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Date: Sat, 18 Aug 2001
El Ejército de Colombia podrá asumir poderes civiles y judiciales en zonas de guerra

El presidente Pastrana aprueba una controvertida ley que amplía el control de los militares

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Pastrana, tras pasar revista a una guardia de honor al llegar a 
Santiago.(AP) 
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PILAR LOZANO | Bogotá

El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, ha sellado la controvertida 
ley que dota al Ejército de nuevos poderes en las zonas de combate. 
Criticada por grupos de derechos civiles colombianos y por congresistas 
estadounidenses, la nueva ley concede a las Fuerzas Armadas supremacía 
sobre el poder civil en los llamados teatros de operaciones (zonas de 
guerra), les da también poder judicial y limita la capacidad de 
investigación de los grupos civiles sobre las actividades del Ejército. 
Aunque Pastrana la firmó el lunes, el Gobierno sólo lo dio a conocer ayer.

La Ley de Defensa y Seguridad Nacional, sancionada esta semana por el 
presidente Andrés Pastrana, enfrenta al Gobierno y a las organizaciones 
que defienden los derechos humanos. Para el primero es una herramienta 
para enfrentar la guerra contra los grupos armados; para los segundos, 
algo así como patente de corso para que se oscurezca más el ya oscuro 
panorama de derechos humanos en este país.

Los militares siempre se han quejado de estar solos en esta guerra y 
exigían una legislación que no los dejara maniatados para actuar. Luego 
de un polémico debate, fue aprobada en el Congreso a mediados de junio. 
Esta semana, el presidente le dio su bendición.

Las implicaciones de esta ley las resume así la Comisión Colombiana de 
Juristas: 'Pretende dar más poder militar sobre los civiles, estimula 
arbitrariedades como capturas sin orden judicial o interrogatorios de 
civiles en cuarteles militares, y permite más impunidad para soldados y 
policías que violen derechos humanos'.

Para esta organización, una de las más respetadas en el campo de los 
derechos humanos, la ley crea la base para que se dé un proceso 
orientado a una dictadura militar. 'Permite que el sector militar, 
económico y social se unan, contrario a la separación de poderes propias 
de una democracia'.

'Teatros de operaciones' Las alertas sonaron desde el momento en que el 
Congreso empezó el estudio del proyecto. La Oficina en Colombia del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos advirtió de que varios de los 
artículos violan los acuerdos de derechos humanos y la carta de derechos 
civiles y políticos. Señaló, entre otros, el que se refiere a la 
facultad del presidente para crear 'teatros de operaciones', encabezados 
por jefes militares. Allí la autoridad militar ejercerá controles sobre 
la población civil, y se impondrá a la de gobernadores o alcaldes.

Otro de los artículos cuestionados otorga facultades de policía judicial 
a miembros de las fuerzas militares, 'cuando por motivos fundados un 
grupo especial de la Fiscalía' no pueda acompañar las operaciones de 
éstas. Otro es criticado por facilitar la impunidad y las violaciones de 
derechos humanos por acción u omisión de los miembros de las fuerzas 
militares. Éste reduce el término de la investigación contra los 
uniformados de un año a dos meses.

Desde Londres, Amnistía Internacional se unió a la protesta. La nueva 
ley -dicen- facilitará que los agentes de las fuerzas de seguridad y sus 
'aliados', los paramilitares, escapen de la persecución por violaciones 
a los derechos humanos.

El Gobierno rechazó las acusaciones: 'Todos los controles 
institucionales y legales a la actuación de la fuerza pública fueron 
respetados por dicha ley y continúan vigentes', aseguró Gustavo Bell, 
ministro de Defensa y vicepresidente encargado, entre otras, del manejo 
de la política oficial de derechos humanos. El día que fue aprobada la 
ley en el Congreso, Bell agradeció a los legisladores: 'Es un paso 
importante para la transformación de las fuerzas militares', les dijo.

El informe de la Oficina de Naciones Unidas presentado en marzo de este 
año, afirma que siguieron recibiendo y 'siendo testigo de múltiples 
indicios sobre la existencia de actitudes omisivas, así como de vínculos 
estrechos y persistentes entre algunos integrantes de la fuerza pública 
y los grupos paramilitares'.

En este momento la justicia investiga, entre otros, al ex general Rito 
Alejo del Río y a oficiales de la Armada Nacional por violación a los 
derechos humanos. Contra el primero existen testimonios que lo vinculan 
con los grupos paramilitares que 'limpiaron de guerilla' la zona 
bananera de Urabá entre l995 y l997. A los oficiales de la Armada se los 
investiga por no tomar las medidas para evitar una matanza paramilitar, 
a comienzos de este año, que dejó 27 campesinos muertos en una pequeña 
aldea del Caribe colombiano.

   
                Sábado, 18 de agosto de 2001


                Una ley otorga al Ejército de Colombia
                poderes civiles y judiciales en zonas de
                guerra

                La Fuerzas Armadas lanzan una ofensiva
                contra la guerilla en varias zonas del país 

                PILAR LOZANO | Bogotá 

                El presidente de Colombia,
                Andrés Pastrana, ha sellado una
                controvertida ley que dota al
                Ejército de nuevos poderes en
                las zonas de combate. Criticada
                por grupos de derechos civiles
                colombianos y por congresistas
                estadounidenses, la nueva
                norma concede a las Fuerzas
                Armadas supremacía sobre el
                poder civil en los llamados
                teatros de operaciones, les da
                también poder judicial y limita
                la capacidad de investigación
                de los grupos civiles sobre las actividades militares.
                Coincidiendo con la promulgación de la ley, el
                Ejército lanzó una ofensiva contra la guerilla de las
                FARC en varias zonas del país.

                Pastrana firmó la Ley de Defensa y Seguridad
                Nacional el pasado lunes, pero el Gobierno esperó
                hasta ayer para anunciarlo. La norma enfrenta al
                Ejecutivo y a las organizaciones que defienden los
                derechos humanos. Para el primero es una
                herramienta para enfrentar la guerra contra los grupos
                armados; para los segundos, algo así como patente de
                corso para que se oscurezca más el ya oscuro
                panorama de derechos humanos en este país. 

                Los militares siempre se han quejado de estar solos
                en esta guerra y exigían una legislación que no los
                dejara maniatados para actuar. Luego de un polémico
                debate, fue aprobada en el Congreso a mediados de
                junio. Esta semana, el presidente le dio su bendición.

                Las implicaciones de esta ley las resume así la
                Comisión Colombiana de Juristas: "Pretende dar más
                poder militar sobre los civiles, estimula
                arbitrariedades como capturas sin orden judicial o
                interrogatorios de civiles en cuarteles militares, y
                permite más impunidad para soldados y policías que
                violen derechos humanos". 

                Para esta organización, una de las más respetadas en
                el campo de los derechos humanos, la ley crea la
                base para que se dé un proceso orientado a una
                dictadura militar. "Permite que el sector militar,
                económico y social se unan, contrario a la separación
                de poderes propias de una democracia".

                'Teatros de operaciones' 

                Las alertas sonaron desde el momento en que el
                Congreso empezó el estudio del proyecto. La Oficina
                en Colombia del Alto Comisionado para los
                Derechos Humanos advirtió de que varios de los
                artículos violan los acuerdos de derechos humanos y
                la carta de derechos civiles y políticos. Señaló, entre
                otros, el que se refiere a la facultad del presidente
                para crear "teatros de operaciones", encabezados por
                jefes militares. Allí la autoridad militar ejercerá
                controles sobre la población civil, y se impondrá a la
                de gobernadores o alcaldes. 

                Otro de los artículos cuestionados otorga facultades
                de policía judicial a miembros de las fuerzas
                militares, "cuando por motivos fundados un grupo
                especial de la Fiscalía" no pueda acompañar las
                operaciones de éstas. Otro es criticado por facilitar
                la impunidad y las violaciones de derechos humanos
                por acción u omisión de los miembros de las fuerzas
                militares. Éste reduce el término de la investigación
                contra los uniformados de un año a dos meses. 

                Desde Londres, Amnistía Internacional se unió a la
                protesta. La nueva ley -dicen- facilitará que los
                agentes de las fuerzas de seguridad y sus "aliados",
                los paramilitares, escapen de la persecución por
                violaciones a los derechos humanos. 

                El Gobierno rechazó las acusaciones: "Todos los
                controles institucionales y legales a la actuación de
                la fuerza pública fueron respetados por dicha ley y
                continúan vigentes", aseguró Gustavo Bell, ministro
                de Defensa y vicepresidente encargado, entre otras,
                del manejo de la política oficial de derechos
                humanos. El día que fue aprobada la ley en el
                Congreso, Bell agradeció a los legisladores: "Es un
                paso importante para la transformación de las fuerzas
                militares", les dijo.

                [El propio Bell anunció ayer que unos cien
                guerrilleros pueden haber muerto en los últimos días
                en una ofensiva del Ejército de Colombia contra las
                FARC en varias zonas del país, informa Efe. El
                ministro de Defensa explicó en la ciudad de
                Cartagena que los rebeldes sufrieron uno de los
                mayores golpes en el Arauca, departamento
                fronterizo con Venezuela, donde las tropas
                gubernamentales mataron a dos cabecillas del mayor
                grupo guerrillero de Colombia y detuvieron a la
                compañera de un importante jefe insurgente. 

                "Esto es parte de las estrategias de las Fuerzas
                Armadas de perseguir a los movimientos subversivos
                que todavía siguen empeñados en utilizar la violencia
                y la fuerza para lograr trastornar el país", explicó
                Bell a los periodistas en la ciudad caribeña. Según
                las versiones preliminares, la campaña militar ha
                sido intensa en los departamentos del Arauca,
                Guainía, Vichada y Huila.]

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