Persiste la tensa calma en el país. Las condiciones puestas por el gobierno y campesinos impiden reanudar el diálogo. Para este lunes se anuncia una huelga indefinida de la Central Obrera Boliviana, COB, en rechazo a la exportación del gas a mercados estadounidenses por un puerto chileno, y en exigencia de la renuncia del presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada. El gobierno emprendió una campaña mediática para convencer de una supuesta normalidad de la situación social del país.

En la víspera se dio el primer acercamiento entre el gobierno y los campesinos, luego que la negociación del anterior sábado quedara frustrada a raíz del operativo que realizó el gobierno denominado "rescate humanitario" en la localidad de Sorata y que más tarde culminó con un enfrentamiento en Warisata, cuyo saldo dejó seis muertos y una veintena de heridos; sin embargo, este intento fracasó debido a las condiciones puestas por ambas partes.

Los campesinos exigen el repliegue de los efectivos militares y policiales de las carreteras, la liberación de los detenidos, la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, la indemnización a los familiares de las víctimas fatales y llevar adelante el diálogo en la localidad de Warisata.

Por su parte el gobierno, que reiteró su predisposición al diálogo, plantea el levantamiento de los bloqueos que persisten en el Altiplano y el norte paceño, para luego desmilitarizar las regiones, dialogar en la ciudad de El Alto y garantías para los viajeros que fueron retenidos en algunos lugares del departamento.

Al momento este acercamiento quedó en cuarto intermedio sin fecha, hasta que ambas partes analisen las propuestas realizadas. Mientras tanto los cientos de campesinos liderados por Felipe Quispe, principal dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, continúan con el ayuno voluntario en instalaciones de Radio San Gabriel, en la ciudad de El Alto, como también el bloqueo de caminos en las rutas del Altiplano.

Ante este panorama, analistas políticos señalan que el gobierno pasó a depender ya no de sus decisiones , sino de la fuerza que puedan imprimir los movimientos sociales desde las calles, pues en el último tiempo, éstas se incrementaron y las decisiones del gobierno, constantemente equivocadas, disminuyeron.

El gobierno pretende hacer ver la normalidad de la situación social del país, dicen los analistas, a través de una campaña mediática iniciada en el transcurso de las dos últimas semanas, intentando minimizar las características de las protestas, que al margen de las demandas planteadas, entre ellas el rechazo a la exportación del gas, buscan participación en las decisiones políticas del país.

Los analistas señalan que el gobierno hasta el momento no logra interpretar correctamente el significado de las movilizaciones, por lo que no puede brindar soluciones, que no pasan por suscribir acuerdos sectoriales, sino por la aplicación de reformas económicas y políticas.

Nuevas medidas

Pero el conflicto social en el país tiende a incrementarse a partir de este lunes, pues la la Central Obrera Boliviana, liderada por Jaime Solares, quien está a la cabeza de la recientemente creada Dirección Única de Movilizaciones, convocó a una huelga indefinida en todo el territorio nacional, en exigencia de la renuncia del presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, por considerarlo incapaz de atender las demandas de la población, como también en rechazo a la exportación del gas, menos aún por un puerto chileno.

Anticipadamente el magisterio, el transporte interprovincial, los comerciantes de carne, las vendedoras de los mercados y gremiales, sectores claves en el desarrollo de las actividades cotidianas, aseguraron su respaldo a la medida dispuesta.

Para el martes el Movimiento Al Socialismo, MAS, principal partido de oposición en el país, convocó a una marcha en defensa del gas en la sede de gobierno, en horas de la mañana.

Mientras tanto el gobierno a través del viceministro de Gobierno, José Luis Harb, anunció la implementación del mismo plan de contengencia desarrollado el pasado viernes 19, fecha en la que se marcó el inicio de la "guerra del gas", para evitar que las manifestaciones desenboquen en hechos de violencia.

A su turno el comandante de la Policía Nacional, general Jairo Zanabria, dijo que la institución intensificará su servicio, aunque no habló de incrementar el número de efectivos en las calles.