El Estado boliviano se asemeja al transeúnte que, al haber sido golpeado y asaltado por malhechores, ha perdido el conocimiento y ha sido despojado de su dinero y de sus pertenencias más valiosas. Sin embargo, el afectado pudo ocultar una valiosa joya que es lo último que le queda (sus reservas de gas natural no comprometidas). En estas circunstancias, emergen en el escenario prominentes personajes, como el Ministro de Minería e Hidrocarburos, Jorge Berinduage; el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) residual, Raúl Lema Patiño; y el ex Superintendente de Hidrocarburos, Carlos Miranda Pacheco, que incitan a la atontada víctima a deshacerse de inmediato de la joya, sin esclarecer el asalto ni establecer el monto del robo.

Tal asalto ha sido enmascarado con el nombre de "capitalización", de la cual la opinión pública ignora casi todo. Se dijo, por ejemplo, que el pueblo boliviano sería dueño del 50 % de las acciones de las empresas "capitalizadas". Luego se dijo que es "beneficiario" (y no propietario) de las mismas. Los abogados responsables del engendro jurídico, denominado "Ley de Capitalización", no dan la cara ni explican, desde hace siete años, quien ha quedado con la propiedad de esas acciones valuadas, de manera inicial, en 1.600 millones de dólares. En los certificados accionarios aparecen como dueños de esas acciones el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), que carece de personalidad jurídica, y que, en consecuencia, no puede ser propietario de nada, y una de las dos AFPs, que, como se sabe, son depositarias y no propietarias de las acciones.

Nunca se explicó la forma en que las AFPs adquirieron el derecho de designar "representantes de los ciudadanos bolivianos" en los directorios de las empresas capitalizadas y la razón por la que todo este proceso está enmarcado en el secreto y la confidencialidad. La Ley de transparencia informativa, propuesta por la diputada Susana Peñaranda, aprobada por el Congreso de la República en la anterior legislatura, fue vetada por Gonzalo Sánchez de Lozada al inicio de su segundo mandato presidencial. No es correcto iniciar el debate sobre la conveniencia de vender el gas a California o en torno a la elección de un puerto para ejecutar esa operación sin aclarar, mediante la revisión de la Ley de Hidrocarburos, si todas las reservas de gas que le quedan al país quedarán definitivamente en poder de las trasnacionales desde el momento en que afloren a la superficie, como indica el decreto aprobado por el "gonismo" el 4 de agosto de 1997 (dos días antes de abandonar el poder).

Ya es tiempo que, antes de iniciar las discusiones anotadas, los estrategas jurídicos de la "capitalización" expliquen su conducta. He aquí sus nombres: Eduardo Quintanilla Ibarnegaray, hombre de la minería mediana y actual director del Banco Mercantil, junto a Carlos Miranda Pacheco; Eduardo Quintanilla Ballivíán, hijo del anterior: Ramiro Guevara, hijo de Walter Guevara Arce y hermano de Walter Guevara Anaya, actual Superintendente de Recursos Jerárquicos; Fernando Aguirre, abogado de empresas norteamericanas; Carlos Gerke, Rector de la Universidad Católica y socio de Javier Sánchez de Lozada (hijo de Antonio Sánchez de Lozada), con quien comparte un estudio jurídico; y Santiago Nishizawa, boliviano de origen japonés, premiado con un cargo en el Banco Mundial junto a Alfonso Revollo, el Ministro de la Capitalización. Ellos tienen la palabra.