Equipo Nizkor Derechos Human Rights Serpaj Europa Solidaridad Urgente [Van ii) msjes] 11dic01 i) SOLICITAN ACCION PREVENTIVA PARA EVITAR QUE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LOS RIOS YURUMANGUI, CAJAMBRE Y RAPOSO, EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, SEAN MASACRADAS. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/negras.html La Corporación Sembrar y demás organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales abajo firmantes, hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional para exigir al gobierno colombiano se adopten las medidas necesarias para evitar una nueva masacre en los rios Yurumanguí y Cajambre, municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). HECHOS Miembros de los grupos paramilitares que hacen presencia en el municipio de Buenaventura han manifestado en los primeros días del mes de diciembre/2001 que celebrarán navidad realizando masacres en las riberas de los ríos, Cajambre, Yurumanguí, Raposo y Naya, según los paramilitares para "tener control de la zona y para limpiarla de colaboradores de la guerrilla". La Información procedente de esta zona, hace temer para esta Navidad la ocurrencia de posibles incursiones paramilitares en las riberas de los ríos Cajambre y Yurumanguí, que podría extenderse también al río Raposo. En estos ríos, aledaños al río Naya, viven aproximadamente 10.000 afrocolombianos. Esta información es alarmante si se tiene en cuenta el aumento del número de paramilitares en la parte Norte del departamento del Cauca, zona colindante con el Alto Naya. ANTECEDENTES Las veredas El Encanto, El Firme, Barranco, Primavera, Veneral del Carmen y Papayo, ubicadas en la parte baja del Río Yurumanguí y Silva, la Fragua, Boca del Brazo, Pital y Punta Bonita en El Cajambre, hacen parte de un grupo de 37 veredas, reportadas en junio del 2000 por una Misión Interinstitucional que visitó el municipio de Buenaventura y las calificó como zonas en Alto Riesgo de sufrir ataques de los grupos paramilitares. Con posterioridad a esta misión, han ocurrido masacres en varias de las veredas reportadas en riesgo. En varias oportunidades, una de ellas durante la incursión paramilitar al Alto, Medio y Bajo Naya, los paramilitares amenazaron diciendo que entrarían al Río Yurumanguí. Los paramilitares, igualmente han anunciado «tiempos de sangre y dolor" y amenazado con masacrar a todas las personas y destruir las lanchas que salgan del Río Yurumanguí. Son varias las acciones paramilitares contra los pobladores de este río, entre ellas la masacre de 7 jóvenes el día 7 de septiembre del 2000 en la casa de Carmen Aramburo, en el barrio Las Palmas del municipio de Buenaventura. Todas las víctimas hacían parte de la familia de Jorge Aramburo, representante legal del Consejo Comunitario del Río Yurumanguí. El 5 de abril del 2001 en horas de la noche, un grupo de paramilitares llegó hasta la casa de la señora Lina Aramburo, en el barrio Antonio Nariño, municipio de Buenaventura y asesinó a otros dos jóvenes, uno de ellos miembro de la familia Aramburo y el otro hijo del Coordinador de Consejo Comunitario del Yurumanguí El día 13 de noviembre de 2001 fue asesinado por paramilitares en el barrio Antonio Nariño, Bernardo Aramburo García, de aproximadamente 30 años y otra persona cuyo identidad se desconoce. Bernardo Aramburo se convierte en la décima víctima de la familia Aramburo, familia que los paramilitares han amenazado con exterminar. El 28 de abril del 2001 un grupo de hombres armados llegaron a la vereda el Firme, ubicada en la desembocadura del río Yurumanguí y asesinaron a hachazos 7 pobladores. Esta masacre generó cerca de 400 desplazados, que huyeron de sus veredas hacia Buenaventura, mientras que otros pobladores, subieron a la parte media y alta del río. Es importante señalar que tres días antes, el 25 de abril del 2001, en un Consejo Departamental de Desplazados en Buenaventura, se dio a conocer la amenaza sobre el Yurumanguí. A este Consejo, asistieron los comandantes del VII Distrito de Policia, miembros de la III Brigada del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, del Grupo Antiextorsión y Secuestro GAULA y el Director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, quienes se comprometieron a hacer presencia en la zona y a actuar frente a esta situación. En abril del 2001, cuando estas personas fueron masacradas, tropas de la Infantería de Marina, se encontraba en el Río Naya, a 25 minutos en lancha rápida de la desembocadura del Yurumanguí. El día 18 de abril, la ONG Minga, en comunicación dirigida al General Pedraza, comandante de la Tercera Brigada del Ejercito Nacional, señaló que los paramilitares estaban presionando a los pobladores del Naya para que les suministraran alimentos y transporte "..para continuar su escalada homicida y terrorista, la que han dicho llevarán hasta las comunidades del RIO YURUMANGUI". El 19 de septiembre del 2000 fue realizada en esta zona una operación de la Infantería de Marina, en esa oportunidad los pobladores, entre ellos los niños de una escuela, fueron interrogados sobre la presencia y movimientos de la guerrilla y se les amenazó con la llegada de los paramilitares. Los miembros de la Infantería de Marina, estaban acompañados por hombres armados que llevaban el rostro cubierto. Ante la negativa de la población a contestar sus preguntas, los infantes de la Marina, manifestaron " USTEDES NO QUIEREN HABLAR PORQUE LOS TIENEN ACONSEJADOS, PERO CUANDO VENGAN LOS OTROS, SI VAN A HABLAR Y LES VA TOCAR HABLAR A LAS MALAS". El 14 de diciembre del año 2000, debido a las amenazas, la situación del Río Yurumanguí fue tratada en el Parlamento Europeo. En esta ocasión la europarlamentaria Laura González preguntó que podría hacer la Comisión Europea para evitar una nueva intervención paramilitar en la zona del río Yurumanguí. Igualmente, veintidós europarlamentarios y los órganos oficiales del Parlamento Europeo se dirigieron directamente al presidente de la Republica de Colombia, demandando especiales medidas de protección para estas comunidades. El 3 de mayo del 200,1 preocupados por la situación del Yurumanguí y las alertas existentes para las comunidades que habitan en la costa de Nariño, Palenque de San Basilio, Norte y sur del Cauca y Patía, los señores Joan Colom Naval, vicepresidente del Parlamento Europeo, Jaoquin Miranda, presidente de Comisión de Desarrollo y otros europarlamentarios, en cartas al presidente Pastrana, demandaron entre otros aspectos, protección para las comunidades, sus vidas y territorios, investigación y castigo a los autores y asegurar el retorno de las comunidades desplazadas. Actualmente, los paramilitares hacen presencia en muchos barrios de la ciudad de Buenaventura y mantienen una red de informantes que les permite controlar y actuar públicamente en los barrios Cascajal, Cristal, La Independencia, Piedras Cantan, Lleras, Bolivar y en la calle las Brisas o Caguancito del Barrio Juan XXIII. Igualmente controlan las zonas de bajamar del municipio de Buenaventura, las desembocaduras de casi todos los ríos y los principales esteros y desembarcaderos, entre ellos los del Piñal, Lleras, La Playita y Pueblo Nuevo. Los paramilitares controlan además la movilización de personas, alimentos y embarcaciones, especialmente las que entran y salen de los ríos Raposo y Yurumanguí. Las autoridades Militares y de Policía, según informaciones de la ciudadania, permiten que los grupos de paramilitares patrullen las calles y los esteros, cuando se encuentran, los paramilitares se identifican y los miembros de la Fuerza Pública los dejan libres. Esto ocurre también con los miembros de una banda llamada los "monchitos" que trabaja para los paramilitares. SOLICITUDES Que el Estado Colombiano adopte las medidas necesarias para proteger la vida, integridad física de las comunidades negras de los ríos Yurumanguí, Cajambre y Raposo. Que se adelanten las investigaciones penales para judicializar y sancionar a los responsables de las masacres ocurridas en contra de los pobladores que habitan en las riberas del Río Yurumanguí, Municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. Se adelanten por parte de los organismos de control del Estado las investigaciones necesarias determinar la responsabilidad por acción u omisión de la Fuerza Pública, Infantería de Marina de Buenaventura y demás organismos de seguridad del Estado, en la comisión de estos graves delitos y de encontrarse responsables, aplicar sanciones ejemplares. Adoptar las medidas necesarias para evitar el desplazamiento de las comunidades negras de sus territorios ancestrales. Bogotá Diciembre 5 del 2001. Firman: Corporación Sembrar; Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Asociación Nomadesc; Comision Interfranciscana de Justicia y Paz; Cut – Valle; Asociación Campesina del Centro del Valle; Coordinador Nacional Agrario; Mesa Regional por la Paz del Magdalena Medio.