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La Paz - Bolivia Edición de 29 May 2005

La medida figura en el acuerdo con el FMI

Ejecutivo acepta el impuesto al ingreso y luego lo descarta
El Gobierno suscribió en abril un convenio con el FMI por el que se compromete a considerar el impuesto a la renta de las personas; un mes después hace conocer que no lo hará ni en 2006. En junio el Fondo revisará las metas y los incumplimientos serán un freno a la cooperación internacional.


Una de las principales observaciones de la comunidad internacional es que en Bolivia no se aplica un impuesto a la renta o las ganancias de las personas como una medida para garantizar la redistribución de la riqueza y mejorar los ingresos del TGN. El mencionado impuesto ha sido insistentemente propuesto y hubo varios intentos para su aplicación. Sin embargo, la determinación no prosperó porque existe rechazo, principalmente de aquellos sectores que tienen mayores ingresos. La población tiene un ingreso mensual promedio de 440 bolivianos, frente a gerentes, consultores y otros que tienen un sueldo de entre 20 mil y 50 mil bolivianos mes.
Gobierno se contradice ante el FMI

"Febrero negro": la población salió a las calles para rechazar el impuesto a la renta de las personas

En abril de 2005, el Gobierno del presidente Carlos Mesa firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo por el cual se compromete a considerar la aplicación del impuesto a las personas y presentar un proyecto al Congreso en septiembre; un mes después (mayo) el Ministerio de Hacienda hace conocer que la medida fue descartada y argumenta que esta decisión se tomó porque "mejoraron las recaudaciones impositivas, más las de hidrocarburos".

El informe del FMI Bolivia: Fifth Review under de Stand By Arrangement, en su capítulo tercero, inciso de política fiscal, al que accedió La Prensa, indica que las autoridades gubernamentales bolivianas consideran introducir ese tributo al ingreso de las personas y de cuyo pago está exento entre el 80 y 85 por ciento de la población.

El informe del organismo multilateral precisa que "las autoridades prepararían un paquete de impuestos para remitirlo al Congreso en septiembre (parámetro a ser convertido en PC -política complementaria- luego de que sus componentes específicos sean identificados en el contexto de la siguiente revisión) para su adopción hasta finales de octubre de 2005".

Las autoridades también analizan reforzar los impuestos aduaneros y administrativos, y eliminar el Impuesto a las Transacciones (IT), indica.

Estas medidas están contenidas en los documentos de entendimiento que suscribió el país con el FMI para mejorar el sistema impositivo y aplicar una sustantiva reforma impositiva, siguiendo las recomendaciones FAD TA, señala el informe.

Los compromisos asumidos por Bolivia forman parte del paquete que revisará el FMI sobre la base del cumplimiento de metas y objetivos. Si el país descarta la aplicación de la medida, significará puntos en contra, porque no se estaría cumpliendo con lo suscrito y prometido.

Gobierno retrocede

En el Ministerio de Hacienda se explicó que "ni en esta gestión ni en 2006 el Gobierno del presidente Mesa aplicará un impuesto a las personas". "Ni a corto ni a mediano plazo se considera la aplicación de un nuevo impuesto", informaron.

En esa cartera de Estado se reiteró que la aplicación del impuesto a las personas "ha sido descartado" después de que se conocieran las recaudaciones del Servicio de Impuestos Nacionales, de la Aduana Nacional y del sector de Hidrocarburos.

Las cifras de Hacienda indican que la recaudación del Servicio de Impuestos en la gestión de 2004 fue de 27,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y hasta abril de este año llegó al 28,9 por ciento.

La recaudación aduanera el año anterior fue de 14,5 por ciento del PIB. Entre enero y abril de 2005 llegó al 14 por ciento.

En el caso de los impuestos a los hidrocarburos, la recaudación se incrementó de 5 por ciento del PIB registrado en 2004 a 6,7 en el primer cuatrimestre de este año, justifica la cartera de Hacienda.

Bolivia y las expectativas

Según el ministro de Hacienda, Luis Carlos Jemio, Bolivia "sobrepasó sus expectativas y cumplió con desahogo" las metas fiscales y monetarias del Plan Financiero, programadas para el tercer trimestre de este año con el FMI.

Jemio manifestó que si la meta del déficit del sector público, por ejemplo, fue fijada en 671 millones de bolivianos, la ejecución sólo llegó a 208 millones de bolivianos, lo que deja un margen positivo de 463 millones de bolivianos.

En relación con el financiamiento interno del sector público, afirmó que se acordó no pasar de 452 millones de bolivianos.

Indicó que no fue necesaria esta expansión del financiamiento interno, al contrario se produjo una reducción de 32 millones de bolivianos, lo que le reporta al país un margen de 484 millones de bolivianos.

El Programa Financiero dejó al país la posibilidad de contraer una deuda pública externa con garantía no cencesional por 35 millones de dólares.

No obstante, en los primeros tres meses de la presente gestión Bolivia sólo adquirió una deuda de cuatro millones de dólares, por lo que queda un margen favorable de 31 millones de dólares, manifestó.

Iglesia y el impuesto

La Iglesia Católica, a través de la Fundación Jubileo, demandó al Poder Ejecutivo hacer un mayor esfuerzo y demandó cobrar al 20 por ciento de la población más rica del país, es decir que unas 600 mil personas que perciben el 67 por ciento del ingreso paguen un "impuesto a la riqueza" del 5 por ciento, como una forma de disminuir las diferencias entre los ricos y los pobres.

La propuesta de cobrar más impuestos fue planteada en el marco del panel La deuda de Bolivia: ¿un agujero negro?, que inició la Iglesia Católica hace dos meses a escala mundial, para exigir la condonación total de la deuda externa y hacer ajustes a fin de cubrir la deuda interna que llega a niveles insostenibles.

Buenos ingresos

Katherine Murillo, responsable de la revisión y análisis de la Conferencia Episcopal (Cepas) Cáritas, dijo que el tributo debe ser aplicado a las personas con un ingreso mensual superior a los 7.000 bolivianos.

El resto de los trabajadores, quienes ganan menos de ese monto, no tienen que pagar el tributo, señaló.

Los recursos que se obtengan por este proceso, según Murillo, serán destinados a cubrir parte de la deuda interna y permitirá una mejora del pago de impuestos, fiscalización, control del gasto estatal y otras acciones.

Rechazo al impuesto

El economista Bernard Inch indicó que en Bolivia no se puede pensar en un impuesto a los ingresos, porque la existencia de los regímenes especiales "no permite tocar a miles de contribuyentes".

"Desde un punto de vista tributario puede ser una medida adecuada, pero desde el punto de vista operativo hay que mejorar mucho", dijo.

Según Inch, una de las tareas pendientes en el país es establecer una clara estrategia de exportación y observar cómo impactan en el coeficiente de internalización fiscal.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Roberto Mustafá, señaló que antes de empezar a gravar un impuesto a la renta a las personas, el Gobierno tiene que eliminar los regímenes especiales, entre ellos el simplificado

Sin embargo, durante la gestión del presidente Carlos Mesa el capital de operaciones para estar amparado en el régimen simplificado fue incrementado por las presiones que ejercieron los gremialistas.

Antes un comerciante que tenía un capital entre dos mil y 18 mil bolivianos gozaba de esta protección. Ahora, sin embargo, se benefician con éste los mercaderes que tienen un capital que oscila entre los cinco mil y 37 mil bolivianos.

La crisis de febrero

En el segundo Gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozasa se determinó aplicar un impuesto a los salarios.

Sin embargo, los bolivianos rechazaron la medida impositiva, que dio pie a la crisis de "febrero negro" de 2003, cuando murieron policías y civiles en un gran enfrentamiento en la plaza Murillo.

Compromiso e incumplimientos

El impuesto a la renta de las personas debió ser aplicado en el Gobierno del presidente Hugo Banzer, puesto que ya en esa gestión se selló el acuerdo con el representante del FMI en Bolivia Eliahu Kreis.

Sin embargo, la aplicación de la medida también fue postergada en la gestión gubernamental de Jorge Quiroga Ramírez.


Brasil frente al Fondo

El Gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, trabaja para apoyar a los países que se enfrentan al Fondo Monetario Internacional (FMI), manifestó el emisario brasileño Marco Aurelio García.

Bolivia, al igual que otras naciones de la región, atraviesa una crisis política y social que se agrava por la difícil situación económica y los elevados niveles de pobreza.

Las recetas del FMI, aplicadas al pie de la letra en el país, no dieron los resultados esperados y, por el contrario, han sido cuestionadas, sobre todo porque no responden a la realidad nacional y son consideradas imposiciones extranjeras.

García dijo que Brasil, como miembro del directorio del Fondo, respalda las propuestas que presenta cada país en el marco de sus necesidades.

El Gobierno brasileño, señaló, envió al Fondo Monetario Internacional un conjunto de planteamientos, aún en estudio, para dar más oportunidades a los países que acuden a este organismo.

El FMI en Bolivia

El ministro de Hacienda, Luis Carlos Jemio, afirmó que el FMI elaboró un documento de evaluación de su papel (como organismo) desde 1985 con los programas financieros firmados con Bolivia, además de su participación en el proceso de reforma estructural.

En ese marco, Jemio manifestó que hay cosas positivas y negativas, luces y sombras, como en todo.

"Con las recomendaciones del FMI se ha permitido mantener la estabilidad macroeconómica; y los que hemos vivido la época de la hiperinflación nos damos cuenta de lo importante que es tener estabilidad de precios y cambiaria", comentó.

También dijo que los acuerdos suscritos con el organismo internacional permitieron tener un periodo relativamente largo de crecimiento económico sostenible y gozar de una relativa estabilidad política. "Han habido errores sin duda, por lo que el FMI hace un análisis autocrítico de toda su participación en el proceso económico desde 1985 a la fecha en Bolivia.

El FMI y el Banco Mundial recomendaron la aplicación de la Reforma de Pensiones, que sin embargo nació sin recursos, por lo que una gran parte del déficit fiscal se debe a esta medida.

El organismo internacional también recomendó la reforma de la Aduana Nacional y del Servicio de Impuestos Nacionales con el fin de mejorar la recaudaciones, evitar la injerencia política y eliminar el contrabando.

La reforma de la Aduana se inició el 28 de julio de 1999, sin embargo, a la fecha no mejoraron la recaudaciones ni se frenó el contrabando, según un informe del Viceministerio de Política Tributaria.

En el caso del SIN, las recaudaciones mejoraron, lo que permitió generar ingresos a favor de las arcas del Tesoro General de la Nación.

El FMI siempre recomendó la estabilidad macroeconómica, actitud que fue criticada en su momento por el ex ministro de Desarrollo Económico Horst Grebe, quien afirmó que dicha política dejó de lado la generación de empleos y es la causa principal del descontento social.


Temen no aprobar el examen
El Deber / Santa Cruz

Los indicadores positivos en el control del déficit fiscal y el financiamiento interno del sector público no son suficientes para llegar con buen pie a la sexta revisión del acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), programada para fines de junio.

El ministro de Hacienda, Carlos Jemio, hace unos días destacó que aún hay un margen de 463 millones de bolivianos para cubrir el déficit del sector público.

En lo que se refiere al financiamiento interno, se logró reducirlo en 32 millones de bolivianos, lo que le da al país un margen de 484 millones de bolivianos.

Sin embargo, los conflictos sociales y la promulgación de una Ley de Hidrocarburos contraria a los parámetros entregados por el organismo financiero ponen en riesgo las metas y el futuro de la cooperación, a juicio de los economistas y algunos representantes del sector privado.

Por ello, el Gobierno no descarta la adopción de medidas como una reforma impositiva o un incremento salarial menor al tres por ciento en el sector público. Así quedó establecido en marzo, en el documento al que accedió El Deber, tras la extensión y el aumento del acuerdo stand by con el FMI.

Varias de las medidas tienen como plazo final junio y deben ser reflejadas en leyes aprobadas por el Congreso Nacional. Otras deberán plasmarse en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2006.

El desafío del Ejecutivo es generar un presupuesto consistente con un déficit cercano al 4 por ciento del PIB, según señala un memorándum suplementario de Políticas Económicas y Financieras del Gobierno de Bolivia, que se presentó durante la quinta revisión -realizada en marzo- y determinó la ampliación trimestral del apoyo del Fondo.

La evaluación de las metas cuantitativas se realizará a fines de junio, en el marco de la sexta revisión.

Allí, de acuerdo con su compromiso, el Ejecutivo tendrá que demostrar que se ha encaminado hacia la adopción de una estrategia de exportación de gas -la cual en marzo pasaba por la aprobaciónde una Ley de Hidrocarburos "consistente con el incremento de inversiones y exportaciones"- y la reducción de vulnerabilidades financieras, incluyendo las que resulten de un elevado endeudamiento.

"Está claro que no existe una ley coherente. La situación es muy difícil y esto puede derivar en una reducción estratégica de la cooperación internacional", según Óscar Ortiz, gerente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

En lo que se refiere al déficit, el economista Bernard Inch considera inviable plantearse una meta del 4 por ciento en 2006. Incluso advierte de que los conflictos actuales pueden elevar al 8 por ciento la proyección para este año.

Para el director del Instituto de Investigación Socioeconómica de la Universidad Católica Boliviana (Iisec), Alejandro Mercado, el escenario en el cual fija sus metas el Gobierno es "demasiado optimista" y supone no sólo estabilidad macroeconómica, sino también seguridad jurídica y un retorno de las inversiones. En un momento en el cual se pide hasta nacionalización, eso no se va a cumplir", manifestó.

El director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Javier Gómez, expresó que llegar a un 4 por ciento significará alcanzar un cero por ciento, descontando el costo de las pensiones.

" Con la ley del gas se esperaba un alivio fiscal importante, pero casi todos los nuevos ingresos están comprometidos con los departamentos y con algunos sectores, lo que hace ver la meta inviable", afirmó.


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