>Estimados amigos y amigas, > >Una vez más acudimos a su reacción solidaria frente al Caso de Hacienda >Bellacruz. En los próximos dias se resolverá la situación jurídica del >ex-embajador Carlos A. Marulanda, detenido desde el 16 de julio del 2.001 >en Madrid quien permanece a órdenes de la Audiciencia Nacional donde se >resuelve si será extraditado a Colombia para que responda ante la justicia >colombiana por los cargos de Paramilitarismo y Terrorismo como coautor en >los hechos violentos sucedidos contra las comunidades campesinas de la >hacienda Bellacruz en 1996. Rogamos tomar en cuenta la carta que enviamos >anexa para firmarla y enviarla al juzgado No.6 de la Audiencia Nacional: > >Dirección: > >c/ García Gutiérrez, 1 >28071 MADRID >Teléfono: 913973381 >Fax: 913973306 > >fraternalmente, > >Equipo Internacional ANUC UR > > > >“Volver sería la crónica de una muerte anunciada” : Marulanda >Madrid > >space.gif > >Redacción Judicial > >Alegando amenazas guerrilleras, que posiblemente se ciernen contra su >vida, el ex ministro y ex embajador de Colombia ante la UE Carlos Arturo >Marulanda, detenido en España, expresó ayer en la Audiencia Nacional que >no desea su extradición al país. > >La Audiencia Nacional —alto tribunal encargado de los delitos de >terrorismo, económicos y narcotráfico— celebró una vista con la presencia >del detenido, para analizar si debe ser entregado a la Justicia >colombiana, que lo solicita por los delitos de conformación de grupos >paramilitares, terrorismo y malversación de fondos públicos en su etapa de >embajador, durante la década de los noventa. > >Marulanda, quien en 1996 fue embajador de Colombia ante la Unión Europea >(UE), aseguró ante el Tribunal de la Audiencia Nacional que si regresa a >Bogotá será hombre muerto por estar —según dijo— amenazado de muerte por >la guerilla del Eln. > >Marulanda —detenido el 16 de julio del 2001 en Madrid— fue ministro de >Desarrollo en el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), y era prófugo >desde que, en 1998, la Fiscalía General de la Nación le dictó orden de >captura. Por estos hechos, la Justicia colombiana ya ha encarcelado a >varias personas, entre ellas a su hermano, César Marulanda. > >El ente investigador sindica a Marulanda de la conformación de un grupo >paramilitar que, los días 14 y 15 de febrero de 1996, entró en la hacienda >Bellacruz, propiedad de su familia, destruyó las instalaciones y asesinó a >una veintena de rancheros que ocupaban la finca. > >La matanza provocó el desplazamiento forzado de unas doscientas familias >de campesinos que estaban asentadas en esas tierras, situadas en el >departamento del Cesar. > >En la vista, Marulanda se opuso a su extradición al considerar que los >señalamientos de la Fiscalía obedecen a una persecución política >instrumentada por el actual presidente, Andrés Pastrana, a raíz de 'la >vocería de los propietarios del campo' que asumió entre los años 70 y 80, >en la que “incorporó a sus pretensiones la invasión de tierras por parte >de los campesinos” > >El detenido sostuvo que por eso el Eln lo ha amenazado de muerte, en un >comunicado. > >El ex embajador recordó que ya en 1998 fueron encarceladas varias personas >implicadas en los hechos, entre ellas su hermano, de quien dijo que era el >administrador de la finca de la que él sólo tenía el diez por ciento. > >El fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira, se mostró favorable a la >extradición porque, en su opinión, no existe tal persecución política y, >en cuanto a la amenaza de la guerilla, señaló que esta circunstancia no >forma parte del procedimiento: “Otra cosa es que se pueda pedir a Colombia >garantías de seguridad”. > >LA DEFENSA > >El abogado defensor de Marulanda, Javier Sáenz de Pipaón, se opuso a la >que calificó de “aparente reclamación de extradición” porque, alegó, “ésta >nunca ha sido solicitada formalmente por parte de la República de Colombia”. > >Además indicó que los hechos por los que se le reclaman carecen del mínimo >punitivo —más de un año de cárcel— requerido para acceder a una >extradición, ya que ambos delitos sólo están penados con multa. > >Sáenz de Pipaón explicó que la conformación de grupos de “justicia >privada” para la evacuación de los campesinos “no son hechos constitutivos >de un delito de terrorismo porque no están guiados por el ánimo de >subvertir el orden constitucional ni de alterar el orden público como >exige el Código Penal español”. > >Para el abogado, se trata de un delito de “realización arbitraria del >propio derecho” cometido con violencia y que está castigado con pena de >multa de seis a doce meses. > >En cuanto a la apropiación de fondos públicos, la pena también es de multa >y, por lo tanto, tampoco cabe la extradición, afirmó el letrado, quien le >solicitó al Tribunal la libertad de su defendido. > >En cuanto a la apropiación de fondos públicos, equivalente a 17.000 euros, >el ex ministro señaló que este dinero se utilizó en actos diplomáticos de >la Comisión colombiana en Bruselas, y que “fue un error” no incluirlo en >sus presupuestos. > >El abogado añadió que la pena por este delito también es de multa y, por >lo tanto, tampoco contempla la extradición. > >Marulanda, en su uso del derecho a la última palabra, resaltó que es el >principal interesado en que se resuelva su situación judicial en Colombia >“porque así se comprobará mi inocencia” y aseguró que antes de su >detención solicitó a su abogado en Colombia que pidiera a la Fiscalía que >se trasladará a España para interrogarle. > >“Estoy dispuesto a lo que sea, menos a volver a Colombia porque, como >diría Gabriel García Márquez, eso sería la crónica de una muerte >anunciada”, sostuvo el detenido. > >
Señores
Juzgado Central de Instrucción Número 6
AUDIE NCIA NACIONAL
Estado Español
Madrid
Excelentisimos Señores Jueces,
El 16 de Julio fue capturado en Madrid el Señor CARLOS ARTURO MARULANDA, ex-embajador de Colombia ante la Unión europea y co-propietario de la tristemente celebre hacienda "Bellacruz". Es reo ausente de la justicia quien lo reclama por los cargos de Terrorismo y Paramilitarismo (formación de bandas armadas).
Conociendo que este caso de extradición con el No 58 - 2000 cursa actualmente en este juzgado, nos dirigimos a Ustedes para rogarles realizar todos los esfuerzos necesarios para que el señor Marulanda sea efectivamente transferido a Colombia y para que sean debidamente juzgados y castigados él, y las demás personas responsables de los crímenes cometidos contra las comunidades campesinas desplazadas de la Hacienda Bellacruz. Consideramos que la extradición inmediata del señor Marulanda Ramirez, constituye un paso importante para esclarecer los actos violentos, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, que a partir del 14 de febrero de 1996 fueron cometidos contra la población campesina que tiene un conflicto de tierra con la hacienda “Bellacruz”: las masacres de los hermanos Narvaez y Toscano, los asesinatos de más de 35 personas, las torturas, las desapariciones forzadas (Elger Castillo, Ricardo Cagua), la destrucción y quema de viviendas, escuelas, cultivos, y el desplazamiento forzado de 170 familias.
Solicitamos se aplique para este caso el tratado de extradición vigente entre Colombia y España, teniendo en cuenta que en el artículo 3 dice:
"la extradición se concederá respecto de los individuos condenados o acusados como autores o cómplices de algunos de los crímenes siguientes:
- “incendio o inundación voluntaria de casas y campos” (en Bellacruz incendiaron 180 viviendas y 7 escuelas)
- “robo o la sustracción con violencia de dinero, fondos documentos o cualquiera propiedad pública o privada y toda sustracción fraudulenta ejecutada con violencia, intimidación, horodamiento, fractura o allanamiento de morada durante la noche” ( en Bellacruz ocurrio todo ese tipo de delitos entre las 21h00 a 5h00 del 14 y 15 de febrero de 1996)
- “secuestro o detención de personas para exigir dinero del secuestro de su familia o relacionados o para otro cualquier fin ilícito” (En bellacruz secuestraron una familia para canjearla con dirigentes que serían asesinados por ser voceros del conflicto)
Estimamos que la única manera de evitar que tales actos y los terribles sufrimientos humanos que los acompañan, se multipliquen en todo Colombia, es que no queden en la impunidad y que sean debidamente castigados tanto quienes los cometen materialmente como también los autores intelectuales quienes los ordenan y se benefician de ellos, como son los dueños de la haciendas que deciden arreglar los conflictos de tierra recurriendo a la justicia privada.
Nos suscribimos muy respetuosamente,
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