Caravana a Sorata: derivó en un enfrentamiento que dejó seis muertosUna comisión conformada por la Iglesia, el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos intentará hoy ingresar a la población de Luquisani para evacuar a más de 300 personas impedidas de salir desde hace casi dos semanas debido a los bloqueos en el altiplano. Ante el anuncio, los dirigentes campesinos adelantaron que formarán otra caravana para verificar la presencia de los afectados. Otra de las poblaciones perjudicadas por los bloqueos es Copacabana, donde hay tres centenares de personas varadas, 50 de ellas turistas extranjeros. Según el reporte de un poblador de esa localidad, las salidas hacia La Paz, y la frontera están cerradas por campesinos; incluso el tráfico lacustre es restringido.
Caravana a Sorata: derivó en un enfrentamiento que dejó seis muertos
"Aunque no es nuestra competencia, hemos decidido tomar cartas en el asunto", asegura Sacha Llorenti sobre el ingreso a Luquisani
Una caravana compuesta por miembros de la Iglesia, el Defensor del Pueblo y Derechos Humanos intentará hoy en la mañana "rescatar" a cerca de 350 personas que quedaron atrapadas desde hace 12 días en la población de Luquisani (provincia Muñecas) debido al bloqueo campesino de caminos.
A diferencia del grupo que ingresó el sábado a Sorata con similar objetivo, acción que derivó en la muerte de seis personas, la comitiva de hoy no incluirá a ningún militar y sólo viajará acompañada por los dirigentes de los bloqueadores.
Si el operativo prospera, se hará lo mismo en las próximas horas con más de 300 personas retenidas contra su voluntad en Copacabana.
Cartas en el asunto
"Aunque no es nuestra competencia, hemos decidido tomar cartas en el asunto", aseguró ayer en la tarde Sacha Llorenti, vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), durante una conferencia conjunta de la Defensora del Pueblo en suplencia legal, Carmen Beatriz Ruiz, y el obispo de El Alto, monseñor Jesús Juárez.
En la mañana, el ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, dirigió una carta a la Defensora del Pueblo en la que solicitaba la "facilitación" de la institución que dirige "en la solución de conflictos entre pobladores y ciudadanos, sobre todo en Sorata, Achacachi, Luquisani", dice la misiva.
"En este sentido, nos permitimos solicitar la participación de ustedes en la búsqueda de soluciones a este conflicto, para lo cual les brindaremos todas las condiciones y facilidades para este cometido", termina la carta de Kukoc.
"Colaboraremos", dijo Llorenti, pero también convocó a otros actores a que asuman su función, como el Parlamento y los ministros del área, como los de Asuntos Campesinos y Participación Popular.
"¿Dónde están los diputados uninominales de los sectores en conflicto?", se preguntó el representante de la APDHB.
Las diarreas matan
El 14 de septiembre, más de 350 personas viajaron a Luquisani para celebrar la fiesta del Señor de la Exaltación. Desde entonces no pudieron retornar a sus centros de origen, ya que la principal vía de acceso fue bloqueada por los campesinos de poblaciones vecinas como Warisata y Achacachi, donde actualmente se centralizan los conflictos de esta parte del altiplano.
Luego de estar 12 días varados en esta pequeña población no sólo escasean los alimentos, también se han presentado casos de resfríos y diarreas.
"Las diarreas van a matar a nuestros niños", aseguró ayer Yerko Larrea, uno de los afectados, para quien la situación ya no es sostenible ni un día más.
La principal causa de la diarrea es el consumo del agua de la vertiente del pueblo, que suple la falta de agua potable.
A esto se suman las elevadas temperaturas en esta época del año, que pueden pasar los 25 y 30 grados centígrados.
A pie
Ante la situación desesperada que afrontan, 20 de estas personas decidieron ayer salir a pie a La Paz. Entre los caminantes están dos niños, de tres y cinco años, miembros de la familia Riveros.
Uno de ellos fue afectado por una fuerte gripe al comenzar el bloqueo; luego se le complicó con una faringitis.
Si la comisión civil no prospera en su objetivo de evacuar a estas personas, los retenidos decidieron ayer que en conjunto dejarían Luquisani a como diere lugar.
Si se optara por esto último, el camino que tomarían será el que conduce a Negro Cárcel, a 12 horas de Luquisani. La siguiente parada será Chojña Pata, donde las condiciones del clima son otras por estar cerca de la cumbre.
Achacachi será la siguiente estación, Huarina y finalmente la carretera principal.
Según calcula Larrea, siguiendo esta ruta es posible llegar a La Paz entre tres y cuatro días.
Desde luego, no todos podrían realizar este esfuerzo.
Por ejemplo, dos personas de la tercera edad que están entre los visitantes sufren de afecciones cardiacas, por lo que apenas podrían iniciar la caminata.
Armados
Al igual que la veintena de personas que salieron ayer en la mañana, las más de 300 personas varadas en Luquisana avanzarían por los caminos del altiplano dotados de armas blancas, con las que eventualmente se defenderían de posibles agresiones de los campesinos.
Un otro camino alternativo es saliendo por Ambaná, Mina Matilde, Chojña Pata y Achacachi; sin embargo, es una ruta más larga.
La iniciativa de la caravana civil hacia la población fue bien recibida ayer entre los forzados huéspedes en Luquisana, pero con cierto escepticismo ante el pronunciamiento negativo de los dirigentes locales y nacionales del sector campesino, quienes no confirmaron ni descartaron colaborar con dicha comitiva.
Achacachi sin clases
Por los bloqueos de caminos y conflictos en el altiplano, el Ministerio de Educación suspendió las labores escolares en la provincia Omasuyos, distrito de Achacachi, para preservar la seguridad de los alumnos y profesores que deben recorrer grandes distancias para asistir a las escuelas y colegios.
El viceministro de Educación Primaria, Pánfilo Yapu, expresó su preocupación por el perjuicio económico y ahora educativo que ocasionan, desde hace siete días, los conflictos en el altiplano. El reanudación de clases no tiene un tiempo definido.
Rentistas protestan
Justo Juan de Dios, dirigente de la Asociación de Rentistas Mineros de La Paz, se encerró ayer en un ataúd y advirtió al gobierno que si no le restituyen sus rentas procederá a inmolarse tomando raticida. El rentista esperará hasta el viernes por una respuesta positiva. Ese minero trabajó 22 años en la Chojlla, su renta le fue suspendida desde mayo.
Entre tanto, diez rentistas empezaron una huelga de hambre en la sede de la Federación de Mineros de Bolivia. El sector también amenaza con bloquear caminos y recibió el apoyo de los rentistas cooperativistas que instalarán un piquete de huelga de hambre en apoyo a sus compañeros.
Por su parte, el viceministro de Pensiones, Vincent Gómez, aseguró que los jubilados no sufrirán el recorte de sus rentas, por lo que no existe motivo para las movilizaciones y medidas de presión anunciadas por ese sector. La autoridad señaló que los problemas que se presentaron con algunos rentistas se deben a la comprobación de irregularidades en los procesos de jubilación.
Médicos en emergencia
Médicos, administrativos y docentes de la Universidad Mayor de San Andrés protestaron ayer en La Paz contra el Código Tributario porque, según ellos, éste establece descuentos en sus salarios.
Médicos, administrativos y docentes de la UMSA advirtieron que su protesta será nacional si el Poder Ejecutivo persiste en aplicar la norma tributaria. Una marcha de mandiles blancos, similar a la de ayer, se repetiría los siguientes días.
El gobierno aún no se pronunció sobre este nuevo conflicto.
Los sin tierra advierten
El gobierno convocó a los dirigentes del Movimiento Sin Tierra (MST) a un diálogo para evitar acciones de protesta luego de que este miércoles no asistieran a la reunión que tenían previsto en el Ministerio de Desarrollo Sostenible.
El gobierno quiere evitar la toma de tierras que podría iniciarse mañana, tal como advirtieron los Sin Tierra en anteriores oportunidades. El Ejecutivo aclaró que un convenio suscrito con el MST fue cumplido porque se entregará tierras en los departamentos de Beni y La Paz, adonde serán trasladadas más de 150 familias de municipios pobres.
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