A casi dos años de un espectacular operativo judicial que detuviera a varios trabajadores y ejecutivos de la empresa minera boliviana Tierra S.A. implicándolos de desvío de precursores químicos para la fabricación de cocaína, finalmente el pasado 18 de julio se dio a conocer en La Paz el fallo judicial del caso que condena a varios de los acusados con penas de cuatro a ocho años de prisión y decreta la confiscación de la fábrica y las concesiones mineras.

Los trabajadores, que se niegan a perder su fuentes de empleo, consideran que la sentencia es resultado de un proceso sumamente irregular organizado por la competencia internacional (chilena y estadounidense) para el control de las reservas mineras del continente, la cual ha actuado con la complicidad del ministerio público y otros oscuros intereses bolivianos, apoyándose en las leyes antinarcóticos vigentes en el país (unas leyes que, cabe recordar, han sido rechazadas repetidamente por el sector cocalero y otras organizaciones sociales por contener varios puntos anticonstitucionales).

Fundada en 1984 a partir de un proyecto de cooperación belga y con el objetivo de crear fuentes de trabajo en la zona históricamente marginada del sur de Potosí, la empresa Tierra se dedica a la producción de ácido bórico desde su planta en Apacheta ubicada a 9 km de la frontera chilena. Después de varios años de dificultades Tierra consiguió ser rentable a partir de 1998, siendo capaz de emplear a 250 trabajadores en Bolivia y 50 en Chile y exportando actualmente más de 900 toneladas de producto a los cinco continentes. Por su éxito empresarial llegó a ser premiada por la Cámara de Comercio boliviana en los años 1999 y 2000.

Fiel a su vocación social, Tierra, S.A. ha dedicado mucho esfuerzo en la formación de los trabajadores, concede becas universitarias a los mejores estudiantes con la condición de que regresen a su zona de origen, mantiene tres médicos que proporcionan servicios de salud a las comunidades aledañas en concertación con la Caja de Salud boliviana y se siente orgullosa del mantenimiento de más de 200 km de carreteras que utilizan sus camiones, algo que apenas es realizado por el gobierno boliviano a lo largo y ancho del país. Recientemente recibió un galardón de las Naciones Unidas como el segundo mejor proyecto para la erradicación de la pobreza en el mundo, de una selección realizada en más de 20 países.

El calvario de los trabajadores potosinos empezó cuando un grupo de abogados bolivianos recompró la deuda que Tierra S.A. había contraído con la Internacional Investment Corporation (CII), dependiente del BID y iniciaron varias estrategias para hacerse con los yacimientos de ulexita (mineral del boro) que explota la empresa, la cual sin embargo consiguió ganar el juicio de la demanda que dichos abogados le interpusieron.

Poco tiempo después, en concreto el 28 de agosto del año 2000, las policías antidroga boliviana (FELCN) y chilena (OS-7), ambas financiadas por la DEA, realizaron conjuntamente el operativo Frontera 2000, que fue presentado como éxito espectacular ante los medios de comunicación y en el que se dieron múltiples abusos de los derechos humanos. Como resultado se decretó el cierre de la planta productora y se detuvieron catorce trabajadores y ejecutivos de Tierra, S.A, que fueron acusados de una supuesta importación ilegal de ácido sulfúrico - sustancia necesaria para la producción de ácido bórico cuyo transporte y uso está regulado en Bolivia por su utilización como precursor para la elaboración de cocaína - y desvío de casi diez mil toneladas de dicha sustancia para el narcotráfico en el Chapare.

Ante ello la empresa se defendió demostrando que desde el principio toda la importación fue legal, contando con todas las autorizaciones del Vice Ministerio de Defensa Social para la importación de ácido sulfúrico, importaciones que fueron controladas por los funcionarios de aduanas. Alegó también que la ausencia de las pólizas correspondientes se debió a funcionarios de la propia aduana y del Ministerio de Hacienda, quienes nunca procedieron a la elaboración de los debidos documentos posteriores a la importación, a pesar de las múltiples solicitudes por parte de la empresa.

En cuanto desvío de precursores, la acusación se basó en un informe presentado por un funcionario de la FELCN en que se expuso que para la elaboración del ácido bórico, no se precisa de un kilo de ácido sulfúrico por kilo de ulexita como ha sostenido siempre la empresa, sino solamente 0.8 kg, una presunción teórica que desde la realización del operativo Frontera 2000 fue refutada por cuatro informes posteriores a cargo de la Universidad Técnica de Oruro (Bolivia), de una comisión oficial del gobierno, de la parte chilena, y de un equipo de peritos independientes, informes que afirmaron que la cantidad de ácido sulfúrico necesario para la producción de ácido bórico es variable pero está en una relación media de 1 a 1. Cabe destacar asimismo que, de ser cierta esta segunda acusación, significaría que centenares de camiones cisterna habrían transportado ácido sulfúrico a los largo de los mil quinientos km que separan la planta productora del Chapare, un recorrido lleno de retenes militares para el control de las sustancias controladas, coca y precursores químicos. Nunca se detuvo ningún camión ni se ha probado la existencia del dinero procedente de su venta ilegal.

Como reportaron ampliamente los medios periodísticos bolivianos en su momento, ante el cierre de la empresa, los trabajadores con sus esposas e hijos marcharon a La Paz y lucharon durante quince meses para su reapertura, que consiguieron después de la aceptación del nombramiento de un interventor judicial para la administración de la planta, junto al cual se consiguió levantar de nuevo la producción y empezar poco a poco a pagar los sueldos devengados de los empleados, además de seguir reinvirtiendo en la ampliación y mejora de las instalaciones de Tierra, S.A.

También iniciaron una campaña de apoyo nacional e internacional con la que reunieron más de tres mil quinientas firmas entre las que se encuentra la del premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, campaña que no evitó, sin embargo, que ya a mediados del pasado mes de junio el ex presidente ejecutivo de la empresa fuera condenado a cuatro años de cárcel y uno de sus colaboradores a dos sin cumplimiento de pena en un juicio paralelo por la misma causa, pero bajo la ley aduanera, que tuvo lugar en Potosí y en el que ni los acusados ni sus abogados pudieron físicamente estar presentes por tener que asistir a las audiencias finales del proceso judicial que acaba de culminar en la ciudad de La Paz, imposibilidad que el juez no quiso tener en cuenta.

Finalmente la sentencia del pasado 18 de julio decreta la confiscación de la empresa y sus yacimientos para su remate por parte del Estado y establece penas de 12 años de cárcel para Guillermo Roelants, presidente ejecutivo de origen belga con veinte años en Bolivia, 8 años para Oscar Bollanti, ex gerente administrativo, 4 años para Mabel Estrada, ex abogada de Tierra, S.A., y 4 años para Carmen Rosa Burgos, propietaria de las concesiones mineras. La defensa anunció que apelará la decisión.

Los trabajadores calificaron el proceso de amañado y manifestaron que la intención de la Fiscalía de traspasar la administración de la empresa al Estado demuestra la clara intención de convertirla en botín político, para luego entregarla a la competencia internacional que pretende apoderarse de los inmensos yacimientos de la ulexita calculados en más de cinco millones de TM. Como aclaración hay que decir que casi todo el mercado latinoamericano de ácido bórico está manejado por la empresa US Borax. La otra transnacional que opera internacionalmente es la IMC Chemicals.

Regresando a Potosí después de movilizarse a La Paz para presenciar la lectura de la sentencia, los trabajadores aseguraron que defenderán con todos los medios su fuente de empleo y amenazaron con llevar a cabo medidas de presión como el bloqueo de carreteras si se afecta el funcionamiento de la planta de cualquier forma. Tanto ellos como los ejecutivos de la empresa han tomado conciencia de que el fallo es una muestra más de la ausencia de un sistema judicial fiable en el país, cuyos jueces están inmersos en todo tipo de presiones e influencias a fin de que el Ministerio Público a cargo de la lucha contra el narcotráfico (y apoyado por la DEA) no pierda sus juicios y quede desacreditado ante la opinión pública, aunque sus acusaciones carezcan de sustento alguno.