El gobierno hizo todo lo posible para desestimar, por lo menos en los medios de comunicación, los alcances de la llamada "guerra del gas". Decretó que las actividades escolares y laborales no tendrán ninguna modificación. Pese al paro de transportes no habrá tolerancia, ni para estudiantes ni para trabajadores.
Acompañadas de estas instrucciones, las autoridades emitieron criterios de duda sobre la capacidad de movilización de las organizaciones que convocaron a la protesta. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada minimizó los probables efectos de las movilizaciones, pese a que para hacerlo utilizó un inusual contacto ciudadano televisado, en jueves.
Paralelamente, un impresionante operativo militar y policial se ha desplegado en los lugares que se supone serán epicentro del descontento. El Ejecutivo ha presentado un plan de contingencia que dice que se utilizará en la medida en que las marchas se tornen violentas.
Incluso en la administración pública ha circulado una instrucción que llama a todos los funcionarios a guardar la información vital en diskettes y discos ópticos ante la probabilidad de un eventual ataque como el ocurrido durante las jornadas violentas de febrero.
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