El Gobierno y la empresa privada tendrán el deber de consultar de manera "previa, oportuna y obligatoria" a los pueblos originarios e indígenas para hacer realidad cualquier actividad hidrocarburífera en Bolivia, según los artículos 114,115 y 116 de la Ley de Hidrocarburos aprobados ayer en la Cámara de Diputados.
La consulta será obligatoria cuando los proyectos petroleros influyan o se asienten en los territorios comunitarios de origen (TCO).
"Cámara de Diputados, ayer."
Los diputados aprobaron los artículos 114, 115 y 116 de la Ley de Hidrocarburos, y a partir de su vigencia el Gobierno y la empresa privada -nacional o extranjera- tendrán el deber de consultar de manera "previa, oportuna y obligatoria" a los pueblos originarios e indígenas para hacer realidad cualquier actividad hidrocarburífera en Bolivia.
Estos artículos forman parte del capítulo de los derechos a la consulta y participación de los pueblos indígenas y originarios de la nueva Ley de Hidrocarburos y fueron aprobados la noche del miércoles durante una sesión en la que primaron el debate político y las alusiones personales.
La consulta será obligatoria cuando los proyectos petroleros influyan o se asienten en los territorios comunitarios de origen (TCO).
El ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, junto a la corriente parlamentaria progubernamental no pudo impedir la aprobación de los artículos, aunque todavía queda pendiente su aprobación en la Cámara de Senadores.
Érick Reyes Villa (NFR), secretario de Cámara, anunció que "las comunidades y pueblos indígenas y originarios, independientemente de su tipo de organización, deberán ser consultados de manera previa, obligatoria y oportuna cuando se pretenda desarrollar cualquier actividad hidrocarburífera prevista en la presente ley".
De esta manera, la directiva dio por aprobado el artículo 114 de la nueva norma petrolera, después de que fuera sometido a un debate de tres horas en el que intervino una veintena de parlamentarios, en su mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP).
Aprobado el artículo, las bancadas indígenas aplaudieron la decisión y desde el palco del hemiciclo de la Cámara Baja una decena de dirigentes campesinos del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo (Conamaq) levantaron las manos en alto en señal de satisfacción.
El grupo de campesinos llegaron al parlamento alrededor de las 15:00 horas. Su presencia tenía el objeto de ejercer presión sobre los diputados.
Los principales gestores fueron Santos Ramírez y Jorge Alvarado, ambos del MAS, junto a Germán Choquehuanca del MIP. En la sesión, Ramírez personalmente distribuyó un folleto a todo lujo sobre los derechos que tienen los indígenas sobre la actividad petrolera.
La obra llegó a cada diputado presente en el hemiciclo. Inmediatamente comenzó el debate sobre el Título IX relativo a los derechos de los pueblos indígenas y originarios y medioambiente, varios folletos también se distribuyeron en el hemiciclo.
Zanjado el artículo 114, correspondía nuevamente medir fuerzas políticas para aprobar los artículos 115 relativo a la consulta y 116 que tiene que ver con la responsabilidad estatal.
Consulta y control estatal
El 115 abrió otro frente de discusión política debido a que el texto original señalaba que la consulta además de ser obligatoria debería ser "vinculante", es decir de cumplimiento obligatorio por parte de los pueblos indígenas y originarios.
Hugo San Martín (MNR) pidió entonces la palabra y solicitó a los proyectistas que expliquen los alcances que tendrá la consulta.
Apenas terminó de hablar, Choquehuanca cogió el micrófono y recomendó a San Martín que no se oponga porque "no deberían consultarnos para explotar petróleo, sino pedirnos permiso porque el territorio es nuestro".
Moisés Bailaba (MAS) en representación de los pueblos indígenas del oriente, a su vez, dijo que pidieron que sea "vinculante" la consulta para que se "respete lo que decidamos en su momento".
Roxana Sandóval (MNR) también afín a la corriente progubernamental llegó incluso a solicitar se excluya el artículo de la nueva ley y del debate.
A partir de ése momento, San Martín optó por el silencio y junto a él la bancada progubernamental desapareció del escenario.
MODIFICACIONES
"La consulta se efectuará de buena fe, con principios de veracidad, transparencia, información y oportunidad. Deberá ser realizada por las autoridades competentes del Gobierno y con procedimientos apropiados de acuerdo a las circunstancias y características de cada pueblo indígena.
Las decisiones resultantes del proceso deben ser respetadas", así quedó finalmente redactado el artículo en la nueva ley.
Para flexibizar más aún la disposición, el artículo 116 dispuso a su vez que "en caso de que la consulta que se haga en el artículo 115 tenga un resultado negativo, el Estado podrá convocar a un proceso de conciliación en el mejor interés nacional".
Hechas las modificaciones, las bancadas del MAS y el MIP quedaron satisfechas, pero las integradas por la corriente progubernamental mostraron su desagrado.
Los diputados del MNR, MIR, ADN y UCS, a su vez reflejaron indiferencia.