Cuestionan la versión del gobiernoEl oficialismo y la oposición interpelarán a los ministros Sánchez Berzaín y Kukoc
El oficialismo firmó el Reencuentro con el compromiso de cumplir sus metas y plazos, aunque sin el aval de la Iglesia. En Cochabamba, Evo Morales y el ex mayor David Vargas, entre otros, conformaron una Coordinadora de Demandas. El despliegue militar no garantiza el libre tránsito en el altiplano. Detienen a 21 bloqueadores. Dudan de la emboscada de Warisata, pero el gobierno mantiene la versión.
En Warisata velaron ayer los restos de los que cayeron en el enfrentamiento del sábado 20.
ESPECIAL
¿Quién tiró la primera piedra? El gobierno dijo que el primer acto de violencia fue la retención contra su voluntad de casi mil personas en Sorata por parte de campesinos de la región. Así respondió el portavoz Antezana a los cuestionamientos que hicieron el Defensor del Pueblo, la Asamblea de Derechos Humanos y una comisión congresal a la versión oficial de que las tropas del Estado usaron "munición no letal" en los enfrentamientos del sábado. Esas instituciones, además de poner en tela de juicio tal afirmación, expusieron sus reparos a la hipótesis oficial de una emboscada.
Cuestionan la versión del gobierno
Una verificación realizada el domingo en la localidad de Warisata por el Defensor del Pueblo, la Asamblea de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados descartó las versiones oficiales que señalan que hubo emboscada de los campesinos contra el Ejército y además provocación por parte de los militares y policías.
Hasta el domingo se manejaban dos versiones, la de los campesinos y la del gobierno. Mientras los originarios de Warisata aseguraban que el Ejército y la Policía entraron a esa localidad en la madrugada del sábado a balazos, la Policía indicó que en tanto se realizaba el operativo de rescate a los turistas de Sorata fueron emboscados dos veces por los comunarios de esa localidad.
La defensora del pueblo en suplencia legal, Carmen Beatriz Ruiz, señaló que lo que probablemente ocurrió fue que las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía realizaron algunas verificaciones o restrillajes en el camino, lo que generó una reacción de mucho nerviosismo en gente de la comunidad de Warisata.
"Lo que nosotros hemos encontrado son los efectos de una actitud de enfrentamiento; nos parece muy difícil aceptar la idea de que la comunidad hizo una emboscada a las Fuerzas Armadas", dijo la defensora en Suplencia, Carmen Ruiz.
También admitió que si bien hay muertos y heridos en ambos lados, el número de muertos es superior el sector campesino.
A esto, Ruiz agregó que también hubo enfrentamiento, que hay en la actualidad ánimos exacerbados, y que sí se utilizó armamento letal y tácticas de guerra que han puesto muy nerviosa a la población.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Paulo Bravo, descartó la versión de emboscada manejada por el vocero presidencial.
"Yo creo que una emboscada se produce cuando no se la espera; pero, según la información de los pobladores de Warisata, a las cinco de la mañana efectivos del Ejército y miembros de la Policía estaban tomando la ciudad, y los hechos de violencia ocurrieron después del mediodía", dijo.
Para Bravo, esto fue una reacción de la población al inusitado despliegue militar. "Parecía que se realizó una operación comando con tácticas de guerra", precisó.
El diputado adenista también dijo que hubo una acción premeditada del gobierno. Mientras el ministro de Agricultura y el viceministro de Régimen Interior Interior, José Luis Harb, se reunían con líderes campesinos en El Alto, por el otro iniciaba la evacuación de los turistas que se encontraban en Sorata.
Albarracín también confirmó que en la verificación no sólo se encontraron cápsulas de gas, sino casquillos de munición de guerra en varios domicilios, el colegio, la Normal y el cerro.
La comisión envió ayer a esta zona un equipo con tres médicos forenses y tres fiscales para que tomen declaraciones a la gente.
En el recorrido por el pueblo, la comisión verificadora confirmó que las instalaciones de la Normal Elizardo Pérez de Warisata, del colegio del mismo nombre, los transformadores de energía eléctrica y las viviendas fueron objeto de los disparos de las fuerzas de represión del Estado.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Waldo Albarracín, confirmó que esta población permanece incomunicada porque los disparos también llegaron a las plantas generadoras de energía.
Antezana: FFAA repelieron la celada
El portavoz gubernamental, Mauricio Antezana, reiteró que los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas que escoltaban a cientos de civiles en su camino de retorno de Sorata fueron objeto de una emboscada armada.
Antezana hizo esa afirmación ayer cuando se le consultó sobre las dudas que planteó el titular de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Waldo Albarracín, a la hipótesis de una celada de parte de los campesinos del altiplano norte.
Para el vocero, las afirmaciones de Albarracín no pueden ser interpretadas como un cuestionamiento a la versión oficial de que la provocación partió de los indígenas.
Evasivas sobre la munición
El gobierno dijo durante el fin de semana que sus tropas usaron "munición no letal", mientras que los campesinos dispararon "munición de alto calibre".
Al respecto, la APDHB, la Defensora del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados afirmaron ayer que las tropas gubernamentales dispararon balas letales en los enfrentamientos.
Al ser consultado al respecto, el portavoz respondió que el primer acto de violencia que se cometió fue impedir a más de 600 personas abandonar Sorata.
"Por tanto, este primer acto de violencia viene seguido de otros, que han caracterizado el proceso de salida de la caravana; se produjeron hostigamientos con diferentes tipos de actitudes hostiles", replicó.
Este matutino insistió en preguntar al portavoz gubernamental si se usó munición de guerra, Antezana dijo de forma ambigua que ya está explicado "que fue utilizada la fuerza del Ejército para repeler la emboscada" que se les hacía a los policías.
Ante el rechazo de las organizaciones defensoras de derechos humanos a la versión oficial de lo ocurrido en Warisata, y pese a la insistencia de La Prensa para que el Ejecutivo responda a esas críticas, autoridades como el ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Harb, y el Comando de la Policía se negaron a responder.
Harb: La APDHB me sorprende
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) no sólo expresó sus dudas al gobierno, sino que además, el mismo sábado manifestó sus críticas y calificó de inoportuna la intervención del gobierno.
Al respecto, el viceministro de Gobierno y Régimen Interior, José Luis Harb, replicó que los representantes de esa institución no tomaron ninguna iniciativa de prevención o concertación, y más bien mostraron una actitud figurativa y cómoda ante las cámaras de televisión, al lado de los cadáveres de los fallecidos a raíz de un enfrentamiento de campesinos con fuerzas del orden.
"Estoy sorprendido porque Derechos Humanos hable de sentido de oportunidad... Hubiera sido bueno que ellos se desplieguen y convenzan a los comunarios de que no retengan innecesaria y abusivamente a las personas que estaban en Sorata", dijo.
Harb añadió que hubiera sido bueno que la APDHB hubiera defendido los derechos de niños y ancianos que se encontraban sin comer, de personas golpeadas en manos de gente armada en estado de ebriedad.
"Hubo amenazas de muerte, por eso la intervención fue oportuna; si no hubiéramos tenido que soportar situaciones más dramáticas. No se fue a despejar una manifestación, se hizo un rescate", justificó.
Prodem desmiente destrozos
La Paz / ANF
La sucursal del fondo financiero Prodem en Sorata no sufrió ningún daño, como afirmó el sábado en una conferencia de prensa el vocero gubernamental, Mauricio Antezana.
Así lo señaló a ANF el gerente regional occidental de Prodem, Mauricio Arraya, al asegurar que fueron los mismos dirigentes sindicales de Sorata los que evitaron cualquier acción contra la entidad durante los conflictos del sábado.
Según Arraya, la población campesina de esa región está consciente de la importancia de los servicios que presta Prodem, como los pagos del Bonosol o el Plan Nacional de Empleos (Plane), de tal forma que evitaron causar daños a su infraestructura.
El gobierno reportó el sábado que varios edificios públicos y privados, entre ellos la sucursal de Prodem, fueron quemados y destruidos en Sorata en la revuelta que siguió al traslado de 800 personas que se encontraban retenidas en esa población semitropical.
Sin embargo, según Arraya, Prodem mantiene una buena relación con los pobladores de Sorata. De hecho, el martes, reanudará la atención a su clientela.
En Sorata, donde está una de las 67 agencias que tiene Prodem en el país, la entidad financiera posee una cartera de créditos por encima de los 350.000 dólares, con una morosidad controlada del 7 por ciento y cerca de 200 clientes, sostuvo el funcionario.
Luego de que fuerzas conjuntas de policías y militares procedieran a la evacuación, durante la noche se desataron actos de violencia en Sorata.
El hotel Copacabana fue destruido, tal como lo afirmó su dueña, Dayana Kock, mientras que, de acuerdo con el gobierno, también sufrió daños la Subprefectura.
Iglesia llama al ejecutivo a dialogar
La Paz / ANF
El obispo de la Diócesis de El Alto, monseñor Jesús Juárez, pidió a los gobernantes y a la población que eviten profundizar los resentimientos y que en cambio busquen la concertación.
El párroco de la Vicaría del Altiplano Norte, padre Pascual Limachi, informó al prelado que los dirigentes de esa zona quieren dialogar, por lo que monseñor Juárez reiteró la convocatoria al gobierno para que se reúna con sus representantes.
La balacera ocurrida el sábado se produjo en la provincia Omasuyos, que es parte de la Vicaría del Altiplano Norte, perteneciente a la Diócesis de El Alto.
Monseñor Juárez manifestó que la Iglesia Católica está dispuesta a facilitar el diálogo entre ambos sectores para buscar soluciones a la crítica situación por la que atraviesa la población del altiplano.
Al mismo tiempo, reiteró que "con violencia no se resuelven los problemas", sino que se genera mayor distanciamiento entre bolivianos.
Como pastor eclesiástico de la diócesis más pobre del país, monseñor Juárez visitó a los heridos en el Hospital de Clínicas y en Cossmil.
El también Obispo de El Alto, en nombre de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), pidió a los bolivianos que continúen orando la plegaria por la paz.
Harb dice que Hay pruebas suficientes
El gobierno ya empezó su trabajo de identificación de las personas y grupos que protagonizaron un enfrentamiento con miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía el sábado.
El trabajo del Ejecutivo tiene por objetivo presentar las demandas acusatorias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, anunció ayer el viceministro José Luis Harb.
La autoridad de gobierno no quiso hacer precisiones sobre la identidad de los dirigentes campesinos que supuestamente alentaron un enfrentamiento armado que dejó un saldo de cinco muertos y 23 heridos por armas de fuego.
Sin embargo, Harb sí aseguró que además de la identificación y la acumulación de pruebas que realizan, la Dirección Jurídica de ese Viceministerio pedirá al Ministerio Público que actúe e identifique a grupos "radicales, racistas, altamente ideologizados, de contenido y estructura violenta".
Harb sostuvo que esos grupos están "exacerbando" a los campesinos, marcando una diferencia con organismos sindicales del agro que tienen una estructura y una relación democrática con su entorno.
"En cambio, estos grupos son absolutamente marginales, tendenciosos y criminales que manejan armas", insistió.
Hay pruebas
Citando la máxima que expresan los abogados: "a confesión de parte, relevo de pruebas", el Viceministro dijo que hay pruebas suficientes contra los agitadores, como la "muestra física" de videos y fotografías que difundieron los canales de televisión y medios de prensa, en la cual se ve a los campesinos empuñando armas y alentando una guerra civil.
"Son personas que al estar portando armamento ilegal estan al margen de la ley", aseguró.
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