Date: Sun, 05 Aug 2001
Titulares de noticias de Colombia

El campo se sembró de pobres

Desde mediados de los años 90 está sucediendo en el campo colombiano una
situación asombrosa.

El porcentaje de pobres en el sector rural se desbordó y saltó del 65% al
80,5%, entre 1994 y el año pasado.

La tasa de indigencia se aceleró y ahora es del 33%.

Los números no mienten y explican, de alguna manera, la decisión de don
Leonidas Sánchez, que en la madrugada del miércoles pasado salió de su
finca Tierra Grata, en Castilla (Tolima) para dirigirse al puente sobre el
río Saldaña, donde, en compañía de otros dos mil quinientos campesinos,
bloqueó la vía entre Bogotá y Neiva para protestar por la pobreza en que
vive. Su predio, de 8 hectáreas, fue embargado por la Caja Agraria a la que
adeuda $6 millones.

Una encuesta sobre la calidad de vida en el campo, realizada por Planeación
Nacional y el Ministerio de Agricultura, con el apoyo del Banco Mundial,
precisa que la pobreza en el agro es creciente y los niveles de educación y
salud son muy precarios.

El hogar rural promedio está compuesto por 4,5 personas con tres años de
escolaridad del jefe del hogar, mientras que los hijos mayores de 15 años
tienen en promedio 4,1 años de educación. Má información en:
www.elespectador.com sección economía.


Desempleo: sin solución

Sin una buena y sostenida tasa de crecimiento económico y sin un acuerdo de
paz que ponga fin al largo conflicto armado, en Colombia no se podrán
reducir los vergonzosos niveles de desocupación.

A finales del año pasado, nuestro país alcanzó un nivel histórico en la
tasa de desempleo: 20,4%. Nunca había sido de esa magnitud. Esto produjo un
descontento generalizado entre los empresarios, los partidos políticos y,
obviamente, entre las centrales obreras y sindicatos.

El mismo Gobierno se declara preocupado porque el desempleo no baja, pero
es claro en señalar que para lograrlo se requiere un crecimiento económico
y un arreglo en el proceso de paz.

Las cifras de desempleo son tan altas que ya la gente no cree en los
seguidos y repetidos planes de choque que anuncia el Gobierno cada vez que
el DANE revela las cifras.

Cerca de tres millones de personas están desempleadas y eso sin contar con
que el 60% de la economía se informalizó, pues mucha gente perdió el empleo
a raíz de la recesión económica que se vivió especialmente en 1999.

Se acusa al Gobierno de utilizar el drama del desempleo para vender la idea
de que con la reforma de la legislación laboral se acabará. Las centrales
obreras opinan que si eso fuera cierto con la primera gran reforma aplicada
en la Ley 50 de 1990 se habrían creado nuevos puestos pero no fue así.

El desempleo se disminuye cuando haya crecimiento económico del 4% y un
acuerdo de paz. ¿Cuándo será? Más información en: www.elespectador.com
sección economía.


Tres años de la administración Pastrana
Eduardo Sarmiento Palacio

En el Plan de Desarrollo de la administración Pastrana se predecía un
crecimiento promedio del producto de 4% para el período presidencial y a
los tres años es fácil anticipar que estará cerca de cero. La enorme
diferencia entre los hechos y los objetivos demanda responsabilidades sobre
la idoneidad de los diagnósticos y las políticas.

En los años finales de la administración Samper la apertura había entrado
en crisis. El déficit de la balanza de pagos llegaba al 6% del PIB y el
Banco de la República estaba montado en tasas de interés superiores a 50%
para financiarlo con crédito externo y bajar la inflación. Esta realidad no
cabía en la mente de los economistas neoliberales que acompañaron al
presidente Pastrana en la campaña y luego en la administración. En el Plan
de Desarrollo no se presentó ninguna evaluación de la apertura y se dio por
hecho que el modelo estaba funcionando adecuadamente. El decaimiento de la
economía se atribuyó en su totalidad al déficit fiscal y su reducción
aparecía como la primera prioridad oficial para reactivar la economía.

Dentro de este marco de referencia y un amplio consenso, el ministro Juan
Camilo Restrepo adoptó una severa reforma tributaria y aplicó recortes de
gasto. Luego de los estragos de la apertura y de las elevadas tasas de
interés, el choque fiscal precipitó la economía en el peor colapso de la
historia. En 1999 el producto nacional cayó 4,5%, el desempleo saltó a 20%,
las empresas se quebraron, el sistema Upac se disolvió y el sector
financiero se tornó insolvente.

En lo corrido del año descendieron la producción industrial, las ventas del
comercio, el consumo de energía, la construcción y el empleo; y en la
totalidad del año el producto crecerá menos de 1,5%.

El balance es deplorable. El Gobierno recibió la economía debilitada por la
apertura y la política monetaria. En lugar de modificar estas políticas,
adoptó un severo choque fiscal que acentuó el deterioro y precipitó el
derrumbe de la producción y el empleo. Luego adelantó una política de
estímulos a la oferta y de represión a la demanda, que reafirmaron la baja
capacidad de compra, convirtiendo el colapso en estancamiento. La comedia
de equivocaciones terminó en el peor desempeño de la economía del siglo, y
se refleja en índices nunca antes vistos. En los tres años de la
administración el PIB creció cerca de 0%, el desempleo se estabilizó en 20%
y la pobreza pasó de 54 a 62 por ciento. (El Espectador, 05 08 2001).


Yo paro, tú paras, él para
Alfredo Molano Bravo*

El modelo con que se resuelve la protesta popular es siempre el mismo: el
Ministerio del Interior lo declara ilegal, las Fuerzas Militares golpean a
sus organizadores se incurre en algunos muertos , los medios lo
criminalizan, y luego se dialoga. Se firman acuerdos con varias copias y
muchos sellos, y por fin, todo sigue igual hasta la siguiente protesta.

En el Estado colombiano no tiene cabida el clamor de la gente, es
refractario a actuar en función de los intereses populares y apela siempre
al aplazamiento de los problemas y por tanto a su acumulación. Y así vamos.
Trátese del conflicto armado, del transporte urbano, de la cuestión
agraria, de la seguridad social. Por esta razón cada nuevo gobierno recibe
un país más ingobernable, hasta el punto de que ahora nos tienen que
gobernar desde afuera: Fondo Monetario Internacional, Plan Colombia.

El paro agrario que reventó esta semana bastaría para mostrar que la
reforma de la estructura agraria no ha perdido vigencia. Los campesinos
siguen pidiendo tierra a gritos, siguen buscando las orillas de las
carreteras para cultivar, siguen siendo obligados a desplazarse a las zonas
de colonización a tumbar selva para sembrar coca; los medianos empresarios
agropecuarios han sido convertidos en instrumentos de acumulación del
capital financiero. Trabajan para los bancos; su tierra y su trabajo sólo
les pertenecen formalmente.

El Ministerio de Agricultura ha sido convertido en una secretaría más del
Ministerio de Hacienda; ha dejado la comercialización de los productos
agropecuarios al vaivén del mercado y ha permitido que la apertura
económica vulnere sólo los intereses campesinos. Los compromisos que el
país ha adquirido, o mejor, que le han sido impuestos por la Organización
Mundial del Comercio, son factores decisivos en la ruina del campo,
excepción hecha de la gran ganadería protegida por altos aranceles de
importación de carne y naturalmente de la producción bananera de
exportación, en manos de comercializadoras extranjeras.

El país rural está en ruinas. Y en esta ruina se originan los cultivos de
coca y amapola. Porque no se crea que son sólo los colonos quienes siembran
coca; también hay arroceros, cafeteros, empresarios agrícolas arruinados,
los que le apuestan al negocio. El desmonte de subsidios a la producción
agropecuaria y el aumento del desempleo rural van parejo con el crecimiento
de los cultivos ilegales. Hilando fino, éstos se convirtieron en una forma
subterránea de subsidio a la agricultura y de solución a la desocupación
rural.

El paro agrario no se detiene con acuerdos de papel, con soluciones
improvisadas que el Gobierno no puede cumplir, con el despeje a palo de las
carreteras y ni siquiera apelando al cansancio o a la rutinización de la
protesta campesina. Se impone una reforma profunda a las modalidades de la
producción y comercialización agrarias, no sólo para resolver el problema
de la bancarrota de campesinos y medianos empresarios, sino para detener el
deterioro ambiental, debilitar el narcotráfico y encontrar una luz a la
solución del conflicto armado.

La reforma agraria continúa siendo inaplazable; la tierra sigue siendo un
instrumento de creación de riqueza y sigue siendo fuente de poder. De ahí
que su concentración equivalga al despojo, al desempleo, al desplazamiento,
al clientelismo, y contribuya a explicar en buena medida la fortaleza del
paramilitarismo.

Los imprudentes malabares pedagógicos del alcalde Mockus que condujeron a
la parálisis de Bogotá, eclipsaron la gravedad del paro agrario que ha sido
la demostración de organización campesina más importante desde las tomas de
tierras de los años setenta. No obstante, puso en evidencia una vez más que
la alimentación de los colombianos sigue en manos campesinas y que a nadie
se le puede obligar eternamente a trabajar a pérdida.

Los medios de comunicación optaron más por destacar los sucesos vinculados
al paro que por exponer las demandas de empresarios y campesinos. Quizás el
paro tenga intereses políticos, lo que no constituye, por supuesto, delito
alguno, sino por el contrario legitima la búsqueda de una solución
institucional al problema. No es claro quiénes estén detrás de la
organización del formidable movimiento y no es necesario encontrarles
cabezas a las necesidades de la gente. Lo que es claro clarísimo es que si
la SAC ha condenado el paro, por buen camino va la protesta campesina.*
Periodista de El Espectador.


EL TIEMPO
Arresto de seis días para gerente de hospital

Arresto de seis días deberá pagar el gerente del hospital San José, de
Popayán, Edgar Orejuela Contreras, por desacatar el fallo de dos acciones
de tutela que ordenaban el pago de siete meses de salarios y mesadas a un
funcionario activo y a un pensionado.

La decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior fue confirmada por la
Corte Suprema de Justicia al fallar un recurso de apelación y por lo tanto
a partir de mañana el funcionario sería recluido en las instalaciones del
DAS. Más información en www.eleltiempo.com.co sección justicia.

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