Martes, 25 de octubre de 2005
El gobierno firmaría un acuerdo que promueve la privatización de la vida solo por cuidar privilegios de un puñado de exportadores responsable de menos del 10% de las ventas nacionales
El gobierno de Eduardo Rodríguez hace los máximos esfuerzos para que Bolivia deje de "observar" y se pliegue plenamente a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, junto con Colombia, Ecuador y Perú, previendo que el 31 de diciembre de 2006 perderá vigencia la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés), que concede preferencias arancelarias a las industrias bolivianas.
Si hasta entonces no existe un acuerdo de libre comercio que amplíe en el tiempo esas preferencias, los productores nacionales tendrán que pagar aranceles para entrar al mercado norteamericano y dejarán de generar 36 mil empleos directos, asegura Julio Alvarado, encargado de negociar el TLC a nombre del gobierno boliviano.
¿De qué tamaño es el sector exportador que se verá perjudicado con la no ratificación de las preferencias? En 2004, Bolivia exportó a Estados Unidos productos por un valor de 257,9 millones de dólares (alrededor del 14% de las exportaciones nacionales), y menos de la mitad (118,7 millones) bajo el sistema ATPDEA, es decir con preferencias. Los productores que se benefician con el ATPDEA exportaron principalmente manufacturas (62 millones), ropa y accesorios (34,9), aceites y grasa vegetal (6,3), entre otros productos.
A través del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), otra ley norteamericana que concede arancel cero a los productores nacionales, el país vendió productos por 16,6 millones, fundamentalmente madera y manufacturas de corcho (8 millones), minerales y desecho de hierro (3,4 millones).
Por otro lado, Bolivia exportó a Estados Unidos sin acogerse a ningún acuerdo preferencial productos valuados en 122,5 millones de dólares, básicamente metales no ferrosos (38 millones), vegetales y frutas (19), productos de petróleo (19,5), y también ropa (4,3), manufacturas (1,2), muebles, colchones (7,2) y oro (2,2).
Estos datos demuestran que no todas las exportaciones bolivianas a Estados Unidos corren riesgo de perderse o perjudicarse cuando finalicen las preferencias del ATPDEA, primero porque el SGP seguirá vigente y segundo porque casi la mitad de las exportaciones se concreta sin preferencias de ningún tipo.
Entonces, ¿quiénes son los productores concretos que se perjudicarían si no se rubrica un acuerdo de libre comercio que reemplace al ATPDEA? Según las estadísticas oficiales del gobierno de Estados Unidos, serían los industriales que exportan ropa y textiles, pues los productores de manufacturas tienen la posibilidad de cambiarse al SGP, lo que les permitiría seguir gozando de preferencias arancelarias.
Este dato explica porqué la marcha de fabriles a favor del TLC organizada por industriales el sábado pasado estuvo conformada en su mayoría por jóvenes trabajadores de las fábricas textiles Universaltex, Matex y Batt, todas ellas subsidiarias del grupo empresarial Ametex, el principal exportador de ropa a Estados Unidos.
Si el objetivo del gobierno es preservar los empleos de este sector exportador (que en el mejor de los casos emplea a 5 mil personas y no a 36 mil como asegura el gobierno), lo sensato sería negociar la ampliación del SGP y no un tratado comercial como el TLC, que es mucho más amplio y por tanto mucho más riesgoso porque no solo legisla el intercambio comercial de ropa sino también impone regímenes de propiedad intelectual de seres vivos y plantas, y promueve la privatización de servicios básicos como el agua y la educación.
El Movimiento Boliviano de Lucha contra el TLC y el ALCA reconoce y apoya el esfuerzo gubernamental por preservar y aumentar fuentes de trabajo estable en el sector textil y manufacturero, pero objeta el método propuesto para alcanzar ese objetivo. Según el Movimiento, no parece conveniente garantizar el negocio de algunos exportadores con un acuerdo de libre comercio que podría lastimar severamente a los productores que venden en el mercado local y a los ciudadanos en general.
¿Conviene rubricar un acuerdo de la talla del TLC que garantizará las ventas de un puñado de exportadores, pero que a la vez perjudicará a amplios sectores productivos campesinos?, se preguntan la COB y las organizaciones económicas campesinas (OECAs). El gobierno jura que los cultivos subsidiados de Estados Unidos no arruinarán a los campesinos bolivianos, pero lo cierto es que en el sector agrícola norteamericano, a través del TLC, pretende convertirse en el único proveedor de cereales para consumo humano y forrajero en la región. Por ello exige la desgravación total para sus exportaciones de trigo, cebada, centeno, sorgo y soya; y la eliminación del Sistema Andino de franja de precios para el maíz, arroz, azúcar y lácteos.
Según el análisis unilateral del gobierno y de algunos empresarios que venden al norte, lo importante es renovar, y a cualquier costo, los beneficios del ATPDEA, es decir garantizar mercados para los exportadores de camisas, muebles y joyas sin reparar en los perjuicios para el agro, para los consumidores de servicios y medicamentos, para las comunidades campesinas e indígenas cuyo patrimonio biogenético y cultural quedará a merced de las corporaciones extranjeras, y para el Estado mismo que perderá autonomía en el emprendimiento de políticas de desarrollo propias.
En problema de fondo es que las argumentaciones gubernamentales y empresariales a favor de un TLC con Estados Unidos se fundamentan en evaluaciones parciales de la realidad porque de principio omiten las implicancias políticas de este tipo de acuerdos.
El TLC no busca simplemente la eliminación de aranceles, sino que constituye una herramienta de estrategia política de largo plazo cuyo objetivo es afianzar la hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica, indica textualmente el Trade Promotion Authority (TPA) del gobierno de Washington, que es el permiso del Congreso norteamericano para que el Ejecutivo negocie tratados comerciales.
De ahí que el TLC no sea para Estados Unidos un simple acuerdo comercial sino una herramienta política, un mecanismo para fortalecer su seguridad nacional y profundizar su hegemonía a nivel mundial. "Los Acuerdos de Libre Comercio maximizan las oportunidades para sectores críticos y básicos para la economía de EEUU, como la tecnología de la información, telecomunicaciones; industria básica, equipo de capital, equipo médico, servicios, agricultura, tecnología ambiental y propiedad intelectual (...) el comercio creará nuevas oportunidades para que EE.UU. preserve su fortaleza sin contrapesos en asuntos económicos, políticos y militares", añade la TPA.
Aunque la evidencia muestre lo contrario, el gobierno de Rodríguez y los empresarios son enfáticos al asegurar que el TLC no impedirá a Bolivia tomar decisiones soberanas en todas las materias, ya sea en el Congreso o en la futura Asamblea Constituyente. La ONG estadounidense Public Citizen advirtió a los representantes de Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia que el TLC con Estados Unidos (AFTA, por sus siglas en inglés) extiende los derechos de los inversionistas (con cláusulas retroactivas) más allá de los parámetros fijados en el acuerdo comercial de los países del norte (TLCAN), constituyéndose en una clara amenaza para las soberanía y autodeterminación de los estados.
"Estas provisiones de protección a inversionistas al estilo NAFTA y CAFTA erosionan el proceso democrático. Mientras el Presidente Bush habla de la nueva doctrina de promover la democracia agresivamente, de hecho sus Tratados de Libre Comercio están exportando los peores valores anti-democráticos al mundo", reclama Lori Wallach, directora del Observatorio de Comercio Global y abogada de la Universidad de Harvard. "Los representantes de los países andinos que negocian el AFTA tienen que tomar en cuenta que hay un peligro cada vez más grave para los gobiernos democráticos y para la soberanía de naciones. Las políticas locales y estaduales, y aun las decisiones legales de las Cortes, están atacadas por estas protecciones extremas para inversionistas que el TLC Andino implementaría", advierte David Edeli, un analista de política para el Observatorio de Comercio Global.
El gobierno boliviano se mantiene al margen del apasionado debate internacional que se ha desatado en torno a los peligros reales de los tratados de libre comercio, y prefiere concentrarse en el intenso lobby a favor del TLC que inició hace algunos días en el Congreso, en el seno de los gremios fabriles y en sectores de la sociedad civil.
Hace poco la Cancillería hizo saber que hará todo lo posible para que Bolivia sea parte de la negociación "oficialmente", en tanto que Alvarado organiza "cursos de capacitación intensiva" para negociadores de propiedad intelectual con financiamiento de la embajada de Estados Unidos.
Las acciones gubernamentales son apoyadas por grandes empresas exportadoras de textiles como Ametex, cuya tarea es convencer a los trabajadores de las bondades de un acuerdo comercial con Norteamérica y luego movilizarlos. El trabajo de lobby en los gremios ya dio algunos frutos, pues la Federación de Fabriles de La Paz emitió un comunicado llamando a todos sus afiliados a solidarizarse con los trabajadores de empresas exportadoras que reclaman la aceleración de las negociaciones con Estados Unidos.
La última acción del gobierno de Rodríguez a favor del TLC fue la publicación de una cartilla informativa en la que asegura que Bolivia no puede desarrollarse ni crear más empleos porque posee un mercado pequeño. "Necesitamos abrir otros mercados para nuestros productos y generar más empleos", indica la publicación, como si el desarrollo exportador dependiera de abrir nuevos mercados y no de las mejoras que se hagan en el plano de la competitividad.
En síntesis, el gobierno boliviano propone firmar un acuerdo comercial que garantiza las preferencias arancelarias para un puñado de exportadores que es responsable de menos del 10% de las ventas nacionales, entre ellos textileros y manufactureros, pero a cambio poner a la venta sus servicios básicos, sus recursos naturales y hasta su autonomía política.
En general, las concesiones privadas no han solucionado los problemas de saneamiento y han sido desastrosas para los más pobres. Lo más grave es que los concesionarios privados, como Djakarta, no hacen inversiones en el sector y se benefician con valiosos préstamos gubernamentales a una fracción de su valor.
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