Date: Thu, 10 Jan 2002
Argetina: resumen y pregunta

Hola
En Asturias estamos preparando materiales para un posible cacerolazo contra las multinacionales españolas (mañana decidiremos si lo hacemos en la asamblea del Movimiento Antiglobalización Asturiano, MAGA). He preparado este borrador de folleto sobre los orígenes de la crisis económica en Argentina y el papel que las multinacionales y bancos españoles han jugado en ella, que además nos sirva para ir creando conciencia en vistas a la reunión de ministros de economía y finanzas y gobernadores de bancos centrales (nacionales y del BCE) de la Unión Europea en abril. Pero me faltan varios datos, lo más importante es cifras de beneficios de las multinacionales y bancos mencionadas en los últimos años, y a ser posible, saber también qué porcentaje de esos beneficios vienen de argentina. Si alguien tiene esos datos, agradecería que me los enviara (sergio.o@gmx.net), a ser posible citando las fuentes de la información. Por supuesto, el borrador es @nticopiright y puede ser utilizado y adaptado por todo el mundo (yo mismo usé materiales de diversas fuentes para hacer el resumen).
salud, sergio



UN SAQUEO CARGADO DE SANGRE [borrador, la versión final saldrá pronto]
La Crisis Argentina, las Multinacionales Españolas y la Unión Europea

Durante la dictadura militar del general Videla (1976-1981), el gobierno
argentino comenzó una agresiva política de endeudamiento público, en el
marco de la cual el estado obligó a las empresas públicas argentinas a
endeudarse con los banqueros privados internacionales. Esto no es de
extrañar, pues el endeudamiento de Argentina era una de las principales
prioridades de los intereses extranjeros que estaban tras la dictadura:
inmediatamente después del golpe militar, el FMI otorgó un importantísimo
préstamo a la Argentina planteando como garantía ante los bancos
occidentales que la Argentina era un lugar privilegiado para reciclar el
exceso de petrodólares [1].

Desde el comienzo de la dictadura (marzo de 1976), la deuda externa
argentina se multiplicó casi por 20, pasando de menos de 8.000 millones de
dólares a más de 170.000 millones [2]. Durante ese mismo período, la
Argentina rembolsó alrededor de 200.000 millones de dólares (cerca de 25
veces lo que debía en marzo de 1976). Además, la dictadura provocó
deliberadamente la bancarrota del sector público, preparando el terreno
para su privatización.

Por ejemplo, la principal empresa pública argentina, la petrolera YPF
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hoy perteneciente a Repsol) fue forzada
a endeudarse en el exterior, aunque disponía de recursos suficientes para
sostener su propio desarrollo. En el momento del golpe militar, la deuda
externa de YPF se elevaba a 372 millones de dólares. Siete años mas tarde,
al terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de
dólares. Casi ningún monto de esa deuda en divisas extranjeras fue a parar
a la caja de la empresa; quedaron en manos de la dictadura, que además bajó
a la mitad el dinero por comisiones que iba a YPF por la venta de
combustibles para aumentar las entradas a su caja. Es más, YPF fue obligada
a refinar el petróleo que extraía en las multinacionales privadas Shell y
Esso, aunque podía, dada su buena situación financiera al comienzo de la
dictadura, dotarse de una capacidad de refinación acorde a sus necesidades
(complementando la de sus refinerías de La Plata, Luján de Cuyo y Plaza
Huincul). Al final de la dictadura (junio de 1982), todo el activo de la
sociedad estaba prendado por las deudas, pese al despido de 13.000 de los
47.000 trabajadores que tenía la empresa en 1976.

De manera general, los empréstitos por sumas fabulosas contratados con los
banqueros del Norte eran inmediatamente recolocadas como depósitos en estos
mismos bancos o en otros bancos competidores. El 83% de estas reservas
fueron colocadas en 1979 en instituciones bancarias de fuera del país. El
Banco Central argentino pudo colocar discrecionalmente dichos fondos en los
bancos estadounidenses, sin siquiera el acuerdo del ministro de economía,
pero apoyado en la generosa intermediación de la Reserva Federal de los
Estados Unidos. En todos los casos, el interés recibido por las sumas
depositadas era inferior al interés pagado por la deuda. Merece la pena
destacar que el Banco Central argentino fue dirigido durante la dictadura
de Videla por Domigo Cavallo, que luego fue "super ministro" de economía de
Carlos Menem (del partido peronista) y ministro de Economía con De la Rua
(del partido radical). El Secretario de Estado para la Coordinación y la
Programación Económica desde 1976 hasta 1981, Guillermo Klein, dirigía al
mismo tiempo una oficina de estudio privada que representaba los intereses
de 22 bancos extranjeros [3].

Para justificar esta descabellada política de endeudamiento, la dictadura
alegaba la necesidad de divisas internacionales para sostener el importante
aumento de las importaciones, especialmente de armas, que les vendían los
mismos países y empresas que promovieron el golpe militar, el endeudamiento
y la privatización. En este área tampoco se han producido grandes cambios
tras el fín de la dictadura: Menem fue recientemente procesado por tráfico
internacional de armas durante la primera parte de su mandato.

Al final de la dictadura, el Estado asumió las deudas (reales o ficticias)
de los capitalistas argentinos y extranjeros. El Banco Central argentino
declaró que no tenía registro de la deuda externa pública, pese a lo cual
el nuevo régimen presidencial de Alfonsín decidió asumir el conjunto de la
deuda, tanto privada como del Estado, basándose en las declaraciones de los
acreedores extranjeros y en los contratos firmados por los miembros de la
dictadura. Entre las deudas pagadas por el estado argentino estaban las
contraídas por filiales argentinas de empresas y bancos multinacionales con
sus casas matrices o con banqueros internacionales, fácilmente fabricables
en cuestión de minutos por un simple juego de contratos sobre el que los
poderes públicos argentinos no tienen ningún medio de control. Sin embargo,
las deudas que la dictadura impuso sobre las empresas públicas no fueron
canceladas, por lo que se esgrimió el argumento de su endeudamiento para
privatizarlas, tomando la "precaución" de que el Estado asuma sus deudas
previamente.

Cuando los militares torturadores obtuvieron la impunidad, los responsables
económicos de la dictadura se beneficiaron de la misma clemencia. Más grave
todavía, la mayoría de los altos funcionarios de la economía y de las
finanzas quedaron en el aparato del Estado, algunos incluso fueron
promocionados. Pese a que tras la dictadura se creó una comisión
parlamentaria para investigar el saqueo del país, ésta fue disuelta tras un
año y medio por el mismo Alfonsín pues sus resultados obligarían a un
cambio radical en su política económica, que ya había decidido la
estatización de la deuda privada. Pero una querella presentada ante los
tribunales por el periodista Alejandro Olmos en 1982 permitió que, 18 años
más tarde, la Corte Suprema dictaminase que la crisis argentina de la deuda
tiene por origen un mecanismo de dilapidación y de desvío de fondos del que
son responsables el Gobierno argentino, el Fondo Monetario Internacional,
los banco privados del Norte y la Reserva Federal Estadounidense. Entre
otras muchas cosas, la sentencia [4] revela que 26 de las empresas privadas
cuyas deudas fueron asumidas por el Estado eran empresas financieras tales
como Citibank, First National Bank of Boston, Deutsche Bank, Chase
Manhattan Bank, Bank of America y otros bancos extranjeros que han jugado
un papel clave en la crisis de la deuda de Argentina (y de casi todos los
países del Sur). Señala que "la deuda externa (...) ha resultado
groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación
de una política-económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país
(...) y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y
negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y
empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron
empobreciendo día a día" (p. 195). Por esta razón la Corte Suprema de
Justicia argentina declaró "ilegítima" la deuda contraída por el régimen
Videla y recomendó al Congreso utilizar esta sentencia para negociar la
anulación de esta odiosa deuda. El Congreso nunca se ha planteado tomar en
cuenta esta recomendación, pues los oligarcas que lo componen también se
benefician de este pillaje: los capitalistas argentinos compran en los
mercados financieros norteamericanos y europeos los títulos de la deuda de
su propio país con el dinero que han sacado del mismo y reciben por tanto
una parte de los reembolsos. La suma de los capitales colocados por los
capitalistas argentinos en los países más industrializados y en los
paraísos fiscales durante la dictadura es superior a los montos de las
deudas contraídas por Argentina. Los responsables de estos crímenes no sólo
permanecerán impunes, protegidos por su prescripción dado que el juicio
duró 18 años, sino que siguen dirigiendo el país.

El régimen de Menem, que sucedió al de Alfonsín, se lanzó a una política
generalizada de privatizaciones, liquidando literalmente una gran parte del
patrimonio colectivo por su "endeudamiento", un argumento sin ningún
sentido dado que el Estado asumió esas deudas antes de privatizar las
empresas públicas. Esto supuso la transferencia, nuevamente, de miles de
millones de dólares a manos privadas (generalmente a multinacionales,
especialmente norteamericanas y españolas), no solamente a través de la
colectivización de pérdidas para privatizar beneficios, sino también a
través de manipulaciones contables que sólo pueden ser descritas como
saqueo de bienes públicos. Por ejemplo, la firma norteamericana Merril
Lynch, a quien Menem encargó la tasación del valor de YPF, redujo
deliberadamente en su estimación en un 30% las reservas petroleras
explotables por la empresa, para subestimar el valor de YPF antes de su
puesta a la venta. Una vez que la privatización fue realizada, la parte de
las reservas ocultadas reapareció en las cuentas, provocando fabulosas
ganancias en bolsa a sus nuevos dueños, quienes se felicitaban por la
"superioridad" de la gestión privada sobre la pública.

Peor aún que el caso de YPF fue el atraco a mano armada que se hizo con
Aerolíneas Argentinas (propiedad de SEPI, o sea, Iberia). Los Boeing 707
que eran parte de su flota fueron vendidos simbólicamente por un dólar (US$
1,54 exactamente). Algunos años después, siguen sirviendo en las líneas de
la compañía privatizada, pero Aerolíneas debe pagar un "leasing" para
utilizarlas . Los derechos de uso de las rutas aéreas de la compañía, de un
valor de 800 millones de dólares, fueron estimados en 60 millones de
dólares. La empresa fue cedida a Iberia por un monto líquido de U$S 130
millones de dólares, el resto lo constituyó la anulación de créditos de la
deuda externa (una deuda ficticia y odiosa con la que no tiene nada que ver
el pueblo argentino). Iberia tomó créditos para comprar la empresa y la
totalidad de deuda contraída la transformó en deuda de la nueva entidad
Aerolíneas Argentinas que, de golpe, se encontró endeudada desde el origen
de su operación, al borde de la quiebra por culpa de sus nuevos
propietarios después de que el Estado argentino hubiera asumido su deuda.

Repsol e Iberia no son una excepción: en un alarde de entusiasmo
neocolonial, los bancos y las multinacionales españolas han tomado con una
velocidad vertiginosa el control de sectores estratégicos de la economía
argentina. El BBVA y el BSCH son dueños de Banco Francés y Banco Río de la
Plata, respectivamente, pero su poder va mucho más allá: su control del
crédito les permite tener un papel dominante en múltiples sectores de la
economía. Entre las multinacionales españolas que más poder tienen en
Argentina se encuentran Repsol, Telefónica, Aguas de Barcelona (que posee
partes de Aguas Argentinas y Aguas Cordobesas, así como los Centros Médicos
Santa Fe, Omaja, Omat, el Sanatorio Santa Isabel y la empresa de
construcción Acsa), Endesa (EDESUR y Costanera), Iberia y Dragados y
Construcciones (Aguas de Misiones y las empresas de construcción Ausol y
Dycasa), pero hay muchas más. Estas empresas no invierten en sectores
estratégicos por casualidad: en un contexto de crisis puede caer la demanda
(y por tanto los precios) de todos los productos o servicios prescindibles,
pero es difícil prescindir de agua, salud, energía, comunicación, vivienda
y movilidad, por lo que los precios se pueden mantener o incluso subir,
como quiso hacer Repsol recientemente. La pobreza impedirá a una parte
creciente de la población el acceso a estos productos y servicios vitales,
pero eso forma parte de las reglas del juego capitalista, y se supone que
siempre quedará gente (aunque sea poca) dispuesta a pagar. Eso explica que
las cotizaciones en bolsa de las multinacionales españolas presentes en
Argentina no se haya visto muy afectada por la crisis (con excepción de los
bancos, cuyos activos en pesos se ven obviamente afectados por una
devaluación que ellos tanto han contribuido a provocar).

Un cuarto de siglo después del golpe militar y el comienzo de la era
neoliberal, el país está desangrado. El 90% de los bancos y el 40% de la
industria se hallan en manos de capitales internacionales, el país se halla
desde julio de 1998 en la más grave de las recesiones, la salud y la
educación están hechas jirones, el salario medio, tras descontar la
inflación, sólo alcanza a la mitad del de 1974, el desempleo es altísimo,
los servicios públicos están en un estado lamentable, la pobreza se
extiende a sectores cada vez mayores de la población (incluyendo a quienes
no hace mucho vivían con un cierto confort), las cajas del Estado están
vacías, una gran parte del aparato productivo está abandonado y el resto en
manos extranjeras. Ya no queda gran cosa que privatizar y todos los flujos
de capital (tanto de capital argentino como de capital extranjero) apuntan
hacia el exterior.

Los bancos y multinacionales extranjeras (especialmente las estadounidenses
y españolas) y las grandes instituciones financieras internacionales (como
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo, etc, quienes poseen más del 80% de la deuda externa
argentina) son las principales beneficiarias de los mecanismos de
explotación capitalista que han puesto al país en esta situación. Por
desgracia, no sólo han impuesto sus políticas e intereses en Argentina.
Zaire, Indonesia, Costa de Marfil, Filipinas, Chile, Mali y multitud de
otros países del Sur han sufrido semejantes atropellos y soportan deudas
insostenibles que les ponen a merced del Fondo Monetario Internacional, las
multinacionales y los bancos. Rusia y otros países del Este están llegando
a situaciones semejantes por otros caminos, pues en su caso las burocracias
inhumanas del marxismo autoritario han contribuido tanto como el
imperialismo occidental a la debacle social en la que están sumidos
actualmente.

El capitalismo neoliberal fue instaurado en Argentina por un régimen
dictatorial abiertamente despiadado y fascista que no dudó en asesinar,
torturar y desaparecer a miles de personas para alcanzar su objetivo. Hoy
día es mantenido por un sistema global de poder económico, político y
militar centralizado que, pese a ser más sutil y menos tangible que
Pinochet o Videla, es igualmente genocida. La Unión Europea es una parte
fundamental de dicho sistema, y dentro de ella son los ministros de
economía y finanzas, y los gobernadores de los bancos centrales nacionales
y europeos quienes más responsabilidad tienen por la política neocolonial
europea. Estos señores se reunirán del 12 al 14 de abril en Oviedo, y les
estaremos esperando.


NOTAS:
******
[1] Tras la subida de precios del petróleo en 1973, que provocó una
importante recesión en Europa Occidental y Estados Unidos, se produjo una
situación paradójica: había un exceso de dinero en los bancos, pues no
encontraban suficientes posibilidades de inversión rentable de los
extraordinarios beneficios producidos por el petróleo (los petrodólares)
debido a la recesión. Una situación de este tipo puede llevar a la quiebra
a los bancos, que necesitan prestar mucho más dinero del que reciben para
poder pagar los intereses del dinero depositado y hacer beneficios. Por
este motivo, se lanzaron a una agresiva política de rapiña en los países
del Sur, dando origen (junto con muchos otros factores, como el golpe
militar planificado desde Washington en el caso de Argentina) a la crisis
de la deuda externa.

[2] Existen estimaciones divergentes de la cuantía de la deuda externa
argentina, que de acuerdo con la OCDE a finales de 1999 ya se elevaba en
1999 a 169.066 millones de dolares (OCDE, Statistiques de la dette
exérieure, OCDE 2001, p. 20).

[3] Cinco días luego de la ocupación de las Malvinas por el ejército
argentino y de declarada la guerra contra Gran Bretaña, fue designado como
apoderado en Buenos Aires de la sociedad anónima británica Barclays Bank
Limited, que era además uno de los principales acreedores privados de la
deuda pública y privada argentina.

[4] Poder Judicial de la Nación, 13/07/2000.

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