Esta semana se puso en marcha una campaña de acción psicológica mediática que en última instancia -y a través de la creación de un "clima de miedo" -encubre una estrategia orientada a generar condiciones sociales favorables a nuevas represiones policiales contra los conflictos sociales.

Desde Argentina, por Rodrigo Guevara

Otra vez vuelve un clásico de la acción psicológica mediática orientado a meter "miedo" en la sociedad con la teoría de "la violencia criminal" que amenaza por igual a toda la población sin distinción de clase social o situación económica.

No importa que uno esté desocupado, sin recursos económicos para sobrevivir o revolviendo tachos de basura para comer. Al igual que los tienen buenas casas, un buen pasar económico, autos lujosos o residencias en barrios exclusivos, todos estamos amenazados por la violencia asesina de los delincuentes.

Obviamente que cuando hablan de delincuentes se refieren a los que roban y secuestran a personas, y no a los que utilizando el sistema financiero -incluído el Parlamento, el Gobierno y los jueces- se roban legalmente todo el trabajo y el patrimonio nacional de los argentinos.

Los medios del sistema -con su correspondiente ejército de periodistas a sueldo- volvieron a la carga con el recurrente tema de la "delincuencia asesina" azotando las calles como un monstruo desatado contra los 36 millones de habitantes.

Con la consigna "todos estamos desprotegidos frente a los asesinos" dan por sentado la teoría de que todos los ladrones responden -antes que a la necesidad de robar- a instintos criminales innatos sin historia ni causalidad social.

No importan las estadísticas que indican que la mitad de la población adolescente está desocupada, o que un 50% de los chicos por debajo de los 14 años vive en hogares pobres.

El que sale a robar, está fatalmente poseído por el instinto maléfico de asesinar a sus víctimas sin piedad.

Ni importan las estadísticas -emanadas de los mismos organismos policiales- indicativas de que más del 90% de los desenlaces fatales en situaciones de robo o de secuestros se producen por algún tipo de resistencia ofrecida por las víctimas en defensa de su propiedad privada.

Y esto dicho objetivamente y sin justificar el asesinato con fines de robo (¿quién avalaría semejante cosa ?).

MATEN AL ASESINO

Los medios -como respondiendo al unísono a un mismo parámetro "informativo"- comenzaron la semana agitando el fantasma de la inseguridad pública con su secuela de víctimas y familiares llorando ante las cámaras de TV.

Sus portadas, pantallas, y micrófonos se poblaron de condenas al "accionar asesino" de la delincuencia común identificada como culpable de todos los males de la Argentina.

Esta vez la campaña de miedo fue centrada en el accionar de los los llamados secuestros express.

Con títulos y comentarios catastróficos (muchos de los cuales comparan a la Argentina con Colombia) y apelaciones dramáticas al gobierno para que se ocupe de resolver con urgencia estos casos, la mayoría de los conductores y periodistas piden a las autoridades que nos libren de esta violencia sin límites que pone al país al" borde del caos".

Sin la "objetividad" profesional -ni la prescindencia cómplice de calificación- que usan cuando se refieren al establishment económico o al Gobierno, se erigen en fiscales y solicitan que los personeros de la "violencia criminal" con fines de robo, sean aprehendidos o muertos sin ninguna contemplación.

LOS UNOS Y LOS OTROS

Simultáneamente los estudios de TV. empezaron a ser frecuentados por representantes de la "mano dura" pidiendo garrote, balas, represión, requisa de armas y acordonamientos de las villa miseria para detener la ola delincuencial que amenaza con "quebrar la paz de todos los argentinos".

Como siempre, la paranoia mediática no reconoció fronteras ideológicas ni límites de estilo comunicacional entre sus promotores.

Tanto los baluartes de la derecha xenófoba encabezados por Ambito Financiero, La Nación y el multimedios de Daniel Hadad, como la logia comunicacional "progresista" motorizada por el Grupo Clarín, coincidieron en que los secuestros express y la ola de inseguridad ponen en "riesgo" la seguridad del Estado.

Tanto el racista Gonzáles Oro desde Radio 10, como los "progres" Magdalena e Ibarra desde Radio Mitre -pilares de la comunicación radial matinal- coincidían en el mismo análisis: los problemas de la Argentina no pasan por la existencia de 20 millones de pobres, 6 millones de desocupados y subocupados, o de 50% de la población infantil en estado de anemia a causa del hambre, sino por la ola de secuestros express que pone en riesgo de muerte a "toda la sociedad argentina".

De la misma manera, y desde las pantallas de TV. abierta, el "progresista" Jorge Lanata coincidió con el empleado de Daniel Hadad, Marcelo Longobardi, en darle prioridad a la cobertura informativa sobre la escalada de la "violencia delincuencial" por sobre las causas estructurales que la genera.

En el caso de Lanata, sin siquiera deslizar algun comentario -o sospecha- sobre las maniobras de manipulación y de control social que tradicionalmente encubren estas campañas distractivas contra la delincuencia común.

Una vieja táctica de acción psicológica que en última instancia -y a través de la creación de un "clima de miedo"- siempre encubre estrategias orientadas a generar condiciones sociales favorables a la represión policial de los conflictos sociales.

Como ocurrió con la masacre policial de Avellaneda que le costara la vida a Darío y Maxi hace tres semanas, y sobre cuya investigación los medios hacen silencio o ensayan maniobras orientadas a proteger a los autores intelectuales atornillados en el poder político nacional y provincial.

REPRESION EN PUERTA

Y tampoco sorprende que -tras el fracaso de la teoría de la "insurrección piquetera"- ahora el Gobierno y los sectores de la "mano dura" avancen con nuevas ideas represivas camoufladas en la lucha contra los secuestros express.

El uso político (y la mano que financia e instiga esta campaña de aprovechamiento político de la violencia delincuencial) quedó evidenciado ayer en el anuncio de la creación de una brigada antisecuestro por parte del Gobierno.

En el marco de un clima de paranoia colectiva -alimentado y exacerbado por la acción mediática- se reunieron los jefes de todas las fuerzas provinciales y federales, el presidente Eduardo Duhalde, el ministro Juan José Alvarez, el gobernador Felipe Solá y Juan Pablo Cafiero, para anunciar la conformación de un plan y un equipo especial para prevenir y luchar contra los secuestros.

Con sus rostros tensos, los funcionarios caracterizaron la búsqueda de solución al problema de la violencia y de los secuestros -inducidos masivamente a modo de psicosis por los medios- como una "cuestión de Estado" de prioridad absoluta para el Gobierno.

Categoría en la que no parecen estar la devaluación en un 80% del salario de los trabajadores, el robo bancario con el corralito, o la disparada de los precios que va dejando el privilegio de comer dos veces al día sólo para unos pocos.

Esos temas no figuran -por razones obvias- en las prioridades ni en la agenda del presidente vasallo de Washington y Wall Street.

Curiosamente, fue un comisario, Carlos Sablich, jefe de la División de Delitos Complejos de la Policía Federal quien afirmó que el tema de los secuestros está siendo inflado por los medios.

En una entrevista concedida a Página 12, sostuvo que en realidad el tema está sobredimensionado, y que en Capital se han producido 14 casos nada más.

¿Qué se persigue con ésto? -preguntó Página 12-

"Es como aquel que dice que en las villas están los delincuentes. Creo que hay una gran mentira en eso. No considero que la villa sea el caldo de cultivo. El noventa y pico por ciento para comer va a revisar basura, hay una discriminación fenomenal. No nos olvidemos que los grandes delitos no los cometen los pobres ¿o no? O el país está así por los pobres: ¿somos claros en eso?" -respondió el comisario-

OBJETIVOS OCULTOS

En realidad, no necesitamos la opinión de un comisario de la Federal para enterarnos de lo que -compulsivamente- buscan los promotores de la "mano dura" y de la "democracia blindada" con estos "climas de miedo" orientados a la instauración de nuevos esquemas represivos.

Los objetivos son los mismos de siempre:

1. contar con consenso social (preparado por las campañas mediáticas) para acordonar las villas de emergencia con el cuento de "cerrarles el paso a los delincuentes violentos".
2. Y como paso siguiente (montados sobre el argumento de"combatir la violencia" provenga de donde provenga) avanzar sobre los asentamientos piqueteros para ponerles un cerrojo y abortar las marchas y movilizaciones contra el Gobierno.
3. modificar la Ley De Seguridad Interior para posibilitar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia y represión de los conflictos sociales.
4. contar con consenso social para legislar y aprobar leyes de criminalización de los conflictos sociales, disfrazadas bajo banderas y consignas de lucha contra la delincuencia común.

Convencidos de que el modelo de explotación capitalista en curso "no cierra sin represión", los sectores "ultrahalcones"-internos y externos- están preparando una alternativa para antes -o después- del recambio electoral que se avecina.

Agotadas las instancias "democráticas" de dominio en la Argentina, Washington y Wall Street se aprestan a echar mano a una nueva fórmula de represión de los conflictos sociales legitimada socialmente por la acción psicológica "antiviolencia" de su ejército mediático.

En 1976 los militares fundamentaron la represión y el exterminio contra el campo popular en las banderas de la guerra contra "la violencia asesina de la subversión apátrida".

En el presente, la represión y el exterminio militar contra el campo popular llegan disfrazados con las banderas de lucha contra "la violencia asesina" de los delincuentes comunes.

Una vez instalado el clima de miedo y de condena social a la violencia por la violencia misma, un piquetero que corta rutas pidiendo pan y trabajo, o un trabajador que toma empresas o edificios públicos en defensa de su salario, pueden fácilmente ser encuadrados en figuras de "violencia criminal" legisladas a tal fin por el Congreso.

Esa es la idea, y ése es el plan.

Que lo puedan implementar, depende de los niveles de movilización y organización popular que se desarrollen para contrarrestarlo.