Bloqueo en Yungas: los colonizadores iniciaron las protestas
La Paz / ANF

"El gobierno y el Congreso están dispuestos a revisar la Ley de Seguridad Ciudadana, especialmente el artículo que prohíbe los bloqueos, si se acuerda por lo menos abrir el debate para modificar el Código Penal vigente", reiteró ayer el presidente de la Comisión de Gobierno, Jaime Paz Pereira (MIR).

El legislador oficialista señaló que ese artículo y el del alumbrado público fueron introducidos durante el

tratamiento de la ley en su etapa en detalle por el ex presidente de la Comisión de Constitución Hugo San Martín Arzabe (MNR), puesto que su proyecto no los consideraba.

Sin embargo, indicó que no es muy comprensible la actitud de varios sectores de la sociedad que ahora se movilizan y piden la derogatoria de esos artículos, cuando la prescripción no es nueva, "ya se hallaba inscrita en el Código Penal sancionado por el primer gobierno del general Hugo Banzer".

Precisamente, la transferencia de la administración del alumbrado público fue rechazada por las alcaldías de todo el país por considerar que viola la autonomía municipal al tratar de imponer que la Superintendencia del sector licite ese servicio.

En el caso del endurecimiento de las penas a los "bloqueadores", los partidos de oposición y entidades sociales cuestionaron su aprobación señalando que fue introducido de contrabando y sin contar con el consenso de la población, ni siquiera de los propios parlamentarios, además de castigar el derecho a la protesta reconocido en la Constitución Política.

De todos modos, Paz Pereira indicó que ambos artículos pueden ser revisados por el Parlamento, siempre y cuando también se tome la decisión de revisar y modificar el Código Penal y, en el otro caso, reconocer que la población paga y tiene derecho a contar con el servicio de un buen alumbrado público.

Según el diputado mirista, el Poder Legislativo está como mediador porque el que decide es el Ejecutivo, que pretende que la concesión sea una obligación para los municipios, mientras que, por otro lado, pretende castigar a los bloqueadores de carreteras.

Destacó que fue el Congreso el que abrió la posibilidad del cambio y que ahora resta ver los mecanismos que permitan la revisión del Código Penal para "poder modificar la ley".

Pese a la contundencia de los bloqueos de caminos, el gobierno dudó una vez más en aplicar el instrumento jurídico que sanciona este tipo de protesta social.

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Harb, explicó que la norma está diseñada para precautelar la integridad física de las personas y, por consiguiente, sólo será aplicada en caso de que los bloqueos de caminos ocasionen víctimas.

La autoridad puso un ejemplo extremo. "En caso de que se lance una piedra de dos o tres toneladas contra un bus...". Reconoció además el derecho constitucional a la protesta.

Por su lado el comandante Nacional de la Policía, General Jairo Sanabria, explicó que la labor de la institución se limitará a mantener la transitabilidad de las carreteras y a garantizar que las medidas de presión no vulneren el derecho constitucional que asiste a cada persona para circular libremente por el territorio nacional.