Hola amig@s: Hemos recibido en CODEHUCA por parte del Comité Costarricense de Derechos Humanos denuncia sobre un proceso judicial contra la regidora de Miramar, Puntarenas, por su oposicón a al minería de cielo abierto practicada en la zona. Por considerarlo de importancia remitimos a ustedes la denuncia de codehu. Saludos Pamela. ******************************************* C o m u n i c a d o d e P r e n s a 5 de Setiembre del 2001. El Comité Costarricense de Derechos Humanos(CODEHU) manifiesta su indignación por la violación a uno de los derechos fundamentales de la Humanidad, el derecho a la libre expresión. La Regidora puntarenense Marta Ligia Blanco Rodríguez fue acusada por Franz Ulloa Chaverri, Presidente y Gerente de Río Minerales, empresa subsidiaria de la transnacional minera canadiense Wheaton River Minerals Ltda., por el delito de difamación de persona jurídica. La Regidora Marta Blanco, es acusada de haber señalado durante la Sesión extraordinaria número 08, celebrada el día 18 de setiembre del 2000, que la empresa minera había cortado miles de árboles. Lo expresado por la Regidora fue mal interpretado con el fin de intimidar a quienes se oponen al proyecto. La empresa Río Minerales recibió los permisos ambientales a finales de enero de este año para abrir una mina de oro a cielo abierto en Bellavista, Miramar de Puntarenas, con el propósito de extraer 60 mil onzas anuales de oro durante 7,3 años, cuyo valor equivalente hoy es de 49.674 millones de colones ($ 150 millones). En los procesos de minería de oro a cielo abierto se procede a la demolición de montaña mediante explosivos y maquinaria pesada, las excavaciones pueden alcanzar 500 metros de profundidad y una extensión de 200 hectáreas. Este tipo de explotación minera desaparece la cobertura boscosa, y el material rocoso, se trata con cianuro para separar las partículas de oro. Por lo señalado y por lo que históricamente ha ocurrido en el mundo, si esta actividad se llegara a desarrollar en la zona, sería un golpe mortal para la biodiversidad existente en el cantón de Puntarenas. La actitud de la compañía minera Ríos Minerales S.A, demuestra temor ante la oposición de la mayoría de la comunidad a este proyecto, y principalmente, temor al consejo Municipal de Miramar, quienes valientemente han generado una discusión en torno al problema logrando la oposición de varios regidores, situación que afecta las pretensiones de la compañía, ya que sin el permiso municipal esta empresa minera no puede iniciar sus operaciones en el cerro Bella Vistas. El Comité Costarricense de Derechos Humanos pide al gobierno y al poder judicial que juzgue a quien debe juzgar, a los delincuentes comunes y todos aquellos, que sin dignidad alguna, venden su país y lo más preciado sus recursos naturales. La empresa Ríos Minerales S.A, ha expresado: 'Somos la alternativa para la necesidades de la comunidad' y contrario a su discurso, esta compañía disfruta de especiales beneficios. En mayo de este año obtuvo el régimen de zona franca, una categoría que la exime del pago total de varios tributos y aranceles, por eso no creemos en su discurso que se escuda con palabras de progreso y desarrollo. Hoy nos preguntamos ¿ Para quién es el desarrollo? ¿ Valdrá la pena sacrificar los recursos naturales de una comunidad y poner en riesgo sus aguas por 200 empleos cortoplacistas?. Creemos que una compañía que en realidad busca desarrollar a un pueblo, no lo divide; lo une, no amenaza, respeta. Nos unimos a la regidora Marta Blanco y a todas aquellas organizaciones sociales que luchan por la equidad, por la justicia y el respeto al medio donde viven y hacemos un llamado al pueblo Costarricense para que luche por la dignidad humana y contra toda política de exclusión y de explotación irracional. Si la expansión minera continua en Costa Rica, que imagen vamos a vender, si nuestros principales recursos se encuentran en nuestra afamada biodiversidad, la principal víctima de los proyectos a cielo abierto. Pedimos al gobierno de Costa Rica que haga valer su discurso, protegiendo honrosamente los recursos naturales, velando porque se respeten los derechos humanos, el derechos a la autodeterminación de los pueblos y el derecho a la libre expresión.
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