Fuerzas militares reforzaron hoy la seguridad del palacio de gobierno en medio de nuevas protestas masivas en Bolivia, que persisten en el asedio de la plaza principal de la capital, donde se encuentra la sede del ejecutivo.
Efectivos del Ejército llegaron en camiones a la Plaza Murillo, donde también está al parlamento, con fines preventivos y para reforzar a la policía y a la guardia militar presidencial, según aseguró el ministro del Interior Saúl Lara a los periodistas.
Negó que la operación tenga que ver con una proclama golpista de dos oficiales, rechazada por el alto mando castrense, el gobierno y dirigentes políticos y populares de todas las tendencias.
Parte de los soldados a cargo de la seguridad del palacio de gobierno intentaron posteriormente desplegarse a otros puntos de la ciudad, pero fueron contenidos por manifestantes mineros que lanzaron una carga de dinamita que les impidió el paso, a media cuadra de la plaza.
Las movilizaciones están a cargo principalmente de las juntas de vecinos y los sindicatos del cercano municipio de El Alto, en huelga general desde el pasado lunes por la nacionalización de los hidrocarburos y por una asamblea constituyente.
Esos contingentes llegaron al centro de la ciudad en grandes columnas que recorrieron unos 15 kilómetros desde la vecina urbe y se sumaron a grupos de campesinos arribados en los días previos a la capital, así como mineros y maestros en huelga.
Fuerzas especializadas en reprimir manifestaciones volvieron a tender un cerco en torno a la Plaza Murillo y lanzaron gases lacrimógenos contra las marchas para frenar su avance, en el que los manifestantes se proponen "cercar el parlamento".
El centro paceño quedó inactivo y desierto, con muy escasa presencia policial, con excepción del contingente desplegado en torno a la plaza principal, mientras alumnos de la Universidad Mayor de San Andrés tomaron las calles próximas a ésta.
Entretanto, los bancos cerraron sus puertas pasado el mediodía tras atender en horario corrido, en tanto que suspendieron actividades la mayoría de las escuelas estatales -en huelga- y privadas, estas últimas por precaución.
Al mismo tiempo, El Alto paralizó otra vez totalmente sus actividades y fueron bloqueadas por manifestantes sus principales calles, la autopista entre ese municipio y La Paz y las salidas terrestres de La Paz, en la periferia alteña.
De otro lado, el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, y el presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Sacha Llorenti, alentaron la posibilidad de un encuentro nacional que congregue al gobierno, las organizaciones sociales, los partidos y representantes regionales, para solucionar los conflictos políticos y sociales.
El presidente Carlos Mesa y dirigentes políticos y sociales consideran clave para salir de la crisis, la convocatoria de la asamblea constituyente y de un referendo autonómico exigido por la oriental región de Santa Cruz, a la que se sumaron la sureña de Tarija y las norteñas de Beni y Pando.
Los legisladores y dirigentes regionales de esos cuatro departamentos (provincia) advirtieron que convocarán unilateralmente la consulta -lo que ya hizo Santa Cruz- si el congreso no cumple con hacerlo.
Las organizaciones populares acceden al diálogo, que promueven inclusive sectores militares -según la agencia católica Fides-, con la condición de que allí se defina su demanda de la constituyente y la nacionalización o recuperación de los hidrocarburos.