Hola
En Asturias estamos preparando materiales para un posible cacerolazo contra las multinacionales españolas (mañana decidiremos si lo hacemos en la asamblea del Movimiento Antiglobalización Asturiano, MAGA). He preparado este borrador de folleto sobre los orígenes de la crisis económica en Argentina y el papel que las multinacionales y bancos españoles han jugado en ella, que además nos sirva para ir creando conciencia en vistas a la reunión de ministros de economía y finanzas y gobernadores de bancos centrales (nacionales y del BCE) de la Unión Europea en abril. Pero me faltan varios datos, lo más importante es cifras de beneficios de las multinacionales y bancos mencionadas en los últimos años, y a ser posible, saber también qué porcentaje de esos beneficios vienen de argentina. Si alguien tiene esos datos, agradecería que me los enviara (sergio.o@gmx.net), a ser posible citando las fuentes de la información. Por supuesto, el borrador es @nticopiright y puede ser utilizado y adaptado por todo el mundo (yo mismo usé materiales de diversas fuentes para hacer el resumen).
salud, sergio
UN SAQUEO CARGADO DE SANGRE [borrador, la versión final saldrá pronto] La Crisis Argentina, las Multinacionales Españolas y la Unión Europea Durante la dictadura militar del general Videla (1976-1981), el gobierno argentino comenzó una agresiva política de endeudamiento público, en el marco de la cual el estado obligó a las empresas públicas argentinas a endeudarse con los banqueros privados internacionales. Esto no es de extrañar, pues el endeudamiento de Argentina era una de las principales prioridades de los intereses extranjeros que estaban tras la dictadura: inmediatamente después del golpe militar, el FMI otorgó un importantísimo préstamo a la Argentina planteando como garantía ante los bancos occidentales que la Argentina era un lugar privilegiado para reciclar el exceso de petrodólares [1]. Desde el comienzo de la dictadura (marzo de 1976), la deuda externa argentina se multiplicó casi por 20, pasando de menos de 8.000 millones de dólares a más de 170.000 millones [2]. Durante ese mismo período, la Argentina rembolsó alrededor de 200.000 millones de dólares (cerca de 25 veces lo que debía en marzo de 1976). Además, la dictadura provocó deliberadamente la bancarrota del sector público, preparando el terreno para su privatización. Por ejemplo, la principal empresa pública argentina, la petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hoy perteneciente a Repsol) fue forzada a endeudarse en el exterior, aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio desarrollo. En el momento del golpe militar, la deuda externa de YPF se elevaba a 372 millones de dólares. Siete años mas tarde, al terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de dólares. Casi ningún monto de esa deuda en divisas extranjeras fue a parar a la caja de la empresa; quedaron en manos de la dictadura, que además bajó a la mitad el dinero por comisiones que iba a YPF por la venta de combustibles para aumentar las entradas a su caja. Es más, YPF fue obligada a refinar el petróleo que extraía en las multinacionales privadas Shell y Esso, aunque podía, dada su buena situación financiera al comienzo de la dictadura, dotarse de una capacidad de refinación acorde a sus necesidades (complementando la de sus refinerías de La Plata, Luján de Cuyo y Plaza Huincul). Al final de la dictadura (junio de 1982), todo el activo de la sociedad estaba prendado por las deudas, pese al despido de 13.000 de los 47.000 trabajadores que tenía la empresa en 1976. De manera general, los empréstitos por sumas fabulosas contratados con los banqueros del Norte eran inmediatamente recolocadas como depósitos en estos mismos bancos o en otros bancos competidores. El 83% de estas reservas fueron colocadas en 1979 en instituciones bancarias de fuera del país. El Banco Central argentino pudo colocar discrecionalmente dichos fondos en los bancos estadounidenses, sin siquiera el acuerdo del ministro de economía, pero apoyado en la generosa intermediación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En todos los casos, el interés recibido por las sumas depositadas era inferior al interés pagado por la deuda. Merece la pena destacar que el Banco Central argentino fue dirigido durante la dictadura de Videla por Domigo Cavallo, que luego fue "super ministro" de economía de Carlos Menem (del partido peronista) y ministro de Economía con De la Rua (del partido radical). El Secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica desde 1976 hasta 1981, Guillermo Klein, dirigía al mismo tiempo una oficina de estudio privada que representaba los intereses de 22 bancos extranjeros [3]. Para justificar esta descabellada política de endeudamiento, la dictadura alegaba la necesidad de divisas internacionales para sostener el importante aumento de las importaciones, especialmente de armas, que les vendían los mismos países y empresas que promovieron el golpe militar, el endeudamiento y la privatización. En este área tampoco se han producido grandes cambios tras el fín de la dictadura: Menem fue recientemente procesado por tráfico internacional de armas durante la primera parte de su mandato. Al final de la dictadura, el Estado asumió las deudas (reales o ficticias) de los capitalistas argentinos y extranjeros. El Banco Central argentino declaró que no tenía registro de la deuda externa pública, pese a lo cual el nuevo régimen presidencial de Alfonsín decidió asumir el conjunto de la deuda, tanto privada como del Estado, basándose en las declaraciones de los acreedores extranjeros y en los contratos firmados por los miembros de la dictadura. Entre las deudas pagadas por el estado argentino estaban las contraídas por filiales argentinas de empresas y bancos multinacionales con sus casas matrices o con banqueros internacionales, fácilmente fabricables en cuestión de minutos por un simple juego de contratos sobre el que los poderes públicos argentinos no tienen ningún medio de control. Sin embargo, las deudas que la dictadura impuso sobre las empresas públicas no fueron canceladas, por lo que se esgrimió el argumento de su endeudamiento para privatizarlas, tomando la "precaución" de que el Estado asuma sus deudas previamente. Cuando los militares torturadores obtuvieron la impunidad, los responsables económicos de la dictadura se beneficiaron de la misma clemencia. Más grave todavía, la mayoría de los altos funcionarios de la economía y de las finanzas quedaron en el aparato del Estado, algunos incluso fueron promocionados. Pese a que tras la dictadura se creó una comisión parlamentaria para investigar el saqueo del país, ésta fue disuelta tras un año y medio por el mismo Alfonsín pues sus resultados obligarían a un cambio radical en su política económica, que ya había decidido la estatización de la deuda privada. Pero una querella presentada ante los tribunales por el periodista Alejandro Olmos en 1982 permitió que, 18 años más tarde, la Corte Suprema dictaminase que la crisis argentina de la deuda tiene por origen un mecanismo de dilapidación y de desvío de fondos del que son responsables el Gobierno argentino, el Fondo Monetario Internacional, los banco privados del Norte y la Reserva Federal Estadounidense. Entre otras muchas cosas, la sentencia [4] revela que 26 de las empresas privadas cuyas deudas fueron asumidas por el Estado eran empresas financieras tales como Citibank, First National Bank of Boston, Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America y otros bancos extranjeros que han jugado un papel clave en la crisis de la deuda de Argentina (y de casi todos los países del Sur). Señala que "la deuda externa (...) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política-económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país (...) y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día" (p. 195). Por esta razón la Corte Suprema de Justicia argentina declaró "ilegítima" la deuda contraída por el régimen Videla y recomendó al Congreso utilizar esta sentencia para negociar la anulación de esta odiosa deuda. El Congreso nunca se ha planteado tomar en cuenta esta recomendación, pues los oligarcas que lo componen también se benefician de este pillaje: los capitalistas argentinos compran en los mercados financieros norteamericanos y europeos los títulos de la deuda de su propio país con el dinero que han sacado del mismo y reciben por tanto una parte de los reembolsos. La suma de los capitales colocados por los capitalistas argentinos en los países más industrializados y en los paraísos fiscales durante la dictadura es superior a los montos de las deudas contraídas por Argentina. Los responsables de estos crímenes no sólo permanecerán impunes, protegidos por su prescripción dado que el juicio duró 18 años, sino que siguen dirigiendo el país. El régimen de Menem, que sucedió al de Alfonsín, se lanzó a una política generalizada de privatizaciones, liquidando literalmente una gran parte del patrimonio colectivo por su "endeudamiento", un argumento sin ningún sentido dado que el Estado asumió esas deudas antes de privatizar las empresas públicas. Esto supuso la transferencia, nuevamente, de miles de millones de dólares a manos privadas (generalmente a multinacionales, especialmente norteamericanas y españolas), no solamente a través de la colectivización de pérdidas para privatizar beneficios, sino también a través de manipulaciones contables que sólo pueden ser descritas como saqueo de bienes públicos. Por ejemplo, la firma norteamericana Merril Lynch, a quien Menem encargó la tasación del valor de YPF, redujo deliberadamente en su estimación en un 30% las reservas petroleras explotables por la empresa, para subestimar el valor de YPF antes de su puesta a la venta. Una vez que la privatización fue realizada, la parte de las reservas ocultadas reapareció en las cuentas, provocando fabulosas ganancias en bolsa a sus nuevos dueños, quienes se felicitaban por la "superioridad" de la gestión privada sobre la pública. Peor aún que el caso de YPF fue el atraco a mano armada que se hizo con Aerolíneas Argentinas (propiedad de SEPI, o sea, Iberia). Los Boeing 707 que eran parte de su flota fueron vendidos simbólicamente por un dólar (US$ 1,54 exactamente). Algunos años después, siguen sirviendo en las líneas de la compañía privatizada, pero Aerolíneas debe pagar un "leasing" para utilizarlas . Los derechos de uso de las rutas aéreas de la compañía, de un valor de 800 millones de dólares, fueron estimados en 60 millones de dólares. La empresa fue cedida a Iberia por un monto líquido de U$S 130 millones de dólares, el resto lo constituyó la anulación de créditos de la deuda externa (una deuda ficticia y odiosa con la que no tiene nada que ver el pueblo argentino). Iberia tomó créditos para comprar la empresa y la totalidad de deuda contraída la transformó en deuda de la nueva entidad Aerolíneas Argentinas que, de golpe, se encontró endeudada desde el origen de su operación, al borde de la quiebra por culpa de sus nuevos propietarios después de que el Estado argentino hubiera asumido su deuda. Repsol e Iberia no son una excepción: en un alarde de entusiasmo neocolonial, los bancos y las multinacionales españolas han tomado con una velocidad vertiginosa el control de sectores estratégicos de la economía argentina. El BBVA y el BSCH son dueños de Banco Francés y Banco Río de la Plata, respectivamente, pero su poder va mucho más allá: su control del crédito les permite tener un papel dominante en múltiples sectores de la economía. Entre las multinacionales españolas que más poder tienen en Argentina se encuentran Repsol, Telefónica, Aguas de Barcelona (que posee partes de Aguas Argentinas y Aguas Cordobesas, así como los Centros Médicos Santa Fe, Omaja, Omat, el Sanatorio Santa Isabel y la empresa de construcción Acsa), Endesa (EDESUR y Costanera), Iberia y Dragados y Construcciones (Aguas de Misiones y las empresas de construcción Ausol y Dycasa), pero hay muchas más. Estas empresas no invierten en sectores estratégicos por casualidad: en un contexto de crisis puede caer la demanda (y por tanto los precios) de todos los productos o servicios prescindibles, pero es difícil prescindir de agua, salud, energía, comunicación, vivienda y movilidad, por lo que los precios se pueden mantener o incluso subir, como quiso hacer Repsol recientemente. La pobreza impedirá a una parte creciente de la población el acceso a estos productos y servicios vitales, pero eso forma parte de las reglas del juego capitalista, y se supone que siempre quedará gente (aunque sea poca) dispuesta a pagar. Eso explica que las cotizaciones en bolsa de las multinacionales españolas presentes en Argentina no se haya visto muy afectada por la crisis (con excepción de los bancos, cuyos activos en pesos se ven obviamente afectados por una devaluación que ellos tanto han contribuido a provocar). Un cuarto de siglo después del golpe militar y el comienzo de la era neoliberal, el país está desangrado. El 90% de los bancos y el 40% de la industria se hallan en manos de capitales internacionales, el país se halla desde julio de 1998 en la más grave de las recesiones, la salud y la educación están hechas jirones, el salario medio, tras descontar la inflación, sólo alcanza a la mitad del de 1974, el desempleo es altísimo, los servicios públicos están en un estado lamentable, la pobreza se extiende a sectores cada vez mayores de la población (incluyendo a quienes no hace mucho vivían con un cierto confort), las cajas del Estado están vacías, una gran parte del aparato productivo está abandonado y el resto en manos extranjeras. Ya no queda gran cosa que privatizar y todos los flujos de capital (tanto de capital argentino como de capital extranjero) apuntan hacia el exterior. Los bancos y multinacionales extranjeras (especialmente las estadounidenses y españolas) y las grandes instituciones financieras internacionales (como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc, quienes poseen más del 80% de la deuda externa argentina) son las principales beneficiarias de los mecanismos de explotación capitalista que han puesto al país en esta situación. Por desgracia, no sólo han impuesto sus políticas e intereses en Argentina. Zaire, Indonesia, Costa de Marfil, Filipinas, Chile, Mali y multitud de otros países del Sur han sufrido semejantes atropellos y soportan deudas insostenibles que les ponen a merced del Fondo Monetario Internacional, las multinacionales y los bancos. Rusia y otros países del Este están llegando a situaciones semejantes por otros caminos, pues en su caso las burocracias inhumanas del marxismo autoritario han contribuido tanto como el imperialismo occidental a la debacle social en la que están sumidos actualmente. El capitalismo neoliberal fue instaurado en Argentina por un régimen dictatorial abiertamente despiadado y fascista que no dudó en asesinar, torturar y desaparecer a miles de personas para alcanzar su objetivo. Hoy día es mantenido por un sistema global de poder económico, político y militar centralizado que, pese a ser más sutil y menos tangible que Pinochet o Videla, es igualmente genocida. La Unión Europea es una parte fundamental de dicho sistema, y dentro de ella son los ministros de economía y finanzas, y los gobernadores de los bancos centrales nacionales y europeos quienes más responsabilidad tienen por la política neocolonial europea. Estos señores se reunirán del 12 al 14 de abril en Oviedo, y les estaremos esperando. NOTAS: ****** [1] Tras la subida de precios del petróleo en 1973, que provocó una importante recesión en Europa Occidental y Estados Unidos, se produjo una situación paradójica: había un exceso de dinero en los bancos, pues no encontraban suficientes posibilidades de inversión rentable de los extraordinarios beneficios producidos por el petróleo (los petrodólares) debido a la recesión. Una situación de este tipo puede llevar a la quiebra a los bancos, que necesitan prestar mucho más dinero del que reciben para poder pagar los intereses del dinero depositado y hacer beneficios. Por este motivo, se lanzaron a una agresiva política de rapiña en los países del Sur, dando origen (junto con muchos otros factores, como el golpe militar planificado desde Washington en el caso de Argentina) a la crisis de la deuda externa. [2] Existen estimaciones divergentes de la cuantía de la deuda externa argentina, que de acuerdo con la OCDE a finales de 1999 ya se elevaba en 1999 a 169.066 millones de dolares (OCDE, Statistiques de la dette exérieure, OCDE 2001, p. 20). [3] Cinco días luego de la ocupación de las Malvinas por el ejército argentino y de declarada la guerra contra Gran Bretaña, fue designado como apoderado en Buenos Aires de la sociedad anónima británica Barclays Bank Limited, que era además uno de los principales acreedores privados de la deuda pública y privada argentina. [4] Poder Judicial de la Nación, 13/07/2000.