Lunes, 30 de mayo de 2005
Si las movilizaciones son violentas y agresivas "sin duda que seremos implacables en el cumplimiento de la ley", advirtió el ministro de Gobierno
En el último ampliado de Central Obrera Regional (COR) y de la Fejuve de El Alto se determinó aumentar las medidas de presión a partir de este lunes 30 de mayo en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria inmediata a la Asamblea Constituyente. Los dirigentes confesaron que se han visto rebasados por elementos infiltrados, ajenos a sus organizaciones, que buscan provocar hechos de violencia.
Desde este lunes aumenta el número de marchistas en la ciudad de La Paz. El MAS anunció que un grupo numeroso de cocaleros y campesinos de todo el país llegará a la sede de gobierno para exigir que el Ejecutivo y el Congreso revisen la Ley de Hidrocarburos y convoquen a una Constituyente. Evo Morales, diputado y líder del MAS, sostuvo que la "discriminación que existe en el Ejecutivo y en el Congreso hacia los movimientos sociales, especialmente indígenas y originarios, es alarmante, pero tiene límites, porque la paciencia puede acabarse y las medidas radicalizarse".
Además, el MAS anunció una interpelación al ministro de la Presidencia, José Galindo, para que pruebe sus denuncias sobre el financiamiento de las movilizaciones que exigen la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. "Estamos acostumbrados a denunciar por denunciar, por eso es presentaremos el pliego interpelatorio para que el gobierno explique con detalle los nombres los que pagan y reciben dinero para las movilizaciones. No queremos pensar que es otra cortina de humo para desviar la atención de la gente", afirmó Morales.
Por otro lado, los campesinos enviarán una carta al Presidente demandándole que se convoque a la Asamblea Constituyente. Advirtieron que si hasta miércoles su demanda no es atendida, radicalizarán sus medidas de presión.
El Ministro de Desarrollo Económico Wálter Kreidler sostuvo que "los bloqueos están focalizados en una sola zona del altiplano. La situación de crisis social se reduce a un espacio que va de la avenida Montes de La Paz hasta El Alto, el resto del país está normal", dijo la autoridad.
El politólogo Jorge Kafka expresa su preocupación por los acontecimientos vividos en la última semana, inscritos en una situación caótica que evidencia cómo los actores sociales políticos impulsan sus propios proyectos, de manera individual y sectorial, sin pensar en los intereses generales de Bolivia. A ese panorama debe sumarse la crisis del Poder Ejecutivo en su relación con el Poder Legislativo y los diferentes sectores de la población, lo que impiden tomar decisiones. Además, complican aún más el panorama las demandas de autonomía regional de Santa Cruz y Tarija; los pedidos étnicos que buscan la recuperación de los hidrocarburos y reivindicaciones de poder, y la disputa en la distribución de los recursos de la actividad hidrocarburífera. Todos son problemas históricos que han llevado a Bolivia a un proceso de fragmentación.
El analista Gonzalo Quiroga considera que Bolivia atraviesa por una profunda crisis en su Estado debido a la incapacidad del Poder Ejecutivo, al divorcio entre los poderes Legislativo y Ejecutivo y las demandas de autonomías regionales y de Asamblea Constituyente.
Franz Barrios, representante del gobierno, considera que la solución de los conflictos actuales pasa por convocar a la Asamblea Constituyente y dar curso al referéndum para las autonomías regionales. "Estos dos procesos están estrechamente vinculados". Para llevar adelante la Constituyente "debemos comenzar a preocuparnos por qué queremos de la Constituyente, qué queremos cambiar con la Constitución".
En la semana que pasa, no solo los movimientos sociales exigieron la renuncia de Mesa sino también los empresarios. La Cainco de Santa Cruz volvió a exigir la renuncia del Presidente, a quien, no obstante, le pidió mayor determinación respecto de los conflictos sociales que vive el país. El mandatario "debe ser honesto con el país, si no tiene la capacidad de gobernar o no está dispuesto a hacerlo, debe dar un paso al costado y permitir a la ciudadanía definir su futuro mediante la democracia y el voto universal", señala el comunicado del gremio. Los empresarios cruceños califican de "irracional y contradictoria" la política económica del gobierno y critican las demandas, especialmente del MAS, de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Exigen "como requisito previo (...) una amplia discusión del conjunto de la sociedad".
El gobierno respondió que Mesa va a continuar gobernando de acuerdo a la Constitución hasta el 6 de agosto de 2007 e invocó a todos los sectores, sean estos del Poder Legislativo, Ejecutivo, partidos políticos o sociales, al desarme espiritual y mostrar signos claros de defensa de la democracia y la institucionalidad. Las autoridades piden a los sectores flexibilizar posturas, en especial a aquellos que plantearon posiciones irreductibles y radicales.
El gobierno tiene fe en que los sectores movilizados limitarán sus manifestaciones a un ámbito lo más alejado posible de la Plaza Murillo, el Parlamento Nacional y que las marchas se darán en un marco de paz, tranquilidad y legalidad. El ministro de gobierno Saúl Lara, junto a los viceministros de Régimen Interior, Adrián Oliva, y de Asuntos Campesinos, Ernesto Muñoz, mantuvieron varias reuniones entre el viernes y este domingo con diferentes sectores.
"En la medida en que las movilizaciones fueran violentas, agresivas y pongan en riesgo la seguridad, los derechos y garantías de terceros o de instituciones como el Parlamento sin duda que seremos implacables en el cumplimiento de la ley", advirtió el ministro Lara.
Por otro lado, los principales dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales, Abel Mamani, y de la Central Obrera Regional de El Alto, Édgar Patana, amenazaron con intervenir la Alcaldía y conminaron a José Luis Paredes a dejar el cargo. Mamani, según reportó la Agencia de Prensa Alteña, dijo que Paredes defendió en marzo a la transnacional de Aguas del Illimani, cuando la mayoría de la población exigía su retiro. Patana lo acusó de admirar a las logias croatas de Santa Cruz.
Los miembros del Congreso Nacional continúan sin pronunciarse respecto a los conflictos y se conforman con "mirar de balcón" con total indiferencia, actitud que pone en riesgo las sesiones parlamentarias que deben ser instaladas el martes. El criterio fue expresado por el presidente de la Brigada Parlamentaria de La Paz, Alejandro Zapata, quien sostuvo que es sorprendente cómo Hormando Vaca Díez, presidente del Congreso, aún no se manifestó sobre los hechos que se registran en La Paz.