asesinato lider indigena del Cauca

LOS CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA, NORORIENTE, Y EL CONSEJO
REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC
DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE
Que el día 4 de marzo del 2.002, fue asesinado SAMUEL FERNADEZ DIZU, 
identificado con C.C. No. 10.505.297 de Santander de Quilichao, ex 
gobernador y líder indígena del Resguardo de Las Delicias, Buenos Aires, 
quien fue retenido en contra de su voluntad por paramilitares a las 9:30 de 
la noche en el parqueadero de Taxis ubicado frente al CAI de la Policía, en 
el casco urbano de Santander de Quilichao. Al día siguiente su cadáver fue 
encontrado en la vía que de Santander conduce al Municipio de Caloto, con 
tres impactos de arma de fuego en la cabeza y uno en la pierna izquierda.
CONSIDERACIONES
Al líder indígena SAMUEL FERNÁNDEZ DIZU, le había sido decomisada la 
motocicleta de marca honda XL 125, placa LCI11, modelo 1.982, color 
naranja, el día 22 de febrero, en el casco urbano de Santander de 
Quilichao, por miembros de la Policía Nacional. El día de su retención y 
asesinato se encontraba haciendo trámites para colocar una denuncia en la 
Fiscalía en contra de la Policía para recuperar su motocicleta.
Desde el mismo momento en que lo intimidaron y le retuvieron la 
motocicleta, los agentes de la policía lo chantajearon pidiéndole plata 
para entregársela. Lo extraño del caso es que desde el día 22 de febrero 
hasta la fecha de su asesinato, la Policía no había realizado la entrega 
respectiva de la moto decomisada para que se investigara si estaba legalizada.
La retención en contra de la voluntad de SAMUEL FERNANDEZ por los 
paramilitares se da a escasos 10 metros del Centro de Atención Inmediata de 
Santander de Quilichao, donde regularmente hay efectivos de la Policía o 
miembros de los cuerpos de seguridad SIJIN, DAS o F2. Igualmente Santander 
permanece militarizado y nadie sabe nada como en tantos hechos anteriores 
sucedidos en esta ciudad.
En los últimos cinco años, tiempo en que fue implementada la ley Páez, la 
arremetida contra comuneros indígenas por parte de los diferentes grupos 
armados ha dejado 42 asesinados, 16 desaparecidos, 16 amenazados y 3 
atentados a la vida.
A pesar del incremento del pie de fuerza en el norte del Cauca los niveles
de inseguridad y violencia se han incrementado y el control ciudadano lo 
tienen los grupos armados al margen de la ley.
Por lo anterior
las autoridades indígenas tradicionales hemos colocado las respectivas
denuncias ante los organismos de Derechos Humanos como la Procuraduría 
Delegada para los derechos humanos, la vicepresidencia de la República, 
Defensoría del Pueblo, ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CIDH, y
Exigimos que estos delitos no queden en la impunidad, para lo cual se debe 
ordenar de forma inmediata se investigue, juzgue y condene a los autores 
materiales e intelectuales de los mismos.
Responsabilizamos al Estado por la presunta complicidad de la Fuerza 
Pública de Santander de Quilichao, en el caso del asesinato de SAMUEL 
FERNÁNDEZ, así como de los casos mencionados anteriormente por el daño 
individual, familiar y colectivo ocasionado a los pueblos indígenas y en 
este caso para el pueblo Páez del Norte del Cauca.
Convocamos a la población del norte del Cauca para aunar esfuerzos en 
defensa de la vida y para evitar ser cómplices de las acciones violentas y 
violatorias de los derechos humanos que realizan indiscriminadamente los 
actores armados.
Reiteramos nuestro llamado a los organismos nacionales e internacionales de 
derechos humanos para que asuman un papel activo y efectivo frente a los 
hechos que cotidianamente ensombrecen nuestra realidad social y rompen la 
convivencia ciudadana.
Requerimos de los empresarios de los ingenios, de las empresas establecidas 
por beneficio de la ley Páez y de otras establecidas en la región para que 
se pronuncien frente a su responsabilidad con relación al incremento de la 
violencia y su real compromiso con la paz y la convivencia sin violencia.
Solicitamos del Gobierno Nacional, debido a al omisión y falta de eficacia 
en el control del orden público, tomar los correctivos necesarios y, en 
coordinación con la sociedad civil, se identifiquen las responsabilidades 
de los mandos tanto de la policía como del ejército.
Solicitamos, en término perentorio, de los organismos de investigación un 
pronunciamiento público respecto a los procesos e investigaciones de los 
hechos de violencia ocurridas en los últimos cuatro años en el norte del 
Cauca.
Finalmente, es claro para nosotros que estos acontecimientos dolorosos para 
nuestras comunidades y para el pueblo colombiano, son consecuencia de las
medidas económicas y de la política de guerra exigida por los Estados 
Unidos, acogida por el poder económico y político del país y acogida por el 
Presidente Pastrana, por lo cual manifestamos, que dentro de nuestra
cosmovisión indígena estos hechos son considerados masacres colectivas 
contra el pueblo Páez, lo cual está llevando a la extinción y genocidio de 
nuestra comunidad indígena y exigimos se de cumplimiento al espíritu 
constitucional establecido en los artículos 1, 2, 5, 7, 11, 13 y 22 de la 
Carta Magna.
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA -ACIN
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA -CRIC-

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