domingo, 12 de junio de 2005
La actual situación boliviana, al igual que la reciente caída de Lucio Gutiérrez, en Ecuador, muestran que Latinoamérica continúa siendo uno de los centros de la lucha de clases en el mundo: desde el 2000, se han sucedido procesos revolucionarios y puntos altos de la lucha de clases en algún país latinoamericano. Por eso, podemos afirmar que no se trata de situaciones aisladas en tal o cual país, sino de un proceso continental que, más allá de las diferencias nacionales, presenta claros elementos comunes.
La propiedad y la explotación de los grandes yacimientos de hidrocarburos del país ha sido la cuestión central que generó el choque de las masas bolivianas con los gobiernos de Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. No es un tema menor: Bolivia posee la mayor reserva de gas de Latinoamérica, después de Venezuela. En esta batalla se definen dos campos principales.
Por un lado, el imperialismo yanqui busca asegurarse el control y la explotación sin restricciones de las fuentes energéticas latinoamericanas. Por el otro, enfrentándolo con su lucha, los trabajadores y el pueblo bolivianos reivindican la propiedad estatal de los hidrocarburos y que su explotación y comercialización se realice en beneficio del país y del pueblo.
Esta batalla por el control de los hidrocarburos y las fuentes de energía se desarrolla en el conjunto de Latinoamérica. Para el imperialismo, se trata de un tema de primer orden, a la vez, estratégico y de corto plazo: todos los analistas consideran que, si continúa su nivel de consumo actual, EE.UU. va hacia una crisis energética y de abastecimiento interno de hidrocarburos en pocos años.
Por eso, impulsó una serie de políticas y herramientas colonizadoras en la región. Como la privatización de las empresas petroleras estatales. Por ejemplo, en Argentina, la empresa española Repsol compró YPF. En Bolivia mediante contratos entreguitas se concedió la propiedad a manos de transnacionales.
En otros países, las empresas continuaron siendo estatales, pero se impuso una privatización indirecta, con concesiones de áreas de explotación, procesamiento, transporte y comercialización. De ese modo, una parte creciente del negocio pasó a estar en manos de empresas extranjeras. Es el caso de Venezuela, Ecuador, México, Brasil.
Junto con esto, el imperialismo impulsa los proyectos PPP (Plan Puebla-Panamá) e IIRSA (Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana) que, combinados, buscan garantizar la infraestructura para la extracción, el procesamiento y el transporte de esos recursos naturales desde Tierra del Fuego, en el sur de Argentina, hasta Puebla, en el norte de México. Allí, "casualmente", se conectan con redes eléctricas, gasoductos y oleoductos que terminan en California y Texas.
El ALCA (Asociación de Libre Comercio de América) se dirige en el mismo sentido, como un marco político y jurídico que "legaliza" todo el proceso colonizador. Por ejemplo, su estatuto dice que los recursos naturales son de "propiedad continental" (a buen entendedor, pocas palabras).
Ante algunas dificultades con el ALCA, EE.UU. implementó acuerdos bilaterales o regionales: los TLCs (Tratados de Libre Comercio), algo así como ir armando el ALCA "por partes". No es casual, entonces, que la lucha por el dominio de los hidrocarburos sea el centro de la realidad boliviana o que la resistencia popular contra los TLCs esté presente con fuerza en Ecuador y en varios países centroamericanos, como Honduras y Costa Rica.
En este marco, es necesario analizar el nuevo rol de Brasil en la región. Este país ha comenzado a ser una especie de "submetrópoli regional". Por un lado, Brasil es recolonizado por las potencias imperialistas y sufre el mismo saqueo de riquezas que los otros países latinoamericanos. Pero, al mismo tiempo, actúa como una especie de "socio menor" en la explotación de otros países más débiles, recibiendo, a cambio, algunas migajas mayores.
En este sentido, es muy claro el papel de la Petrobrás en Bolivia: a través de concesiones de explotación de petróleo y gas, controla el 20% del PBI y el 40% de las exportaciones bolivianas. Petrobrás actúa en Bolivia como una empresa imperialista: saquea riquezas y gira fabulosas ganancias a su casa central.
Por eso, coincide totalmente con las petroleras yanquis en su oposición a la estatización de los hidrocarburos. Recientemente, al igual que esas empresas, amenazó con irse de Bolivia sino le garantizaban "sus inversiones y su rentabilidad". La influencia económica de Brasil no se limita al sector de hidrocarburos: se estima que el 35% de la producción de soja de Santa Cruz de la Sierra (la principal del país) es propiedad de burgueses brasileños.
El nuevo papel de Brasil se ve también en los terrenos político y militar. Por ejemplo, Lula actúa como un "bombero regional" dispuesto a colaborar para apagar cualquier incendio originado por la lucha de clases, como fue el caso de Venezuela en 2002 o, actualmente, en la propia Bolivia.
Además , fue un "brazo armado auxiliar" del imperialismo estadounidense al enviar soldados a Haití ( junto con Argentina y Uruguay). De esa forma, Bush pudo disponer de más tropas para Irak. Los soldados brasileños, disfrazados de "tropas de paz de la ONU", actúan como cualquier ejército de ocupación: reprimen y violan los derechos humanos del pueblo haitiano, como ya ha comenzado a ser denunciado públicamente.
Retornando a Bolivia, no es casual, entonces, que, al igual que las empresas imperialistas yanquis, británicas y españolas, Petrobrás reciba un odio creciente del pueblo boliviano. Cada vez son más frecuentes las movilizaciones de trabajadores y campesinos contra ella. En este enfrentamiento, la LIT-CI (Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional) no es neutral y apoya plenamente la lucha del pueblo boliviano por la nacionalización y expropiación sin pago de los bienes de Petrobrás en Bolivia. Por eso, el PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Socialistas Unificado) ha iniciado una campaña, en este sentido, dentro de Brasil
Los problemas de Mesa y la burguesía boliviana no se limitaban a tener que enfrentar un combativo movimiento de masas. La burguesía de Santa Cruz de la Sierra (en el oriente del país), aprovechándose de un sentimiento autonómico de los pueblos del interior contra el centralismo político- administrativo paceño, exige una autonomía regional mucho mayor. Esta exigencia de autonomía comienza a extenderse también a Tarija (en el sudeste boliviano).
En ese marco, se había convocado para el 12 de agosto a un referéndum vinculante junto a la elección de prefectos (ya convocado para el mismo día), sin acuerdo con el gobierno. El Parlamento entrampado entre definir las fechas para referéndum y constituyente, dilataba aprobar una ley buscando aplicar la propuesta cruceña, lo que le dio pie para que Mesa fijara por decreto la fecha de ambos ( 16 de octubre, medida que tenía aun que ser convalidada por el Parlamento), como una maniobra para distender las luchas que crecían en pos de la nacionalización de los hidrocarburos. Actitud que a su vez provocó la ratificación de la auto convocatoria de los cívicos cruceños.
Este proceso se origina en profundas razones económicas y políticas. Ambos departamentos suman apenas el 20% de la población boliviana, pero generan el 40% del PBI nacional y el 60% de las exportaciones. Poseen los principales yacimientos de hidrocarburos y, en Santa Cruz, además, están los más grandes terratenientes y se desarrolla una intensa producción de soja.
Una parte importante de esta riqueza va a parar a manos de la burguesía del altiplano y del gobierno central de La Paz, por intermedio de los impuestos nacionales. Detrás de la pelea por la autonomía, entonces, está la intención de esas burguesías regionales de lograr una "tajada" mucho mayor, en perjuicio del altiplano "pobre". Al mismo tiempo, la autonomía les permitiría tener las "manos libres" para acordar directamente con el imperialismo y proteger sus latifundios de la toma de tierras por los campesinos pobres. Por otro lado, en el plano de la lucha de clases, en Santa Cruz hay una situación más "tranquila" que en el resto del país, ya que la burguesía mantiene aún un mayor control de las masas.
La autonomía busca "preservar" la región de la permanente inestabilidad boliviana originada, esencialmente, por las luchas de las masas. Pero, actualmente se producen combativas movilizaciones de maestros, trabajadores de la salud y campesinos cruceños, unificando sus reclamos con los del resto del pueblo boliviano y rechazando la posición de la burguesía regional. Por eso, en realidad, la política de la burguesía crueceña busca derrotar el proceso revolucionario en curso en el país y, en ese marco, la autonomía, para entregar los recursos naturales al imperialismo y a Petrobras.
Esta política de la burguesía cruceña, posiblemente alentada desde EE.UU. y Brasil, tiene objetivamente una dinámica separatista y de división del país. Pero incluso sin llegar a ese extremo, su avance representaría un duro golpe para la burguesía del altiplano y el gobierno central. Por eso, se oponen claramente a ella, lo mismo que los mandos del Ejército. Por ahora, el conflicto es "pacífico", pero su desarrollo lleva potencialmente a duros enfrentamientos, incluso militares, en una fractura de la burguesía que agudiza aún más la ya explosiva situación del país.
Pero no se trata sólo de un enfrentamiento entre sectores burgueses. La autonomía que exigen estas burguesías regionales no refleja el justo reclamo de una nacionalidad oprimida. Por el contrario, esa autonomía (y más aún, la división del país) es un ataque al conjunto del pueblo boliviano porque su objetivo es la entrega total de los hidrocarburos al imperialismo yanqui y a Petrobrás, y un mayor enriquecimiento de la burguesía regional.
Por eso, los revolucionarios debemos oponernos a ella y apoyar la justa lucha de la mayoría del pueblo boliviano por mantener la unidad geográfica del país. La mejor forma de hacerlo es imponiendo una salida obrera y campesina a la situación actual. Así lo ha expresado claramente, el MST, sección boliviana de la LIT-CI (ver recuadro).
Pero es imposible entender la permanente "inestabilidad" de la política burguesa boliviana sin considerar un factor esencial: la lucha de las masas, cuya combatividad y heroísmo se mostraron en incontables jornadas, desde la revolución de 1952 hasta el presente. Fue esa lucha, por ejemplo, la que enfrentó la política gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada de consolidar y profundizar la entrega de los hidrocarburos al imperialismo y lo derribó, en octubre de 2003.
Si esa lucha, que había reconstituido a la COB como alternativa de poder, no avanzó a una revolución obrera y socialista, se debió a la traición de las direcciones mayoritarias, expertas en el juego de encabezar procesos para traicionarlos. Luego de la caída de Sánchez de Lozada, esas direcciones frenaron la lucha y permitieron que asumiera Carlos Mesa, votado por un Parlamento cuya composición no expresa la nueva realidad política del país. Es decir, sostuvieron la "continuidad insitucional burguesa" en el país.
Evo Morales y el MAS (la principal fuerza política boliviana) apoyaron directamente a Mesa. La dirección de Jaime Solares en la COB (Central Obrera Boliviana) y el dirigente campesino Felipe Quispe (del movimiento indigenista Pachakutik), se declararon "opositores", pero definieron una larga tregua que permitió pasar el referéndum tramposo sobre el gas y consolidar al gobierno. Este año, ante la renuncia presentada por Mesa al Congreso, tanto los diputados del MAS como los de Pachakutik votaron por la permanencia de Mesa en su cargo.
Algo similar había ocurrido en Ecuador en enero de 2000. Ante la política de dolarizar la economía del presidente Noboa, una poderosa lucha revolucionaria de masas derribó al gobierno, dividió a las FF.AA. e, incluso, llegó a crear organismos de doble poder, como el Parlamento de los Pueblos.
Pero las principales direcciones del movimiento, como la de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y el PCML (Partido Comunista Marxista Leninista) entregaron el poder al coronel Lucio Gutiérrez, Principal dirigente del sector militar que había apoyado la insurrección.
Pero Gutiérrez se lo traspasó a la cúpula de las FF.AA., las que, por su parte, respaldaron que el vicepresidente asumiera el poder. En otras palabras, aunque a través de mecanismos un poco más complicados que en Bolivia, esas direcciones también sostuvieron la "continuidad institucional burguesa". Las elecciones posteriores fueron ganadas por Lucio Gutiérrez y los dirigentes de la CONAIE y del PCML integraron su gobierno.
Los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Carlos Mesa son muy similares. En primer lugar, surgen, de modo directo o indirecto, como resultado de procesos revolucionarios o de una revolución y deben gobernar en ese marco, lo que los torna débiles, kerenskistas. En segundo lugar, el de Lucio Gutiérrez fue claramente un gobierno de frente popular: un gobierno burgués integrado por dirigentes y organizaciones obreras y populares.
El de Mesa , aunque no fue así en la forma, sí lo era de contenido porque el MAS, de hecho, era el principal apoyo del gobierno. Normalmente, el imperialismo y las burguesías nacionales prefieren evitar este mecanismo pero, en determinadas situaciones, apelan a ellos. En el caso de Bolivia y Ecuador, para que las propias direcciones del movimiento de masas ayudaran a desmontar o amortiguar los procesos revolucionarios existentes.
Finalmente, ambos gobiernos aplicaron políticas proimperialistas iguales o peores a las de sus antecesores. Gutiérrez llevó a fondo la dolarización y el pago de la deuda externa, Mesa mantiene la privatización y la entrega de los hidrocarburos. Pero esta política reaviva la lucha del movimiento de masas que, pasada la confusión o las expectativas iniciales, comienza a enfrentarlos.
En Bolivia ese enfrentamiento se da a pesar de que Mesa con el apoyo de las principales direcciones, venía imponiendo su plan de desmonte del proceso revolucionario vía salida electoral a la crisis. En ambos casos, esa lucha obligó a los dirigentes y organizaciones obreras y populares a salir del gobierno o dejar de apoyarlo. Así ocurrió con la CONAIE y el PCML en Ecuador y con Evo Morales y el MAS.
En este punto, esos gobiernos pasan a tener una debilidad extrema, sin ningún poder político ni base social propios. En gran medida, quedan "flotando en el aire", en medio de la batalla de las fuerzas sociales y económicas principales. Gutiérrez ya cayó, Mesa todavía sobrevive. Pero podemos decir que no cae porque ninguna de las fuerzas en pugna empuja, por ahora, para que caiga.
Otra similitud entre ambos países es que, en la medida en que la burguesía y el imperialismo no logran imponer su "orden" ni los trabajadores y las masas logran avanzar una salida propia, los procesos revolucionarios boliviano y ecuatoriano entran en una dinámica recurrente, de repetición de situaciones de lucha contra políticas y gobiernos similares.
Tal como señala la declaración del MST, después de un período de relativo retroceso y de confusión, las masas bolivianas vuelven a las calles a luchar por la nacionalización sin pago de los hidrocarburos. Los campesinos pobres y las nacionalidades indígenas reclaman también la convocatoria a una Asamblea Constituyente porque la ven como una forma de discutir los grandes problemas del país y ser protagonistas de esas decisiones nacionales.
La burguesía y el imperialismo, con la colaboración de Evo Morales, tratan de utilizar estas expectativas para llevar el proceso revolucionario a la vía muerta de esta institución burguesa. Es imprescindible luchar contra esta trampa en el camino de una salida de clase de la clase obrera y el pueblo.
Pero, para lograr esto en Bolivia, donde los campesinos e indígenas la ven como una salida para lograr sus reivindicaciones, se hace necesario tener una táctica frente a la Asamblea Constituyente. Los revolucionarios no deben dejar esas reivindicaciones democráticas en manos de las direcciones capituladoras o del gobierno. En primer lugar, la COB debe tomar ese reclamo, como una forma de unificar la lucha.
Para los revolucionarios, es un ejemplo cómo actuaron los bolcheviques rusos, en 1917, frente a este tema. El eje estratégico es el fortalecimiento y el desarrollo de los organismos de poder obrero (los soviets rusos o la COB), con la perspectiva de la toma del poder. En este marco, y subordinado a él, se daba respuesta a quienes confiaban en la constituyente, señalando que esas demandas justas no podrían ser resueltas por la "constituyente de la burguesía y el gobierno" porque sería tramposa, antidemocrática y fraudulenta.
Sólo una constituyente convocada por los trabajadores organizados podría garantizar esas demandas. La cuestión central es, entonces, luchar por un gobierno obrero, campesino y popular, hoy un gobierno encabezado por la COB, el único capaz de garantizar una constituyente verdaderamente democrática. Pero, de producirse la convocatoria a constituyente por el gobierno o el Parlamento, se trata, entonces, de intervenir en ella con una política revolucionaria que pueda derrotar la trampa burguesa.
La lucha obrera y popular ha jaqueado al gobierno de Mesa y al Parlamento, demandando centralmente la nacionalización de los hidrocarburos y planteando, de hecho, el problema del poder. Nuevamente, las principales direcciones intentan que esa lucha no avance ni se unifique. Evo Morales llama a movilizaciones muy controladas por la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
Como vimos, intenta utilizar esta propuesta como una trampa para canalizar y desmontar la lucha por medio de esta institución burguesa y, así, después intentar la presidencia del país por vías "legales". Junto con esto, se niega a levantar la reivindicación de la nacionalización de los hidrocarburos, a pesar de reconocer públicamente que su base está a favor. Por su parte, Jaime Solares y la dirección COB se han visto obligados a tomar la exigencia de nacionalización como centro de sus movilizaciones, por presión de los trabajadores. Pero, al mismo tiempo, Solares llamó al Ejército a dar un golpe militar chavista, como la única salida posible para el país. Su propuesta recibió numerosos repudios dentro de la propia COB.
Es evidente que ambos dirigentes impulsan proyectos distintos y enfrentados. Incluso llegaron casi a tomarse a golpes de puño en un acto. Pero ambos utilizan este enfrentamiento para dividir las movilizaciones y restarles fuerza. Ambos, por la "vía legal" o por la "vía militar", coinciden en su intención de liquidar la lucha independiente de los trabajadores y las masas, atándolas a una u otra salida burguesa.
Resulta claro que la situación boliviana es aguda y muy compleja, por la dificultad actual de los distintos sectores para imponer su solución. La burguesía boliviana y el imperialismo analizan distintas alternativas para "normalizar" el país: renuncia de Mesa y elecciones anticipadas, golpe militar o, lo que parece más probable, la permanencia del actual presidente y convocatoria a una Asamblea Constituyente, en un intento por descomprimir la lucha de las masas y, a la vez, dar un marco institucional a la discusión con la burguesía cruceña. Por su parte, las masas movilizadas tienen planteado bregar para imponer su propia salida de clase.
La posibilidad de avanzar en ese camino (imponer un gobierno obrero y campesino y una revolución obrera y socialista que libere al país de la dominación imperialista) está profundamente asociada a la tarea de construir una dirección revolucionaria que esté dispuesta a ir a fondo en esa lucha. (Tarea que incluye la exigencia a las direcciones para que rompan con la burguesía y los militares "patriotas", asuman consecuentemente la nacionalización del gas y tomen el poder, como forma de contraponer y desenmascarar su política colaboracionista a las aspiraciones de las masas movilizadas)
Una tarea que puede apoyarse en los hechos más positivos, como la organización obrera y popular que existe en El Alto o los sectores de base de la COB que presionan a Solares a la lucha por la nacionalización de los hidrocarburos. Se trata de aprovechar todas las posibilidades de la realidad e impulsar la lucha unificada de los trabajadores y las masas contra el gobierno y el Parlamento, por la nacionalización sin pago de los hidrocarburos, contra cualquier intento de dividir el país y contra cualquier variante golpista, aunque se disfrace de "progresiva".
En esta tarea, la construcción de una dirección revolucionaria, está puesto todo el esfuerzo de la LIT-CI (Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional) y de su sección boliviana, el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores).
Por un gran movimiento continental por la nacionalización sin pago de los hidrocarburos y las fuentes de energía
En este Correo Internacional, analizamos la importancia de la lucha por el control de los hidrocarburos entre las masas latinoamericanas y el imperialismo. Gran parte de la vanguardia y sectores de masas latinoamericanas ven en el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, una alternativa para encabezar esa pelea. Más ahora, cuando aparece junto con Fidel Castro impulsando propuestas comunes.
Estas expectativas parten de un hecho cierto: el presidente venezolano y el líder cubano no son iguales a los "virreyes" que gobiernan el resto de Latinoamérica y aceptan sumisamente las órdenes de Bush. Pero el "antiimperialismo" de Chávez (y la actual posición de Fidel Castro) es fuerte en las palabras y en los discursos, pero muy débil en los hechos. Algo que se ve, en el caso de Chávez, en su política petrolera en Venezuela: otorga crecientes concesiones de explotación a las compañías petroleras estadounidenses y, a la vez, le asegura a EE.UU. un perfecto abastecimiento de petróleo venezolano.
Esta misma contradicción se ve en la política continental de Chávez para el tema de los hidrocarburos. Su propuesta principal es la formación de una empresa petrolera sudamericana unificada (Petrosur). Algo que, en sí mismo, podría resultar positivo. Sin embargo, el primer acuerdo para formar Petrosur se firmó entre Chávez y el presidente argentino Kirchner.
Argentina es el país donde más avanzó la privatización de los hidrocarburos (la empresa española Repsol compró YPF) y que Kirchner respeta a rajatablas esta situación. Aclaremos que en ninguna parte del acuerdo figura como objetivo de Petrosur lograr la renacionalización del petróleo argentino.
Otro socio privilegiado que busca Chávez es la brasileña Petrobrás, la misma que, junto con las empresas yanquis, saquea el petróleo y el gas boliviano. En otras palabras, la formación de Petrosur no es una política dirigida contra el imperialismo sino un intento de Chávez y sectores burgueses nacionales de lograr algún fortalecimiento para negociar en mejores condiciones la entrega de los hidrocarburos.
Pero no queremos limitarnos solamente a la crítica de la política de Chávez. Por eso, nuestra propuesta es que surja un gran movimiento continental por la nacionalización sin pago de los hidrocarburos y por el control nacional de las fuentes de energía. En Argentina, eso significa luchar por expropiar sin pago a Repsol, Esso y Shell para reconstruir una YPF estatal.
En los otros países, es la lucha por la anulación de las concesiones y el retorno de esas áreas y los equipos que las explotan a manos del Estado. Llamamos a los miles de luchadores que confían o tienen expectativas en Chávez y en Fidel a impulsar juntos esa movilización.
En ese camino, les proponemos que, juntos, le reclamemos al presidente venezolano y al líder cubano que sean ellos quienes se pongan a la cabeza de esta gran lucha latinoamericana. Un primer paso lógico es la exigencia para que definan claramente si apoyan o no la lucha actual del pueblo boliviano por la nacionalización sin pago del petróleo y el gas.
El MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), sección boliviana de la LIT-CI participa activamente de la movilización obrera, campesina y popular. En el proceso actual, emitió una declaración, el 26 de mayo, cuyas propuestas centrales son: ¡Fuera Mesa y el Parlamento!, ¡Nacionalizar el gas sin indemnizar! y Por el gobierno de la COB y las organizaciones en lucha.
En ese material, el MST expresa: "... reaparecen otra vez las luchas de las masas y esta vez con mas contundencia. A pesar de todas las confusiones creadas por las direcciones, la conciencia por la nacionalización de los hidrocarburos (junto al rechazo al gobierno y el Parlamento, entre otras) viene imponiéndose como la consigna central y principal de las luchas. Incluso sectores influenciados por el MAS se han visto obligados ha tomar tímidamente esta demanda.
Las bases en lucha le han dicho: ¡ni 30 ni 50, sino nacionalización! Esta lucha resurge al comprobarse la ilegalidad de los contratos anteriores y luego se profundiza con la promulgación por el Congreso de una Ley que los legaliza y que resulta tan o más entreguista que la anterior. Son las bases las que vienen imponiendo esta consigna. Ahí están los mineros, los maestros, los campesinos, los estudiantes, la población trabajadora de El Alto, etc."
Luego, el MST denuncia el rol divisionista y confucionista que están jugando las principales direcciones (Evo Morales-MAS y Jaime Solares en la COB). También el reclamo contrarrevolucionario de la burguesía de Santa Cruz.
La declaración continúa señalando: "...a pesar de esta confusión se abre paso, a partir de las bases, la consigna central por la nacionalización, la misma que debe ser correctamente encausada." Ante esto, para acabar con la confusion de objetivos y que las luchas no terminen sólo en protestas combativas, la propuesta es la exigencia a las direcciones de la COB, CSUTCB, COR, FEJUVE de El Alto...:"definir como objetivo central de las luchas, la nacionalización sin indemnización; en segundo lugar, garantizar la huelga general con esa finalidad, y en tercer lugar, como toda huelga general plantea el problema del poder, darse también ese objetivo de lucha." En este sentido, plantea la necesidad de que "la COB, al fragor del combate, convoque de inmediato un Encuentro Nacional de las organizaciones en lucha, que vote llevar adelante las medidas señaladas."
Más adelante señala que: "Los trabajadores y la mayoría del pueblo estamos por la nacionalización de los hidrocarburos, estamos en contra de la oligarquía cruceña cuya política es contrarrevolucionara, es decir contra octubre (...) su referéndum autonómico es parte de esa política. Estamos en contra de posibles golpes. Y sólo se puede luchar consecuentemente por estos objetivos y alcanzar la victoria si desarrollamos hasta el fin la lucha iniciada, sin desviarnos del objetivo central.
Otra vez se discute quién debe gobernar. Debemos rechazar no sólo salidas constitucionales, sino también gobiernos cívicos militares que terminan entregando el poder a la burguesía como sucedió en Ecuador con Lucio Gutiérrez. Rechazamos esa salida planteada por el compañero Solares. Estamos porque las bases de los militares y la policía se sumen a los trabajadores al mando de la COB.
La lucha consecuente por la nacionalización nos conduce necesariamente a la lucha por el poder de los trabajadores. No se puede esperar que la burguesía entreguista recupere nuestros recursos que dilapidaron a favor de las transnacionales ni que tampoco lo hagan las cúpulas militares o militares como Chavez que conviven con las transnacionales en Venezuela.
Si esta lucha debe tener una salida, no puede ser otra que el poder de los obreros y campesinos, que hoy tiene una expresión concreta en el gobierno de la COB y las demás organizaciones de los trabajadores en combate. Un gobierno que nacionalice los hidrocarburos sin indemnización, anule el 21060, deje de pagar la deuda externa, rompa con el FMI, entregue la tierra a los campesinos, convoque a una Constituyente que apruebe éstas y otras medidas."
Ante la lucha de los trabajadores y campesinos bolivianos y el rol jugado por la Petrobrás en ese país, el PSTU (sección brasileña de la LIT-CI) ha lanzado una campaña entre los trabajadores y sindicatos de Brasil, proponiendo aprobar las siguientes mociones: