Medidas cautelares: la justicia aplicó la Ley de Seguridad CiudadanaDos dirigentes campesinos de Oruro son los primeros en ser acusados y procesados bajo la Ley de Seguridad Ciudadana. El MAS, principal partido opositor, denunció que hay presiones a la PTJ y fiscales para que se encarcele a los bloqueadores. La cifra de detenidos es contradictoria, aunque se sabe que nueve personas fueron liberadas con medidas sustitutivas y 16, sin cargos.
Medidas cautelares: la justicia aplicó la Ley de Seguridad Ciudadana
La Ley de Seguridad Ciudadana fue estrenada ayer con la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de los dirigentes campesinos Jorge Ramos Espejo y Ruperto Escalante Laura, acusados por el Ministerio Público de bloquear un camino cerca de Belén, población ubicada a 80 kilómetros de Oruro.
La abogada Nardi Suxo, adjunta al Defensor del Pueblo, informó que las acusaciones en contra de esas personas, además de nueve campesinos -sujetos a medidas cautelares-, se apoyaron en la Ley de Seguridad Ciudadana.Según Suxo, el proceso legal en contra de Espejo y Escalante no podrá ser sustentado y probablemente esas personas, a la larga, tendrán que ser liberadas si no se presentan pruebas de los delitos cometidos.
Una norma polémica
La Ley de Seguridad Ciudadana fue promulgada el mes pasado y su constitucionalidad fue puesta en duda por el Movimiento al Socialismo (MAS), que presentó un recurso contra ésta ante el Tribunal Constitucional por coartar el derecho a la protesta.
Durante la aprobación legislativa de esa ley, la Comisión de Gobierno, presidida por Jaime Paz Pereira, introdujo en el proyecto un artículo por el cual se tipifica como delito cualquier clase de obstaculización terrestre, fluvial o incluso aérea.
El diputado del MAS Iván Morales denunció que esa Ley es aplicada con rigor en contra de los campesinos e indicó que hay presiones sobre la PTJ y los fiscales para que se apoyen en esa norma y puedan encarcelar a los trabajadores del agro.
Los delitos
El juez cautelar Sexto de Instrucción en lo Penal, Álvaro Melgarejo, remitió a la cárcel a los dirigentes campesinos porque considera que existe riesgo de fuga y obstaculización para determinar a los culpables.
Los detenidos también fueron acusados de incurrir en instigación a delinquir, daño simple y asociación delictuosa.
El Ministerio Público presentó como prueba contra uno de los acusados el hecho de que fue detenido portando un fusil Máuser; en el otro caso, el acusado dijo que acudía a un bautizo, lo cual fue refutado por el Ministerio Público.
Suxo informó que ahora corresponde que continúe el proceso penal, en el cual, la defensa tendrá que demostrar que los campesinos no tienen responsabilidad penal alguna.
Presentarse a firmar
Un grupo de nueve detenidos fue puesto en libertad provisional bajo medidas sustitutivas. Entre ellos están: Marco A. Quispe Calderón, Rufina Laura de Flores, Paulino Apaza Quispe, Nicasio Orellana, Hugo Gonzalo Tarco, Faustino Fernández, Toribio Laura Quispe, Ubalinda Mollo viuda de Colque y Juan Anchi Mamani.
Esas personas están sometidas a arraigo y no podrán trasladarse de su lugar de residencia, además, deberán presentarse obligatoriamente una vez a la semana para firmar un libro ante el Ministerio Público.
Abusos de militares
En contraparte, en declaraciones a la agencia ANF, los campesinos Silverio Calle, Santiago Thola y Silverio Acho denunciaron que policías y militares los detuvieron la tarde del martes en forma violenta y sin constatar si eran los responsables de los bloqueos y quitándoles el dinero que tenían; más o menos 35 bolivianos.
Indicaron también que están sin comer desde que fueron detenidos, que durmieron en una celda y que fueron golpeados por policías y militares.
En cinco días se detuvo a 46 campesinos
El subdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Jorge Fernández, informó a ANF que en los últimos cinco días se detuvo a 46 personas que bloqueaban las carreteras en el altiplano, de los cuales la mayoría fue liberada.
La autoridad señaló que entre el martes y el miércoles se detuvo a más de diez campesinos que obstruían las carreteras, y ocasionaban daños a la propiedad privada y hacían cobros ilegales a los transportistas.
Sin embargo,el Defensor del Pueblo indicó a este periódico que en sus registros ha contabilizado a 27 detenidos. De esa cifra, la justicia determinó remitir a dos a la cárcel de San Pedro, nueve fueron liberados con medidas provisionales y los restantes 16 fueron puesto en libertad sin cargo alguno en su contra.
Menores detenidos
Por su parte, el fiscal adscrito al caso, Fernando Cortes, manifestó que fueron detenidos otros 16 campesinos, a quienes se tomará las declaraciones informativas y, posteriormente, se determinará si son remitidos ante un juez de medidas cautelares.
El Fiscal aseveró también que entre los detenidos hay menores, por lo que convocará a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que puedan prestar sus declaraciones correspondientes.
"El Ministerio Público valorará los elementos de convicción, las pruebas recolectadas, además de hacer un análisis de todos los antecedentes y la participación de cada uno de los detenidos", sostuvo el representante del Ministerio Público.
Entretanto, efectivos del Ejército y la Policía continúan ejecutando un estricto control en las carreteras del altiplano con el objetivo de mantener expeditos los caminos y garantizar el libre tránsito. Las autoridades de gobierno inspeccionaron ayer las tres provincias donde hay conflictos.
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