Edgar Ramos Andrade
De una lucha por el control de los recursos naturales, Bolivia parece haber pasado a un grave conflicto étnico-racial, que involucra a dos sectores enfrentados: Empresarios-funcionarios estatales contra indígenas excluidos por el Estado y que ahora se rebelaron contra el "orden establecido" desde 1825, cuando Simón Bolivar fundó este país..
Santa Cruz y El Alto, (SDI).- En septiembre de 2003 comenzaba en Bolivia la denominada "Guerra por el Gas" que terminó, inicialmente con la renuncia forzada seguida por la huida del entonces presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada, el 17 de octubre previa matanza de 73 ciudadadan@s y 470 heridos.
Un año y 7 meses después, comenzó la segunda parte de esta "guerra" que de un reclamo por el mal manejo de un recurso natural no renovable pasó a ser una conflagración étnico-racial que, por ahora ya tumbó al segundo Mandatario constitucional, Carlos Mesa Gisberth quien de excelente orador televisivo pasó a ser vicepresidente de Sánchez de Lozada y a quien le sucedió al finalizar la primera guerra.
La nueva cadena de las luchas sociales "con bloqueos y cercos a importantes ciudades" tiene una consigna básica: nacionalizar o recuperar la propiedad real de los ricos yacimientos hidrocarburíferos (gas y petróleo) por ahora en manos de grandes conglomerados empresariales transnacionales. Pero ¿cuál es el trasfondo de este nuevo conflicto que ha paralizado Bolivia hace dos semanas y ahoga a las ciudades de La Paz y El Alto hace 18 días?
El actual conflicto tiene a dos contendientes identificados. Primero, un grupo de empresarios que tienen cargos de influencia política en organismos empresariales, cívicos y hasta deportivos además de cargos en los poderes del Estado (Parlamento, Gobierno, Justicia, Corte Electoral, Defensa de la sociedad y otros).
Normalmente, los representantes de ese grupo selecto fungen durante un período como ministros, parlamentarios o vocales electorales; en un siguiente período son dirigentes empresariales de influyentes gremios que concentran a importadores de productos elaborados, exportadores de materia prima, grandes comerciantes y productores agropecuarios, entre otros.
Casi todos ellos recurrieron, en su momento a créditos estatales para el crecimiento de sus empresas aunque luego (como funcionarios estatales) impulsaron "sea por deuda crediticia o por otras conveniencias" el cierre de esos mismos bancos. Ocurrió con el Banco Agrícola y el Banco del Estado (ambos estatales).
Otro sector de esos empresarios son los agroforestales — madereros, ganaderos y productores de oleaginosas — aglutinados en la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) influyentes instituciones cruceñas de donde surgen conocidos dirigentes del Comité Pro Santa Cruz o del Movimiento Nacionalista Revolucionario o del Movimiento de la Izquierda revolucionaria (MIR), quienes incljuso tienen "prestigiosos" medios de comunicación.
Varios de esos empresarios/dirigentes utilizan diversos artilugios para conservar sus extensas propiedades. Por ejemplo apelan a las "vacas turistas", es decir trasladan ganado de un lugar a otro para justificar que ocupan cientos de hectáreas de tierra ante organismos como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) encargado del "saneamiento" de las tierras de producción agropecuaria.
Este tipo de hechos generó conflictos diversos con indígenas, especialmente en las ricas tierras bajas. Esto lo atestiguan Nemesia Achacollo, dirigenta principal de la Federación de Mujeres Campesinas Originarias "Barolina Sisa" o Miguel Peña, de la Central de Pueblos Etnicos Mojeños del Beni (CPEMB).
En todo caso, esos empresarios-funcionarios y sus familias no debe superar el cinco por ciento de la población, que junto a las clases medias bolivianas suman el 38 por ciento de la población boliviana, según el Censo de Población de 2001, realizado por el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El otro sector en conflicto está constituido por cuatro grupos sociales importantes: 1) Indígenas, agrupados en CIDOB (tierras bajas) y CONAMAQ (tierras altas) con una conformación de más de 30 nacionalidades; 2) Campesinos, agrupados en la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y cuyos principales afiliados son micro-productores agropecuarios de subsistencia con sindicatos regionales en los nueve departamentos.
Un tercer grupo es el de los "colonizadores" o migrantes expulsados de las tierras altas y a quienes les fue dotada cierta cantidad de hectáreas en tierras bajas, con fines productivos y que incluso lograron conformar pequeñas empresas que sin embargo no tienen debida atención del Estado. 4) Indígenas-campesinos migrantes por falta de oportunidad económica a zonas peri-urbanas y con pocos servicios básicos de ciudades como El Alto, Santa Cruz o Cochabamba.
Los cuatro descienden de grupos que fueron sometidos por los "descubridores" españoles desde 1492 y que en 1825 "fundaron" el Estado boliviano sobre la base de las ideas de pequeños grupos de abogados que a su vez representaban el poder económico minero de entonces.
Estos grupos fueron excluidos de políticas estatales, tienen miles de afiliados indocumentados, varios de sus dirigentes fueron "utilizados" como ocurrió en 1993 por parte de Gonzalo Sánchez de Lozada para implementar medidas como la Capitalización, que en definitiva es el origen de las dos guerras en Bolivia. Incluso, se llegó al grado que muchos de ellos debieron migrar, especialmente a Argentina y España, desde donde envían "dinero fresco" a sus impacientes familiares en el área rural o en esas zonas peri-urbanas. Este grupo social representa el 62 por ciento de la población, según el Censo 2001. Este grupo comenzó a rebelarse y alega que no parará hasta que sesione la Asamblea Constituyente.
El Centro de Información y Documentación Bolivia (CEDIB) de Cochabamba señala que 19 meses después de la primera Guerra por el Gas nada cambió, que los 76 contratos petroleros fueron firmados de manera inconstitucional, que el "gas boliviano" es exportado como materia prima barata y que el gobierno del renunciante presidente Mesa le dio continuidad, cobrando apenas un 18 por ciento de regalías de precios bajísimos.
Alega esa institución que la Ley 3058 de Hidrocarburos "no recupera lo que ilegalmente le fue quitado a los bolivianos" porque reservas y toda la cadena productiva hidrocarburífera, así como el sistema de refinación y los gasoductos están en manos de esos conglomerados empresariales transnacionales.
Sin embargo, esa pelea (legal y callejera) por el dominio de todo el proceso productivo hidrocarburífero ha pasado a ser una lucha étnico racial y en una virtual guerra por el poder político que no tiene resolución por ahora y en el que el probable presidente Hormando Vaca Diez, Evo Morales u otros personajes solo son parte no esencial de esta "guerra de razas".