Date: Thu, 04 Jul 2002
Grave situación de Derechos Humanos en Arauca

Fuente: Indymedia Colombia
http://colombia.indymedia.org/display.php3?article_id=3816

Las organizaciones sociales del departamento de Arauca, representadas
en la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos ADUC — ARAUCA,
La Central Unitaria de Trabajadores-CUT Subdirectiva Arauca, La
Federación de Juntas de Acción Comunal-FEDECOMUNAL, La Asociación
Juvenil Estudiantil Regional-ASOJER, El Consejo Regional Indígena de
Arauca-CRIA y el Comité Regional de Derechos Humanos "Joel Sierra":


A través de las diferentes acciones jurídicas de denuncia nacional e
internacional, movilizaciones, paros, tomas pacíficas, hemos dado una
histórica lucha en defensa de la vida, los derechos humanos y el
territorio, de la cual presentamos un breve resumen en este informe.

Hechos recientes

En el último año, coincidiendo con la ejecución de nuevos proyectos
petroleros por parte de la OXY y la REPSOL, se ha degradado y
agudizado el conflicto armado, fundamentalmente por la implantación
del proyecto paramilitar, fenómeno que ha dejado como saldo el
asesinato de más de un centenar de pobladores, entre ellos:
dirigentes políticos, sociales, populares, sindicales y campesinos.
Como consecuencia de ese accionar paramilitar, realizamos varias
acciones urgentes, donde llamábamos la atención frente a la
responsabilidad por acción u omisión de miembros de la Fuerza
Pública, tanto de efectivos de la Brigada XVIII acantonados en el
Batallón Navas Pardo y en la base militar los Naranjitos, en Tame,
como de la Estación de Policía de ese municipio.

Así mismo, el asesinato de unos de los testigos claves del caso Santo
Domingo, en Tame, ANGEL RIVEROS CHAPARRO, junto a MARIO GONZALES RUIZ
y HELIBERTO DELGADO, nos obligó a realizar una Jornada de
Movilización y Paro Cívico "Por el Respeto a la Vida y la Permanencia
en el Territorio Araucano" que concluyó con el Acta de Acuerdos y
Compromisos Cuna de la Libertad, firmada el 4 de marzo del 2002;
acuerdo en el que gobierno nacional se comprometió a realizar
esfuerzos para proteger la vida de los habitantes de Arauca, en
especial los de Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte; frenar la
expansión del proyecto paramilitar y dar nuevamente operatividad a la
Comisión Interinstitucional para la Superación de la Impunidad en
Arauca, creada por decreto presidencial y de carácter permanente, con
el único objetivo de hacer seguimiento e impulso a las
investigaciones en materia de violaciones de derechos humanos e
infracciones al Derecho internacional Humanitario; sin embargo, es
importante aclarar que hasta la fecha ni se ha protegido a la
población, ni se han neutralizado a los supuestos paramilitares, ni
el Decreto ha sido sancionado.



Apoyo de Naciones Unidas



La anterior situación, llevó a la Oficina de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, en cabeza del señor Anders Kompass, a tener una
presencia continua y seguimiento permanente a la situación de Arauca,
y ante la evidencia de los hechos, emitió dos acciones urgentes sobre
el departamento, una específica sobre Tame y otra sobre Cravo Norte,
donde se desatacaba el accionar de los supuestos paramilitares en un
entorno con importante presencia de la Fuerza Pública.



En ese mismo sentido, el Procurador General de la Nación, Edgardo
Maya V. a través de la Directiva 007 de abril 18 de 2002, solicitó a
los gobiernos nacional y departamental, así como a los organismos
estatales realizar acciones de seguridad urgentes y planes
preventivos en materia de derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario para el departamento de Arauca.



Sin embargo, a pesar de estas importantes recomendaciones nacionales
e internacionales, el gobierno nacional no ha dado respuestas
efectivas para detener la crítica situación; ante ello, nos vimos en
la necesidad de realizar tomas pacíficas de las Alcaldías Municipales
y Asamblea Departamental de Arauca, las cuales se levantaron en mayo
9 de los corrientes, ante la presencia de la Vicepresidencia de la
República, el Ministerio del Interior y el Jefe de la Unidad de
Derechos Humanos de la Fiscalía. En este proceso, es necesario
destacar la labor realizada por la Procuraduría General de la Nación,
organismo que recaudó directamente en la zonas afectadas, importantes
medios de prueba sobre las denuncias presentadas. En este contexto,
la Vicepresidencia se comprometió nuevamente a agilizar la sanción
del Decreto de la Comisión Interinstitucional y a poner en marcha un
plan preventivo y de alertas tempranas para el departamento.



No obstante estos compromisos y transcurridos dos meses, los
asesinatos y violaciones de derechos humanos se siguen presentando,
sin que el gobierno atine a ofrecer ninguna respuesta seria.



Retenes preocupantes



Se suma a la situación ya descrita varios hechos que también han sido
de conocimiento estatal y gubernamental sin respuesta alguna.



El pasado 31 de mayo de 2002, dos artefactos explosivos explotaron en
Arauca (centro urbano), dejando como consecuencia muertos, heridos y
daños materiales al edificio de la gobernación y casa aledañas. De
igual forma se siguen presentando retenes de los supuestos
paramilitares en el puente sobre el río Tame, en la vía que de Tame
conduce a la Cabuya. Hechos denunciados ante los organismos de
control, a través de las acciones urgentes y alertas tempranas
correspondientes, ya que los retenes se han presentado a cinco
minutos del Batallón Navas Pardo de Tame.



De otra parte, el día 19 de junio de 2002 a las 5:50 p.m. fue
asesinado el Presidente del sindicato de la Salud ANTHOC del
municipio de Tame, cuando salía de sitio de trabajo, entorno que
contaba con cordones de seguridad instalados por la Fuerza Pública.
Igualmente, llama la atención, que en la vía que de Arauca conduce al
Complejo Petrolero de Caño Limón, en los sitios La Antioqueña, El
Rosario y Papayito se presentan retenes de supuestos paramilitares, y
hasta la fecha no se ha realizado ninguna acción para
contrarrestarlos, inacción que causa extrañeza, pues esta área se
encuentra dentro de la zona de seguridad del Complejo Petrolero de
Caño Limón, operado por la multinacional OXY, la que es protegida por
un fuerte control militar terrestre y aéreo, incluyendo constantes
sobrevuelos de helicópteros, aviones OV-10 y Sky Master.



Todo lo anterior llevó a las organizaciones sociales y pobladores de
esta Región a denunciar, a través de los medios de comunicación, el
día 21 de mayo de 2002, la presencia de aproximadamente 200 hombres
armados en esa zona, quienes realizan retenes a nombre de los
supuestos paramilitares y asesinaron a más de cinco personas en el
sitio Corocoro a finales de junio, sin que a la fecha se hayan tomado
las acciones pertinentes para contrarrestar este grupo.



Entre los hechos más graves cabe resaltar, el asesinato del doctor y
periodista EFRAIN ALBERTO VARELA NORIEGA, ultimado el día 28 de junio
de 2002, a las 4:30 p.m., por cuatro hombres armados con fusiles,
entre ellos el sicario FELIX BATA, quien se desempeñaba como escolta
personal del ex congresista JULIO ACOSTA BERNAL, en la vía que
conduce de Arauca capital a La Antioqueña, zona altamente
militarizada.

Además se ha anunciado que en Arauca capital un grupo de sicarios
comenzará a realizar crímenes a nombre de los paramilitares, grupo
que posee una lista de personas a ejecutar, en la que figuran
dirigentes sociales, políticos, sindicales, populares y comunicadores
sociales.

A este ambiente de zozobra y temor, se suma la amenaza a la
dirigencia política y administrativa por parte de las FARC, donde les
exigen a los alcaldes, concejales y diputados la renuncia masiva de
sus cargos, agudizando la crisis de gobernabilidad que tiene nuestro
departamento.

En consecuencia, solicitamos la solidaridad de los Pueblos, de los
defensores de los Derechos Humanos, de los países amigos, en busca de
una salida a la grave crisis de Derechos Humanos que afrontamos los
pobladores de Arauca, para poder contener este proyecto de
implantación del paramilitarismo y superar la crisis humanitaria;
ante lo cual se hace necesario:

1. Presentar solicitudes al gobierno nacional para que cumpla con los
Acuerdos firmados con los pobladores de Arauca y sancionen el decreto
presidencial que reactiva con carácter permanente la Comisión
Interinstitucional para la Superación de la Impunidad en Arauca.

2. Exigir a los organismos encargados de la seguridad que cumplan con
su papel constitucional. Igualmente solicitar a la Unidad de Derechos
Humanos de la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría
Delegada para los Derechos Humanos, investigar a los miembros de la
Fuerza Pública que por acción u omisión han permitido la operatividad
y accionar de estos supuestos paramilitares.

3. Solicitar a los organismos internacionales, la intervención para
que los actores del conflicto no incluyan en sus acciones a la
población civil y se respete las normas y principios del Derecho
Internacional Humanitario.

4. Reclamar al gobierno nacional implemente un Plan de prevención y
protección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
tendiente a garantizar la Vida, los Derechos Humanos y la Permanencia
en el Territorio Araucano.

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