En 1998, en la provincia Tucumán, la más pequeña de la Argentina, ocurrió un hecho muy particular: la Compagnie Générales des Eaux, operadora del servicio de agua y cloacas (que en la provincia tomó el nombre de Aguas del Aconquija), anunció que iniciaría una ofensiva en el nivel nacional e internacional para poder retirarse de la provincia.
¿Qué había ocurrido para que una fuerte empresa europea que había ganado el pliego de privatización de la concesión del servicio de agua y cloacas de la provincia en 1993, cinco años después quisiera retirarse? ¿Cuál había sido la suerte de esta compañía en un país como Argentina, ejemplo de adopción de políticas neoliberales y donde las privatizaciones de empresas estatales de servicios representaron excelentes negocios para los capitales franceses, españoles, italianos, etcétera?
La empresa había enfrentado, desde el momento en que se instaló, una protesta sostenida y continua de los usuarios de toda la provincia. Cuando la compañía asumió la operatoria, en 1995, aumentó un 104% los precios del servicio y modificó sustancialmente las condiciones de otorgamiento del mismo. En tales momentos, muchos ciudadanos de Tucumán lo consideraron un agravio a sus derechos, a sus ingresos y a su calidad de vida. Se organizaron y resistieron hasta que, tres años más tarde, la que pidió el retiro fue la empresa misma. El gobierno provincial fue, finalmente, el que rescindió el contrato.
¿Qué logró semejante éxito en la protesta de los usuarios? Fueron muchos años de lucha y organización y, sobre todo, una acción muy eficaz que en los últimos momentos se logró en casi toda la provincia. Se trató de la desobediencia civil, expresada en la negativa a pagar por el servicio de agua y cloacas. Los primeros en organizarse fueron los pueblos del interior de la provincia, ubicados en regiones productoras de caña de azúcar y que cuentan con largas experiencias en luchas. Fueron 7 pequeñas ciudades que formaron, en primer lugar una coordinadora y luego lograron en el nivel nacional ADEUCOT, la Asociación en Defensa de Usuarios y Consumidores de Tucumán. El momento culminante de la lucha fue cuando se decidió no pagar por el servicio.
La decisión de no pagar el servicio fue difícil y no se llevó a cabo de un día para otro. Primero fue la gente de los pueblos del interior ya que en algunos departamentos la medida era tomada cada vez que los ingresos familiares se reducían. Luego se sumaron familias que habían respetado religiosamente el pago de los servicios pero que se animaron porque, por un lado, eran muchos y, por otro, la asociación de usuarios tomó reaseguros legales (presentaciones al órgano regulador por malas condiciones del servicio). Finalmente, en enero de 1996 comenzó a salir agua negra de los grifos en la ciudad capital por un aumento de manganeso en las zonas de extracción. Desde entonces, muchos capitalinos se animaron y se sumaron al "no pago". En los últimos meses, la empresa consideraba que más del 80% de las boletas quedaban sin pagar.
Mientras tanto la empresa francesa que veía reducir sus ingresos intentaba cobrar: mandaba amenazas legales a los usuarios orientadas a cortar el servicio. Asimismo, intentaba renegociar con el Estado provincial mientras el Estado Nacional recibía presiones del gobierno francés para terminar con la "insubordinación" de la población tucumana.
En 1998, la empresa no soportó más la situación generada por el "no pago", es decir la "desobediencia civil" y por su propio fracaso en las negociaciones con el estado provincial para lograr "disciplinar" a la población. De este modo, se rescindió el contrato pero debió quedarse unos meses más para que las autoridades nacionales lograran nuevos operadores para el servicio.
En ese marco, la empresa acudió a la competencia del Tratado Internacional de Protección y Promoción de Inversiones entre Francia y Argentina, es decir, a la injerencia del tribunal arbitral que habilita el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. Finalmente, el CIADI terminó fallando a favor de la provincia y los diferendos debieron ser tratados en los tribunales de la justicia del territorio nacional.
Cabe destacar que en 1999, el nuevo gobierno provincial retiró la demanda de la justicia provincial con la excusa de "mejorar la presentación". Nunca la volvió a presentar y los usuarios quedaron sin la cobertura legal para justificar el "no pago" (la empresa cada tanto amenaza con demandarlos). Se trata de pueblos de la zona rural cañera donde los vecinos pueden perder sus tierras de cultivo, sus viviendas o sus pequeños comercios.
Un papel muy, muy importante en esta protesta lo tuvieron las mujeres. Ellas comenzaron el proceso de organización y fueron las que más resistieron en la posición del "No pago". Mientras los políticos provinciales consideraban una "locura" tratar de oponerse a la gran empresa y muchos "buenos vecinos" dudaban de seguir en la tesitura desobediente, ellas mantuvieron la medida hasta el final. Todas reconocen que las redes que quedaron formadas entre todos y, especialmente, entre ellas, es uno de los resultados perdurables de la lucha. En la actualidad ADEUCOT se ocupa de la defensa de los consumidores en cualquier rubro y está a la expectativa por el nuevo proceso de privatización del agua que se avecina.
Esto ocurrió en la década del noventa en Tucumán mientras la ciudad y provincia de Buenos Aires aceptaban pasivamente la privatización de sus servicios de agua y cloacas mediante la concesión de Aguas Argentinas compuesta por un grupo de inversores con mayoría accionaria de la Suez Lyonnaise des Eaux, también francesa. Si analizamos las condiciones generales del servicio y las tarifas no vemos grandes diferencias para justificar por qué el distrito más importante y politizado del país no reaccionó y una población dispersa, con bajos recursos, de una provincia pequeña, se plantó y dijo: "así no".
Los Tucumanos como muchas otras personas alrededor del mundo tienen sincero interés en "cuidar el agua y creen que las corporaciones privadas no deben ser ni dueñas ni las administradoras de ésta. La consideran como un bien común y creen que es un derecho fundamental de todo ser humano poder tener acceso a ella" (Sara Grusky en Defendamos los bienes comunes Vol. 1 febrero de 2002).
En efecto, muchas poblaciones, grupos, por todo el mundo luchan por mantener el agua como un bien común y garantizar su acceso a todos por igual. Cuando la población de Tucumán vio amenazado este acceso por unas tarifas imposibles de pagar, reconoció este principio muchas veces olvidado por quienes al abrir el grifo cuentan con agua potable, sin importar el precio que se pague por ello. La lucha por el libre acceso al agua potable y para los regadíos de explotaciones campesinas, debe ser de todos. Y es una lucha posible como lo demuestra el caso de Tucumán.
Norma Giarracca, Socióloga, profesora-investigadora de la UBA y miembro del Foro de la Tierra y la Alimentación
Norma Del Pozo, Miembro de ADEUCOT (Asociación en Defensa de Usuarios y Consumidores de Tucumán)