Ante la paramilitarización de la Guerra Civil colombiana y la utilización de técnicas de exterminio selectivo y masivo de la población civil.

La situación de los defensores de derechos humanos sólo puede agravarse y, en muchos casos, las amenazas, intimidaciones, seguimientos y difamaciones son el presagio de situaciones más graves. El triunfo de Uribe Vélez no hace más que confirmar una tendencia creciente y que consiste en ver en los defensores de derechos humanos el enemigo encubierto que es necesario eliminar.

El discurso político jurídico que se ha favorecido en Colombia, y que tiene sorprendentes apoyos en la diplomacia de varios países, entre ellos Estados Unidos y España, tiene una lógica interna que trata de que la guerra civil colombiana siga los parámetros de las guerras civiles de El Salvador y Guatemala.

Para ello se han elaborado lecturas del conflicto que son similares a la de aquella época y que tienen como finalidad prestar la cobertura de imagen a lo que allí debe ocurrir.

En primer lugar, se ha convertido la guerra civil en un conflicto armado sin aplicación de las normas internacionales; para ello se ha utilizado la vía consistente en la aplicación del Protocolo II Adicional a las Convenciones de Ginebra y en no reconocer, en ningún caso, que existe un conflicto armado que lleva 38 años y que, según todos los expertos militares, nadie está en disposición militar de ganar.

Las consecuencias de esta lectura conducen al no reconocimiento de beligerantes: sólo hay bandas armadas ilegales. Este argumento se vuelve insostenible en Europa, donde en el conflicto de la ex Yugoslavia, hasta un grupo como el ELK (KLA/UCK) de Kosovo, fue reconocido por los Estados Unidos y las otras potencias como "beligerante" y parte de un conflicto internacional.

La consecuencia directa de este discurso es que permite el recurso a las doctrinas antiterroristas utilizadas por el conocido método de la doctrina de la "seguridad nacional", lo cual es usado para criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil que no son parte en el conflicto armado.

Esta lectura diplomática, política y militar del conflicto permite criminalizar a los movimientos sociales y perseguir a los defensores de derechos humanos que pasan a ser vistos, sin exepciones, como parte de los grupos ilegales, dado que la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional de derechos humanos es excluída del discurso.

Los grupos paramilitares que, en un conflicto internacional, no sólo serían ilegales, sino que serían considerados como mercenarios, actividad que "per se" puede ser considerada delito internacional, pasan a ser el eje estratégico de esta forma de exterminio; la utilización del paramilitarismo es defendida como un arma legítima frente a la actuación de organizaciones armadas que, conforme a este discurso, no tienen ningún párametro de validación jurídica a pesar de pretenderse negociar con ellos la salida a la guerra y encontrar un camino a la paz que incluya a toda la sociedad colombiana.

Es éste el análisis que hacen los que promueven el paramilitarismo como forma de solucionar el conflicto militar y político y que tiene como finalidad lograr que se llegue a la firma de la paz sin necesidad de un triunfo militar de ninguna de las dos partes y sin necesidad de un proceso de paz a la luz de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; tampoco sería necesario juzgar los crímenes que el derecho internacional de derechos humanos tiene, no sólo tipificados, sino que existe jurisprudencia internacional suficiente para poder ser utilizada en un tribunal. Para los que defienden este discurso, como el actual responsable de la Política latinoamerica del Departamento de Estado, Otto Reich, el caso se podría cerrar adoptando como modelo el tribunal de Kilalí, que permitió que las operaciones criminales de la Contra nicaragüense fueran juzgadas por los propios comandantes de la Contra con la finalidad evidente de impedir la imputación de oficiales estadounidenses en la jurisdicción penal de los Estados Unidos. La existencia de este tipo de operaciones fue confirmada por auditores jurídicos del ejército norteamericano y por un oficial del Estado Mayor de la Contra, que hizo las veces de fiscal instructor. Este marco falsamente jurídico, fue instrumentado por los asesores del entonces Preidente Bush en 1981.

En este modelo diplomático y político la "variable de ajuste" es el exterminio de la población civil, en forma selectiva en el caso de los movimientos sociales e indiscriminada en las zonas rurales. De lo que se trata es de provocar una cantidad de muertos tal que sea insoportable políticamente por parte de los movimientos armados y éstos, se vean obligados entonces, a firmar una paz controlada y que garantice la impunidad de los actores ilegales del conflicto, leáse paramilitares y responsables de crímenes contra la humanidad, y, por otro lado, garantice la no inclusión de los militares dentro de los posibles acusados y mucho menos de las autoridades civiles.

Este modelo fue el utilizado en Honduras, El Salvador y Guatemala durante las guerras civiles y fue puesto en funcionamiento y modelizado en gran parte por los oficiales argentinos y sus colaboradores civiles, estando financiado y apoyado por la CIA y el Departamento de Estado.

En este escenario apocaplíptico sólo falta saber cuántos cientos de miles de muertos calculan los sociológos y antropólogos militares que son necesarios para destruir la parte de la sociedad colombiana que se considera "blanco legítimo" desde el punto de vista de las operaciones encubiertas y que son asignadas a los paramilitares para su eliminación en la forma que más terror provoque en la población civil.

Es por ello que es indispensable apoyar todas y cada una de las medidas que permitan la protección de la población civil y para ello es necesario fortalecer, ayudar y proteger a los defensores legítimos de derechos humanos que, como en el caso que nos ocupa, tienen el reconocimiento nacional e internacional desde hace años; no hay que permitir la criminalización de un conflicto que lleva ya 38 años de crueldad

No se trata de respetar el derecho internacional humanitario, que es sólo un mínimo necesario en caso de guerra. De lo que se trata es de que se aplique y se respete el derecho internacional de derechos humanos, que es la condición necesaria para que exista un estado de derecho y se reconozca abiertamente que estamos ante un conflicto internacional y que, por lo tanto, deben utilizarse todos los mecanismos previstos por la Carta de las Naciones Unidas en estos casos. Sólo estos mecanismos ofrencen garantías ciertas de protección a la población civil.

El gobierno colombiano sabe que ante el informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos sobre los sucesos de Vigía del Fuerte hubo una reacción tan fuerte en su contra que se amenazó con asesinar a personal de la oficina del Alto Comisionado de las ONU para Derechos Humanos en Bogotá, temiéndose seriamente por su vida, lo que provocó la intervención en forma urgente de la Alta Comisionada, Mary Robinson.

Existe una línea clara entre el derecho internacional de derechos humanos y el derecho penal ordinario que surge de Nuremberg y que está fortalecida por las sentencias del Tribunal de la ex Yugoslavia; la jurisprudencia de este Tribunal permite saber y aprehender que los crímenes contra la humanidad existen y están calificados y definidos. No puede haber dudas de que delitos como el narcotráfico u otros delitos comunes, deben ser juzgados con los parámetros de la justicia ordinaria. Querer mezclar estas cuestiones no lleva más que a la confusión y a la no utilización de los recursos jurídicos reales; se trata simplemente de ejercicios dialécticos para conseguir la impunidad de todos los criminales.

Y haciendo nuestras las palabras de Cesare Beccaria (1738-1794) decimos que: "Mostrar a la humanidad cómo los crímenes son perdonados y cómo el castigo no es su necesaria consecuencia, equivale a alimentar la lisonjera esperanza de la impunidad".

Por todo ello, hemos tomado la decisión por nuestra parte, de difundir internacionalmente el informe sobre la situación de los abogados del mayor y más organizado organismo de derechos humanos de Colombia en el campo del derecho de los derechos humanos, como es la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" y solicitamos a todos los organismos de derechos humanos de América Latina y del resto del mundo que hagan un esfuerzo intencionado y permanente por exigir la garantía de las vidas y del libre funcionamiento de los defensores de derechos humanos y, especialmente, los de este Colectivo.

Para ello rogamos lean detenidamente el informe que distribuimos y adopten las medidas a corto, mediano y largo plazo para hacer frente a esta nueva amenaza cierta de guerra sucia y encubierta en América Latina. Rogamos también que soliciten por los medios que consideren necesarios, al gobierno colombiano, la implementación de todas y cada una de las medidas por ellos solicitadas, así como que se garantice la vida de todos los sindicalistas, activistas sociales y miembros de organismos de defensores de derechos humanos que son, en este momento, blanco de los planes sistemáticos de exterminio selectivo.