Bogotá, Septiembre 16 de 2002
Mientras las Fuerzas Militares y de Policía obstruyen la libre movilización en Cauca, Sucre, Tolima y Caldas entre otras regiones, grupos paramilitares instalan retenes e intimidan la población, poniendo en riesgo la integridad de las personas. Pese a que el Gobierno nacional ha autorizado la movilización y Naciones Unidas ha pedido que se brinden garantías y protección a los marchantes, las autoridades civiles y militares no han hecho lo suficiente para proteger y garantizar el derecho de movilización y protesta del campesinado. Desde la semana pasada, organizaciones de derechos humanos interpusieron el recurso de Alerta Temprana a raíz de la declaratoria de objetivo militar proferida contra los marchantes por grupos paramilitares.
En diferentes regiones del país se han presentado detenciones de campesinos y campesinas inclusive de observadores internacionales, como sucedió en el departamento de Sucre en Chalán, en las horas de la mañana del día de hoy. El Batallón de Infantería # 5 de Chalán tiene retenidos en la plaza del pueblo a Daniel Justo Gutiérrez y a Ana Andrés Ablanedo, pertenecientes a la organización no gubernamental española SODEPAZ , y al secretario general de Fensuagro Rudy Robles. En La María - Piendamó, Cauca, el Ejército ha detenido a numerosos campesinos. En el Tolima, las principales vías de acceso a las carreteras principales han sido bloqueadas por el Ejército, 7.000 campesinos están retenidos por el Ejército en cercanías de Icononzo. En Pasca, Cundinamarca, el Ejército colocó carteles prohibiendo la movilización campesina.
A escasos 15 minutos de Popayán, en el Tambo, los paramilitares han instalado un retén en el que están incautando alimentos, inmovilizando vehículos y reiterando amenazas de muerte contra quienes participen de la marcha. En inmediaciones de Balboa, Cauca, han instalado otro retén en el paso obligado de los campesinos, lo que ha impedido que los marchistas avancen. En Totoró, el Ejército y la Policía detuvieron la movilización proveniente de Inzá y Paez. en jurisdicción de Chalán, Sucre, además de las detenciones del ejército, los paramilitares han obligado a que los pobladores permanezcan encerrados en sus casas bajo amenaza de muerte si participan en las marchas.
Estos y otros hechos intimidatorios y violatorios a los derechos de movilización y libre expresión serán presentados en la Rueda de Prensa de esta tarde.
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El Gobierno nacional declaró ilegales los paros adelantados por los bomberos de los aeropuertos y los empleados judiciales, que secundaron la protesta realizada este lunes por trabajadores estatales y campesinos del país, al tiempo que advirtió sobre la aplicación de severas sanciones para quienes participaron en la jornada de protesta.
El ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, leyó la noche de este lunes un comunicado oficial sobre el día de protesta convocado por los empleados estatales, con apoyo de organizaciones campesinas, en rechazo a las reformas laboral y pensional que tramita el Congreso a petición del Gobierno del presidente Alvaro Uribe.
Londoño informó que cuatro extranjeros, cuya identidad no fue revelada, fueron detenidos en los departamentos del Cesar y Tolima, ya que "participaban activamente en la organización de las marchas de protesta", y añadió que "serán deportados de inmediato".
Horas antes, la Armada confirmó que el domingo fueron arrestados en el departamento de Sucre "dos personas, presuntamente de nacionalidad española", que están siendo investigadas por supuestamente instigar a campesinos del municipio de Chalán a participar en la protesta. Los dos detenidos, Daniel Bustos Gutiérrez y Ana Andrés Ablanedo, "manifestaron ser miembros de las ONG "Sol de Paz Pachakuti" y "Sol de Paz de Asturias".
El Gobierno lamentó la participación en la jornada de paro de los bomberos asignados a los aeropuertos, lo que produjo trastornos en las operaciones aéreas nacionales e internacionales, y subrayó que el hecho constituyó una "inaceptable agresión contra los usuarios de ese servicio público esencial".
"Ya se declaró la ilegalidad de ese paro y se impondrán a sus ejecutores las sanciones que la Ley consagra para tales casos", señaló Londoño, al recordar que la Constitución Nacional no permite la suspensión de los servicios públicos que se consideren "esenciales". Agregó que "la misma disposición se tomará con algunos jueces que no se presentaron a sus despachos".
Por su parte, las centrales obreras calificaron la jornada como "un éxito total" y aseguraron que en ella participaron cerca de 700.000 empleados estatales de los sectores de telecomunicaciones, petróleo y salud, así como los profesores y jueces.
La Coordinación de la Movilización Nacional Campesina denuncia, que en algunas regiones de Colombia autoridades militares y de policía, y en otras grupos paramilitares, están tratando de impedir por la fuerza, la pacífica movilización de los campesinos y campesinas de Colombia. La represión contra el campesinado se realiza al amparo de los últimos Decretos expedidos en el marco de la Conmoción Interior decretada por el gobierno. Hoy se anunció que en 14 Departamentos se aplicarán rigurosas medidas excepcionales, decretando "Zonas de Rehabilitación y Consolidación". Denunciamos que la verdadera intención es convertir estas zonas en teatros de guerra, y además, en ellas se otorgarán facultades de policía judicial a la Fuerza Pública.
En el Departamento del Cauca, grupos paramilitares con la abierta complicidad de autoridades militares y de policía, están tratando de impedir la pacífica movilización de los campesinos y campesinas de La Vega, Argelia, Balboa, Corinto, Piendamó y El Tambo. Los grupos paramilitares han instalado retenes en algunos lugares, en los que están incautando alimentos e inmovilizando los vehículos, y profiriendo amenazas de muerte a quienes participen de la marcha. El Ejército ha detenido a numerosos campesinos en La María - Piendamó.
En el Departamento de Sucre, el Ejército ha instalado retenes en el municipio de Colosó, donde se ha dedicado atropellar al campesinado, y ha realizado anuncios que no permitirá la protesta social. En este mismo Departamento, en Chalán, grupos paramilitares están obligando, bajo amenaza de cometer una masacre, a que los campesinos se refugien en sus casas y no marchen.
En el Departamento del Tolima, el Ejército ha prohibido la salida de vehículos en casi todos sus municipios y está amenazando a los campesinos que intentan buscar otros caminos. En el oriente de este departamento, el Ejército y la Policía ha decomisado los alimentos pertenecientes a la pacífica movilización agraria.
En el Departamento de Caldas, han sido retenidas por el Ejército aproximadamente 90 familias pertenecientes a comunidades indígenas, por el solo hecho de haber acudido a la movilización. Los grupos paramilitares han anunciado que asesinarán a quien participe en esta movilización.
En Cundinamarca y Boyacá, fueron impedidas las marchas de jovenes campesinos y de estudiantes, que pretendían caminar desde Tunja a Bogotá para participar en las protestas que han convocado las centrales obreras. Las carreteras han sido intensamente militarizadas y son sobrevoladas por helicópteros artillados en actitud provocadora. En el Sumapaz el Ejército está intimidando al campesinado y adelanta detenciones arbitrarias, mientras personas de civil, sin identificación alguna y que se mueven libremente han intentado detener (desaparecer?) a algunos líderes agrarios.
En atención de los anterior, las organizaciones campesinas y populares exigimos que cesen las amenazas, los atropellos y las detenciones, y que se permita la libre protesta social. También exigimos que cese la difusión de volantes y demás propaganda que el Ejército y organismos de inteligencia vienen propagando, criminalizando la pacífica protesta campesina.
Bogotá, Septiembre 15 de 2002, 4PM.
A: la comunidad nacional e internacional ong's de derechos humanos nacionales e internacionales organismos intergubernamentales
La Red de Derechos Humanos del Suroccidente colombiano "Francisco Isaías Cifuentes" hace constar que:
Los paramilitares del comando conjunto calima mediante comunicado a los Medios de comunicación fechado el 7 de septiembre de 2002 ha declarado objetivo militar a los lideres de la movilización social del suroccidente colombiano, movilización que las comunidades y organizaciones campesinas, populares y sindicales vienen preparando para el 16 de septiembre de 2002.
En este comunicado también manifiestan que no están dispuestos a permitirle a las comunidades participar de esta jornada porque de lo contrario serán también declaradas objetivo militar. Esto sumado a las medidas estipuladas por el gobierno nacional en el marco del estado de conmoción interior que atentan contra los derechos fundamentales amparados por la constitución y el derecho internacional de los derechos humanos; las declaraciones de la ministra de defensa Martha Lucia Ramírez y otras autoridades militares que insisten en señalar esta jornada como una actividad de la guerilla, pone en alto riesgo la vida e integridad de los lideres, las comunidades y demás organizaciones participes en esta movilización.
Responsabilizamos al estado colombiano por cualquier acción encubierta y/o atentado contra la vida y la integridad contra alguno de los lideres, voceros, negociadores , miembros de organizaciones sociales, sindicales, populares y/o contra las comunidades que participen de esta gran jornada de protesta nacional.
La movilización social del suroccidente colombiano 2002 se realiza en uso del legitimo derecho a la protesta social y debe ser reconocido y respetado por el estado colombiano evitando cualquier acción represiva en su contra.
Al ministerio del interior, le solicitamos:
Solicitamos:
A la comunidad internacional:
A la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de naciones unidas, la Acnur, la delegación de la cruz roja internacional y demás organismos internacionales de ayuda humanitaria:
A las organizaciones de derechos humanos:
Red de Derechos Humanos del Suroccidente colombiano "Francisco Isaias Cifuentes"
12 de septiembre de 2002.
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