar ha
sido intensa en los departamentos del Arauca,
Guainía, Vichada y Huila.]
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