www.agp.org | archives | alca | noticias.nl | El agua: un derecho de todos

En Bolivia, al igual que en el resto de los países del continente, a partir de la década de los ochenta, se implementa el modelo económico neoliberal como una forma de reacomodo de las fuerzas reaccionarias en el ámbito mundial, que agrupadas en los países más poderosos del mundo, los organismos financieros internacionales y las más grandes transnacionales, que sólo buscan dominar al mundo, explotar nuestros recursos naturales y aumentar sus ganancias.

Gracias a esta política, los bolivianos, como el resto de los países pobres del mundo, hemos sido despojados de todo nuestro patrimonio y nuestros recursos naturales, producto del esfuerzo colectivo de hombres y mujeres.

Nos robaron nuestros medios de transporte, las carreteras, las comunicaciones, los hidrocarburos, las fábricas, nuestras tierras y no contentos con esto, las transnacionales, y el Banco Mundial, asociados a los grupos de poder locales gubernamentales, quisieron quitarnos el agua para convertir este recurso vital en un negocio.

En Cochabamba, Bolivia, centro de mi país, con más de un millón de habitantes y su centro urbano con más de 600.000, sufrimos desde hace más de 50 años, una escasez de agua. El tema de su dotación ha sido utilizado por políticos y empresarios para manipular a la población en función de sus intereses económicos y de dominación.

Aprovechando la fiebre privatizadora los políticos gobernantes de nuestro país se asociaron con la transnacional Bechtel, y con el aval del Banco Mundial, que expresamente prohibió al gobierno boliviano cualquier tipo de subvención en la solución al problema del agua en Cochabamba, se procedió al incremento de las tarifas de agua.

El contrato de privatización estuvo acompañado de la promulgación por parte del Parlamento Boliviano de una "Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario". Ambas acciones estatales, se produjeron bajo un proceso absolutamente oscuro y corrupto, que ocasionó el rechazo de la población.

La falta total de credibilidad en políticos, empresarios y en las "organizaciones tradicionales" de la sociedad y por su abierto compromiso de éstas con la privatización del servicio de agua, condujo a que campesinos, grupos medio ambientalistas, profesionales y trabajadores de la ciudad como obreros de la manufactura y maestros conformen una coalición denominada: "Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida".

Esta coalición surge a convocatoria de los pobladores del campo y la ciudad, que por un elemental sentido de defender las necesidades vitales, como el acceso al agua, llaman a la población a unirse.

La coordinadora convoca a la población bajo la premisa de que es urgente comenzar a desplegar acciones conjuntas, entendiendo que cada sector no tiene la fuerza suficiente como para resistir por separado, que no hay salvación individual y que el bienestar social se conseguirá para todos o no se conseguirá para nadie.

En la Coordinadora están representados los campesinos regantes (agricultores), comités, cooperativas de agua y de la ciudad y del campo que no estaban conectados a la red central y que se han dado modos de acceder a este servicio, representa también a la gente que ya esta conectada a la red pública y que es su momento consideró que las tarifas eran impagables, exageradas y abusivas.

En esta coalición también están representados los trabajadores sindicalizados, quienes con su experiencia aportan en las formas organizativas en los momentos de conflicto.

La Coordinadora habla a nombre de la población que se siente ignorada, excluida, menospreciada, aquella que hasta antes de la denominada "Guerra por el Agua" hace un año atrás, no encontraba espacio para opinar, discutir y exponer sus sufrimientos, sus realidades y sus esperanzas.

Hemos encontrado que las asambleas, cabildos y barricadas son el instrumento principal de lucha y liberación. Esos han sido los lugares donde nos hemos dado cuenta que no sólo basta recuperar la dignidad, donde no sólo hemos hecho posible la recuperación de nuestra propia voz, sino ante todo, nos hemos dado cuenta que las actuales condiciones de existencia son, entre otras cosas, producto de ese gigantesco robo llamado "privatización".

La Coordinadora es el lugar donde la gente sencilla y trabajadora, ha comprobado que sólo a través de la organización, la solidaridad, la confianza mutua, se puede perder el miedo, darle un verdadero contenido a la democracia, recuperar y reapropiarnos de lo nuestro y transformar nuestra situación, nuestra realidad.

Democracia para nosotros, en términos sencillos, es: ¿quién decide? ¿Unos cuantos políticos y empresarios o nosotros, el pueblo sencillo y trabajador? En el caso del agua nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones.

Bajo estos conceptos, el pueblo cochabambino inició sus acciones en contra de la privatización del agua. Movilizaciones conjuntas del campo y de la ciudad comienzan el 11 de enero de 2000, con un bloqueo de carreteras que duró cuatro días. Ya no es el movimiento sindical de trabajadores organizados el contexto principal de discusión, es el nuevo mundo del trabajo que ha creado el modelo el que ha salido a las calles, fueron los informales y la informalidad, los que han tomado el espacio, han tomado el tiempo, pero sobre todo han tomado la palabra.

Al cabo de esta primera lucha se consigue firmar un acuerdo con el gobierno en el que éste se compromete a revisar tanto la ley de agua potable como el contrato con Aguas del Tunari.

Días antes de estas movilizaciones se había producido un incremento en las tarifas de agua entre un 35 al 300 % en algunos casos. Para las familias el incremento significaba que cada una de ellas debía pagar, como promedio, una quinta parte (20%) de sus ingresos sólo para pagar la cuenta del agua.

Una segunda movilización en febrero que duró dos días, logró desbaratar este incremento tarifario, después de intensa lucha en las calles de la ciudad entre policías y pobladores.

En marzo de 2000 se realizo la inédita "consulta popular", que fue la primera en la historia del país. A ella concurrieron de manera voluntaria y participativa más de 50.000 personas que dijeron con claridad que el consorcio debía irse y la ley de agua confiscadora y privatizadora debía modificarse.

En una tercera movilización, iniciada el 4 de abril, denominada la "ultima batalla", y después de ocho días bloqueando las carreteras y de la ocupación de la ciudad por parte de la población (el ultimo día se logro movilizar 100.000 personas) al centro de la ciudad, se logró expulsar a la transnacional y se modificó sustancialmente la ley de agua potable, sobre la base de una propuesta propia de la Coordinadora, constituyéndose en la primera victoria del pueblo en contra del modelo, luego de 15 años de derrotas.

Pero para conseguir esta victoria, no solo tuvimos que enfrentar a la policía, sino también al ejército que utilizó franco tiradores quienes mataron a un joven de 17 años (Víctor Hugo Daza) e hirieron de bala a más de 100 personas.

En Bolivia, sin estas luchas y esta victoria, no se estaría hablando de construir una empresa operadora de agua "autogestionaria" y con control social, en pleno neoliberalismo.

Sin embargo, la guerra por el agua no ha terminado: hoy estamos librando tareas con muchas dificultades. Hemos heredado una empresa con enormes deudas, técnicamente pobre, con el consorcio que reclama una indemnización por 25 millones de dólares en tribunales internacionales del Banco Mundial y un gobierno conformado por empresarios e intelectuales que desea tomarse "revancha".

Estos son los principales desafíos y es ahí donde necesitamos la solidaridad y el apoyo del mundo para demostrar que otro mundo es posible, que el pueblo es capaz de construir, proponer alternativas y tomar en sus manos la solución de sus problemas y decidir por sí mismo.

Después de la salida de Aguas del Tunari encontramos dos tipos de victoria: una económica, ya que el rechazo y congelamiento de las tarifas ha significado que en Cochabamba se queden más de 3 millones de dólares. Esto quiere decir que cada familia ahorra un promedio de 60 dólares por año. Esta cifra es importante si tomamos en cuenta que el gobierno en los últimos diez años ha aumentado los salarios de los trabajadores en un promedio de 5 dólares por año y cuando el salario mínimo nacional es de apenas 67 dólares por año.

La otra victoria es política, porque el pueblo hizo justicia. El individualismo, el aislamiento y el miedo desaparecieron bajo el espíritu de la solidaridad. Logramos reconstruir un tejido social que durante 15 años, y desde su implantación, el neoliberalismo fragmentó y destruyó.

¿Qué queremos después de abril? Queremos una verdadera democracia, queremos un gobierno que tome en cuenta nuestra opinión y decisiones en vez de las opiniones y los intereses de los organismos financieros internacionales y sus políticas neoliberales.

Que la victoria de los cochabambinos, ese esfuerzo colectivo de hombres y mujeres, sea tomada como una victoria de todos, no solo de los bolivianos y bolivianas, sino de todos aquellos que hemos imaginado y soñamos un mundo diferente al diseñado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio.

En este mundo cada día más globalizado, nuestras experiencias se hablan. Es imprescindible que nuestras luchas hagan lo mismo.