La Paz - Bolivia Edición de 30 May 2005
Los sectores movilizados intentarán sitiar la plaza Murillo
Mayoría del Congreso apoya el referéndum junto con prefecturales
El que la consulta autonómica y la elección de constituyentes se realicen el mismo día tropieza con la oposición de 90 parlamentarios que junto a los restantes 67 sesionarán desde mañana bajo presión. El Gobierno denunció a Solares, De la Cruz y a dos militares por sedición.
POLÍTICA
Ambos dirigentes fueron demandados junto a los dos ex militares conspiradores
El Gobierno denuncia a De la Cruz y a Solares por sedición
Acusados: los sindicalistas Roberto De la Cruz y Jaime Solares
El Poder Ejecutivo denunció ante la Fiscalía de Distrito de La Paz a los dirigentes Jaime Solares (COB) y Roberto De la Cruz (concejal de la ciudad de El Alto) y los relacionó con dos ex militares en un complot político para derrocar al presidente Carlos Mesa, instaurar en el país un régimen cívico-militar y truncar el estado de derecho.
El ministro de Gobierno, Saúl Lara, en un memorial presentado el 27 de mayo al fiscal Jorge Gutiérrez, asegura que los citados dirigentes sindicales y los ex tenientes coroneles Julio César Galindo Mendizábal y Julio Herrera Pedrazas están involucrados en un acto sedicioso, y para ello organizaron el denominado "movimiento generacional", cuyo objetivo sería provocar una confrontación armada.
Tanto Solares como De la Cruz rechazaron ayer vehementemente -por separado- las sindicaciones y aseguraron que son producto de "la incapacidad del Gobierno de atender las legítimas demandas del pueblo".
Al documento presentado al Fiscal de Distrito, Lara adjuntó publicaciones de prensa y video en calidad de prueba preconstituida que demostrarían "plena e incontrovertiblemente" que los ex militares "se están alzando públicamente y en abierta hostilidad para deponer al Presidente de la República, su gabinete y el cierre del Congreso Nacional".
En la querella el Ejecutivo asegura que, "junto a personas civiles y militares", los acusados de sedición organizaron ese grupo irregular para "atentar contra la seguridad interna" y "revertir el orden constitucional".
"Para el cumplimiento de estos delictivos propósitos están seduciendo a tropas del Ejército para de esta forma conseguir alzarse en armas, promover enfrentamientos armados con fuerzas regulares o de seguridad pública con el objeto de lograr el derrocamiento del Presidente de la República, el cierre del Congreso Nacional y en su lugar posesionar un gobierno civil-militar", se denuncia en el memorial.
"Este plan delictivo se viene presentando a través de las últimas movilizaciones en la sede de Gobierno, cuyo propósito ha sido manifestado públicamente por algunos dirigentes sindicales como Jaime Solares y Roberto De la Cruz pidiendo la renuncia" del mandatario "y el cierre del Congreso Nacional". El documento agrega que "estos grupos sociales instigados desde hace algunos días pretenden ingresar por la fuerza a la plaza Murillo (...) con el propósito de tomar las instalaciones de Palacio de Gobierno y del Congreso. De lograr el ingreso por la fuerza a estas instalaciones públicas, se pone en riesgo la vida del señor Presidente de la República, ministros, parlamentarios y personal dependiente".
También critica que Solares, De la Cruz, Galindo y Herrera, además de quienes resulten cómplices y encubridores, se atribuyan la representación del pueblo y condena que hayan "obligado a los miembros del Congreso Nacional a suspender sus actividades".
Según el Ejecutivo, estos hechos implican la comisión de delitos previstos y sancionados por el Código Penal, como conspiración (artículo 126), sedición (artículo 123), seducción de tropas (artículo 127), atentados contra el Presidente y otros dignatarios de Estado (artículo 128), instigación pública a delinquir (artículo 130), asociación delictuosa (artículo 132) y terrorismo (artículo 133).
Además de desórdenes y perturbaciones públicas (artículo 134), impedir y estorbar el ejercicio de funciones (artículo 161), atentado contra la seguridad de los trabajadores (artículo 213), atentados contra la seguridad de los servicios públicos (artículo 214), delitos contra la salud pública (artículo 216) y atentados contra la libertad de trabajo (artículo 303), entre otros. El Ejecutivo sostiene, en el caso de los dos ex militares dados de baja por las FFAA, que hay el agravante de que fueron miembros de una institución cuyo mandato constitucional es defender la independencia nacional y garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido.
"Gobierno incapaz"
Ante el recurso legal presentado por el Poder Ejecutivo, Solares y De la Cruz coincidieron en que se trata de una maniobra "de un Gobierno incapaz" para "descabezar el movimiento social" que exige en las calles la nacionalización de los hidrocarburos y la inmediata convocatoria a la Asamblea Constituyente.
De la Cruz sostuvo que el presidente Mesa está "echando gasolina al fuego" y afirmó que no eludirá sus responsabilidades si es llamado por la Fiscalía. Negó que esté en afanes sediciosos e invitó al Gobierno a "preparar miles de celdas para encarcelar a los bolivianos que luchamos por los intereses de la patria. Si yo tengo que ir a la cárcel, iré con gusto, pero miles seguirán en las calles demandando la nacionalización y la Asamblea Constituyente".
En tanto que Solares opinó que la querella "es una actitud cobarde de un Gobierno antipopular. Yo hago uso de mis derechos para protestar; en ningún momento he conspirado contra la democracia y voy a someterme a la ley si soy convocado".
Según ANF, Roberto Carranza, vocero de los ex militares, indicó que ambos sediciosos, "junto a otra gente", ayer se reunieron fuera la ciudad.
La Fiscalía ya emitió los mandamientos de aprehensión contra los dos ex militares.
Hasta ayer no se constató si evacuó similares documentos contra Solares y De la Cruz.
Con la medida, el Ejecutivo abrió un frente legal para controlar la protesta social.