Ayer se realizó un cabildo abierto en medio de una serie de agresiones verbales entre los pobladores de apoyan al Alcalde y los que insisten en su renuncia al cargo.

La solución no llega a Tiquipaya. En el cabildo abierto realizado ayer, un grupo de pobladores decidió exigir a los concejales que suspendan al alcalde, Lucio Villazón. Si eso no sucede, mañana se realizará un paro cívico movilizado.

El presidente del Comité Cívico de Tiquipaya, René Rodríguez, dijo que la suspensión debe realizarse en la sesión de hoy. « Si no cumplen el pedido del pueblo, el paro es inminente ».

La demanda de alejar a Villazón de la Alcaldía tiene sustento en varias denuncias que hacen autoridades cívicas y un concejal de Nueva Fuerza Republicana (NFR).

Esta medida de presión contará con el apoyo masivo de los transportistas y campesinos de la cordillera de la región. Dicha medida también demanda la renuncia los tres concejales, de los cinco existentes, pertenecientes al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido político del Alcalde.

En la sesión del Concejo también se conformarán las comisiones técnicas que tratarán el tema del alcantarillado y agua potable.

Marchas

Ayer los simpatizantes de Villazón, en su mayoría empleados de la Comuna, y quienes exigen su renuncia, en su mayoría regantes, protagonizaron dos marchas paralelas frente a la Plaza Principal de Tiquipaya.

Ambos bandos se enfrascaron en una lucha verbal, en la que tuvo que mediar la Policía.

Los uniformados, quienes desde hace una semana resguardan el edificio municipal, tuvieron que dividir la Plaza en dos partes, para evitar mayores enfrentamientos. Concluidas sus asambleas después del medio día, los grupos se desconcentraron.

Los problemas en Tiquipaya comenzaron hace dos semanas cuando los pobladores de Tiquipaya se opusieron a una Ordenanza Municipal que autorizaba que la Alcaldía de Tiquipaya, junto a la de Colcapirhua, contraigan un crédito de 3.7 millones de dólares para la constitución conjunta de una Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado - Mancomunidad Colcapirhua Tiquipaya (Epsa - Macoti). Con tales fondos, financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), donaciones y contrapartes municipales y ciudadanas.

Denuncias

El concejal de NFR, Axel Jové, manifestó que durante la actual gestión de Villazón se cometieron varios hechos anormales que, si bien fueron denunciados por su persona a su debido tiempo, nunca fueron investigados por el Concejo debido a los « oídos sordos » de la mayoría oficialista.

La primera irregularidad estaría referida a que en el proceso de adjudicación para cubrir con pavimento rígido la avenida Ecológica, principal vía de acceso a Tiquipaya hubieron varias anormalidades. Según Jové, la primera licitación para esta obra, cuyo precio referencial fue de más de un millón de bolivianos, fue anulada ya que la mayoría de las empresas contratistas ofrecieron un precio mayor a dos millones de bolivianos.

No obstante a ello, Villazón habría negociado por separado con una de las compañías y obligado a la comisión calificadora a adjudicar los trabajos a la misma, violando así todas normativas prescritas para las licitaciones.

En esta misma obra, otra de las irregularidades que se cometió fue la realización de una ficha ambiental que fue « poco menos que la fotocopia » de otra hecha para una obra que correspondía al asfaltado de una ruta rural de Quillacollo.

Sobre este aspecto, de acuerdo a los documentos que posee el concejal, la Contraloría ya emitió pliegos de cargo por 17 mil bolivianos contra varios funcionarios de la Alcaldía.

Dijo que la expropiación del terreno para la constitución de la Epsa - Macoti en la localidad de Colcapirhua, para la que la Comuna de Tiquipaya aportó el 50 por ciento del presupuesto, habría sido llevada a cabo de manera ilegal y con un exorbitante sobreprecio.

Jové explicó que las 10 hectáreas adquiridas estaban originalmente avaluadas en 248 mil bolivianos, tal como lo indican las declaraciones impositivas de los propietarios. Sin embargo, luego los espacios fueron expropiados por 259 mil dólares, siguiendo una cotización arbitraria en la que no se reconoce la declaración tributaria anterior ni tampoco participó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), tal como lo prescriben las leyes.

Villazón

El Alcalde lamentó lo que considera « una mala intención o la ignorancia de Fernández y el concejal Jové ». Aseveró que el Concejo tendrá que proceder legalmente para definir su caso y sin dar crédito a la « saña y las mentiras » de las personas citadas. « Es muy fácil acusar, pero lo difícil es probarlo » agregó.

Indicó que la construcción de la avenida ecológica hace cuatro años ya fue auditada financiera y técnicamente, por lo que, si se hubiera descubierto alguna irregularidad, su persona « ya estaría en la cárcel ».

A pesar de admitir que el tema de la ficha ambiental es algo que aún se definirá en los escenarios legales, la autoridad aseguró que su gestión actuó correctamente en todo momento.

De igual forma, lamentando « un manejo político del asunto », sobre la expropiación de tierras para la Epsa, el alcalde de Colcapirhua, Rolando Ojalvo, indicó que ésta fue hecha con todos los trámites legales correspondientes y con la participación del INRA. En este sentido, tanto los técnicos de la Superintendencia Agraria, como los municipales, habrían coincidido en el avalúo y expropiación de los espacios en algo menos de 248 mil bolivianos por 9.7 hectáreas.

« La acusación de que hay un sobreprecio en el terreno es algo que está en la imaginación del concejal Jové » acotó Ojalvo mostrando sorpresa por la cifra que expuso el concejal.

2003/7/15 8:20:07