La Paz, septiembre 28, 2003.- Con una economía en ruinas, desahuciados por el libre mercado y despreciados por los poderes públicos y una sociedad que aún los ve con desdén y arrogancia, los campesinos e indígenas bolivianos tienen muchas y sobradas razones para levantarse

"No somos animales, no somos salvajes, somos gente humana (...) el Gobierno debería respetarnos y no balearnos", dice uno de ellos plantado ante las cámaras de la red uno de televisión, en medio de la carretera troncal del altiplano que disputan con los militares en la lucha por la re-nacionalización del petróleo y gas.

Todo un sueño para los hombres y mujeres del agro, que aún usan mechero, huano y leña como combustible. Hombres y mujeres que se curan con coca, orín y plantas medicinales porque no hay posta sanitaria ni médico. Hombres y mujeres con muchos hijos, porque muchos mueren a corta edad de diarrea, desnutrición y abandono. Son familias numerosas, como la de Juan Cosme Apaza, campesino de Warisata de 35 años, acribillado el sábado 20 por los milicos, que deja en la orfandad a mujer y nueve hijos (el mayor de 12 años), que seguramente, como lo hacen miles, migrarán muy pronto a la ciudad, a los barrios miseria, o la zafra a la Argentina, o a los caminos de la rebeldía, como sus padres y abuelos.

ECONOMÍA EN RUINAS

Y es que la forma de vida y la economía campesina en el altiplano y gran parte de los valles está herida de muerte. La libre importación de productos extranjeros, el total abandono gubernamental, el minifundio y la falta de tierras están condenando a la ruina a la economía campesina, donde predomina una bajísima productividad, reina la pobreza y crece el descontento.

Los problemas son mayúsculos y se han agravado al extremo con el neoliberalismo. Estudios independientes establecen que durante los últimos tres quinquenios el ingreso promedio de las familias campesinas cayó en un 50 por ciento. Hoy, en el agro boliviano se debe producir el doble para tratar de "malvivir" como se lo hacía antes, lo que también es muy difícil, porque además la tierra ya no rinde como antes, hay muchas bocas más que alimentar y menos mercados para vender.

En promedio, cada año, surgen en el altiplano y los valles más de 16 mil nuevos minifundios, en un proceso tan acelerado de fragmentación de la tierra, que dificulta los procesos productivos y los torna inviables en muy corto tiempo. Del minifundio ya se ha pasado al "surcofundio".

En esta situación están un millón de agricultores minifundiarios, que se tornan cada día más pobres y miserables, y otros 250 mil que ya no cuentan ni siquiera con un surco. No es casual, por ello, que de cada 10 campesinos, cinco pasen hambre y cuatro tengan apenas lo suficiente para comer modestamente, según las cifras oficiales.

ABANDONO TOTAL

Hoy, en promedio, cada campesino del altiplano y los valles tiene mucho menos tierra que antes, por lo que se está dando también un acelerado proceso de abandono de las áreas tradicionales y una fuerte migración del campo a las ciudades y del occidente al oriente del país.

El resultado de este proceso es el ensanchamiento de los cinturones de pobreza y marginalidad en las principales ciudades y crecientes conflictos por la posesión de tierras especialmente en el oriente.

En el campo, esta situación se agrava por la ausencia total de apoyo gubernamental: no hay crédito, no hay asistencia técnica y la inversión en infraestructura productiva es raquítica y va en descenso. Pero lo que más duele, es una permanente política gubernamental para abrir las fronteras, bajar aranceles y lograr el ingreso de productos baratos y subsidiados al país que están liquidando a los productores de tierra adentro.

POLÍTICA DE ANIQUILAMIENTO

El resultado no puede ser más claro: están estrangulando la economía campesina y erradicando a los hombres y mujeres del agro, que aún son el 40 por ciento de la población boliviana.

Pero, si se mantiene este ritmo de deterioro productivo y empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, en un plazo no mayor a 20 años la economía campesina ya sólo sería un recuerdo, advierten las organizaciones ligadas a la Iglesia Católica.

"Actualmente hay un estrangulamiento de las actividades económicas-productivas de campesinos e indígenas, particularmente en la producción de alimentos y sus derivados, ya que no tienen condiciones materiales que les permitan competir con los productos de importación, subsidiados en sus países de origen", señalan.

Pero esto no interesa a los gobernantes bolivianos, que en la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Cancún, por ejemplo, plantearon eliminar totalmente los aranceles de importación y demandaron prohibir los subsidios para los productores agrícolas. En Bolivia, esto significa incentivar al máximo el ingreso de la producción agrícola extranjera y dar cero de ayuda al campesino.

La intención gubernamental es poner a competir de igual a igual al campesino boliviano con las transnacionales de alimentos y con empresas medianas y grandes de los países vecinos. "Todo un suicidio", según expertos del CIPCA que muestran que la productividad agrícola de los países desarrollados es 500 veces más alta que la boliviana. Un siglo atrás la diferencia era de 20.

LA RESISTENCIA

Pero esta política gubernamental anti-campesina está siendo resistida y combatida por el mundo agrario del altiplano y valles que se resiste a morir y, por el contrario, planta sus viejas banderas con nuevos colores.

"Hay que hacer una nueva reforma agraria, que acabe con la extrema concentración de tierras que están en manos de los grandes hacendados y que dote de tierra suficiente a millones de campesinos", dijo hace poco el líder cocalero y principal dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales al conmemorarse el 50 aniversario de la reforma agraria a principios de agosto pasado.

Hoy, los líderes campesinos e indígenas de Bolivia tienen en mente una nueva revolución agraria para liquidar definitivamente el latifundio en el oriente del país, superar el minifundio del occidente y abrir la ruta del progreso y desarrollo para el agro. Los datos oficiales muestran que el 87 por ciento de la tierra está en manos de los grandes hacendados y del neolatifundio improductivo, mientras que los campesinos apenas tiene el 13 por ciento de las tierras.

"Queremos no sólo la tierra sino también el territorio; no sólo el suelo que pisamos sino también el subsuelo, con sus riquezas naturales como el gas, agua y petróleo", agregó el "Mallku" Felipe Quispe, que dirige la rebelión andina por la reconquista del gas para los bolivianos y originarios.

En el movimiento campesino e indígena hay la certidumbre que al recuperar la propiedad del gas natural en Bolivia se podría avanzar hacia la electrificación rural, a la industrialización del campo y a dotar de apoyo económico y financiero a la actividad agrícola. Algo impensable si este energético, poco contaminante, permanece en manos de las transnacionales, que se llevan millones y millones y dejan poco o nada en el país.

El proyecto de exportación de gas a Estados Unidos, a través de un puerto chileno, por ejemplo, posibilitará que las petroleras extranjeras ganen anualmente 1.300 millones de dólares, quedando para Bolivia apenas entre 40 a 70 millones de dólares en impuestos y regalías.

Eso es lo que está en disputa hoy, en medio de los bloqueos de carreteras, en medio de la piedra y de la bala. Un mundo campesino e indígena, apoyado por obreros, estudiantes y clases medias empobrecidas y que comparten los mismos sueños y el mismo color de la tierra, peleando contra el gobierno de una pequeña minoría blancoide de millonarios ligados a las grandes empresas y al capital financiero. La lucha por el derecho a una vida digna. "No somos animales, no somos salvajes, somos gente humana (...) el Gobierno debería respetarnos y no balearnos".

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