El escandalete del caso "macororó" fue sólo la punta del ovillo de un proyecto en curso para usar en escala industrial la mano de obra gratuita de los conscriptos. El ministro de Defensa Freddy Teodovic no renuncia porque debe aplicar el Decreto aprobado el pasado 14 de julio que, por ejemplo, le permitirá a su socio Andrés Petricevic aliviar la carga salarial en la construcción de una carretera que unirá Santa Cruz con Chile. Dirigentes como Evo Morales y Felipe Quispe, junto con los comités cívicos, deben promover en el campo y las ciudades una resistencia civil contra ese proyecto, impidiendo que nuestros jóvenes asistan a los cuarteles mientras esté vigente aquel inconstitucional Decreto.
Eran 350 jóvenes bajo bandera, no mayores de 18 años, prácticamente secuestrados con el pretexto de "servir a la patria", obligados a cosechar gratuitamente 3.000 hectáreas de un raro y rentable arbusto cuyo nombre suena como redoble de tambores. Los medios hicieron lo suyo cuando mostraron aquellas indignantes imágenes de conscriptos sometidos a trabajos forzados en una hacienda de la ricachona familia Cronembold. Algunas redes de TV se sumieron en una "sana competencia" por exhibir el menor detalle en el tristemente caso "macororó". Uno de los canales presentó el testimonio de un soldadito que revelaba lo insólito: "El coronel nos dijo que veníamos a trabajar en esta cosecha porque así estábamos contribuyendo al desarrollo nacional y al engrandecimiento de la patria". El abuso sin límites, inhumano e inmoral, se reveló ante la opinión pública con las palabras humildes e inocentes de otro conscripto que decía ante las cámaras: "Si no cumplimos el cupo de recolección de macororó que se nos ha fijado a cada soldado, nos ponen al chancho y nos dejan sin rancho". Para el Prefecto de Santa Cruz y los jefes de la Octava División, eso se llama "emergencia nacional". Pero lo que sucedía en la finca de doña Patricia Cronembold Melgar ("ex esposa del actual canciller Carlos Saavedra Bruno", remarcaron los redactores de la prensa diaria como sacando esa frase de un manual de estilo) era técnicamente un acto de esclavitud; no otra cosa supone obligar a un trabajo sin derecho a un salario abusando del estado de indefensión en que se hallan los reclutas bajo bandera.
Según el ministro Freddy Teodovic, que con este episodio se gradúa como master en las artes del cinismo, lo sucedido en la hacienda de doña Patricia Cronembold ("ex esposa del actual canciller Carlos Saavedra Bruno", siguiendo el manual de estilo) no debía ser motivo de escándalo y mucho menos de un cambio en el gabinete. "Usted y yo sabemos" –le dijo Teodovic a Cayetano Llobet durante una entrevista en PAT, el día en que Carlos Mesa exigió la renuncia de este ministro– "que esto ha sucedido desde siempre y durante otros gobiernos anteriores".
La desverguenza de Teodovic no deja de tener un asidero razonable. Según referencias que nos proporcionan vecinos de Concepción, una localidad ganadera en Santa Cruz de donde es oriundo, la propia familia de Teodovic se habría beneficiado en varias ocasiones, especialmente durante las dictaduras de Banzer y García Meza, con el trabajo gratuíto de conscriptos en los fundos de dicha familia. Es decir, se sabe, usar la fuerza laboral gratuita de conscriptos para beneficio privado, nunca fue una novedad, mucho menos para Teodovic.
¿Pero qué pasó para que un sólo caso como el asunto "macororó", entre miles y muchos de ellos más graves quizá, haya desatado tanto revuelo al punto de poner en tapete la posible destitución del ministro encargado de administrar las Fuerzas Armadas? Y más aún, ¿cómo entender que un ministro que ha violado la Constitución Política del Estado y la propia Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas permitiendo la explotación despiadada de jóvenes indefensos en faenas agrícolas de gran envergadura, termine premiado con un voto parlamentario de impunidad y con la confianza que le ratifica el propio Presidente de la República? (1).
Al intentar responder esas interrogantes, podríamos llegar a entender la magnitud de la crisis y la decadencia que afectan a las estructuras del poder en Bolivia.
Esclavos y carne de cañón
El escándalo "macororó" fue un incidente inflamado por el entusiasmo mediático que permitió visualizar públicamente una antigua práctica en los cuarteles que, especialmente durante la administración del ministro Freddy Teodovic, hizo de la explotación laboral de conscriptos una lucrativa actividad "económica", planificada y organizada desde las cúpulas políticas y militares.
La actual política de Defensa Nacional en el país se basa en una "domesticación" vergonzosa del soldado boliviano que en el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio es sometido a los más indescriptibles abusos.
Son do los pilares sobre los que se sustenta la administración de los cuarteles en el régimen vigente: mano de obra gratuita para enriquecer a empresarios inescrupulosos vinculados a las esferas castrenses; y "carne de cañón" de una política genocida impuesta por la Embajada de Estados Unidos, en la que el joven conscripto se ve obligado a arriesgar su vida en enfrentamientos fratricidas con el movimiento popular y ciudadano. Bajo la gestión de Freddy Teodovic esta "política de defensa" alcanzó los caracteres de comercio vil.
La incorporación masiva de soldados en tareas de "apoyo" a la producción privada está vinculada con la aplicación de un precepto impuesto por los asesores norteamericanos según el cual, para que Bolivia pueda acceder a los beneficios de la asistencia económica para sus Fuerzas Armadas, éstas deben, entre otras condiciones (2), "ser capaces de liderar la defensa de la democracia ante la amenaza terrorista, con un ascendente protagonismo en la vida interior del país" (3).
Ese "ascendente protagonismo" de las FF.AA. en la vida nacional se expresa cuantitativamente: según un dato que nos proporciona un oficial de la Séptima de División de Cochabamba, el uso de soldados con fines laborales para beneficio privado solía limitarse a pequeños batallones y tropas aisladas; pero desde que Teodovic dirige el sector esta práctica involucra a regimientos íntegros con más frecuenca. Teodovic profundiza el proceso por una doble ruta:
a. llevando a un grado máximo la disponibilidad de mano de obra gratuita para "reactivar" la actividad empresarial privada en el marco de un confusa política económica oficial
b. generalizando e incrementando el uso de conscriptos en tareas de erradicación forzosa de cocales.
En ese marco, las responsabilidades civiles y penales de Teodovic son mucho más serias que su intervención en el caso "macororó"; y eso mismo explica la forma pertinaz con que se aferra al cargo, pues el Ministerio de Defensa adquiere un poder altamente influyente y lucrativo en estas circunstancias.
Poco antes del escandalete "macororó" se conoció en Cochabamba el caso de un conscripto fallecido en Villamontes (Tarija) mientras cumplía trabajos para una trasnacional petrolera beneficiada con un convenio de "emergencia nacional". Mediante un negocio celebrado por la Empresa Petrolera Bolivian Company (y el subcontratista Gregorio Palacios) con los comandantes y jefes de la Tercera División de Ejército, los soldados del Regimiento Pisagua –en su mayoría reclutados en provincias de Cochabamba– fueron obligados a trabajar realizando obras civiles y de albañilería en beneficio de los empresarios petroleros.
Durante la ejecución de ese trabajo forzado, el pasado 19 de junio murió ahogado en proximidades de la propiedad petrolera el conscripto José Antonio Cuiza Gómez, cuyo cadáver fue trasladado a Cochabamba y enterrado furtivamente en la zona de Valle Hermoso, según una denuncia difundida por la estación local Radio Fides en esta ciudad, sin que se le haya practicado la autopsia de ley y sin resarcimiento alguno para la familia damnificada.
Este "uso" impune y abusivo de conscriptos que cumplen su "servicio a la patria" arriesgando absurdamente su integridad física y su salud anímica, no se limita a la sobreexplotación de esa mano de obra gratuita. Los soldados son también utilizados como "carne de cañón" en la erradicación forzosa de cocales, exponiéndolos a emboscadas y "cazabobos" propios de una autodefensa campesina cada vez más letal.
Según un reporte del Defensor del Pueblo en Cochabamba, sólo desde el pasado año 2002 han sido victimados en el Chapare, entre heridos y muertos, al menos una decena de jóvenes uniformados en plena erradicación forzosa de cocales. La irresponsabilidad gubernamental en este asunto es espantosa e infringe incluso los propios reglamentos militares. En febrero, 81 soldados del Regimiento de Guayaramerín (Beni) que debían ser licenciados ese mes, fueron llevados al Chapare con la orden de erradicar cocales fuera del tiempo legal previsto para el servicio militar, ilegalmente privados de su libertad.
El incremento de tropas militares en el Chapare implicaría el recrudecimiento de aquellas arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos de los conscriptos.
Pero esta curiosa política de "ascendente protagonismo" de las Fuerzas Armadas va mucho más allá. Bajo esta administración el maltrato a los soldados aumentó con rasgos de criminalidad. Un reporte recientemente publicado por el periodista Carlos Morales Peña con datos del capitán en retiro Juan Ramón Quintana, describe las condciones infrahumanas e incluso atrocidades como asesinatos y violaciones sexuales que sufren nuestros jóvenes en los cuarteles a manos de sus superiores. "En la mayoría de los casos, la propia Justicia Militar se encarga de encubrir a los jefes militares involucrados en esos actos ilícitos. El mecanismo más usual es cambiar de destino a los acusados y guardar las denuncias en un archivo", anota el periodista.
Teodovic y su Decreto Inmoral
Teodovic y su peculiar visión de patria salieron aparentemente fortalecidos tras el escandalete del "macororó". Lejos de ser destituido y sometido a un Juicio de Responsabilidades como correspondía en justicia, el Ministro de Defensa fue premiado con la aprobación presidencial y legislativa de un Decreto que eleva a escala industrial la explotación laboral de conscriptos para fines eminentemente privados.
El decreto 27109 firmado por Sánchez de Lozada el pasado 14 de julio y refrendado al día siguiente en el Parlamento durante un acto de interpelación, consolida la privatización de la mano de obra disponible en los cuarteles, en casos de "emergencia nacional".
Esta disposición es una obra de arte de indolencia y desfachatez, tomando en cuenta las incoherentes justificaciones de la diputada movimientista María Teresa Paz. Autoriza a los comandantes de las grandes y pequeñas unidades y reparticiones militares "proponer convenios" con empresas privadas (secundariamente con el sector público) mediante un trámite ante el Comandante de Fuerza "quien lo someterá a la aprobación del Ministro de Defensa Nacional".
Debido a que la Ley Orgánica de las FF.AA. prohibe a los "conscriptos- obreros" recibir salario por su fuerza de trabajo, los ingresos generados por la prestación del servicio laboral, si los hubiere, serán depositados en una cuenta de las FF.AA. Los firmantes de aquellos contratos "deberán informar a sus superiores sobre el avance y cumplimiento de las obras, adjuntando un informe técnico de la contraparte, y éstos a su vez al Ministro de Defensa Nacional".
Este Decreto, inconstitucional e inmoral desde donde se lo vea, finalmente aclara con mayor nitidez por qué el cargo de Ministro de Defensa es tan apetecido por representantes del empresariado boliviano, especialmente cruceño. A partir de esta disposición, por ejemplo, doña Patricia Cronembold ("ex esposa del actual canciller etcétera...") podrá volver a emplear otros 350 soldaditos para su cosecha de "macororó" sin riesgo alguno de escándalo y amparada "legalmente" por el Decreto de Teodovic.
El Decreto de marras no sólo introduce elementos de distorsión y degeneración del Servicio Militar Obligatorio, creando una perversa asociación entre el poder militar y empresarial para disponer la vida de los soldados, sino incluso corrompe el concepto de Emergencia Nacional (definido expresamente para casos de desastres naturales o situaciones de conflagración), vulnerando la seguridad interna y externa del país. De hecho, en el paradigmático caso "macororó" se ha establecido que la "emergencia nacional" de la familia Cronembold consistía en que estos empresarios, presionados por una pesada mora bancaria, debían cumplir con un compromiso de exportación mediante socios chilenos que amenazaban suspender sus garantías ante el banco acreedor.
El Decreto de Teodovic, en caso de que el Tribunal Constitucional rechace el recurso interpuesto por la Defensoría del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos, beneficirá de manera directa a un grupo de empresarios vinculados con intereses chilenos, así como a las trasnacionales que operan en el país.
Uno de los grupos que aguarda con impaciencia la aplicación del Decreto 27109 es el de Andrés Petricevic, socio de Teodovic en negocios de tierras agrícolas y forestales (4).
La empresa Constructora Petricevic Sociedad Anónima (COPESA), como se sabe, detenta la adjudicación de la carretera San José-Taperas-Roboré, uno de los tramos principales del proyecto vial "Víctor Paz Estenssoro" diseñado para abrir un corredor bioceánico cargando el asfalto hacia las fronteras con Chile, por la misma vía que seguirá el gasoducto hacia puertos chilenos (5).
La carretera "Víctor Paz" es un ambicioso proyecto para asfaltar más de 3.000 kilómetros a lo largo y ancho del territorio nacional, con un potencial para generar 30.000 empleos, los cuales, por obra del Decreto de Teodovic, tendrán un sustancioso alivio en las planillas salariales de los inversores privados, con la utilización de fuerza de trabajo gratuita sacada de los cuarteles. Bajo esta misma modalidad, empresas chilenas como Cruz Blanca, que ha emprendido la rehabilitación del ramal ferroviario Cochabamba-Oruro, podrá acceder a esa mano de obra no asalariada, gracias a la triquñuela del D.S. 27109.
Fuerza de Trabajo gratuita para la "Nación Camba"
Pero el sector que bate palmas ante la vigencia del Decreto inventado por Teodovic, es el agropecuario cruceño, al que pertenece el actual Ministro de Defensa (6). Este sector atraviesa una espantosa crisis productiva y de identidad. Según nos explica Alejandro Almaraz, experto jurista del CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social), la oligarquía cruceña, forjadora de logias como la "Nación Camba", prosperó en medio de una cultura de explotación simi-esclavista que se mantiene inalterable desde hace más de un siglo.
"La llamada caza de bárbaros para la obtención gratuita de fuerza de trabajo indígena entre los siglos 19 y comienzos del siglo XX, fue una práctica común que permitió a este sector enriquecerse a costa del trabajo ajeno y no remunerado. Desde los cosechadores de algodón y los zafreros de la caña, hasta los conscriptos trabajando en haciendas ganaderas, este sistema de explotación se ha convertido en un hábito de los empresarios cruceños", afirma Almaraz.
Y a pesar de ese beneficio obtenido inescrupulosamente, este sector no ha sido capaz de sostener la sostenibilidad productiva de sus intereses, incurriendo en una lógica especulativa y parasitaria. Almaraz remarca que según datos conservadores del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), una élite de no más de 25 empresarios privados de Santa Cruz detentan no menos de 22 millones de hectáreas en la región oriental, de las cuales sólo cuatro millones de hectáreas son cultivadas con productos como soya, algodón y caña. El resto de la tierra no trabajada, alrededor de 18 millones de hectáreas bajo la fachada de propiedades ganaderas, es objeto de hipotecas bancarias y otros tráficos especulativos. Todo ello sin contar seis millones de hectáreas de concesiones forestales asentadas en buena parte sobre territorios indígenas.
El acaparamiento improductivo de tierras ha impelido a estos empresarios a una situación de semi-quiebra e iliquidez que se traduce en una descomunal evasión de impuestos y una deuda con el sistema bancario por más de 500 millones de dólares, mora que en un 90 por ciento corresponde tan sólo a diez familias, según explica Alejandro Almaraz. Esto ha convertido a los bancos acreedores, por la vía del embargo y la aplicación de la usurera Ley 1760 de "Abreviación Procesal", en latifundistas sustitutos que en el afán de recuperar las moras proceden al remate de esos bienes que son adjudicados por empresarios brasileños y chilenos (7).
Es pues a estos intereses que responde el actual Ministro de Defensa. Por eso su ratificación en el cargo, que se consolida con el mandato para poner en práctica el Decreto esclavista del pasado 14 de julio.
El silencio de las FF.AA.
A manera de colofón, permítasenos decir que Teodovic y sus mafiosos entornos creen que la sóla "subordinación y constancia" es garantía plena para que las Fuerzas Armadas se sometan mansamente a semejante atropello del poder político y empresarial.
No tiene conciencia el Ministro de Defensa sobre la bomba de tiempo que se está activando al abusar de manera tan inhumana a los conscriptos.
El Decreto 27109 debe ser decididamente resistido por el pueblo hasta su derogación. En ese objetivo, los padres de familia especialmente de zonas rurales deben evitar que sus hijos se sometan a un "servicio militar" que no es tal. Dirigentes como Evo Morales y Felipe Quispe, junto con los comités cívicos, deben promover en el campo y las ciudades esta resistencia civil, impidiendo que nuestros jóvenes asistan a los cuarteles mientras esté vigente aquel inconstitucional Decreto.
Dentro del cuartel, los conscriptos son reducidos a la nada; pero habría que efectuar un estudio sicológico de esos muchachos, miles de ellos, hoy, padres de familia desempleados que vagan por las calles mascullando su resentimiento contra los "principios de autoridad" vigentes (8). ¿Tendrán estos cuidadanos, potenciales insurrectos, la moral y la predisposición necesarias para el "sacrificio por la patria" en un hipotético caso de conflicto bélico bajo mandos militares como los actuales? Por otra parte, Teodovic se jacta de contar con el respaldo de una cúpula castrense corrompida y presta a "negociar" el uso de los soldados para actividades privadas. Pero esas cúpulas no representan al conjunto de una oficialidad silenciosa que aguarda con respetuosa paciencia la hora de expresar su palabra de indignación y auténtico patriotismo, para acabar de una vez por todas con tanta humillación y felonía. Cuando surgan esas voces de la conciencia nacional desde el seno mismo de las Fuerzas Armadas, será en buena hora.
Notas
1. Hay quienes sostienen que Goni prefirió postergar una "salida honrosa" de Teodovic durante el nuevo recambio ministerial en agosto, cuando se procederá al ingreso de Nueva Fuerza Republicana al gobierno. En esa hipótesis, Erik Reyes Villa, tan o más leal a la Embajada norteamericana que el propio Teodovic, podría asumir el Ministerio de Defensa.
2. Una condición recientemente impuesta por EEUU, tras la firma de un convenio suscrito en Washington por el canciller Saavedra Bruno para otorgar inmunidad a militares norteamericanos que cometan crímenes de lesa humanidad en nuestro territorio, librándoles del Tribunal Penal Internacional de La Haya, consiste en la ratificación congresal de ese convenio, que sería inminente en agosto con la inclusión de NFR en el gobierno de Sánchez de Lozada.
3.Ese precepto fue formalizado por el el jefe del Pentágono Donald Rumsfeld durante la V Conferencia Interamericana de Ministros de Defensa, realizada del 18 al 22 de noviembre del año pasado en Santiago de Chile, a la que asistió Teodovic.
4. Teodovic y Petricevic pertenecen a la generación de dirigentes del MNR que compartieron el poder durante el gobierno de Paz Estenssoro a mediados de los ochenta, para aplicar el D.S. 21060 desde un gabinete integrado, entre otros, por Gonzalo Sánchez de Lozada, Fernando Romero, Jaime Villalobos, Herman Antelo, Jorge Valdez y el inefable Alfonso Revollo.
5. Ver nuestro informe en El Juguete Rabioso, #70 del 8 de diciembre del 2002.
6. Freddy Teodovic fue directivo de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y miembro de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
Un hermano suyo, Hugo Teodovic, durante el último gobierno de Banzer fue Director Nacional del INRA y Presidente del Tribunal Agrario Nacional, gestiones en las que se cometieron innumerables irregularidades en la dotación de tierras agrícolas y forestales.
7. Una de las entidades bancarias que registra mayores casos de embargo de tierras agrícolas y forestales en Santa Cruz es el Banco de la Unión, cuyos principales accionistas son inversores chilenos representados por su gerente Julián Adolfo Seco, con socios como la familia Saavedra Bruno, los Petricevic y Jorge Valdez entre otros.
8. Si sólo tomamos en cuenta la cantidad de conscriptos que sufrieron vejaciones cuartelarias en los últimos 10 años, hallaremos una masa de ciudadanos predispuestos a la violencia. Un estudio efectuado por la Brigada de Protección a la Familia de Cochabamba establece que un alto índice de ciudadanos, entre los 21 y 35 años, involucrados en casos de agresion doméstica y otros delitos comunes, sufrieron algún tipo de vejación grave durante su servicio militar.