cedib.org o petropresscedib.org con el texto suscripción en el cuerpo del mensaje.Bolivia Press 2003, Nr. 1 (17 de enero)
ISSN 1609-6703 Bolivi@Press
Boletín electrónico quincenal del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) afiliado a las redes UNITAS y UNIBAMBA.
[Por la urgencia del tema este boletín se concentra sólo en el tema de la actual movilización social]
El 13 de enero se inició la movilización anunciada por Evo Morales y cuyo componente fundamental es el bloqueo de caminos. La fuerte militarización de las zonas clave (fundamentalmente el Trópico de Cochabamba) impidió desde el principio que el bloqueo fuera real y permanente. Sin embargo los bloqueos esporádicos (si bien rápidamente levantados por las fuerzas del orden) hicieron que de hecho el tráfico vehicular se redujera a su mínima expresión. Además han ido apareciendo más sectores movilizados en otros lugares (carretera Cochabamba-Oruro-La Paz, carretera La Paz-Yungas, carretera Santa Cruz-Cochabamba y Santa Cruz-Trinidad) y se han producido algunas movilizaciones urbanas en La Paz, El Alto y Cochabamba (no siempre coordinadas con la movilización campesina), con lo que el país ha entrado en una situación de emergencia y de relativa paralización económica que tiene sumamente preocupados a los sectores empresariales.
A esto se suma la heroica marcha de los Rentistas, que partió una semana antes de Oruro hacia La Paz y que demanda la modificación de una ley recién promulgada para que las rentas de los jubilados no vayan perdiendo valor junto con la devaluación de la moneda.
Por su parte el Gobierno ha ordenado la represión violenta de las movilizaciones, lo que ha causado hasta ahora más de cuatro muertos y varias docenas de heridos (varios de ellos con proyectiles de guerra), además de otros once muertos por accidente de un bus en que se había metido a la fuerza a un grupo de jubilados para devolverlos a la ciudad de Oruro. Esta represión, que recuerda los tiempos de las dictaduras militares y que significa un estado de sitio de facto, ha encendido más los ánimos. Pese a las repetidas exhortaciones de los empresarios, de la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo, y de la Asamblea de Derechos Humanos, el Gobierno se niega a entrar en negociaciones mientras persistan los bloqueos, y a su vez los sectores movilizados (básicamente las seis federaciones del Trópico, algunas centrales campesinas, la Confederación de Colonizadores y algunos sectores universitarios de Cochabamba y El Alto, apoyados por algunas centrales obreras) se niegan a levantar la movilización mientras no se obtenga resultados de una supuesta negociación.
A continuación dos comunicados de la Asamblea de Derechos Humanos, emitidos al comienzo de los hechos:
En reunión ampliada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, llevada a cabo en la ciudad de Cochabamba, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y los representantes de los Comités Ejecutivos Departamentales, han emitido el siguiente comunicado público dirigido al Gobierno.
La situación boliviana actual se caracteriza por un clima de movilizaciones sociales ya iniciadas por los jubilados y rentistas del país, así como las movilizaciones que otros sectores iniciarán a partir del día 13 de enero del presente año en demanda de reivindicaciones económicas y sociales entre las cuales están: la suspensión de la erradicación forzosa de la hoja de coca y la modificación de la Ley 1008; la redistribución equitativa de la tierra y el fin de la impunidad y parcialización de la Administración de Justicia que protege a los autores de los asesinatos de campesinos sin tierra en Pananti; el replanteamiento de la Reforma Educativa en función de los requerimientos de la sociedad boliviana; el reconocimiento legal de la autonomía plena para la Universidad Pública de El Alto; la promulgación de una ley especial en beneficio de los pequeños prestatarios; la no aprobación del ALCA por sus efectos negativos para la economía nacional; la necesidad de generar una política nacional del gas en beneficio de los bolivianos por encima de la satisfacción de los intereses de personas y empresas que procuran la acelerada venta y exportación de este recurso natural; evitar el ingreso de tropas militares estadounidenses al país, lo cual atenta la soberanía del Estado.
Estas y otras demandas de la sociedad civil son el resultado de un largo proceso de conculcación de los derechos y garantías económicas y sociales por la aplicación del modelo neoliberal que favorece a las empresas transnacionales y a los organismos internacionales que imponen dicho modelo.
En esta coyuntura de conflicto, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos exige al Gobierno la pronta atención de las demandas nacionales y regionales de la sociedad civil con la finalidad de evitar que el permanente escenario de violación de los derechos humanos se constituya, además, en un escenario de violencia social y de agresión por parte de las fuerzas represivas del Estado hacia la población movilizada.
Como medida inmediata para la existencia de un clima favorable a la solución de conflictos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos se pronuncia por la aprobación de la pausa en la erradicación forzosa de la hoja de coca, así como la pausa en los nuevos cultivos; llevar adelante el estudio completo e imparcial del consumo lícito de la hoja de coca en el mercado nacional y en el mercado internacional; y, la desmilitarización del trópico cochabambino.
Asimismo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos exige al Gobierno el inicio de un diálogo serio y efectivo con los sectores sociales movilizados, que permita encontrar soluciones verdaderas a los problemas planteados en la coyuntura, así como a las estructurales violaciones del derecho a la salud, a la educación y a la alimentación de las mayorías nacionales.
Cochabamba, 11 de enero de 2003
Fdo:
Waldo Albarracín Presidente Sacha Llorenti Vicepresidente
Guillermo Vilela Secretario General Jorge Ortiz Secretario de Comunicación
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos comunica a la Opinión Pública lo siguiente:
Insistimos en que el único camino que nos permita superar los momentos difíciles que atraviesa nuestro país es el del diálogo. Por tal motivo, insistimos y convocamos a las partes a iniciar, a la brevedad posible, un diálogo multisectorial que inicie de una vez por todas el proceso de atención a las justas y legítimas demandas de las distintas organizaciones sociales de nuestro pueblo.
Cochabamba, 13 de Enero de 2003
Sacha Llorenti Soliz Ana Laura Durán Z. Edwin Claros Z.
Vicepresidente APDH B Vicepresidente APDH C Resp. Estrategia política APDH
Junto a las imágenes de televisión, que recuerdan la Guerra del Aguao el Septiembre Negrodel 2000, la población se encuentra bombardeada por una campaña comunicacional que tiene básicamente dos contenidos: una permanente y a veces patética convocatoria al diálogo (con el argumento de que los conflictos no son solución, sino que por el contrario producen millonarias pérdidas en la economía nacional), y un intento de reducir el problema a la erradicación de cocales; si bien existen también numerosos comentaristas que critican al Gobierno por no haber dado soluciones antes y por negarse a dialogar (a lo que el Gobierno siempre responde que está abierto al diálogo, pero no bajo presión). Veamos qué hay de cierto en todo esto.
Es evidente que nadie escoge el conflicto por el gusto de verse envuelto en él. Por el contrario, participar en un conflicto supone sufrimiento, sacrificio y riesgo. Los conflictos son el resultado de una acumulación de problemas que ya resultan insoportables, o también de la convicción de que las vías de la negociación se han cerrado. Tampoco se ha sabido de nadie que propugne la teoría de que los conflictos son la solución. Es evidente que las soluciones deben ser administradas por el Gobierno (para eso existe); los conflictos son una forma de demandar que el Gobierno cumpla su función y administre soluciones. Por tanto condenar en principio los conflictos es negar una dinámica social histórica (¿nos imaginamos la independencia de nuestros países sin conflicto, o a Bolívar, San Martín y Martí reducidos a dialogar con la corona española?). Y acusar de vocación de conflictoa los sectores movilizados es cuando menos demagogia y cuando más un insulto. Otra cosa es el análisis de la situación concreta, es decir si realmente se habían cerrado las vías del diálogo y la negociación. Veamos.
Primero es importante tener claro que la actual movilización no se reduce al tema de la coca, sino que incorpora otra serie de objetivos de suma importancia, como es la defensa del gas y de los recursos naturales en general, la defensa de la tierra y el territorio, la defensa del agua, el rechazo al ALCA etc. Pero ciertamente la defensa de la hoja de coca está también en el centro de la movilización.
En este viejo problema (que no vamos a analizar aquí en detalle) se presentaron en el curso del año pasado dos cambios importantes: por una parte lo que podemos llamar la irradiaciónpolítica de las seis federaciones de colonizadores del Trópico cochabambino a todo el país bajo la sigla MAS y el liderazgo de Evo Moralesy por otra la comprobación de que el mercado legal de la hoja de coca en lugar de reducirse se iba ampliando. A partir de ahí los productores de hoja de coca volvieron a plantear la derogación de la Ley 1008 (siempre reconocida por todos como inconstitucional), y mientras se procedía a dicha derogación la suspensión de la erradicación forzosa de los cocales.
El Gobierno utilizó hábilmente el instrumento del diálogoy durante cuatro meses sostuvo pequeñas cumbresde negociación con Evo Morales, con mucho aparato de propaganda y con ningún resultado, como no sea el de hacer aparecer a Evo nuevamente como mero dirigente cocaleroy no ya como principal dirigente de la oposición. Resultado de ese cansancio inútil es que se plantea la actual movilización, a la que se convoca además a todos los demás sectores. Y es comprensible que los productores de coca no quieran más diálogosin una pausa en la erradicación, pues sospechan con todo derecho que el Gobierno sólo pretende seguir ganando tiempo mientras erradica para quedar bien con Washington.
El Gobierno contrapropone que se suspenda la movilización y las federaciones del Trópico escojan entre tres instancias para que se haga un estudio del mercado real de la coca (como paso previo a la derogación de la Ley 1008): la ONU, la OEA y la OMS. En primer lugar esto es como decirles: ¿Qué prefieren, los gringos o los yankis?, puesto que las tres instancias están en último término controladas por la política de Washington; y en segundo lugar ese estudio puede durar mucho, en todo caso lo suficiente para cumplir determinadas metas de erradicación& Comprensible pues la negativa de las seis federaciones: No creemos ya en ninguna negociación si no va acompañada de una pausa en la erradicación.
Todos los demás problemas mencionados, y que están formalmente planteados como contenido de la movilización, se reducen a un tema de fondo que es la POBREZA, la pobreza creciente e insoportable que padecen la mayor parte de los sectores sociales del país, incluyendo aquí a los jubilados, a los que el Gobierno (evidentemente incapaz de resolver el problema de fondo) no ha respetado siquiera el derecho de caminar por el Altiplano.
Los sectores movilizados no hacen grandes análisis sobre las causas de la pobreza, pero por experiencia perciben que ésta se viene agravando de manera dramática en la medida en que el país ha ido regalando sus recursos naturales (en especial los hidrocarburos) a las empresas transnacionales. Por eso a estas alturas la mayoría de la población maldice la capitalización, por eso no quiere oír de vender en 70 centavos de dólar el mismo volumen de gas que por el que el que una familia boliviana paga 7 dólares, por eso entiende enseguida que un Libre Comerciocon Estados Unidos acabaría de despojar al país de su capacidad productiva.
A esto se añade la ofensiva de los nuevos latifundistas de las tierras bajas, que ya hemos comentado en nuestros últimos boletines del 2002 y que ponen al país en vísperas de confrontaciones profundas.
Además el Gobierno es estructuralmente débil, débil hacia adentro (porque el partido del Presidente sólo recibió el 17 por ciento de votos de las personas en edad de votar, y porque constituye una alianza netamente prebendal y no política) y débil hacia fuera (porque tiene compromisos ineludibles con el gobierno de Estados Unidos y con las transnacionales que operan en Bolivia). De ahí que en los cuatro meses de gestión no ha resuelto ningún problema y sólo ha podido ofrecer medidas engañosas: por una parte del Bonosol, una suerte de limosna para los ancianos a costa de descapitalizar la seguridad social del conjunto de la población, y por otra parte el Seguro Materno Infantil, a costa de los presupuestos municipales. Esta debilidad del Gobierno explica su reacción violenta, autoritaria y represiva frente a la movilización popular, y lo que puede lograr es incendiar el paíscomo ha advertido el mismo Evo Morales.
Éste es otro factor importante para entender lo que ocurre. Pese a esa eclosión política que fue el triunfo electoral del MAS, es evidente que el movimiento social en su conjunto se encuentra ampliamente desarticulado. La mayor parte de los sectores tienden a luchar por sus reivindicaciones parciales; muchos se sienten temerosos de que se los identifique con los cocaleros y se distancian de ellos; otros tienen celos del liderazgo de Evo Morales; sectores tan importantes como el Movimiento Sin Tierra, o como el liderizado por Felipe Quispe, se limitan a formular amenazas al Gobierno.
Se puede afirmar que, si bien el movimiento cocalero ha sabido producir una irradiaciónideológica y política en cada vez más amplios sectores de la población boliviana, incluso citadina e intelectual, no ha logrado todavía la misma irradiaciónen el campo organizativo, y mucho menos en los sectores urbanos. ¿Falta de capacidad?, ¿falta de iniciativa?, ¿exceso de caudillismo?, ¿entrampamiento en el sistema formal parlamentario? Sea lo que fuere, es evidente que la solidez y extensión de la movilización no está todavía a la altura de las demandas que ésta plantea. Los próximos días nos dirán si la capacidad de inflamación espontánea que tradicionalmente ha mostrado el pueblo boliviano (sumada al también tradicional estilo represivo y poco imaginativo del Gobierno) convierten a esta movilización en el comienzo de algo nuevo.
Para terminar transcribimos la siguiente declaración de la Confederación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz:
Los Pueblos Indígenas del Departamento de Santa Cruz, organizados bajo la COORDINADORA DE PUEBLOS ÉTNICOS DE SANTA CRUZ (CPESC), ante los gravísimos acontecimientos que están produciéndose en todo el país, DENUNCIAMOS:
En un escenario militarizado, el día de ayer fueron asesinados de manera cobarde, por francotiradores paramilitares, cuatro campesinos en el Departamento de Cochabamba, en Colomi y Sinahota, que se movilizaban exigiendo un diálogo con el Gobierno sobre los problemas más urgentes que nos afectan a todos los bolivianos. Igualmente murió otro compañero gasificado por las fuerzas de tarea conjunta por oponerse a la erradicación de cultivos de coca en su parcela, de la que deriva su subsistencia.
En la madrugada de ayer, murieron 10 ancianos rentistas y quedaron varios heridos en un accidente de tránsito, después de haber sido reprimida la marcha pacífica que realizaban por su derecho a la subsistencia y obligados por la fuerza pública a subir en autobuses para regresar a sus lugares de origen.
Desde el fin de semana pasado el Gobierno ha ordenado el secuestro masivo de dirigentes campesinos para evitar, por la fuerza, las movilizaciones anunciadas. Hasta el día de hoy, casi 300 campesinos han sido ilegalmente detenidos en varias partes del país, de igual forma los fiscales reciben y cumplen ordenes directas de los funcionarios de Gobierno para procesar a los detenidos pisoteando los más elementales derechos a la libertad personal y de expresión.
Varios profesionales de nacionalidad extranjera que cumplen tareas transitorias de capacitación y apoyo a las organizaciones sociales, además de sufrir seguimientos y persecuciones de parte de organismos de inteligencia, han sido trasladados ilegalmente a los limites con Brasil y decomisados sus documentos de identidad.
Frente a estos asesinatos y violaciones a los derechos de los sectores sociales, los Pueblos Indígenas de Santa Cruz, expresamos lo siguiente:
Santa Cruz de la Sierra, 16 de enero de 2003
Manuel Dosapey - Bienvenido Zacu - Anacleto Supayabe - Marisol Solano - David Perez - Manuel Chiqueno C.
Al comienzo del nuevo año
saludamos cordialmente a nuestros suscriptores
y deseamos sinceramente días mejores para todos/as
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