DOS MILITARES REBELDES PUSIERON EN APUROS AL PODER EJECUTIVO
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Red Líder y Agencias.- La tercera jornada de protestas, ayer, concluyó con la declaración de una tregua en las movilizaciones sociales por la fiesta de Corpus Christi y con la posibilidad de la aprobación por el presidente Carlos Mesa de un decreto supremo para convocar a la Asamblea Constituyente.
Estos dos acontecimientos se dieron al final de la tarde, ante los rumores crecientes de aprestos golpistas y la aparición en los medios de comunicación en horas de la mañana de dos tenientes coroneles del Ejército -Julio Herrera y Julio César Galindo-, que pidieron la renuncia Presidente de la República, la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos, el cierre del Parlamento y la conformación en el país de un gobierno militar-civil.
CONFLICTOS | Las movilizaciones de protesta quedan suspendidas hasta la próxima semana. El Alto ratifica el paro indefinido.
El pronunciamiento de los dos militares se registró justo un día después de que el presidente Carlos Mesa anunciara que pese a la crisis y rumores de golpe de Estado, seguirá al frente del Gobierno hasta el final de su mandato -agosto de 2007-, además de la decisión de los sectores sociales movilizados en la sede de gobierno a radicalizar sus medidas de presión por la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente, con la toma del Parlamento y la salida de Mesa.
Pese a que durante la primera jornada de ayer y parte de la tarde los enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías se repitieron en el centro de La Paz, ante los varios intentos que los campesinos, maestros y universitarios realizaron para romper el cerco policial e ingresar a la plaza Murillo para ocupar las instalaciones del Congreso, la preocupación de los dirigentes sindicales viró en rechazo a cualquier intento de instalar un gobierno cívico militar y en defensa del proceso democrático.
La conferencia de prensa conjunta ofrecida por los representantes de los diferentes sectores sociales, así como el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) y dirigente cocalero, Evo Morales, para manifestar su posición respecto a esa amenaza, fue aprovechada para comunicar su decisión de efectuar una tregua por la fiesta cristiana de Corpus Christi, para que sus bases tomen un descanso y "oxígeno" para retomar las protestas la próxima semana.
El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, José Galindo, en una conferencia de prensa hizo conocer su posición sobre esas amenazas, pero también denunció que dirigentes sindicales y sociales reciben dineros de sectores conservadores interesados en generar desestabilización y desgobierno, sin embargo se negó a identificar a los responsables de este plan de conspiración contra la gestión del presidente Carlos Mesa.
Galindo informó que será su homólogo de Gobierno quien brinde en cuanto concluya las investigaciones los nombres, detalles y fechas en las que dirigentes de sectores sociales recibieron dinero a cambio de movilizar a sus bases con el fin de acorralar al Ejecutivo.
Horas antes de esta conferencia, se difundió extraoficialmente que Carlos Mesa aprobaría un decreto supremo convocando a la Asamblea Constituyente, poco después de que el diputado Luis Eduardo Siles, del MNR, diera a conocer la versión de que el Poder Ejecutivo emitiría el decreto, el diputado y líder nacional del MAS, Evo Morales, salió a la luz pública para calificar de "interesante" esa posibilidad. Sin embargo, Galindo no descartó la posibilidad de lanzar ese decreto en un intento por detener las marchas violentas que desde hace una semana realizan diferentes sectores en las calles de La Paz.
Indicó que el Gobierno está trabajando en ese proceso. No obstante, reconoció que para impulsar una medida de ese tipo se debe contar con un acuerdo nacional.
"No es cuestión de sacar un decreto. Si todos los actores pensáramos que esa es la forma de salir de esta situación lo haríamos, pero ese instrumento legal depende del acuerdo al que lleguemos todos", dijo.
Al enterarse de esa posibilidad, Siles consideró que ante esa eventualidad las actuales condiciones de conflicto se agravarían aún más. "Entraríamos a situación de enfrentamiento con el Congreso y las regiones", agregó.
A su vez el diputado por NFR, Dante Pino, explicó que sería una medida inconstitucional que sería rechazada por los parlamentarios.
Argentina expresó su disposición de colaborar a solucionar los problemas que atraviesa el país, pero aún aguarda el pedido de las autoridades bolivianas para enviar un emisario especial, tal como sucedió durante la crisis de octubre de 2003.
"La Argentina expresa su disposición de colaborar con Bolivia pero obviamente no vamos a mandar a un enviado en la medida en que las autoridades de Bolivia no le interese o entiendan que no es este el momento", informó el embajador de Argentina, Horacio Macedo.
Macedo aclaró que "no existe ningún enviado oficial en representación del presidente (Néstor) Kirchner que tenga que ver con la situación que vive Bolivia" que pudiera actuar en calidad de mediador u observador de la crisis.
Colombia aboga por soluciones institucionales y democráticas en Bolivia, declaró ayer la ministra colombiana de Relaciones Exteriores, Carolina Barco.
"Esperamos que de nuevo se encuentre una solución pacífica a los disturbios que entiendo se registran hoy (ayer). Es muy importante mantener la institucionalidad y que se pueda llegar a decisiones de una manera institucional y democrática" dijo Barco.
La Ministra colombiana se refirió a las manifestaciones que por tercer día consecutivo se registran en La Paz en pos de la nacionalización del gas natural y el petróleo, y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
El presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), Germán Mundaraín, ante la situación conflictiva que vive el país, manifestó que esa institución, hace un llamado a todos los sectores de la sociedad a promover el diálogo para resolver los conflictos.
En este sentido, señaló que la FIO, a través de un comunicado, manifiesta su preocupación por la grave crisis política, social y económica que afecta a Bolivia, por la promulgación de la polémica Ley de Hidrocarburos.
Mundaraín como defensor del Pueblo de Venezuela y presidente de la FIO exhorta a las partes en conflicto a promover el diálogo en la búsqueda de un acuerdo nacional que sea satisfactorio para todos los sectores.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Roberto Mustafá, exigió al presidente de la República, Carlos Mesa, hacer respetar los principios de autoridad, cumplir con las leyes y responder ante los conflictos sociales del país. Pero si no puede, "que renuncie, pero que lo diga de una vez".
El empresario señaló en tono muy disgustado que, el Mandatario, como gobernante de una nación, debería dar respuestas a las interrogantes e incertidumbre por la que atraviesa el país. Señaló que las movilizaciones y los paros afectan a la producción, las exportaciones y el desarrollo de las actividades en general sin que se haga nada por solucionarlos.
Los comandantes de las tres fuerzas militares, Ejército, Naval y Aérea, respaldaron ayer al presidente Carlos Mesa y a la democracia, luego de que dos tenientes coroneles difundieran una proclama sediciosa en procura de instar a la población civil "salir a las calles" para derrocar al primer mandatario, clausurar el Congreso Nacional y nacionalizar los hidrocarburos.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Luis Aranda, dijo que "la palabra golpe militar ya no existe en nuestro vocabulario".
Por su parte, el comandante del Ejército, la fuerza más importante de la tropa militar, general César López, despejó toda duda que pudiera existir sobre el aval de la conducta democrática de los militares bolivianos.
Los comandantes emitieron un comunicado público en el que comprometen una conducta "incondicional a lo que mandan las leyes".
Los tenientes coroneles Julio César Galindo Mendizabal y Julio Herrera Pedrazas, ambos del Ejército, sorprendieron a la opinión pública con la lectura de una proclama del "Movimiento Generacional de las Fuerzas Armadas" en la que instaba a los civiles "salir a las calles para recuperar la soberanía nacional", derrocar al presidente Carlos Mesa, cerrar el "parlamento prevaricador y corrupto" y movilizarse por la nacionalización del petróleo.
Las Fuerzas Armadas, horas después, calificaron de sediciosos a los dos militares, revelaron sus antecedentes de indisciplina y ordenaron su inmediata detención para someterlos a proceso militar.
Después de que los campesinos marchistas y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) amenazaron, el martes con tomar el Congreso Nacional, el Gobierno ordenó la incursión de tres destacamentos de la Policía Militar para resguardar el Palacio.
A media mañana de ayer todavía la Plaza Murillo, estaba despejada, pero a las 11:00 se escucharon las explosiones de los petardos y de los cachorros de dinamita de los marchistas. Inmediatamente las ocho esquinas que rodean el centro político se llenaron de cordones policiales.
Cerca de las 11:30 aparecieron en la vía donde se encuentra la Cancillería de la República, tres caimanes atestados de soldados pertenecientes a la Policía Militar. El convoy ingresó a la Plaza Murillo y se detuvo muy cerca de las puertas del Palacio de Gobierno.
El líder de la Central Obrera Boliviana (COB) Jaime Solares discutió el lunes pasado agriamente con el diputado y líder del MAS Evo Morales sobre la posibilidad de que se perpetre un golpe de estado.
Solares reclama que las Fuerzas Armadas sean los protagonistas de ese golpe para poner en la presidencia a "un militar patriota", mientras que Morales insiste en que defenderá la democracia.
La división entre ambos ha ocasionado que las movilizaciones sociales no tengan un rumbo muy definido.
