La Paz - Bolivia Edición de 29 May 2005
Los mercados están abastecidos y hay combustible; el turismo sufre
Gobierno se acerca a sectores y ve al MNR detrás del conflicto
Las autoridades se reunieron con campesinos y maestros para encaminar soluciones sectoriales que permitan allanar la crisis. El Ministro de Gobierno afirmó que "un partido político del sistema afectado por los hechos de octubre" financia un complot para derrocar a Mesa.
POLÍTICA
El Ejecutivo inició su acercamiento con campesinos y maestros, dos de los sectores movilizados, para intentar perfilar soluciones
El Gobierno acusa a corriente del MNR de financiar movilizaciones
Investigaciones: el titular de Gobierno durante la entrevista de ayer
El Gobierno apuntó ayer sus dardos contra una corriente del MNR, a la que acusó de financiar algunas movilizaciones que desde hace diez días presionan para que se nacionalicen los hidrocarburos y se convoque a la Asamblea Constituyente, y de tener vínculos con los dos militares dados de baja por exigir la renuncia del presidente Carlos Mesa y la instalación de un gobierno cívico-militar.
Aunque no lo nombró específicamente, el ministro de Gobierno, Saúl Lara, señaló que basaba sus sospechas en el partido rosado por la militancia del ex presidente de Cotel Marco Antonio Salinas, quien fue vinculado de supuestamente financiar a dirigentes de la COR de El Alto. Dijo que los dos ex militares formaban parte de un vasto complot, no sólo contra el Gobierno de Mesa, sino contra el sistema de derecho. También denunció que se intenta bloquear el juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
— ¿Cómo encara el Gobierno este difícil momento?
— Al Gobierno le embarga una gran preocupación porque estamos convencidos de que la anterior semana (del 23 al 28) el pueblo boliviano vivió el más serio intento de una conspiración para derrocar al Gobierno de Carlos Mesa, impulsada por sectores radicales de extrema izquierda y derecha, empresariales y sindicales en una postura inflexible.
Unos han intentado interrumpir el Gobierno y otros incluso el proceso democrático. No otra cosa uno puede entender cuando estos sectores radicales han proclamado la constitución de un gobierno cívico-militar o un gobierno obrero-campesino.
Creemos que estos sectores, sincronizados y articulados en una estrategia de desestabilización contra el sistema democrático, persisten en llevar adelante un proceso que no se compadece de la coyuntura política ni del país y han intentado la semana pasada hacer un burdo remedo de los hechos de octubre de 2003, pero sin suerte, porque no somos el Gobierno de 2003, no tenemos una política represiva, de sistemático uso de la violencia y de la fuerza para imponer el principio de autoridad y, por lo tanto, se han equivocado.
Sin embargo, han intentado buscar la reacción de la Policía y de las fuerzas militares para conseguir muertos y heridos, y a partir de esas bajas generar una reacción masiva sobre todo en sectores campesinos y populares. En este Gobierno no conseguirán aquello, pero Dios quiera que no tengamos que enfrentarnos a estos radicales incrustados en el movimiento social y que hemos detectado que están buscando esa confrontación mediante la provocación.
No otra cosa significan los miles de cartuchos de dinamita que hemos incautado hace unos días y armas de fuego que hemos requisado, y no es una coincidencia, sino que formó parte de ese proceso de conspiración, el pronunciamiento de los dos ex militares que fueron dados de baja de las Fuerzas Armadas. Ellos formaban parte del proceso sedicioso junto a los sectores radicalizados, cuando no políticos, le pido que no me haga repetir de qué partido estamos hablando, pero por la seriedad que nos caracteriza estamos hablando de agrupaciones políticas del sistema político que, de alguna manera, fueron derrotadas en octubre de 2003.
— Estos sectores, que usted dice actúan contra el sistema democrático, al parecer no actúan de manera articulada...
— Más bien yo diría que persiguen fines distintos, pero trabajan de manera articulada. Sectores de radicalizados empresariales están buscando aparentemente un proceso de interrupción del Gobierno mediante la sucesión constitucional o la interrupción del proceso democrático. El otro extremo, la proclamación de un gobierno cívico-militar o un gobierno obrero-campesino lo que está buscando es, más allá de la renuncia del Presidente, una ruptura del sistema democrático.
Hay sectores que persiguen la interrupción del juicio de responsabilidades en contra de los anteriores gobernantes (el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros). Todos estos actores se articulan entre sí, coinciden en sus intereses, aunque difieren en los objetivos que buscan porque son distintos. De manera que (la resolución) de sus planteamientos no están precisamente en manos del Gobierno.
El referéndum autonómico está en manos del Poder Legislativo, como corresponde; la definición de la convocatoria a la Asamblea Constituyente no está en manos del Ejecutivo; sin embargo, todos confluyen en su exigencia contra el Gobierno. Las movilizaciones sociales, los pedidos empresariales de renuncia contra el Ejecutivo coinciden en un pedido de adelanto de elecciones o la renuncia del presidente Mesa.
— Tras la incautación de material explosivo han sido detenidas varias personas, dos militares sediciosos fueron dados de baja por las FFAA y están siendo perseguidos. ¿Qué hace el Gobierno y si coordina con el Alto Mando militar para investigar si en las FFAA hay otras ramificaciones de ese complot?
— Está claro que la dinamita incautada podía ser usada en las movilizaciones sociales o por algunos elementos radicales que se incrustan en las movilizaciones que podrían hacer uso letal no sólo contra las fuerzas policiales, sino ellos mismos ser víctimas de su manipulación.
Respecto del pronunciamiento de los dos ex militares, el Gobierno, a través de mi despacho, ha procedido a la acción penal correspondiente porque ya son ex miembros de esa institución. En las próximas horas o días estas personas serán detenidas y puestas a disposición de la justicia ordinaria. Estamos coordinando todo esto con las FFAA a través del Ministerio de Defensa.
Sin duda, pensamos que estas personas no han actuado solas. Más que con otros miembros (de las FFAA), estamos convencidos de que han estado trabajando con algunos sujetos de alguna organización política. Aún está en investigación y en algunos días tendremos una información más completa sobre cuáles eran sus vinculaciones, sus objetivos y las acciones que pensaban desarrollar. Porque, más allá de la proclama, se trataba de una acción subversiva, sediciosa y terrorista en su concepto jurídico de que buscaba generar incertidumbre, zozobra y caos con un supuesto levantamiento militar.
— ¿Y el papel de las FFAA en la presente crisis política y social?
— Siempre hemos sostenido que no hay alguna razón para pensar que en las FFAA haya un conato, como lo registra nuestro país en su azarosa vida política, por el compromiso militar, su fortaleza institucional y su doctrina, desde 1982, de defensa de la ley y del sistema democrático. Lo cierto es que hubo un pacto (entre los militares sediciosos y algunos políticos) y por eso vemos que formaba parte de un proceso de desestabilización y conspiración. No fue al azar, porque eran días de intensa movilización social. Ese pronunciamiento tenía el claro objetivo de crear un ambiente de debilidad para sus fines.
— ¿Estos ex militares estaban más cerca de los movimientos sociales?
— No, más bien eran parte de una confabulación política.
— Pero el abanico político es muy grande. ¿Sería con un partido político ligado a los movimientos sociales?
— No. Más bien es un partido político del sistema afectado por los hechos de octubre.
— ¿Algunas movilizaciones sociales presumiblemente han sido financiadas. Qué acciones está asumiendo el Gobierno en cuanto al ex presidente de Cotel Marco Antonio Salinas, quien fue vinculado a ese presunto financiamiento?
— Lo que hemos dicho es que algunos sujetos y algunas movilizaciones, tenemos certeza, están siendo financiados por algunas instituciones y algunas organizaciones políticas. Nos basamos en dos elementos que ya son públicos: pruebas fílmicas, dos o tres canales recogieron imágenes de gente que está recogiendo dinero después de una marcha.
La permanencia de varias agrupaciones por más de diez días en la ciudad de La Paz implica un costo elemental. No estamos diciendo si son 20 ó 200 bolivianos (por día), sino que implica, así estén durmiendo en la universidad o en alguna federación, al menos la alimentación. Ahora ¿quién paga eso? ¿quién corre con esos gastos? El otro elemento probatorio es la carta que envían dirigentes de la COR de El Alto a Cotel, respaldado por una resolución.
Independientemente de que estén intentando negar la veracidad de esa carta, ha merecido la confesión de por lo menos un dirigente de la COR de que recibían dinero para apoyar a sus movilizaciones más o menos permanentemente. En derecho, a confesión de parte, relevo de prueba.
— ¿Y la situación del ex presidente de Cotel Marco Antonio Salinas?
— Vamos a investigar y lo estamos haciendo como corresponde, y será el Ministerio Público el que actúe conforme a ley. Es doloroso para los paceños, porque se trata de una cooperativa donde los socios deben saber que ese dinero, producto de sus acciones, está siendo utilizado con fines políticos y hasta ilícitos. Yo estoy haciendo abstracción de la conocida filiación política de Salinas (militante del MNR).
— ¿Se descarta una intervención a la Cooperativa mientras se constate la veracidad de la denuncia conocida?
Se hará una evaluación por el Ministerio de Trabajo.
Campesinos desconfían del Ejecutivo
Los dirigentes del sector campesino tomaron con desconfianza la versión del Poder Ejecutivo en sentido de que un partido político financia las protestas callejeras por la recuperación de los recursos naturales. No obstante, un sector de los trabajadores rurales de La Paz se reunió ayer con el ministro de Gobierno, Saul Lara.
Para el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari, Gualberto Choque, es difícil creer que un sector como la Central Obrera Regional de El Alto se movilice a cambio de un pago.
"Nosotros, en mi sector, nos estamos movilizando por la recuperación de todos los recursos naturales; en la oficina no tenemos ni un teléfono, porque no tenemos dinero. Yo sé que en la COR tienen teléfono y no lo pagan, eso no es sólo de la gestión de (Édgar) Patana", comentó.
El ministro de Gobierno comentó ayer a La Prensa que se reunió con campesinos de la Federación Tupac Katari para conversar sobre las eventuales soluciones a las demandas del sector, empero Choque indicó que no conocía de tal encuentro porque se encontraba casi toda la jornada en la provincia Aroma.
Nada tenemos que ver
El dirigente sindical y senador del MAS Román Loayza explicó que los campesinos, indígenas y originarios del Pacto de Unidad "nada tenemos que ver con ningún partido tradicional".
"Ayer (viernes) he desmentido que los campesinos estuviéramos recibiendo 20, 30, 10 bolivianos por movilizarnos, eso es un comentario falso del Gobierno, o es que ¿él estará pagando? Los compañeros vienen con sus propios recursos a marchar a La Paz, vienen con alimento seco", dijo Loayza.
Este sector de campesinos del trópico cochabambino envió una carta a los poderes Ejecutivo y Legislativo en la que exige que en la sesión del Congreso Nacional deben analizarse las propuestas de modificación a la Ley de Hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
Empresarios piden renuncia de Mesa, cuando sus "bases" piensan distinto
La Paz / ANF
Los empresarios dieron un giro en contra del presidente Carlos Mesa, le pidieron dar un paso al costado "si continúa el desgobierno", sin considerar las recientes encuestas realizadas en el país a sus "bases empresariales", en las que ni la sucesión presidencial ni el adelanto de elecciones son tomados como una solución a la crisis que atraviesa el país.
Los datos del Panel Online de Ejecutivos en Bolivia, aplicado a 215 directivos de empresas por Captura Consulting y difundidos la semana anterior por varios medios de comunicación, indican que en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el 59 por ciento no quiere un adelanto de las elecciones generales, mientras que el 36 por ciento está a favor de una convocatoria a comicios.
Sin embargo, un pronunciamiento público de la Cainco pidió a Mesa ser honesto con el país, y que si no tiene la capacidad de gobernar o no está dispuesto a hacerlo, que dé "un paso al costado y permita a la ciudadanía definir su futuro mediante la democracia y el voto universal...".
A principios de la semana, el dirigente de los empresarios, Roberto Mustafá, convocó a Mesa a reprimir las manifestaciones, "pero si no puede, que renuncie, pero que lo diga de una vez".
El MNR emplaza a presentar pruebas
Los dirigentes del MNR Óscar Sandóval y Luis Eduardo Siles emplazaron ayer al Gobierno de Carlos Mesa a presentar las pruebas de que algunos de sus militantes financian las movilizaciones para generar un clima de desestabilización en el país y forman parte de un plan sedicioso en contra del sistema democrático.
"El Gobierno busca un chivo espiatorio donde no lo hay, si tuviéramos la capacidad que dice el Ejecutivo, no nos hubieramos caído", aseguró el diputado Siles. La renuncia de Marco Salinas a la Presidencia de Cotel, la aparición de dos militares que exigen la dimisión del Presidente y el pronunciamiento de algunos empresarios en ese mismo sentido son las bases para que el Gobierno señale que la presión desestabilizadora viene de la mano de "quienes cayeron el 17 de octubre de 2003".
Sandóval conminó al Ejecutivo a presentar las pruebas pertinentes e iniciar procesos por conspiración y sedición, pero que lo haga y "no sean sólo acusaciones sin pruebas". "Vamos a demandar una petición de informe al Poder Ejecutivo para que demuestre sus acusaciones, y en su caso interpelaremos (a las autoridades), si es que éstos no demuestran sus acusaciones".
El diputado Siles explicó que su partido ha definido tres líneas de acción tras la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada: La primera, asumir oposición democrática; la segunda, apegarse estrictamente a la Constitución Política del Estado, y la tercera, mantener la presencia en el Parlamento, donde tienen de una importante bancada.
"Si algún simpatizante, empresario, militar o militante asume una actitud contraria a estas determinaciones, nosotros no lo protegeremos" prometió el parlamentario.
"Lo que el Gobierno debe entender es que esos fantasmas o chivos expiatorios que ve no son el mejor camino para resolver su crisis, sus errores en el manejo del país. Y creo que ya son muchas voces que le piden al Presidente que gobierne y que no sólo se siente en la silla", dijo Siles.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Édgar Patana, opinó ayer que las denuncias del Poder Ejecutivo deben ser probadas a fin de que se aclaren totalmente.
"Yo no he recibido nada, son tres meses que estoy en la dirigencia de la COR. Nosotros creemos que esto es un show del Gobierno y debería demostrar sus acusaciones", dijo.
Una supuesta carta de la COR a Cotel apareció esta semana, en la que los dirigentes alteños le recuerdan al Presidente de Cotel "su compromiso en la última reunión con nuestro directorio de proveernos para gastos de nuestros compañeros en esta cruzada nacional". Patana reiteró que esa carta es falsa, pero además explicó que "soy el enemigo número uno de los emenerristas, nunca he simpatizado con ese partido".
Esto a propósito de la posibilidad de que militantes del MNR están detrás del financiamiento proveniente de Cotel. "No podemos permitir que el MNR se infiltre en nuestras movilizaciones. Nosotros no somos parte de ese complot. No estamos financiados por nadie, hemos entrado en una especie de cuarto intermedio este fin de semana porque no tenemos ni para (comprar) petardos", dijo.
Mediadores miran hacia el Congreso
Los mediadores tienen puesta la mirada en el Congreso para evitar enfrentamientos como las vividas en los últimos días en la ciudad de La Paz.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo y la Confederación de Trabajadores de la Prensa no abandonaron sus gestiones por acercar a los sectores sociales y el Gobierno, y pusieron su esperanza en que la sesión del Congreso, citada para el martes, pueda "deliberar sobre los temas de demanda ciudadana" .
"Consideramos que la base de la unidad nacional consiste en la unificación de los planteamientos emanados tanto de oriente como de occidente, sin antagonismos ni exclusiones, toda vez que la Asamblea Constituyente, así como las autonomías departamentales, son una necesidad histórica para el desarrollo del país", indica un comunicado difundido ayer.
Sacha Llorenti, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, explicó que, como gestores de un diálogo, no insistirán en el encuentro inmediato porque está previsto que el Congreso sesione el martes y ésta instancia es la única que puede analizar los asuntos que demanda la ciudadanía.
Llorenti sostuvo que tampoco se quiere ingresar a un "círculo vicioso" de presión al Parlamento, porque algunos legisladores ya adelantaron que no sesionarán si persisten las movilizaciones.