Cuatro de cada cinco habitantes de todas las ciudades y poblados de Bolivia apoyan la nacionalización del gas y el petróleo

La Paz, mayo 19, 2004.- En las urnas y en las calles, el apoyo a la nacionalización de la riquezas hidrocarburíferas es contundente: el 81 por ciento de los habitantes de las ciudades y poblados del país dicen SI a la demanda que agitan los obreros, campesinos y clases medias aglutinados en torno a la Central Obrera Boliviana (COB).

El 83 por ciento de la población de La Paz y El Alto apoya la nacionalización del gas y petróleo, revela una encuesta pre-referéndum realizada por la red de emisoras católicas Erbol. En otras poblaciones del interior, cuatro de cada cinco ciudadanos también respaldan la recuperación de los hidrocarburos, que hoy están en manos de poderosas transnacionales petroleras.

El sondeo, efectuado este fin de semana, estableció que de un total de 6.103 personas consultadas en las ciudades de La Paz y El Alto, sólo el 13% se opone a la nacionalización, una exigencia que ha comenzado a unir a la mayor parte de los bolivianos.

A nivel nacional, la red de 72 emisoras encuestó a 16.654 personas en los nueve departamentos del país, donde sólo el 16% se opone a rescatar las riquezas hidrocarburíferas a favor de los bolivianos.

Los partidarios de la nacionalización creen que esta medida permitirá que Bolivia, el país más pobre de Sudamérica, recupere los recursos y las utilidades que reporta este millonario negocio que hasta ahora sólo ha beneficiado a las transnacionales.

Otros datos de la propia Erbol muestran que el apoyo a la nacionalización es creciente en todos los segmentos de la población y en todas las latitudes del país, tanto en el área occidental altiplánica como en los valles del centro, en las llanuras del oriente y en los extremos norte y sur de la patria.

Así, por ejemplo, entre muchas otras poblaciones, también apoyan la nacionalización el 85% de la población petrolera de Camiri, el 87% de la localidad paceña de Sorata, el 72% de la localidad oriental de San José de Pocitos, el 79% de la sureña Tupiza, el 88% de Monteagudo, en el sur, el 86% del centro de Cochabamba, el 88% del centro minero de Huanuni y el 70% de la fronteriza Bermejo.

La idea de la nacionalización del gas y el petróleo, acuñada en la heroica insurrección de octubre, que derrocó al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y puso en su lugar a Mesa, que era su vice, parece avanzar en forma incontenible, mientras crece la presión de la COB, que lidera la lucha por reconquistar los recursos naturales a través de movilizaciones y bloqueos carreteros.

Esta mañana, en la ciudad de La Paz, maestros rurales hicieron frente a las tropas policiales que con inusitada violencia despejaron el bloqueo de la autopista que une la sede de gobierno con la ciudad de El Alto. Producto de la refriega, que se prolongó desde la madrugada hasta la media mañana, cayeron varios heridos por gases y balines y fueron detenidos por lo menos 80 profesores. En la refriega, varios policías hicieron uso de armas de fuego contra los manifestantes.

Los maestros rurales, bajo el comando de la COB, luchan por sus reivindicaciones sectoriales y por el pliego de la COB y la nacionalización del gas y el petróleo, demanda a la que se opone el gobierno neoliberal de Carlos Mesa y su principal aliado, el diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales

Los detractores de la nacionalización dicen que si se aprueba esta medida, el país necesitará alrededor de 8.000 millones de dólares para indemnizar a las petroleras, una cifra inflada para desanimar a los bolivianos. Los partidarios de la nacionalización señalan, por el contrario, que las transnacionales han vulnerado y violado sus contratos, han defraudado en el pago de impuestos y han incurrido en una serie de anomalías, irregularidades y delitos tributarios por lo que no correspondería una indemnización de esa magnitud.

Con la nacionalización, el Estado boliviano podría recuperar más de 54 trillones de metros cúbicos de gas natural y varios millones de barriles de petróleo en reservas, valuadas en por lo menos 100 mil millones de dólares. "En el peor de los casos pagamos cinco mil y nos quedan 95 mil para dar salud, educación y empleo a los más pobres de Bolivia", dijo el líder de la COB, el minero Jaime Solares, que encabeza la lucha de los bolivianos por gas, pan y dignidad.