Una intermitente y silenciosa batalla por el control de las principales carreteras del occidente boliviano están librando militares y campesinos en las pampas del altiplano, a una semana de iniciada la "guerra del gas". En las noches reina la piedra y el sudor de hombres y mujeres del agro, de día imperan la bota y el fusil

Los bloqueos y desbloqueos son una constante al igual que la paralización del tráfico vehicular que ha dejada aislada por tierra a La Paz, la sede del gobierno, donde han comenzado a surgir manifestaciones de protesta y marchas en apoyo a los campesinos y en contra de la exportación de gas a Estados Unidos.

Tras los sangrientos sucesos del sábado en Warisata, cuando fueron acribillados cinco civiles y dos militares, y más de una veintena quedó herida por bala, hay un uso "controlado" de la violencia por ambas partes.

VIOLENCIA CONTROLADA

Los campesinos, siguiendo las instrucciones de su líder, el "Mallku" Felipe Quispe, para "bloquear sin ser masacrados", siembran piedras en las carreteras y se retiran apenas avizoran a las patrullas militares que no se dan abasto para controlar a los revoltosos. Casi todos, los que tienen suerte, corren y desaparecen entre los cerros, y son relativamente pocos los que son detenidos por los militares. Ellos, sin embargo, la pasan muy mal: son golpeados y vejados por los uniformados y luego son trasladados como bultos a las celdas policiales en la ciudad de La Paz.

Según el más reciente recuento policial, 46 campesinos han sido detenidos y puestos a disposición de los estrados judiciales, donde casi siempre es ley lo que dicen los gobernantes.

Del lado de los militares, hay la clara instrucción de no apretar el gatillo y de evitar nuevas muertes. No es casual, por ello, que en las cercanías de la ciudad de Oruro, dirigentes campesinos y jefes militares dialoguen, se amenacen y mantengan el conflicto en términos aceptables para ambas partes. Los militares insisten para que los campesinos no apedreen a los pocos vehículos que se atreven a circular por la zona. Los campesinos, en cambio, vigilan muy de cerca que ninguno de ellos sea detenido y aguardan instrucciones de sus dirigentes, pendientes de las negociaciones que se podrían abrir en La Paz.

MÁS BLOQUEOS Y CÁRCEL

Sin embargo, hasta el atardecer de hoy el líder campesino del altiplano ratificaba su decisión de no ir a las negociaciones si las tropas militares no eran retiradas de los caminos y si no se liberaba a los detenidos.

"El gobierno quiere que seamos mansos, que sigamos siendo pongos como nuestros padres y abuelos. No se dan cuenta que somos indígenas de la post modernidad", dijo el "Mallku", un ex guerrillero de la década de los 80 que ha cursado con éxito estudios universitarios de historia y es autor de varias obras.

"No vamos a suspender los bloqueos, no hasta que hayan soluciones. Podemos dialogar, pero sin levantar los bloqueos porque tenemos que consultar con los compañeros que están en los caminos. No vamos a dialogar de espaldas a las bases", aseguró Quispe al instruir a sus dirigidos a no bajar la guardia.

Es más, el líder campesino amenazó con acciones más radicales si sus seguidores no eran liberados. "Si siguen apresando a nuestros hermanos, vamos a tener que capturar a los soldaditos, pero nosotros no los vamos a torturar como hacen ellos. Nosotros somos más humanos que ellos".

En las últimas horas dos campesinos, acusados de "asociación delictuosa" por participar en las protestas, fueron recluidos en la cárcel en espera de un juicio en los tribunales ordinarios, en tanto que otros nueve fueron liberados previa la presentación de garantías. Otro dirigente sindical agrario también guarda detención por haber participado de un proceso de justicia comunitaria.

HUELGA GENERAL

Los campesinos del altiplano también aguardan confiados en que un ampliado de emergencia de la Central Obrera Boliviana (COB), previsto para horas de la tarde de hoy en el distrito minero de Huanuni, pase de las declaraciones a los hechos, defina la fecha de la huelga general indefinida y del bloqueo de caminos, y proceda a incorporar organizadamente a los sectores laborales a la lucha por la reconquista del gas y el petróleo, hoy en manos de las transnacionales.

La huelga y el corte total de rutas serían el preámbulo de una insurrección popular si acaso el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada mantiene en pie su decisión de aprobar la exportación de gas a Estados Unidos por un puerto chileno. Este proyecto reportará anualmente 1.300 millones de dólares para las transnacionales del petróleo que operan en el país y tan sólo entre 40 a 70 millones para el Estado boliviano.

Este proyecto cuenta con el respaldo de la embajada de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, pero con escaso apoyo en el país.

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