El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana penaliza la convocatoria y ejecución de un bloqueo de caminos en Bolivia con 2 a 8 años de cárcel. Los delitos de robo, instigación a delinquir, lesiones y extorsión, entre otros, serán sancionados con penas de reclusión mucho más duras y prolongadas.

El artículo 213 del Código Penal establece que "el que por cualquier modo impidiere, perturbare o pusiere en peligro la seguridad o la regularidad de los transportes públicos, por tierra, aire o agua, será sancionado con una reclusión de 2 a 4 años de cárcel".

Las cárceles podrían sobrepoblarse: restarían al Código de Procedimiento Penal

El proyecto de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, casi listo para su sanción en el Parlamento, endurece la condena de 2 a 8 años de prisión.

La instigación pública a delinquir es sancionada con reclusión de un mes a un año. En cambio, el proyecto de ley sube la pena de tres meses a dos años.

Para ir directo a la cárcel

El proyecto endurece las penas de once figuras delictivas del Código Penal: instigación pública a delinquir; atentados contra la seguridad de los medios de transporte; atentados contra la seguridad de los servicios públicos; lesiones gravísimas; lesiones graves y leves; lesión seguida de muerte; evasión; fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas; robo; robo agravado y extorsión.

Según el Código de Procedimiento Penal, no se puede detener en la cárcel a una persona si es que el delito por el que se la acusa tiene una pena inferior a tres años.

En este caso, el incremento de los años de prisión en estas once figuras penales derivará, en algunos casos, en el envío de los sospechosos directamente a la cárcel. Es decir, el retorno al sistema inquisitivo.

"Una cantinfleada"

Jorge Ledezma, diputado del MAS, denunció que con esas modificaciones, aprobadas por el oficialismo, se da vía libre al gobierno para amedrentar, reprimir y sancionar con dos a ocho años de cárcel a las personas que convoquen y ejecuten bloqueos de caminos.

El juez de garantías Carlos Sánchez Castelú opinó que una ley administrativa no puede modificar el Código Penal o el Código de Procedimiento Penal, que forman sistemas de normas dentro del ordenamiento jurídico del país. "Es como si con la Ley de Aduanas se modificara el Código de Procedimiento Civil, es una cantinfleada", dijo.

A pesar de haber participado en las plenarias, los políticos de oposición se quejaron de la aprobación de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

"Entre gallos y medianoche, y sin previa discusión sobre la inclusión de estos artículos, los oficialistas MIR, MNR, UCS y ADN aprobaron el artículo 213 y el 139, que endurecen deliberadamente las sanciones contra los movimientos sociales", dijo Ledezma.

Sin embargo, el diputado del MAS Dionicio Núñez forma parte de la Comisión de Gobierno donde se redactó el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Según la agencia gubernamental de noticias (ABI), el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Harb, considera que con esta ley se podrá prevenir el delito y luchar contra la inseguridad en la población boliviana.

El proyecto restringe además las garantías de los sospechosos en una investigación penal. Decisión que responde a los cuestionamientos de la Policía y el Ministerio Público sobre las medidas cautelares porque el Código de Procedimiento Penal prefiere la libertad de un sospechoso en respeto del principio de inocencia.