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by Clajadep 11:54am Sun Jan 19 '03
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x Clajadep - [19.01.03 - 14:07]
Derriban puente en Carrasco y muere un minero en Oruro
El Gobierno insiste en la suspensión de las movilizaciones sociales para dialogar y Evo responde estar a favor del inicio de las conversaciones con el Ejecutivo, pero sin suspender los conflictos sociales
Roberto Navia / Marco Santivañez y Redacción Central.-
La destrucción de dos puentes en el ingreso a los pozos petroleros de Carrasco Tropical, Cochabamba, y la muerte de un minero en Oruro son los dos incidentes que marcaron este sábado una nueva jornada de conflictos que no cesan ante la ausencia de diálogo entre el Gobierno y los sectores sociales del país.
El ingreso a los pozos petroleros de Carrasco Tropical, ubicados en la zona de Entre Ríos, fue suspendido debido a la caída de dos puentes que fueron cortados con motosierra, supuestamente por colonos de la zona que estarían apoyando el movimiento cocalero, confirmó el comandante de la 8va División de las Fuerzas Armas, Elías Eduardo. Este hecho habría ocurrido entre la noche del pasado viernes y el sábado por la madrugada.
La información oficial del atentado fue conocida por el ministro de Defensa, Freddy Teodovich, al promediar las 15:00 de ayer, cuando se encontraba en el cuartel de la Unidad Móvil de Patrullaje para el Área Rural Umopar acantonada en la región de Chimore, pero prefirió callar y no dar a conocer a los medios de comunicación.
Otro de los hechos lamentables de estas jornadas de conflicto fue la muerte de un minero en la ciudad de Oruro, ocurrido ayer durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
La víctima fue identificada como Adrián Martínez (48 años), quien falleció a causa de un impacto de bala que recibió presuntamente por parte de los militares en el cruce de Machacamarquita, carretera Oruro-Huanuni.
Más de 1.500 miembros de la Federación de Trabajadores de Mineros de Huanuni se dirigían a la ciudad de Oruro con el propósito de definir las medidas de presión que iniciarán los próximas días si el Gobierno no acepta aprobar la reactivación de la mina Huanuni bajo la administración de las cooperativas mineras instaladas en el lugar. El Gobierno, sin embargo, ordenó el despliegue de tanques, tropas del Ejército y de la Policía fuertemente armados para evitar el ingreso de los mineros a la capital orureña, argumentando que este sector llevaba consigo un importante cargamento de dinamitas que podrían atentar contra la propiedad pública y privada.
La impotencia y el llanto se apoderaron de los mineros que amenazaron con radicalizar sus medidas de presión en contra del Gobierno, al que acusaron de ejecutar una política de represión que, según los trabajadores del subsuelo, tiene el objetivo de acabar con las protestas de los sectores sociales más oprimidos.
En tanto, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Harb, afirmó que las Fuerzas Armadas intentaron evitar el ingreso de dinamita y municiones a la ciudad de Oruro, por lo que se procedió a incautarse de 32 cartuchos de explosivos, sin embargo lamentó que esta situación haya provocado la muerte de un minero.
Subject: Comunicado Campesinos Santa Cruz
Date: Sat, 18 Jan 2003 21:29:07 +0000
From: Federación Unica Campesinos de Santa Cruz
EL GOBIERNO NACIONAL SUSPENDE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CAMPESINOS E INDÍGENAS DE BOLIVIA
DENUNCIAMOS MASIVAS DETENCIONES ARBITRARIAS, MALTRATOS Y TORTURAS A LOS DETENIDOS Y LA VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS PROCESALES
EL MOVIMIENTO CAMPESINO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Desde el día martes 14 de este mes, las acciones de protesta de campesinos en todo el país, que obedecen a la desesperada situación de pobreza y marginación en que nos encontramos, están siendo reprimidas de forma violenta y con violación a los más elementales derechos humanos, haciendo que la población rural del país tengamos los derechos y garantías fundamentales suspendidas:
Las detenciones arbitrarias, sin que exista ningún delito, son realizadas por las fuerzas militares mediante allanamientos violentos y sin mandamientos ni orden de autoridad competente. En estos irregulares procedimientos, se han destrozado las viviendas, robándose las pertenencias de sus habitantes y propinando fuertes palizas a "supuestos" bloqueadores y a sus familiares.
También han sido detenidos compañeros campesinos de la zona del Chapare, Departamento de Cochabamba, mientras se desplazaban fuera de los lugares de conflicto. Estos compañeros, 19 hasta hoy, han sido recluidos en la cárcel de Palmasola en el Departamento de Santa Cruz, fuera de la jurisdicción de las autoridades competentes.
En todos los casos, los compañeros han sufrido golpizas propinadas durante la detención y reportan contusiones en todo el cuerpo y signos de tortura en los cuarteles donde se los mantiene por varias horas hasta la remisión a su destino.
Los compañeros retenidos ilegalmente han sido mantenidos en prisión durante varios días sin que se les hayan tomado sus declaraciones, y cuando estas se han hecho, los inculpados no han contado con abogados. Las declaraciones son escritas por los funcionarios sin que los compañeros puedan referir los abusos cometidos y sus descargos respectivos.
Los compañeros así detenidos son mantenidos en condiciones degradantes e inhumanas. A varios de ellos se los mantiene en penales de alta seguridad, como el tristemente famoso "Chonchocorito", zona de aislamiento del Penal de Palmasola, en Santa Cruz, como si fueran los más peligrosos criminales. Además se los mantiene sin comida, casi sin vestimenta, sin calzados y sin la atención médica que requieren los muchos que están heridos o contusos. Hasta ahora ningún médico los ha atendido.
Ante estos reiterados atropellos y la decisión del Gobierno de mantener y profundizar la represión violenta para impedir las legítimas demandas de la población, las organizaciones campesinas de Santa Cruz hemos decidido:
INSTAMOS A LOS HIJOS DE LOS CAMPESINOS, INDÍGENAS Y ORIGINARIOS A NO PRESENTARSE A LOS CUARTELES, Y A LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SERVICIO MILITAR, A RETORNAR A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN, PARA QUE NO NOS MATEMOS ENTRE HERMANOS EN BENEFICIO DE UNOS POCOS QUE CONCENTRAN LAS RIQUEZAS Y LOS PRIVILEGIOS EN NUESTRO PAÍS.
Santa Cruz, 18 de enero de 2002
FEDERACIÓN SINDICAL ÚNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE SANTA CRUZ
MOVIMENTO SIN TIERRA DE SANTA CRUZ
De boliviapress:
Bolivia Press 2003, Nr. 1 (17 de enero)
ISSN 1609-6703 Bolivi@Press
Boletín electrónico quincenal del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) afiliado a las redes UNITAS y UNIBAMBA.
Junto a las imágenes de televisión, que recuerdan la Guerra del Agua el Septiembre Negro del 2000, la población se encuentra bombardeada por una campaña comunicacional que tiene básicamente dos contenidos: una permanente y a veces patética convocatoria al diálogo (con el argumento de que los conflictos no son solución, sino que por el contrario producen millonarias pérdidas en la economía nacional), y un intento de reducir el problema a la erradicación de cocales; si bien existen también numerosos comentaristas que critican al Gobierno por no haber dado soluciones antes y por negarse a dialogar (a lo que el Gobierno siempre responde que está abierto al diálogo, pero no bajo presión). Veamos qué hay de cierto en todo esto.
Es evidente que nadie escoge el conflicto por el gusto de verse envuelto en él. Por el contrario, participar en un conflicto supone sufrimiento, sacrificio y riesgo. Los conflictos son el resultado de una acumulación de problemas que ya resultan insoportables, o también de la convicción de que las vías de la negociación se han cerrado. Tampoco se ha sabido de nadie que propugne la teoría de que los conflictos son la solución. Es evidente que las soluciones deben ser administradas por el Gobierno (para eso existe); los conflictos son una forma de demandar que el Gobierno cumpla su función y administre soluciones. Por tanto condenar en principio los conflictos es negar una dinámica social histórica (¿nos imaginamos la independencia de nuestros países sin conflicto, o a Bolívar, San Martín y Martí reducidos a dialogar con la corona española?). Y acusar de vocación de conflictoa los sectores movilizados es cuando menos demagogia y cuando más un insulto. Otra cosa es el análisis de la situación concreta, es decir si realmente se habían cerrado las vías del diálogo y la negociación. Veamos.
Primero es importante tener claro que la actual movilización no se reduce al tema de la coca, sino que incorpora otra serie de objetivos de suma importancia, como es la defensa del gas y de los recursos naturales en general, la defensa de la tierra y el territorio, la defensa del agua, el rechazo al ALCA etc. Pero ciertamente la defensa de la hoja de coca está también en el centro de la movilización.
En este viejo problema (que no vamos a analizar aquí en detalle) se presentaron en el curso del año pasado dos cambios importantes: por una parte lo que podemos llamar la irradiaciónpolítica de las seis federaciones de colonizadores del Trópico cochabambino a todo el país bajo la sigla MAS y el liderazgo de Evo Moralesy por otra la comprobación de que el mercado legal de la hoja de coca en lugar de reducirse se iba ampliando. A partir de ahí los productores de hoja de coca volvieron a plantear la derogación de la Ley 1008 (siempre reconocida por todos como inconstitucional), y mientras se procedía a dicha derogación la suspensión de la erradicación forzosa de los cocales.
El Gobierno utilizó hábilmente el instrumento del diálogoy durante cuatro meses sostuvo pequeñas cumbresde negociación con Evo Morales, con mucho aparato de propaganda y con ningún resultado, como no sea el de hacer aparecer a Evo nuevamente como mero dirigente cocaleroy no ya como principal dirigente de la oposición. Resultado de ese cansancio inútil es que se plantea la actual movilización, a la que se convoca además a todos los demás sectores. Y es comprensible que los productores de coca no quieran más diálogosin una pausa en la erradicación, pues sospechan con todo derecho que el Gobierno sólo pretende seguir ganando tiempo mientras erradica para quedar bien con Washington.
El Gobierno contrapropone que se suspenda la movilización y las federaciones del Trópico escojan entre tres instancias para que se haga un estudio del mercado real de la coca (como paso previo a la derogación de la Ley 1008): la ONU, la OEA y la OMS. En primer lugar esto es como decirles: ¿Qué prefieren, los gringos o los yankis?, puesto que las tres instancias están en último término controladas por la política de Washington; y en segundo lugar ese estudio puede durar mucho, en todo caso lo suficiente para cumplir determinadas metas de erradicación& Comprensible pues la negativa de las seis federaciones: No creemos ya en ninguna negociación si no va acompañada de una pausa en la erradicación.
Todos los demás problemas mencionados, y que están formalmente planteados como contenido de la movilización, se reducen a un tema de fondo que es la POBREZA, la pobreza creciente e insoportable que padecen la mayor parte de los sectores sociales del país, incluyendo aquí a los jubilados, a los que el Gobierno (evidentemente incapaz de resolver el problema de fondo) no ha respetado siquiera el derecho de caminar por el Altiplano.
Los sectores movilizados no hacen grandes análisis sobre las causas de la pobreza, pero por experiencia perciben que ésta se viene agravando de manera dramática en la medida en que el país ha ido regalando sus recursos naturales (en especial los hidrocarburos) a las empresas transnacionales. Por eso a estas alturas la mayoría de la población maldice la capitalización, por eso no quiere oír de vender en 70 centavos de dólar el mismo volumen de gas que por el que el que una familia boliviana paga 7 dólares, por eso entiende enseguida que un Libre Comerciocon Estados Unidos acabaría de despojar al país de su capacidad productiva.
A esto se añade la ofensiva de los nuevos latifundistas de las tierras bajas, que ya hemos comentado en nuestros últimos boletines del 2002 y que ponen al país en vísperas de confrontaciones profundas.
Además el Gobierno es estructuralmente débil, débil hacia adentro (porque el partido del Presidente sólo recibió el 17 por ciento de votos de las personas en edad de votar, y porque constituye una alianza netamente prebendal y no política) y débil hacia fuera (porque tiene compromisos ineludibles con el gobierno de Estados Unidos y con las transnacionales que operan en Bolivia). De ahí que en los cuatro meses de gestión no ha resuelto ningún problema y sólo ha podido ofrecer medidas engañosas: por una parte del Bonosol, una suerte de limosna para los ancianos a costa de descapitalizar la seguridad social del conjunto de la población, y por otra parte el Seguro Materno Infantil, a costa de los presupuestos municipales. Esta debilidad del Gobierno explica su reacción violenta, autoritaria y represiva frente a la movilización popular, y lo que puede lograr es incendiar el paíscomo ha advertido el mismo Evo Morales.
Éste es otro factor importante para entender lo que ocurre. Pese a esa eclosión política que fue el triunfo electoral del MAS, es evidente que el movimiento social en su conjunto se encuentra ampliamente desarticulado. La mayor parte de los sectores tienden a luchar por sus reivindicaciones parciales; muchos se sienten temerosos de que se los identifique con los cocaleros y se distancian de ellos; otros tienen celos del liderazgo de Evo Morales; sectores tan importantes como el Movimiento Sin Tierra, o como el liderizado por Felipe Quispe, se limitan a formular amenazas al Gobierno.
Se puede afirmar que, si bien el movimiento cocalero ha sabido producir una irradiaciónideológica y política en cada vez más amplios sectores de la población boliviana, incluso citadina e intelectual, no ha logrado todavía la misma irradiaciónen el campo organizativo, y mucho menos en los sectores urbanos. ¿Falta de capacidad?, ¿falta de iniciativa?, ¿exceso de caudillismo?, ¿entrampamiento en el sistema formal parlamentario? Sea lo que fuere, es evidente que la solidez y extensión de la movilización no está todavía a la altura de las demandas que ésta plantea. Los próximos días nos dirán si la capacidad de inflamación espontánea que tradicionalmente ha mostrado el pueblo boliviano (sumada al también tradicional estilo represivo y poco imaginativo del Gobierno) convierten a esta movilización en el comienzo de algo nuevo.
Para terminar transcribimos la siguiente declaración de la Confederación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz:
Los Pueblos Indígenas del Departamento de Santa Cruz, organizados bajo la COORDINADORA DE PUEBLOS ÉTNICOS DE SANTA CRUZ (CPESC), ante los gravísimos acontecimientos que están produciéndose en todo el país, DENUNCIAMOS:
1. EL ASESINATO DE CAMPESINOS Y ANCIANOS
En un escenario militarizado, el día de ayer fueron asesinados de manera cobarde, por francotiradores paramilitares, cuatro campesinos en el Departamento de Cochabamba, en Colomi y Sinahota, que se movilizaban exigiendo un diálogo con el Gobierno sobre los problemas más urgentes que nos afectan a todos los bolivianos. Igualmente murió otro compañero gasificado por las fuerzas de tarea conjunta por oponerse a la erradicación de cultivos de coca en su parcela, de la que deriva su subsistencia.
En la madrugada de ayer, murieron 10 ancianos rentistas y quedaron varios heridos en un accidente de tránsito, después de haber sido reprimida la marcha pacífica que realizaban por su derecho a la subsistencia y obligados por la fuerza pública a subir en autobuses para regresar a sus lugares de origen.
2. DETENCIÓN ARBITRARIA DE DIRIGENTES EN TODO EL PAÍS
Desde el fin de semana pasado el Gobierno ha ordenado el secuestro masivo de dirigentes campesinos para evitar, por la fuerza, las movilizaciones anunciadas. Hasta el día de hoy, casi 300 campesinos han sido ilegalmente detenidos en varias partes del país, de igual forma los fiscales reciben y cumplen ordenes directas de los funcionarios de Gobierno para procesar a los detenidos pisoteando los más elementales derechos a la libertad personal y de expresión.
3. PERSECUCIÓN A PERSONAL DE APOYO A ORGANIZACIONES
Varios profesionales de nacionalidad extranjera que cumplen tareas transitorias de capacitación y apoyo a las organizaciones sociales, además de sufrir seguimientos y persecuciones de parte de organismos de inteligencia, han sido trasladados ilegalmente a los limites con Brasil y decomisados sus documentos de identidad.
Frente a estos asesinatos y violaciones a los derechos de los sectores sociales, los Pueblos Indígenas de Santa Cruz, expresamos lo siguiente:
Santa Cruz de la Sierra, 16 de enero de 2003
Manuel Dosapey - Bienvenido Zacu - Anacleto Supayabe - Marisol Solano - David Perez - Manuel Chiqueno C.
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