Las organizacionesfirmantes, representantes de las comunidades indígenas, afrodescendientesy campesinas de la región del Naya (municipios de Suárez y Buenos Airesen el departamento del Cauca y Buenaventura en el Valle), conjuntamentecon las organizaciones sociales, la Iglesia y ONGs de Derechos Humanos,alertamos a la opinión pública nacional e internacional sobre el riesgoinminente en que nuevamente se encuentra la población de los ríos Naya,Yurumanguí, Cajambre, Raposo y demás ríos de esta región, por efectos delconflicto armado en Colombia.

Hace un año y tres meses, en represalia por los secuestros cometidos enla iglesia La María y en el km. 18 de la vía Cali-Buenaventura por elgrupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, un grupointegrado por más de cien paramilitares recorrieron durante tres días laregión del Naya, cometiendo una atroz masacre en la que perdieron la vidasegún la fiscalía cerca de 50 personas (según las comunidades más de100). A pesar de las advertencias presentadas oportunamente por lascomunidades ante el gobierno nacional, las fuerzas armadas del Estado nohicieron nada por impedir tan anunciada masacre. A raíz de esos hechos,se presentaron desplazamientos masivos de la población y aunque muchosretornaron a sus tierras, aun hoy día quedan muchas familias desplazadasviviendo en la plaza de toros de Santander de Quilichao y en otrosrefugios temporales, sufriendo todo tipo de necesidades, sin poderretornar por falta de condiciones de seguridad y enfrentando amenazas demuerte para sus dirigentes.

A raíz de un nuevo secuestro el de los diputados de la Asamblea delValle-, esta vez por cuenta de la guerilla de las FARC, nuevamente seagudiza el problema en toda la región del Naya, por lo cual se hanincrementado los asesinatos selectivos, la violación de derechos humanosy del derecho internacional humanitario, enfrentándose también el peligrode una nueva masacre. Los siguientes hecho! s ilustran la situación:

• El Ejército y la ArmadaNacional dicen que tienen controlado todo el territorio, pero losparamilitares mantienen sus puestos de control y en algunas ocasiones seles ha visto patrullando conjuntamente, como se denunció ante los mismosmilitares el 5 de junio.
• Ejército y Armada estánhaciendo listas de personas y amenazan a la gente que si no les informansobre los guerrilleros, después vendrán los paramilitares y los haránhablar. Esto preocupa enormemente, pues en ocasiones anteriores losparamilitares han llegado con listas similares a buscar sus víctimas.
• Paramilitares y fuerzasarmadas están restringiendo severamente la entrada de alimentos a lazona. Debido a las grandes distancias, el peligro y la falta detransporte (ya que la zona no tiene carreteras), la población no puedeestar saliendo a comprar víveres.
• Si bien la violencia seejercía mayormente contra los hombres, ahora se está dirigiendo tambiéncontra las mujeres, como ocurrió con el secuestro de la dirigenteindígena Irma Ramos por parte del ELN.
• Por su parte, los gruposinsurgentes ELN y FARC continúan tratando de imponer su autoridad armadasobre la población, cometiendo arbitrariedades, violando el derechointernacional humanitario y poniendo la región en peligro de nuevasrepresalias por parte del Estado y los paramilitares.
• Las entidades estataleshan incumplido reiteradamente los compromisos y obligaciones relacionados! con la protección, la seguridad para el retorno y la estabilización dela población desplazada.
• A lo anterior se suma quela Universidad del Cauca, aunque nunca ha hecho presencia en la regióndel Naya, resultó reclamándose dueña de esta región por una concesiónminera dispuesta por el general Santander de 1.827. Esto desconoce elderecho de las comunidades asentadas allí desde mucho antes y sirve depretexto para que el Estado no legalice esas tierras a favor de suspobladores.

Los hechos mencionados evidencian que la población del Naya está siendovíctima de todos los actores armados: ejército, fuerza naval,paramilitares, ELN y FARC. Mientras la fuerza pública y los paramilitaresacusan a los pobladores de ser guerrilleros, los guerrilleros lossindican de paramilitares. Todos los grupos armados imponen su autoridad,desconociendo las autoridades propias de las comunidades y persiguiendo asus líderes, de los cuales ya varios han sido asesinados y los demásestán en peligro inminente. Una nueva masacre ha sido anunciada. Perotememos que esta vez las fuerzas armadas del Estado tampoco hagan mayoresfuerzo por impedirla, a pesar de que La Defensoría del Pueblo emitió el11 de Julio una Alerta Temprana (No 063). Si bien, no se ha presentado unnuevo desplazamiento masivo, muchas familias están abandonando la región,individualmente y en silencio, por lo cual ni siquiera van a serreconocidos oficialmente para recibir la mínima atención que el Estadoofrece a quienes han sufrido desplazamiento.

Ante esta situación, hacemos un llamado de ALERTA a la comunidad nacionale internacional para tratar de evitar tan graves hechos y para que loscrímenes que ya ocurrieron no queden en la impunidad. Apelamos a susolidaridad para que estos hechos sean ampliamente difundidos y que todoslos organismos de Derechos Humanos se pronuncien ante el EstadoColombiano y se denuncie igualmente la brutalidad de ! los paramilitaresy de los grupos insurgentes.

Pedimos a todos los grupos armados (oficiales, paramilitares einsurgentes) respetar el derecho de la población a no comprometerse conninguno de ellos; que no sigan escudándose cobardemente en la poblacióncivil y poniéndola como objetivo militar; que se respeten losterritorios, la autonomía de las comunidades, los derechos humanos y elderecho internacional humanitario.

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; Proceso deComunidades Negras; Palenque de Buenaventura; Consejo Regional Indígenadel Cauca, CRIC; Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca,ACIN; Organización Regional Indígena del Valle, ORIVAC; Asociación deCabildos Indígenas del Valle del Cauca, Región Pacífica, ACIVA R-P.