El conflicto de la coca en Bolivia se enmarca en un contexto de intereses internacionales. La participación militar y el uso predominante de métodos violentos en la Lucha contra las Drogas han sido promovidos por un interesado inconfundible: los Estados Unidos. Si les creemos a los embajadores de ese país en Bolivia, los motivos son nobles pues se trataría de defender la libertad y las democracias del mundo.
Sin embargo, revisando la historia reciente, vemos que Estados Unidos tiene sus propias razones para preferir las respuestas armadas a los conflictos en el mundo. Una de esas razones es su industria de armas, que vive del presupuesto militar de los mismos Estados Unidos (379 billones de dólares en 2003) y de las ventas en el mundo, de las cuales provee un 50%. Sus representantes más grandes son: Lockheed Martin, Boeing, Newport News Shipbuilding, Raytheon, Northrop Grumman y General Dynamics.
Desde 1999 el mundo presencia una nueva carrera armamentista, acelerada por el actual gobierno Bush. Y es notable, al igual que en los años ochenta, que se desarrolla la industria militar como el principal motor de la economía nacional de los Estados Unidos. De esta manera, las guerras contra Afganistán e Iraq se presentan como la salvación financiera en tiempos de crisis en el sector de la informática. Asimismo, la guerra del Golfo de 1990/1991 fue, para las empresas estadounidenses, una oportunidad única no sólo para mostrar la superioridad de sus armas sino para encontrar nuevos clientes internacionales para sus productos. A la vez, las estrategias de guerra buscan lograr el objetivo de maximizar el acceso a los recursos petroleros del mundo, a precios controlables.
Obviamente, los denominados países "amigos" son reticentes a ir a la guerra solamente para apoyar los intereses particulares de los Estados Unidos. Por eso, la Lucha contra las Drogas y la Lucha contra el Terrorismo, ofrecen un buen remedio. Ellos facilitan a los gobiernos considerar y/o justificar su participación directa en las guerras. Gonzalo Sánchez de Lozada, a sólo pocos meses de asumir su segunda presidencia, dejó atrás sus promesas de pacificación, desmilitarización y defensa de los derechos humanos en el Trópico de Cochabamba.
Mientras los políticos adoptan convenios internacionales que definen las acciones represivas, policías y militares son entrenados para combatir al enemigo que Estados Unidos les presenta. En resumen, la Lucha contra las Drogas forma parte de la promoción de la industria de armas y de soluciones violentas a varios de los conflictos sociales en el mundo. El caso de Bolivia no es único pero es ejemplar.
Con la militarización vienen las noticias infundadas sobre la existencia en el país de una "narcoguerrilla". Esto porque la lógica de las guerras no reconoce las luchas sociales; sino que el adversario tiene que ser visto como un enemigo en vez de ser visto como una persona con reclamos sociales.
En ese marco, el Fuero Militar es una herramienta necesaria. En una acción de guerra el soldado que mata al enemigo es un héroe, es decir que no puede ser un criminal o un delincuente. Amparados en el Fuero Militar los miembros de las Fuerzas Armadas pueden cometer delitos, incluso matar, y mantenerse en la impunidad.
Veamos los sucesos de septiembre a noviembre de 2000, que se cuentan entre los meses de mayor violencia de la última presidencia de Hugo Banzer. "Ejército y Policía tienen garantías para matar", destacó el periódico Opinión el 28 de septiembre de ese año, aclarando que: "Autoridades de gobierno justificaron las seis bajas fatales (. . .) y anunció que no habrá ninguna investigación a militares y policías por las muertes registradas. Con esa garantía, tanto militares como policías determinaron actuar en el conflicto social". Las medidas sirvieron para agravar el conflicto y a los pocos días el país tuvo que lamentar más muertes de campesinos y de uniformados.
A esto va dirigida la política impuesta por los Estados Unidos a través de su embajada en el país. Si existiera por parte del gobierno actual una voluntad real de atender las demandas de los diferentes sectores sociales, el actual conflicto social se evitaría. Acatar disciplinadamente las directrices norteamericanas frustra los diálogos y siembra discordia y desconfianza.
Lamentamos tener que hacer nuevamente el recuento de los ciudadanos (as) bolivianos (as) que fueron víctimas de la brutal e ilegal represión ejercida por las fuerzas del orden, la que sólo dio como resultado actos de tortura, gasificación indiscriminada, privaciones ilegales de libertad, procesamientos indebidos, heridos y muertos.
Asimismo, reprochamos la actitud de los fiscales que no velaron porque la Policía y las Fuerzas Armadas actúen en el marco de la ley (tal como se los ordena el Art. 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, incisos 3 y 9). Los fiscales toleraron la detención de ciudadanos en centros indebidos (galpones de la Base Aérea en Cochabamba) y otros procedimientos completamente fuera del marco de la ley.
Aplaudimos el inicio del diálogo, sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que año tras año se reitera el círculo de movilizaciones y bloqueos, diálogo, incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado y nuevamente movilizaciones.
Por todo lo expuesto pensamos que la única manera de buscar solución al conflicto es:
Cochabamba, 28 de Enero de 2003