Son las "Convivir", en teoría cooperativas de vigilancia privadas, en realidad milicias contra la guerilla, las que ahora Uribe quiere revitalizar. Este es el primer artículo de un reportaje que la revista "Latinoamerica" dirigida por Gianni Minà, publica en el número 79/80 de agosto 02.

Un ojo inquisidor en un triángulo.... Este símbolo ha representado desde 1994 a 1997 a las Convivir, una especie de "Gran hermano" masónico a la colombiana.

Creadas por un decreto en febrero de 1994, y llamadas Convivir a partir de 1995, son definidas cooperativas de vigilancia y seguridad "privadas", oficialmente destinadas a ayudar a la autoridad a luchar contra los grupos armados ilegales. En realidad son fuerzas auxiliares contrainsurgentes del ejército y de la policía, generalmente financiadas por los grandes propietarios de tierra, que en la época quisieron librarse del impuesto revolucionario y de la "agitación subversiva".

Superchivatos del Estado, los miembros de Convivir serían, en teoría, dotados con armas "defensivas". En 1996, en cambio, la Administración colombiana había autorizado la adquisición de 422 metralletas, 373 pistolas de calibre 9 mm, 217 fusiles de asalto, 70 fusiles, un centenar de revólveres y algunos lanzagranadas, morteros y granadas de fragmentación. Nada que ver con la escopeta de caza de un "campesino indefenso" contra la guerilla. Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquía y su jefe de gabinete, Pedro Juan Moreno Villa, han sido los fervientes defensores de las Convivir, según algunas versiones, Pedro Juan Moreno fue de los que inspiraron al gobierno Samper el decreto de su creación. Con el gobernador Uribe, fueron creadas en Antioquía setenta cooperativas Convivir, un unos sesenta según el departamento. Es difícil conocer la cifra exacta, la identidad de los chivatos no es registrada como tampoco el nombre de las Convivir. Estas organizaciones semiclandestinas, actúan a menudo en la sombra. En la mayoría de los casos, los alcaldes de la época no han sido informados de la creación de las cooperativas en su ayuntamiento.

Cuando protestaron, Pedro Juan Moreno Villa les ha contestado que la ley no obligaba a informarlos. Un misterio que pone en duda sobre la legitimidad de éstos grupos muy bien armados, es que tienen entre sus jefes a ex policías destituidos por sus superiores o guerrilleros desmovilizados, acostumbrados a las artes de la guerra. Bien pronto, las ONG y la ONU se han alarmado por la importancia que tomaban las Convivir. Desdichadas denuncias. Álvaro Uribe repitió que estos grupos permitieron a la población colaborar con las instituciones del Estado. "La autoridad debe ser fuerte y constante. Sin esta condición, no habrá paz ni orden", contestó a la Iglesia colombiana, preocupada por estos grupos armados clandestinos. "Queremos que estas patrullas estén presentes en todo lugar", ha afirmado en diciembre de 1996 en una entrevista concedida a la revista Alternativa.

La misma revista ha comprobado que las Convivir prosperaron en las tierras de los narcotraficantes y en las zonas estratégicas para las grandes empresas de la región dónde, en aquellos años, los paramilitares se establecieron con fuerza". Las autodefensas son la madre de las Convivir" "Gracias a las Convivir, Uribe dio explícitamente una cobertura legal a la justicia privada. Todo lo que era clandestino, la vigilancia de las plantaciones y los comandos populares se hicieron legales", ha admitido Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartado, bajo la administración Uribe. Por otra parte, los promotores de las cooperativas de seguridad fueron los que defendieron hace algunos año a los grupos paramilitares de la confederación de ganaderos y de las empresas bananeras. Una unión que no repretentó1 problemas éticos a algunos de los cargos electos de aquel momento. "Las cooperativas de autodefensa, que han hecho del Magdalena medio un oasis de paz, son las precursoras, la madre de las Convivir" ha recordado el delegado Guillermo Martínez Guerra en un debate en el Congreso.

Otra crítica hecha a las Convivir es el haber implicado directamente en el conflicto a centenares de civiles y de haber privatizado el mantenimiento del orden público, normalmente competencia exclusiva del Estado. La Corte Constitucional, que en noviembre de 1997 examinó los decretos de autorización, decidió sólo mantener las Convivir a condición que no utilizaran armas pesadas, reservadas al ejército. "A pesar de todas las denuncias, las Convivir no han sido declaradas nunca ilegales. Sólo han desaparecido porque las licencias que les fueron concedidas por un tiempo determinado "no han sido renovadas", aclaró el abogado Fernando Valencia de la ONG Corporación Jurídica de Medellín. Sin embargo, como en Apartado, algunos grupos de vigilancia han mantenido el nombre de Convivir.

En la mayoría de los casos, las armas no han sido recuperadas por las autoridades y los equipos de comunicaciones han quedado en las manos de las viejas Convivir, que han seguido actuando como empresas de seguridad, o se han unido a las filas de los paramilitares. Una de las Convivir, surgida en la época en el cercano departamento de Cordoba, llevó el nombre de "Salvador Mancuso". Hoy, Salvador Mancuso se ha convertido en el jefe militar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Un detalle que ciertamente no es probatorio. Con la reaparición de las Convivir en el programa electoral en el capítulo titulada "Seguridad democrática", Álvaro Uribe ha presentado un proyecto de "red ciudadana por la prevención del delito y la promoción de la vida en común", constituida por un millón de civiles, que preveía abiertamente la reactivación de las Convivir. Después de haber prometido la "teoría clásica" según la cual el Estado tiene que detentar el monopolio de la fuerza, el texto aseguraba: "No, no habrá militarización de los civiles - afirmó - la red no tiene oficialmente "carácter ofensivo" y no tomará parte en las operaciones del ejército. Pero tendrá que elaborar con la policía los programas "de acción contra los delincuentes"". Fue un discurso genérico con el que las autoridades también indicaban a los grupos armados. Para el uribismo, esta red debería contar con 200.000 personas en las ciudades y 150.000 en pequeños pueblos y aldeas dentro de las juntas de acción municipal, además transforma a 200.000 choferes del transporte público y privado en "informadores" equipados con radioteléfonos. Otros 100.000 voluntarios deberán ser movilizados en los barrios por la Red Ciudadana de Policía Civil colombiana. Habrá así 650.000 civiles que se volverán igualmente informadores potenciales del Estado.

Uno de los riesgos es que la guerilla los identificará enseguida como objetivos militares. Pero Álvaro Uribe no los dejará desarmados. Al principio, el proyecto preveía que las redes ciudadanas utilizarán "el equipo de seguridad necesario". Obviamente "a condición de tener las licencias y las autorizaciones correspondientes", concedidas por el poder local. Sin embargo, la Red Ciudadana de Policía Cívil, que es "actualmente un cuerpo armado", debería convertirse en una fuerza de 150.000 hombres "dotada con los elementos necesarios para la prestación del servicio". El texto no ha precisado cuáles deberían ser estos elementos. Al mismo modo, ha omitido explicar como se hará el alistamiento de los 200.000 miembros de empresas de seguridad privadas "legalmente" reconocidos cuando en el momento no hay más de 120.000, de los cuales la mitad actúan en la ilegalidad. ¿Hará falta multiplicar por dos los porteros de viviendas?

Pero el aspecto más peligroso es la reactivación de las Convivir. El proyecto prevé, en efecto, la creación de una "red de servicios especiales de seguridad" y de "servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada." Las dos figuras están definidas por el "decreto 2794 de 1997" que retoma palabra por palabra el decreto 356 de febrero de 1994, el mismo que ha dado vida a las muy controvertidas Convivir.